Isabel Desviat.-
Un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid (LA LEY 32/2020)ha dado la razón a un conductor y le ha librado de la multa impuesta por el Ayuntamiento, de 200 euros por cinco infracciones en materia de tráfico, en concreto aparcar varias veces en un carril bus que no estaba en uso y que carecía de marcas viales. El asunto ha sido llevado con éxito por el despacho especializado aboga2.
Tras recibir las denuncias el afectado realizaba las oportunas alegaciones, solicitando los medios de prueba que le eran denegadas. El propio juzgado constata que cada vez que eran remitidas las alegaciones del conductor, el Agente de movilidad se ratificaba en su denuncia, pero siempre utilizando idéntico texto, un informe estereotipado que no contestaba a las cuestiones formuladas por el recurrente.
El controlador debía informar, atendiendo a las alegaciones presentadas, sobre la señalización de la zona, y porqué el denunciante consideraba que el carril -sin uso- estaba reservado para el transporte público urbano. El juez señala también que las fotografías aportadas eran insuficientes para determinar la realidad de la infracción, dado que no aparecían en el suelo marcas de ningún tipo que indicasen que se trataba de un carril de circulación exclusiva para autobuses. Tampoco se visualizaban señales verticales.
Las denuncias de los Agentes de movilidad no constituyen prueba plena
La sentencia, que es firme, concluye que la ratificación del agente de movilidad no puede considerarse prueba de cargo bastante que desvirtúe la presunción de inocencia. Incide en que las denuncias formuladas por los controladores tienen relevancia probatoria respecto de los hechos que reflejan, pero esto no quiere decir que constituyan prueba plena. Por tanto, si el conductor niega los hechos, y no existen otros medios probatorios, es necesaria la ratificación del Agente que los presenció y la práctica de la prueba tal y como solicitó el recurrente.
El juzgado concluye indicando que se vulneró su derecho a la defensa por infracción de los artículos 12.3 y 14 del Reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfico. Por ello el recurso es estimado, y la multa impuesta, anulada.