Este año el Premio, dotado con 5.000 €, ha recaído en la Magistrada Carolina del Carmen Castillo Martínez por su trabajo «El procedimiento inmatriculador de los bienes eclesiásticos y su constitucionalidad. Fundamentos jurídicos para la adecuada conclusión de una causa».
El acto de entrega del Premio de Artículos Jurídicos Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort/Mutualidad de la Abogacía tuvo lugar el pasado 13 de diciembre y contó con la presidencia del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, así como con la asistencia de representantes de las entidades patrocinadoras que hacen posible este premio: Joaquín García-Romanillos, Vicepresidente de la Mutualidad de la Abogacía; Cristina Retana, Directora de Contenidos e Innovación de Aranzadi LA LEY, y Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General de Santander España.
En esta edición recibió una mención especial el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Alejandro Blázquez Lidoy por su artículo «La problemática jurídica de los testigos y/o peritos inspectores de Hacienda en los delitos contra la Hacienda Pública».
Ambos trabajos serán publicados próximamente en el Diario LA LEY.
La autora y el trabajo
La autora es, además de Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón, académica de número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, coordinadora de la sección «Derechos Reales e Hipotecario» de la revista Actualidad Civil y ha sido recientemente acreditada Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valencia.
Para la ganadora, «además de una grata sorpresa al resultar galardonado un trabajo elaborado con mucho cariño, la concesión de este premio ha supuesto una enorme satisfacción al provenir el reconocimiento de tan prestigiosa asociación y estar integrado el jurado que lo ha valorado por un elenco tan insigne de juristas».
«Este premio supone un reconocimiento estimulante al esfuerzo, y esencial por lo que supone encontrar un foro de debate en el que puedes emitir tus criterios jurídicos, incluso disintiendo de las opiniones de los demás, y encontrar siempre en la confrontación de ideas un mutuo enriquecimiento. Es de agradecer, además, que un premio tan prestigioso se encuentre abierto a cualquier disciplina jurídica», afirmó tras recibir el premio.
El artículo ganador aborda una cuestión, la de la inmatriculación de los bienes eclesiásticos, que en los últimos tiempos ha ocupado la atención de medios y doctrina, resultando que este procedimiento suele ser calificado por un sector de opinión como de privilegio injustamente concedido a la Iglesia Católica, cuando no de fraude.
Deducción fundadamente incierta, a juicio de la autora, como concluye en su trabajo, en el que se aborda si la inmatriculación por certificación eclesiástica del artículo 206 de la LH es o no un privilegio a favor de la Iglesia Católica, contrario a los artículos 14 (LA LEY 2500/1978) y 16.3 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978). Según lo expuesto en su investigación, sustancialmente la evolución legislativa que funda la regulación legal del expediente considerado, terminantemente debe concluirse, en su opinión, que la Iglesia en todo momento ha actuado con sometimiento a la norma vigente y que la inmatriculación de sus bienes, justificada por el propio legislador en argumentos de eficacia jurídica, siempre se ha realizado al amparo de la legalidad.
El jurado
El tribunal del III Premio de Artículos Jurídicos estuvo formado por Juan José González Rivas, expresidente del Tribunal Constitucional, Rosa María Virolés, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Juan Francisco García Sánchez, magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Juan José Fernández Domínguez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, Sonia Calaza López, catedrática de Derecho Procesal, directora del Departamento Procesal de la UNED y codirectora de la revista Actualidad Civil de LA LEY, José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo USP-CEU, presidente de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación y codirector de la revista Derecho Digital e Innovación de LA LEY, Joaquín García-Romanillos, vicepresidente de Mutualidad de la Abogacía y Adolfo Díaz-Ambrona, secretario del Consejo de Santander España.