Eduardo Romero. -Los delitos derivados de la conducción bajo los efectos del alcohol y drogas son, lamentablemente, muy comunes. Aunque los sistemas actuales de seguridad permiten detectar a los infractores que se encuentran bajo el efecto de estas sustancias, lo cierto es que no siempre tiene que acabar en un delito contra la seguridad del tráfico.
Recientemente, en una sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Móstoles (LA LEY 150186/2019), de la que ha sido partícipe el despacho aboga2, ha absuelto a un conductor que dio positivo, puesto que no pudo demostrarse que efectivamente estuviera conduciendo el vehículo.
Delito contra la seguridad del tráfico
El acusado se encontraba detenido dentro de su vehículo en la calle de madrugada cuando fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual dio unos resultados de 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera comprobación, y 0,68 en la segunda.
El Código Penal establece en su artículo 379 que será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses “el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.
Valoración de la prueba
El problema principal que plantea este supuesto de hecho es que el acusado negó en todo momento que condujera el vehículo, manifestando que únicamente estaba descansando o durmiendo. Las actuaciones comenzaron por un supuesto testigo directo de la Guardia Civil que le habría visto conduciendo, sin embargo no compareció en juicio y solo se cuenta con la versión de los agentes que llegaron al lugar de los hechos y le realizaron la prueba de alcohol, pero no fueron testigos directos. El acusado niega haber conducido, manifestando que se sometió a la prueba por no desobedecer.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias (STC 116/1997 de 23 de junio (LA LEY 7678/1997)), que la práctica de la prueba ha de estar revestida de formas que garanticen su pureza. De esta forma, para desvirtuar el principio de presunción de inocencia es necesaria la existencia de una mínima actividad probatoria y que además dicha prueba, lícitamente obtenida, ofrezca un contenido inculpatorio suficiente.
Absolución por falta de pruebas
Afirma el tribunal que nos encontramos ante un procedimiento huérfano de pruebas, no pudiéndose afirmar que exista ningún contenido inculpatorio o incriminador. De este modo, resulta de aplicación el principio in dubio pro reo, así como la presunción de inocencia. “El Juzgador, de acuerdo con el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), valora y, como consecuencia, como indican las SS.T.S. de 8 de junio y 22 de octubre de l989, si en esa valoración se introduce un elemento de duda razonable y lógico respecto a la realidad de los hechos o a la existencia de elementos psicológicos, debe absolver”.