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PRIMERO.- Los hechos se declaran probados atendiendo a los siguientes elementos de convicción:

- hecho 1º: no es controvertido el ámbito personal del conflicto

- hecho 2º: se obtiene del acuerdo que obra el D78-1

- hecho 3º: por el acuerdo al D78-3

- hecho 4º: por el informe que obra al D78-10 y las explicaciones dadas por su autor al ratificarse en el acto de juicio

- hecho 5º: de acuerdo con los documentos a los D 90 a 93, 101, 78-12. 98 y 99.

SEGUNDO.- Se suscita en este conflicto controversia acerca de quién debe asumir los gastos asociados a la constitución de un préstamo hipotecario concedido por CAIXABANK a sus empleados, siendo sus condiciones las que se han establecido en los acuerdos suscritos por la financiera y los sindicatos en los años 2002 y 2020 y detallados en los HP 2º y 3º.

TERCERO.- Es conveniente precisar, a los efectos que luego se indicarán, que aun tratándose de contratos hipotecarios para la adquisición de vivienda, el hecho de que su ámbito se concrete a los suscritos por la financiera con sus empleados, determina que la controversia es propia de la jurisdicción social por tratarse de una obligación que las partes alcanzan como consecuencia del contrato de trabajo que les vincula, art. 2a) LRJS (LA LEY 19110/2011).

En este sentido y para un supuesto similar así nos pronunciamos en la precedente SAN 556/14 de 25-2-2014, autos 479/13 (LA LEY 8797/2014) FJ 7º.

CUARTO.- Coincidiendo con la defensa de la demandada en que no existe una normativa que de forma directa regule la determinación de quien ha de correr con estos gastos en los supuestos de préstamos hipotecarios suscritos entre una financiera y sus trabajadores, sí resultan en todo caso, como a continuación se verá, normas relevantes a considerar para la solución del litigio las siguientes:

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que en su art. 3 dispone:

Artículo 3

1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión

(...)

En su art. 6.1 indica Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas

Y dispone en su art. 7.1 que los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) que en su art. 3 define:

Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable.

1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

2. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad

Y más adelante su art. 82 indica:

Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Y esta norma también se ocupa en el art. 80 de establecer los requisitos que las cláusulas no negociadas individualmente deben observar para no ser calificadas de abusivas, a saber:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior a los 2.5 milímetros, el espacio entre líneas fuese inferior a los 1.15 milímetros o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (LA LEY 1490/1998) que se definen en su art 1 del siguiente modo:

1.- Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Condiciones generales que conforme su art. 8.2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis (LA LEY 1734/1984) y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 1734/1984).

Y resultan en todo caso relevantes todas estas normas porque, aun cuando estamos analizando préstamos hipotecarios que vinculan a la financiera con sus trabajadores como consecuencia de su relación laboral, no cabe duda de qu e los prestatarios ostentan también la condición de consumidores en los términos que estos son definidos por la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) cuando en su art. 2 b) define al consumidor como toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional, a la par que en el art. 2 c) define al profesional como toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.

Por tanto, en los contratos de préstamo hipotecario suscritos entre una financiera y un trabajador vinculado, aquella ostenta la doble condición de empresario y prestamista profesional y éste la de trabajador y consumidor prestatario.

No resultará en cambio de aplicación para resolver la controversia la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LA LEY 3741/2019) que en su art. 2.4 a) excluye de su ámbito de aplicación a los contratos de préstamo concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin intereses o cuya Tasa Anual Equivalente sea inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al público en general

QUINTO.- La STJUE de 16-7-2020 asunto C-224/19 (LA LEY 69220/2020), interpretó los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) a instancias de tribunales españoles y lo hizo atendiendo a los siguientes razonamientos útiles para la presente controversia:

52 En consecuencia, debe considerarse que, en principio, una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula ( sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C154/15, C30 7/15 y C308/15, EU:C:2016:980 (LA LEY 179803/2016), apartado 61).

53 De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado que el juez nacional debe deducir todas las consecuencias que, según el Derecho interno, deriven de la comprobación del carácter abusivo de la cláusula considerada, a fin de evitar que la mencionada cláusula vincule al consumidor ( sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C488/11, EU:C:2013:341, apartado 49). En particular, la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes ( sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C15 4/15, C307/15 y C30 8/15, EU:C:2016:980 (LA LEY 179803/2016), apartado 62).

54 Una vez recordadas estas consideraciones, procede asimismo señalar que el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes. Pues bien, si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos gastos, ni el artículo 6, apartado 1, ni el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993)se oponen a que se niegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba soportar.

El TJUE contestó a las preguntas suscitadas del siguiente modo:

el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

En consecuencia, si se aprecia abuso en las cláusulas contractuales de un préstamo hipotecario que determinen que los gastos de constitución y cancelación de una hipoteca corren a cargo del prestatario, procede que este sea reintegrado en lo que por ello abonó, salvo que resulten de aplicación disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes.

Opera en consecuencia el reintegro de gastos establecido en cláusulas calificadas como abusivas a no ser que existan normas de derecho interno que determinen un concreto reparto de dichos gastos, de modo que la existencia de normativa al respecto debe ser considerada como regla de exclusión.

Y en tal sentido, partiendo de la STJUE citada, la STS de 24-7-2020 rec 1953/18 determinó, conforme las normas internas de aplicación, los criterios de carga y reparto de gastos de constitución y cancelación de préstamos hipotecarios.

SEXTO.- Es un hecho no cuestionado que CAIXABANK y los sindicatos suscriben en relación con los préstamos a empleados dos acuerdos de empresa el 10-5-2002 y el 12-2-2020. En ellos se establecen las reglas sobre el abono de los gastos de estas operaciones financieras.

El primer acuerdo fija su abono a cargo de los prestatarios, el segundo más en línea con la normativa interna que regula cada tipo de gasto establece reglas de reparto más ponderadas.

Pues bien, a la vista de la normativa y jurisprudencia referidas, consideramos que la solución a esta controversia pasa por determinar si los referidos acuerdos de empresa constituyen normas de derecho interno que establecen un concreto reparto de los gastos de constitución y cancelación de los préstamos hipotecarios suscritos entre CAIXABANK y sus empleados, normas que deben respetarse como reglas de exclusión del reintegro de gastos al prestatario fijadas en las cláusulas del préstamo hipotecario.

Es evidente que si dichos acuerdos de empresa no existieran, el trabajador de una financiera que con ésta suscribe, como consecuencia de su contrato de trabajo, un préstamo hipotecario, se encuentra en la misma situación de desprotección que cualquier otro cliente en el sentido de que carece de capacidad para contratar de distinto modo a la adhesión a las condiciones generales fijadas por el prestamista, condiciones generales del contrato que constituyen cláusulas abusivas en relación con la asunción de los gastos originados por el contrato por establecer estipulaciones no negociadas individualmente y generar un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes.

SÉPTIMO.- Sin embargo, la intervención en la determinación del reparto de los gastos del préstamo hipotecario de la negociación colectiva, mediante los acuerdos de empresa referidos de 2002 y 2020, nos obliga al análisis de la controversia desde una distinta perspectiva.

Los trabajadores disponen de la potestad de sindicarse para autorregular sus intereses ante los empresarios, siendo la negociación colectiva la expresión de su poder de determinación autónoma de las condiciones de trabajo.

La autonomía colectiva como poder conjunto de los representantes de los trabajadores y los empresarios para regular las condiciones de trabajo se plasma en diversos "productos convencionales", siendo uno de ellos los acuerdos de empresa, caracterizados por su ámbito y materias limitadas.

Estos acuerdos de empresa conforme la jurisprudencia ( STS 13-5-13 rec 84/12 (LA LEY 64972/2013), 16-2-17 rec 122/16, 3-11-08 rec. 102/07 (LA LEY 189569/2008) etc) , presentan naturaleza contractual, pero no normativa, lo que no impide, como acontece en el presente caso atendiendo a que los acuerdos se suscriben con una mayoría muy significativa de la representación sindical, que presenten eficacia general y resulten aplicables a todos los trabajadores de CAIXABANK, dato este que en ningún caso las partes cuestionan.

Pero con independencia de su naturaleza contractual, tratándose de acuerdos suscritos entre la financiera y los sindicatos, debe valorarse que dichos acuerdos no se adoptan entre el empresario prestamista y el trabajador individual prestatario sometido a las condiciones generales de contratación fijadas por aquel unilateralmente, sino que tales acuerdos son el resultado del ejercicio de la autonomía colectiva de los signatarios. Se trataría en suma de acuerdos de naturaleza contractual colectiva.

Y en concreto, en relación a los trabajadores, son la consecuencia de la legitimación que constitucional, art. 7 CE (LA LEY 2500/1978), y legalmente, art. 1 LOLS (LA LEY 2063/1985), los sindicatos detentan para su adecuada defensa: el sindicato como instrumento, a través de la unificación de sus intereses en una sola voz, de superación de la desigualdad originaria existente en el contrato de trabajo cuando quien lo negocia con el empresario es el trabajador de forma individual.

Además, el reconocimiento de la autonomía colectiva está presente en el art. 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (LA LEY 12415/2007): Lo s trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Todo lo cual nos lleva a una conclusión adicional. Si bien es cierto que atendiendo a lo dicho por la STJUE de 16-7-2020 asunto C-224/19 (LA LEY 69220/2020) y la STS de 24-7-2020 rec 1953/18 que la aplica, no existiría como tal una norma de derecho interno fijando criterios para el reparto de los gastos de los préstamos hipotecarios entre una financiera y sus empleados, no lo es menos que esos criterios han sido elaborados en el ejercicio de su autonomía colectiva por CAIXABANK y los sindicatos y porque era ese el único procedimiento legalmente posible para superar, en el marco de las relaciones laborales, el desequilibrio contractual, ya que una intervención normativa de los poderes públicos sería contraria a la autonomía colectiva.

Por lo tanto y trayendo estas reflexiones al caso que se juzga, cabe apreciar que l a actual controversia no encaja en la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) por cuanto que el clausulado sobre los gastos del préstamo hipotecario no ha sido redactado previamente y el consumidor empleado no haya podido influir sobre su contenido, sino que dicho clausulado ha sido el resultado de los acuerdos de empresa alcanzados en el ejercicio de la autonomía colectiva por los sindicatos en defensa unificada de los intereses de todos los potenciales empleados consumidores prestatarios.

OCTAVO.- Este tribunal considera que esta razón es suficiente para la desestimación de la demanda. En otras palabras, aun en caso de que las condiciones sobre el coste de los préstamos hipotecarios resultaran objetivamente desequilibrantes para los prestatarios trabajadores, deberíamos admitir su validez por haber sido resultado de un acuerdo en el marco de la autonomía colectiva.

En todo caso y a mayor abundamiento, la prueba practicada en el acto de juicio y que determina nuestra redacción del HP 4º, ha evidenciado que los empleados prestatarios de CAIXABANK reciben un trato contractual en la constitución y abono de gastos hipotecarios, más favorable a las condiciones del mercado.

Sin que a tales efectos una concreta comparativa de dos únicos contratos, el de un cliente y el de un trabajador, HP5º, desvirtúen esta conclusión general a la que hemos llegado a través de la prueba practicada.

NOVENO.- Contra esta sentencia cabe recurso de casación ordinaria conforme el art. 206.1 LRJS (LA LEY 19110/2011).