SEGUNDO.- Examen del derecho:
A) Doctrina judicial y jurisprudencial de aplicación:
Entrando sobre el fondo del asunto, ésta la Sala, sobre la cuestión que sustenta el recurso tuvo la oportunidad de pronunciarse, en sus sentencias de 7 de octubre de 2014 (Rec. 4017/14 (LA LEY 170803/2014)), 23 de septiembre de 2010, (Rec. 4233/2009 (LA LEY 189070/2010)) y en otras anteriores como la 30 de junio de 2009 o en la de 16 de diciembre de 2009, y en todas ellas señalábamos que : "son cuatro los requisitos exigidos para que proceda el reintegro de gastos por asistencia sanitaria ajena al sistema público. Dos de ellos positivos, cuales son que se trate de urgencia inmediata y que sea de carácter vital ; y dos negativos, consistentes en que no hubiera posibilidad de utilización de los servicios de la sanidad pública y que el caso no constituya una utilización abusiva de la excepción (en tal sentido, también lo recogen las SSTS de 20/10/03; y de 19/12/03).
Sobre el concepto de urgencia vital la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2007, ya señaló que "siendo dos acepciones que el término vital tiene en el DRAE (perteneciente o relativo a la vida; y de suma importancia o trascendencia), el problema interpretativo que presenta el art. 5 RD 63/1995 (LA LEY 562/1995)(hoy derogado y sustituido porart.4.3 del RD 1030/2006 (LA LEY 9083/2006)) consiste en precisar si la urgencia vital se refiere únicamente al peligro de muerte inminente o si debe también incluir la pérdida de funcionalidad de órganos de suma importancia para el desenvolvimiento de la persona. Conclusión esta última que es la que se impone, pues si el autor de la norma reglamentaria hubiera querido restringir los supuestos a los propios de la primera acepción, así lo hubiera indicado (por ejemplo, con la expresión "peligro inminente de muerte"), de manera que la utilización de una fórmula más amplia ha de interpretarse acorde a la segunda de las acepciones (suma importancia o trascendencia), indudablemente comprensiva de los riesgos relativos a la funcionalidad de órganos importantes; máxime teniendo en cuenta que el mandato constitucional sobre el derecho de protección a la salud ( art. 43.1 CE (LA LEY 2500/1978)) no permite -concluye el Alto Tribunal por remisión a su pronunciamiento de 20 de octubre de 2003- "una interpretación mezquina del precepto que nos ocupa".
Además, añade, invocando un pronunciamiento anterior de 25 de octubre de 1999; y aquéllos otros que en el mismo se contienen "que la asistencia urgente a estos efectos se define no por la mera urgencia de la atención, sino por el hecho de que esa urgencia determine la imposibilidad de acceso del beneficiario a los servicios de la Seguridad Social, al tratarse de la aparición súbita de un cuadro clínico que requiere una inmediata atención, imposibilitando acudir al servicio médico asignado".
De la misma forma en otros casos más cercanos al que es objeto de este litigio, esta Sala, también, señaló, a través de su sentencia de 30 de septiembre de 2010, (Rec. 3913/2009 (LA LEY 189503/2010)), o en la de 28 de julio de 2011 (Rec. 137/2011 (LA LEY 197221/2011)), que: "Es reiterada la doctrina jurisprudencial que ha venido señalando, en interpretación del artículo 102.3 de la LGSS (LA LEY 16531/2015), que el beneficiario de las prestaciones sanitarias del sistema de la Seguridad Social, y en la actualidad del Sistema Nacional de Salud, no puede optar entre acudir a la medicina privada y la pública, sino que debe acudir siempre a ésta a los fines de la cobertura de sus necesidades asistenciales de tipo sanitario, y sólo podrá acudir a la medicina privada y obtener por tanto el reintegro de los gastos realizados en la misma, en los supuestos reglamentariamente determinados según se dice en el citado precepto, y que en la actualidad se regulan en el RD 1030/2006 (LA LEY 9083/2006) de 15 de diciembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en cuyo artículo 4.3 se establece que: "La cartera de servicios comunes únicamente se facilitará por centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquél. En caso de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél, y que no constituye una utilización desviada o abusiva del esta excepción", riesgo vital que ha venido siendo entendido por la jurisprudencia, como un riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad física ( SSTS de 08-04-86, de 01-07-91 y de 01-08-91)".
En definitiva, que el derecho al reintegro de gastos médicos por asistencia sanitaria dispensada fuera del sistema público de salud, solo opera en casos excepcionales, debido al principio de prestación directa y propia del servicio sanitario público por los órganos de la Seguridad Social, y que, la determinación de esa excepcionalidad, no queda al arbitrio de Juzgados o Tribunales, sino que viene predeterminada por la norma, de tal manera, que solo pueden prosperar aquellas reclamaciones de reintegro, en supuestos de urgencia inmediata y de carácter vital, y siempre y cuando, el reclamante, no hubieren tenido la posibilidad de acudir a los servicios de la sanidad pública o, que atendiendo a especialísimas circunstancias que concurran en el caso, el uso de la sanidad privada, no pueda calificarse de abusivo.
A todo lo cual hay que añadir, que con relación al uso compasivo de medicamentos no autorizados el RD 1015/2009, en su art. 2.1 (LA LEY 13335/2009) dispone que se entenderá por uso compasivo de medicamentos en investigación, la "utilización de un medicamento antes de su autorización en España en pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se considera pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento de que se trate deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de comercialización, o bien deberá estar siendo sometido a ensayos clínicos." El art. 7 al 12 recoge el procedimiento.
B) Supuesto enjuiciado.
A la vista del relato de hechos, es evidente, que, si bien la parte actora no cumplió, con los requisitos de forma en cuanto a la petición previa de autorización para la compra de ese medicamento no autorizado -Sofosbuvir-, lo cierto y verdad es que, a juicio de la Sala concurre, en contra de lo que afirma el Servei, los requisitos necesarios para poder confirmar la decisión del órgano judicial de instancia.
Siendo evidente que en ningún momento la sanidad pública le negó su derecho a recibir la correspondiente asistencia sanitaria, también lo es que la situación por la que pasaba el Sr. Manuel en el mes de junio de 2014, era muy un grave con un riesgo de muerte superior al 50%, por lo que se hacía necesario continuar con el tratamiento que ya había iniciado con uno de los antivirales y que a pesar de ello tampoco en ese momento habían sido autorizados por las autoridades española, y que sin la utilización del otro de ambos, ningún resultado positivo se hubiere obtenido.
Situación de gravedad que recoge y describe con precisión el hecho sexto, y que por mucho que lo niegue el recurrente tiene perfecto encaje en los supuestos de urgencia inmediata y de carácter vital que hace innecesario la previa petición de autorización para su compra o el suministro de dicho medicamento, cuando además, en este concreto supuesto, ya se habían autorizado el "uso compasivo" de los dos antivirales, y siendo necesario el uso de los dos, el hecho de que no se pudiera suministrar el segundo, porque el laboratorio que los vendía inició negociaciones con la administración para su compra, no puede ser causa que justifique ni que impida a los familiares a la vista de la grave situación por la que estaba pasando el actor, y teniendo posibilidades para ello de conseguirlo en el país donde los fabricaban, que lo compraran, compra que no solo sirvió para que el Sr. Manuel pudiere continuar con el tratamiento iniciado, aunque solo fuera un mes, hasta que de nuevo fuese suministrado como "uso compasivo" a partir del mes de agosto de 2014 por el propio hospital donde estaba siendo tratado bajo la supervisión de la Dra. Juliana, incluso antes de que en septiembre de 2014 fuera expresamente autorizado por la administración española.
En definitiva, que la decisión de la familia de comprar el antiviral Sofosbuvir, ante el peligro que corría la vida del actor, fue legitima, y no solo suplió una carencia administrativa originada por la paralización de uso compasivo de dicho medicamento, sino que evitó la muerte prematura de del actor al permitirle continuar el tratamiento iniciado y alcanzar los buenos resultados para su salud que tras su conclusión se obtuvieron.
A otra solución hubiéramos llegado, si constase acreditado que la compra no era necesaria o que la interrupción del tratamiento en nada afectaría al desarrollo de la enfermedad, o que el actor podía esperar un tiempo suficiente hasta que se autorizase de nuevo el uso compasivo, o directamente su uso, pero como de ello nada dice ni refiere la sentencia ni se alega en el recurso, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia en toda su extensión y razonamientos.
VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 (LA LEY 2500/1978), razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quién de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo.