Tribunal Supremo
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL A LA MADRE DE UN NIÑO CON MALFORMACIÓN CONGÉNITA QUE NO TUVO UN SEGUIMIENTO ECOGRÁFICO ADECUADO
408--TS Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo Secc. 6.ª S 21 Feb. 2006.-- Ponente: Herrero Pina, Octavio Juan.
RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.-- Administración sanitaria.-- Nacimiento de un niño con acondroplasia.-- Utilización inadecuada de los medios de control del embarazo.-- Daño moral indemnizable.
En el caso, la Sala de la instancia dedujo de un hecho que no se considera probado, esto es, si la acondroplasia padecida por el hijo de la recurrente podía o no detectarse dentro de las 22 primeras semanas de gestación, una consecuencia cierta y perjudicial para la reclamante, como es la imposibilidad de dar información al respecto dentro de ese período, exonerando de toda responsabilidad a la Administración, que ni siquiera hizo uso de los medios de diagnóstico ordinarios en dicho período, dado que la primera ecografía se realizó en la semana 22, y menos aún de los medios específicos como era la ecografía de alta resolución. Así las cosas, y entrando a resolver el fondo del asunto, pues la valoración de la prueba efectuada en la instancia no se ajustó a las reglas de la sana crítica, hay que afirmar que la deficiente praxis en la actuación sanitaria, si bien no tuvo repercusión en la enfermedad o padecimientos que presentaba el niño al nacimiento, privó a la embarazada de unos medios de diagnóstico anteriores a las 22 semanas de gestación, que aun pudiendo ser imprecisos en su resultado no descartan la posibilidad de obtener por los mismos información suficiente para que la interesada tuviera oportunidad de una decisión al respecto, de manera que la no utilización adecuada de esos medios de control del embarazo, al alcance de la Administración, afectaron a dicha oportunidad de la interesada, impidiendo cualquier posibilidad, por escasas que fueran, de un diagnóstico al respecto. Ello constituye un daño moral indemnizable, que, atendidas las circunstancias personales de la recurrente en relación con los padecimientos del hijo, se cifra en 62.000 ¤.
En la villa de Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil seis.
SENTENCIA
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por Dña. Lina, representada inicialmente por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Reig Pascual y tras la jubilación de este por la Procuradora Dña. María Isabel Torres Ruiz, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso n.º 998/99 (LA LEY JURIS. 990733/2001), en el que se impugna la desestimación presunta de la reclamación de indemnización en la cantidad de 50.000.000 pesetas por responsabilidad patrimonial derivada de actuación sanitaria, formulada el 24 de junio de 1997 al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ha comparecido como parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado.
(...)
Fundamentos de Derecho
Primero.- En el primer motivo de casación, formulado al amparo del art. 88.1.c) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, se refiere genéricamente a la vulneración de las formas esenciales del juicio y quebrantamiento de forma por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, afectando incluso a las garantías constitucionalmente reconocidas (art. 24 de la Constitución), con cita de las SSTC 196/1992 (LA LEY JURIS. 2061-TC/1992) y 156/1992 (LA LEY JURIS. 2008-TC/1993), concretando tales infracciones en la providencia de 21 de noviembre de 2000, recurrida en súplica el 1 de diciembre de 2000, al no suspenderse los actos probatorios señalados para el día 12 de diciembre del mismo año, y celebrarse sin resolver el recurso de suplica que iba contra la no admisión de ciertos medios de prueba y la estimación parcial en otros, admitiéndose el recurso de súplica el 19 de diciembre y notificado su resolución el 17 de mayo cuando ya había decaído cualquier posibilidad de accionar, quedando acreditada la denuncia mediante el recurso de súplica, de conformidad con el art. 88.2 de la LJCA, además de considerarse vulnerados los arts. 578 y concordantes de la antigua LEC, el art. 60 de la Ley 29/98 y el art. 24 de la Constitución, teniendo en cuenta que se le ha causado indefensión evitándole el derecho/obligación de probar con todos los medios reconocidos en derecho.
Segundo.- Las alegaciones que se formulan en este motivo de casación conforman, en definitiva, la infracción del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa, que garantiza el artículo 24 de la Constitución, derecho cuyas características ha establecido el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, estando entre las más recientes la 247/2004 de 20 de diciembre (LA LEY JURIS. 10879/2005) y 4/2005, de 17 de enero (LA LEY JURIS. 10837/2005), en las que se señala:
-- Que se trata de un derecho de configuración legal, de tal modo que, para entenderlo lesionado, será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de las normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda.
-- Que este derecho no tiene, en todo caso, carácter absoluto o, expresado en otros términos, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquéllas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho en caso de denegación o inejecución imputables al órgano judicial cuando se inadmiten o inejecutan pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.
-- Que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante. Siendo el dato esencial para que pueda considerarse vulnerado el derecho fundamental analizado, que las irregularidades u omisiones procesales efectivamente verificadas hayan supuesto para el demandante de amparo una efectiva indefensión, toda vez que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa, puesto que, de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta en el sentido de ser favorable a quien denuncia la infracción del derecho fundamental.
-- Que corresponde al recurrente justificar la indefensión sufrida, en un doble aspecto: por un lado, ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otro lado, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones.
A ello debe añadirse, que, como señala la sentencia de 28 de junio de 2004, el motivo que habilita la casación por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales está condicionado por una doble exigencia: petición de subsanación en la misma instancia, de existir momento procesal oportuno para ello y producción de indefensión a la parte, como establece el artículo 88.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Partiendo de estas consideraciones y examinando la situación planteada en este caso, se observa que, formulado escrito de proposición de prueba, se dicta providencia de 21 de noviembre de 2000, admitiendo un importante número de las pruebas propuestas e inadmitiendo: determinada documental pública por su carácter pericial en un primer apartado y ser innecesaria en los demás; reconocimiento judicial por considerarla improcedente; se declaran impertinentes algunas preguntas de los interrogatorios correspondientes a varios testigos por su carácter pericial. Interpuesto recurso de súplica se desestima por Auto de 27 de marzo de 2001, que mantiene las razones que determinaron la denegación de las pruebas que se vuelven a exponer y ampliar.
Se ha producido, por lo tanto, una inadmisión de las pruebas de manera razonada por el Tribunal a quo, sin que en este motivo de casación la parte alegue que dicha inadmisión carezca de justificación o responda a una interpretación arbitraria o irrazonable de la ley procesal. Por otra parte, aunque invoca genéricamente indefensión, en ningún momento alega y menos justifica que de haberse admitido y practicado las pruebas inadmitidas el resultado del proceso hubiera sido otro más favorable a sus intereses y no se hace ninguna referencia a los hechos que pretendía probar y su relación con las pruebas inadmitidas, de manera que ni siquiera se plantea la relevancia de la mismas para el resultado del proceso.
Por todo ello ha de concluirse, que no concurren las circunstancias exigidas para poder apreciar las infracciones de las normas que rigen los actos y garantías procesales que se denuncian en este motivo de casación, que por lo tanto debe ser desestimado.
Tercero.- En el segundo motivo de casación, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se vuelve a denunciar que se ha impedido desarrollar la prueba que estaba dispuesta a practicar, invocando el art. 24 y el 51.1 de la Constitución, así como el 5.4 de la LOPJ, con cita de la fecha de varias sentencias. En segundo lugar se alega la infracción de las normas de valoración legal de la prueba, dado que en este caso de todo lo actuado no se puede inferir que exista certeza de la buena praxis en los servicios sanitarios prestados; y en tercer lugar se alega la infracción de las reglas de la lógica o de la sana crítica.
En cuanto a las alegaciones sobre el derecho a la prueba ya se han examinado antes al resolver el primer motivo de este recurso y tampoco se precisa en que consiste la infracción del art. 51.1 de la Constitución que se denuncia por la recurrente, ya que nada dice al respecto.
Otra respuesta merece la infracción de las normas sobre valoración legal de la prueba en cuanto a las reglas de la lógica y la sana crítica, que la jurisprudencia entiende que se produce cuando la apreciación de la prueba se haya realizado de modo arbitrario o irrazonable o conduzca a resultados ilógicos o inverosímiles, infracción que puede hacerse valer por el mismo cauce de infracción del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, pues el principio de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos que consagra el artículo 24 de la Constitución comporta que estos errores constituyan vulneraciones del citado derecho y por ende infracciones del ordenamiento jurídico susceptibles de fiscalización en casación [SS 17-9-2001 (LA LEY JURIS. 870579/2001), 18-11-2003 (LA LEY JURIS. 1509540/2003), 8-2-2005 (LA LEY JURIS. 1926272/2005), 6-7-2005 (LA LEY JURIS. 13417/2005)].
En este caso, la Sala de instancia, deduciendo de los distintos informes incorporados a las actuaciones, que no se ha demostrado que la enfermedad se podría haber diagnosticado dentro de las 22 primeras semanas de gestación, concluye "que no se deduce posible que se hubiera proporcionado a la madre la información necesaria sobre posibles malformaciones dentro de las 22 primeras semanas de embarazo para acogerse a la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo", es decir, de un hecho que no se considera probado y por lo tanto carece de la necesaria certeza, como es si la enfermedad podía diagnosticarse antes de las 22 semanas, deduce una consecuencia cierta y perjudicial para la reclamante, como es la imposibilidad de dar información al respecto dentro de ese periodo, exonerando de toda responsabilidad a la Administración que ni siquiera hizo uso de los medios de diagnóstico ordinarios en dicho periodo, dado que la primera ecografía se realizó ya en la semana 22, y menos aún de los medios específicos como era la ecografía de alta resolución.
En estas circunstancias ha de entenderse que la valoración de la prueba efectuada en la instancia no se ajustó a las reglas de la sana crítica, en los términos expuestos, al no llevar a un resultado lógico, por lo que procede estimar este motivo de casación.
Cuarto.- La estimación del segundo motivo determina que haya de entrarse a resolver, dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, como establece el art. 95.1.d) de la Ley, a cuyo efecto ha de entenderse que la deficiente praxis en la actuación sanitaria, si bien no tuvo repercusión en la enfermedad o padecimientos que presentaba el niño al nacimiento, privó a la embarazada de unos medios de diagnóstico anteriores a las 22 semanas de gestación, que aun pudiendo ser imprecisos en su resultado no descartan la posibilidad de obtener por los mismos información suficiente para que la interesada tuviera oportunidad de una decisión al respecto, de manera que la no utilización adecuada de esos medios de control del embarazo, al alcance de la Administración, afectaron a dicha oportunidad de la interesada, impidiendo cualquier posibilidad, por escasas que fueran, de un diagnóstico al respecto, lo que constituye un daño moral indemnizable, que la Sala valora, atendidas las circunstancias personales de la recurrente en relación con los padecimientos del hijo afectado, en la cantidad de 62.000 euros, que se fija ya actualizada a este momento de dictar sentencia, estimándose en tal sentido y con dicho alcance el recurso contencioso administrativo interpuesto.
Quinto.- No se aprecian razones para una expresa condena en costas en la instancia ni en este recurso de casación.
Fallo
Que estimando el segundo motivo invocado en el presente recurso de casación n.º 1117/2002, interpuesto por la representación procesal de Dña. Lina contra la sentencia de 21 de noviembre de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso n.º 998/99, casamos dicha sentencia; y estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la misma representación procesal contra la desestimación presunta de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de actuación sanitaria, formulada el 24 de junio de 1997 al Instituto Nacional de la Seguridad Social, declaramos el derecho de la recurrente a ser indemnizada en tal concepto por la Administración demandada en la cantidad de 62.000 euros, ya actualizada a este momento. Sin que se aprecien razones para una expresa condena en costas en la instancia ni en este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.