El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el Auditorio Cecabank de Madrid el II Congreso Nacional Antifraude de la capital. El evento, organizado por la World Compliance Association (WCA) a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), reunió a más de 150 profesionales del sector, recordando el éxito de la edición pasada. En esta ocasión, se abordaron múltiples facetas del fraude, poniendo especial énfasis en el auge del ciberfraude y en las nuevas herramientas digitales que pueden ayudar a combatirlo.
La inauguración del congreso, de manos del presidente de la WCA, Iván Martínez López, y de la subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Mercedes Rodríguez Tarrida, dejó entrever la creciente preocupación por el fraude no solo en las entidades privadas, sino también en las públicas y, en especial, en relación a las “prácticas fraudulentas en materia de gastos relativos a la contratación pública y subvenciones públicas”, según Rodríguez.
A modo de introducción general al concepto del fraude y a la situación actual, el primer bloque reunió a tres ponentes de primer nivel con amplias visiones complementarias. En primer lugar, el presidente de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, Daniel Faura, sitúo a España en el número 41 a nivel mundial en tendencia a la corrupción. Para Faura, un puesto que, pese a haber mejorado ligeramente en los últimos años, posiblemente irá a peor pues, preocupado por los millenials, aseguró que “1 de cada 5 menores de 35 años justifican el fraude y la corrupción”.
El bloque siguió con una mirada a la geopolítica a través del Coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños. Su ponencia giró entorno a los paraísos fiscales, esos países donde se suele pagar un máximo del 10% de impuestos, cifra muy alejada de la media europea, que se sitúa en el 30%. Liechtenstein, Chipre, Malta y Holanda son algunos de los países que destacó Baños, sin olvidar Delaware (EE.UU.), donde se alojan las sedes de más de 250.000 empresas, y el más cercano, Gibraltar, el territorio británico en que se comercializan “150 millones de cajetillas de tabaco al año para solamente 30.000 habitantes”.
El bloque terminó con una de las ponencias más esperadas, la del ex-jefe de Fiscales Auxiliares de Manhattan y ex-fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Daniel R. Alonso. En su exposición, aprovechó la historia de la archiconocida película El lobo de Wall Street para hablar del testigo colaborador, pues él mismo fue el fiscal en el caso real sucedido en 1998. Alonso explicó como, en Estados Unidos, las penas de cárcel pueden bajar considerablemente gracias a la colaboración de los implicados. En el caso de Jordan Belfort (Leonardo Dicaprio en la película), la pena se redujo de 27-33 años a solamente 4. En su ponencia, reflexionó sobre el hecho de utilizar como testimonio a “un tipo que ha cometido fraude y que siempre ha sido un mentiroso”.
Tras el coffee break, en representación de Bureau Van Dijk - A Moody’s Analytics Company, patrocinadores del evento, Pedro Bobião, Manager Iberia de la compañia, habló del due diligence y del dilema que representa este tipo de auditoría de terceros, en la cual son expertos.
En materia de cibervigilancia, el Managing Lawyer of Governance, Risk & Compliance Practice de Ecix Group, Nestor Aparicio, organizó y moderó dos paneles. En el primero, dedicado a las ciberamenazas y la legalidad del análisis de datos masivos, se expuso el avance que pueden suponer técnicas tan avanzadas como el machine learning, que permite a una computadora aprender a resolver tareas sin una programación explícita previa. Con estas tecnologías, podrían agilizarse y automatizarse procesos en las empresas, incluso para la detección del fraude. Sin embargo, el CEO de Viiz, José Antonio Vizer, que se dedica a desarrollar skills para el dispositivo Alexa de Amazon, mostró el otro lado de estas nuevas tecnologías, que suponen un peligro en cuanto a la protección de datos y de la privacidad, ya que, en su modo grabación, podría servir para vulnerar acuerdos de confidencialidad e incluso revelar datos de forma ilícita.
En el segundo panel, expertos en inteligencia artificial (IA) constataron que, pese a que la IA puede ser útil en la detección del fraude -por ejemplo, en la detección de pagos inusuales con tarjeta-, nunca debe ser utilizada sin la supervisión de una persona que, según el experto en la materia José Luis Prado, “siempre debe tomar la última decisión desde la subjetividad”.
En cuanto a contratación pública, representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de la Generalitat Valenciana y de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) debatieron sobre las medidas que adopta el sistema público en materia de prevención de fraude y cumplimiento. La entrada en vigor de la Ley 9/2017 de contratos del sector público (LA LEY 17734/2017), en marzo de 2018, estableció la obligación de los órganos de contratación de los entes públicos de luchar contra la corrupción y el fraude y prevenir, detectar y resolver los conflictos de interés. Para la consultora de prevención de la OAC, Lara Baena, la gestión de estos riesgos no puede limitarse únicamente a la planificación de la contingencia, puesto que “si trabajamos cuando el daño ya está hecho, solo tenemos margen para reducir la gravedad de sus consecuencias” y debe incluir siempre la prevención “centrada en identificar los riesgos concretos en cada entidad adjudicadora y analizar los factores que crean estímulos u oportunidades para tales riesgos. Sólo actuando sobre esos factores es posible reducir la probabilidad de que los riesgos se materialicen”. El director del Departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa, cerró el debate recordando que la OAC “está publicando toda la documentación para facilitar al sector público la identificación de esos riesgos y el análisis de sus factores, y también el sector privado puede acceder a ella y tomarla como referencia”
En la segunda parte del día, tuvieron lugar paneles sobre el fraude ligado al ausentismo laboral, a la inteligencia económica y al ciberfraude, tema clave de la jornada. En el primer caso, los ponentes expusieron los fraudes que se cometen en relación a la incapacidad temporal en el puesto de trabajo y la falta de medidas tomadas por la Seguridad Social en materia de bajas médicas y absentismo.
Por su parte, miembros de la Fundación Behaviour & Law (B&L) y el diputado y exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, debatieron sobre la inteligencia económica y los servicios de inteligencia que la prestan. El patrono de B&L, Juan Antonio Gómez Bule, aseguró que la inteligencia económica puede servir para combatir el fraude a través de los datos acumulados.
El último bloque del evento trató el ciberfraude dentro de la empresa privada a través de las visiones de representantes de Dineo Crédito, ABANCA, Orbis Argentina y Experian, que coincidieron en la necesidad de diseñar y sobre todo implantar programas que puedan prever el fraude online, una práctica cada vez más extensa. El director de Orbis, Carlos Alberto Mau, señaló que cualquier empresa que cuente con un plan funcionando estará más protegida de cualquier defraudador que otra que aún no lo haya hecho, pues los defraudadores siempre buscan las empresas más débiles.
El evento, que promete una tercera edición, se celebró con la colaboración de las entidades patrocinadoras Worters Kluwer, Bureau Van Dijk y Techedge y con el soporte de la Secretaría de Estado de Seguridad, Intedya, la Asociación Española de Mediación (ASEMED), la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS), el Consejo General de Economistas, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Prevensystem, la Fundación FIASEP, Experian, Seguros Orbis, la Associació Catalana de Compatibilitat i Dirección (ACCID) y la UNIR.