La sentencia del día
NULIDAD DEL DESPIDO FUNDADO EN EL EMBARAZO DE LA TRABAJADORA
1013--TC Sala Primera S 12 Feb. 2007.-- Ponente: Casas Baamonde, María Emilia.
PRINCIPIO DE IGUALDAD.-- Discriminación por razón de sexo.-- Despido de trabajadora por motivo de sus sucesivos embarazos.-- Supuesta falta de superación del período de prueba.
En contra de lo mantenido por las sentencias impugnadas, el despido de la recurrente ha de calificarse de nulo por discriminatorio, dado que ha aportado indicios racionales de discriminación por motivo de embarazo que la empresa demandada no ha rebatido. Antes de que finalizase el contrato de trabajo de carácter temporal que unía a las partes, la empresa ofreció a la recurrente la conversión de su relación laboral especial en común, suscribiendo, para ello, un contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido. Tras la celebración de este segundo contrato la recurrente se quedó embarazada en dos ocasiones sucesivas que concluyeron con sendos abortos. Estos dos embarazos de la recurrente provocaron la sucesión de una serie de bajas laborales. Dos días después del último parte de confirmación de baja la empresa comunicó a la recurrente la extinción de su contrato por falta de superación del periodo de prueba. Teniendo en cuenta las circunstancias expuestas ha de concluirse que la trabajadora demandante de amparo aportó un panorama indiciario del que surgía, al menos, la sospecha razonable de la eventual relación de causa a efecto entre las bajas laborales ocasionadas por su estado de embarazo y la decisión empresarial de prescindir de sus servicios.
Incumplimiento por parte de la empresa de su obligación de probar la ausencia de móvil discriminatorio.
Hasta el momento anterior a las bajas motivadas por su embarazo, el rendimiento de la recurrente era satisfactorio para la empresa, ya que, de otro modo, ni habría superado el periodo de prueba de dos meses fijado en su primer contrato temporal, ni se le habría ofrecido la conversión de su relación laboral especial en otra ordinaria y de carácter indefinido, antes de la conclusión de aquél. Por tanto, no carecía en principio de verosimilitud el alegato de discriminación de la recurrente, que vinculaba su cese --justificado únicamente en la falta de superación del periodo de prueba-- a las bajas laborales motivadas por su embarazo. A lo anterior se une la inexistencia de la causa de extinción del contrato --improcedencia de la fijación de un segundo periodo de prueba tras la novación contractual, al ser las funciones a desempeñar idénticas--. A la vista de este panorama indiciario, y aunque correspondía a la empresa la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión fueron legítimos y ajenos al móvil discriminatorio, los órganos judiciales no le exigieron tal acreditación, obviaron los indicios de discriminación alegados e incluso, imponiendo la carga de la prueba a la recurrente, le reprocharon su falta de actuación probatoria al no acreditar cuál había sido el trato dispensado por la empresa a otras trabajadoras que a pesar de tener igual rendimiento no habían sido despedidas.
Improcedencia de la identificación entre la situación de embarazo y un estado patológico que, al poder provocar una disminución del rendimiento, justifica la extinción del contrato.
Resulta reprochable la identificación que realiza la sala para descartar la lesión constitucional entre las bajas laborales de la recurrente y la contingencia de enfermedad. Efectivamente, se identifica el embarazo con un estado patológico que, al poder provocar una disminución del rendimiento de la trabajadora, justifica la extinción del contrato de trabajo. Si, como ocurre en el caso, la extinción del contrato de la trabajadora está motivada por la disminución del rendimiento, y este último se ha cifrado sin tener en cuenta las ausencias en el trabajo por motivos derivados de su estado gestacional, el cese obedece a la aparición de riesgos inherentes a tal estado y, por lo tanto, debe calificarse como fundado esencialmente en el embarazo. Tal despido sólo puede afectar a las mujeres y supone una discriminación directa por razón de sexo. Todo lo anterior conduce a concluir que la empresa demandada no ha acreditado la existencia de causa alguna, fundada y real, que hubiera permitido destruir la apariencia discriminatoria creada y alcanzar la necesaria convicción de que su decisión fue ajena a todo propósito atentatorio del derecho fundamental al no tener por causa el estado de embarazo de la recurrente.
Normas aplicadas: art. 14 CE; art. 55.5 ET 1995 (LA LEY-LEG. 1270/1995).
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2192-2003, promovido por doña Aránzazu H. F., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Mónica de la Paloma Fente Delgado y bajo la asistencia del Letrado don Juan Miguel Delgado Ocejo, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 11 de marzo de 2003, que resuelve el recurso de suplicación núm. 155-2003 (LA LEY JURIS. 1422901/2003) formulado contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao, de 6 de noviembre de 2002, recaída en los autos sobre despido núm. 498-2002. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha comparecido la empresa Telefónica Publicidad e Información, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Alberto Alfaro Matos y con el Letrado don Enrique J. Gómez Sanz.
Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
(...)
Fundamentos jurídicos
(...)
4. Conforme a nuestra doctrina anteriormente sintetizada nos corresponde determinar si las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el principio de discriminación por razón de sexo, analizando para ello, a la vista de las circunstancias del caso concreto, si la trabajadora recurrente en amparo aportó indicios de discriminación suficientes y si, en tal supuesto, como consecuencia de la inversión de la carga de la prueba, la empleadora cumplió con su obligación de rebatirlos justificando que su actuación fue absolutamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales.
A tal fin, es preciso tener en cuenta que nuestro enjuiciamiento no puede limitarse a comprobar si el órgano judicial efectuó una interpretación del derecho en juego que no fue irrazonable ni arbitraria ni manifiestamente errónea, ya que aquí el canon de enjuiciamiento no es el del art. 24 CE sino el del derecho fundamental sustantivo cuestionado, es decir, el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo [por todas, SSTC 175/2005, de 4 de julio (LA LEY JURIS. 1728/2005), FJ 5; y 342/2006, de 11 de diciembre (LA LEY JURIS. 126/2007), FJ 5].
Pues bien, como ha quedado dicho, la recurrente en amparo sostiene que su despido es discriminatorio por razón de sexo al tener por causa las bajas laborales motivadas por sus dos embarazos. La existencia de discriminación ha sido, sin embargo, rechazada en la vía judicial, de tal modo que el Juzgado de lo Social desestimó su demanda al considerar que la extinción contractual estaba justificada en la falta de superación del periodo de prueba, rechazando la existencia de indicio alguno de la actuación discriminatoria denunciada. Por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia declaró la improcedencia del despido por entender que el periodo de prueba pactado no tenía amparo legal, pero confirmó lo decidido en la instancia con relación al rechazo de la lesión constitucional, declarando al respecto que la demandada se había comportado correctamente con otras trabajadoras embarazadas y que, de las cuatro bajas de la recurrente, sólo dos habían sido por causa de aborto. Además, y en cualquier caso, consideró que con independencia de que se hubiese tenido en cuenta para el cómputo del rendimiento de la recurrente las ausencias por los abortos sufridos y de la circunstancia de que otras trabajadoras con rendimiento como el suyo no hubiesen sido despedidas, la extinción del contrato de trabajo por bajo rendimiento por causa de enfermedad no vulneraba derecho fundamental alguno y le correspondía a la recurrente acreditar qué medidas se habían tomado por la empresa respecto de esas otras trabajadoras con las que se comparaba.
5. En contra de lo mantenido por las Sentencias impugnadas, hemos de afirmar --coincidiendo con lo manifestado por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones-- que el despido de la recurrente ha de calificarse de nulo por discriminatorio, dado que ha aportado indicios racionales de discriminación por motivo de embarazo que la empresa demandada no ha rebatido. Ciertamente, se impone tal conclusión teniendo en cuenta, en primer término, cuál ha sido la sucesión de los hechos y la coincidencia temporal entre las bajas relacionadas con el estado de gestación de la recurrente y la decisión empresarial de extinguir su contrato por falta de superación del periodo de prueba. A partir del relato de hechos probados se comprueba que antes de que finalizase el contrato de trabajo de carácter temporal que unía a las partes, la empresa ofreció a la recurrente la conversión de su relación laboral especial en común, suscribiendo, para ello, un contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido con fecha 1 de noviembre de 2001. Tras la celebración de este segundo contrato, consta como hecho probado que la recurrente se quedó embarazada en dos ocasiones sucesivas que concluyeron con sendos abortos, uno en el mes de marzo y el otro en mayo de 2002. Asimismo, tal y como se comprueba del examen de las actuaciones (documentos núms. 11 y 12 de la parte actora), esos dos embarazos de la recurrente provocaron la sucesión de una serie de bajas laborales. Ciertamente, figuran partes de baja del Servicio Vasco de Salud por "amenaza de aborto" de 28 de febrero de 2002; por "embarazo de riesgo" de 6 de mayo de 2002, y partes de confirmación de baja de 10 y 17 de mayo, así como de 31 de ese mes por "cirugía de ovario derecho y embarazo de riesgo", y de 1 de junio de 2002 por "quiste ovárico derecho y aborto espontáneo". Dos días después a este último parte de confirmación de baja, es decir, el día 3 de junio de 2002, la empresa comunicó a la recurrente la extinción de su contrato por falta de superación del periodo de prueba.
Teniendo en cuenta las circunstancias que han sido anteriormente expuestas, hemos de concluir que la trabajadora demandante de amparo aportó un panorama indiciario del que surgía, al menos, la sospecha razonable de la eventual relación de causa a efecto entre las bajas laborales ocasionadas por su estado de embarazo y la decisión empresarial de prescindir de sus servicios. Efectivamente, la sucesión de los hechos antes descrita pone de manifiesto que hasta el momento anterior a las bajas motivadas por su embarazo (que comenzaron a partir de enero de 2002), el rendimiento de la recurrente era satisfactorio para la empresa, ya que, de otro modo, ni habría superado el periodo de prueba de dos meses fijado en su primer contrato temporal, ni se le habría ofrecido la conversión de su relación laboral especial en otra ordinaria y de carácter indefinido, antes de la conclusión de aquél. Por tanto, no carecía, en principio, de verosimilitud el alegato de discriminación de la recurrente, que vinculaba su cese (justificado únicamente en "la falta de superación del periodo de prueba") a las bajas laborales motivadas por su embarazo.
A lo anterior se une también el hecho de la inexistencia de la causa de extinción del contrato (improcedencia de la fijación de un segundo periodo de prueba tras la novación contractual al ser las funciones a desempeñar idénticas), ya que, si bien es cierto que el hecho de que el acto empresarial sea improcedente no implica que sea además discriminatorio, al no derivar automáticamente de su antijuridicidad la vulneración constitucional [SSTC 135/1990, de 19 de julio (LA LEY JURIS. 828976/1990), FJ 4; 21/1992, de 14 de febrero (LA LEY JURIS. 1871-TC/1992), FJ 5; y 41/2002, de 25 de febrero (LA LEY JURIS. 3025/2002), FJ 5], también es indudable que ese elemento añadía seriedad al panorama indiciario ofrecido por la trabajadora [STC 17/2003, de 30 de enero (LA LEY JURIS. 793/2003), FJ 6].
6. A la vista del panorama indiciario existente, y aunque le correspondía a la empresa la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión fueron legítimos y ajenos al móvil de discriminación que se le imputaba, los órganos judiciales no exigieron tal acreditación a la empresa, obviaron los indicios de discriminación alegados, e incluso, imponiéndole la carga de la prueba a la recurrente, le reprocharon su falta de actuación probatoria al no acreditar cuál había sido el trato dispensado por la empresa a otras trabajadoras que a pesar de tener igual rendimiento no habían sido despedidas.
En efecto, las Sentencias impugnadas negaron la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo teniendo en cuenta que la empresa demandada se había comportado correctamente con otras trabajadoras embarazadas y dado que de las distintas bajas de la recurrente tan sólo dos de ellas tuvieron por causa el aborto. Tales razonamientos judiciales resultan inadmisibles para descartar la lesión constitucional que en el caso de autos se denuncia.
De un lado, no puede justificarse la corrección desde el punto de vista constitucional de la actuación de la empresa sobre la base de su previo comportamiento no discriminatorio por referencia a otras trabajadoras embarazadas, pues ello no obsta a que en el caso de autos se haya producido la discriminación que se denuncia, sobre todo teniendo en cuenta las específicas circunstancias concurrentes (sucesión de embarazos y abortos en un corto periodo temporal) que no han concurrido en los otros casos. De otro lado, tampoco resulta aceptable el segundo argumento utilizado para desconectar la decisión empresarial de la discriminación por razón de sexo, a saber, que de las cuatro bajas sólo dos lo fueron por aborto. Y ello es así porque resulta evidente que desde el mes de febrero a junio de 2002 (mes éste en el que se comunicó a la recurrente la extinción de su contrato de trabajo) las bajas laborales de la recurrente estuvieron directamente relacionadas con su embarazo, ya que, en unos casos, se debieron a las complicaciones que se produjeron durante el desarrollo del estado de gestación (partes de baja por amenaza de aborto y embarazo de riesgo) y, en otros casos, fueron consecuencia de la interrupción misma del desarrollo del feto (aborto e intervenciones quirúrgicas subsiguientes). Conexión con el embarazo que se deduce, sin lugar a dudas, del examen de las actuaciones y que hace que la ponderación judicial efectuada al respecto incurra en la discriminación de sexo constitucionalmente proscrita al no reparar el trato discriminatorio sufrido por la trabajadora demandante. En cualquier caso, aun en el supuesto de que sólo dos de las bajas estuvieran relacionadas con el embarazo, tal hecho sería suficiente para mantener el indicio de discriminación, sin necesidad de que todas las bajas tuviesen conexión con el estado de gestación de la trabajadora.
Resulta igualmente reprochable la identificación que realiza la Sala para descartar la lesión constitucional entre las bajas laborales de la recurrente y la contingencia de enfermedad. Efectivamente, se identifica el embarazo con un estado patológico que, al poder provocar una disminución del rendimiento de la trabajadora, justifica la extinción del contrato de trabajo. Dejando a un lado la corrección de tal interpretación desde el punto de vista de la legalidad y centrándonos en sus consecuencias en el plano constitucional, que es el que nos compete enjuiciar, no se pueden compartir tales argumentos. Como tuvo la oportunidad de declarar la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 1998 (caso Brown) (LA LEY JURIS. 791479/1998), aunque "los trastornos y complicaciones del embarazo pueden implicar una incapacidad laboral, constituyen 'riesgos inherentes al embarazo', y por lo tanto, comparten la especificidad de este estado". De tal forma que, si como ocurre en el caso de autos, la extinción del contrato de la trabajadora se encuentra motivado por la disminución del rendimiento, y este último se ha cifrado sin tener en cuenta las ausencias en el trabajo por motivos derivados de su estado gestacional, en definitiva, el cese obedece a la aparición de riesgos inherentes a tal estado y, por lo tanto, debe calificarse como fundado esencialmente en el embarazo. Tal despido sólo puede afectar a las mujeres y supone una discriminación directa por razón de sexo.
7. Todo lo anterior nos conduce a concluir que la empresa demandada no ha acreditado la existencia de causa alguna, fundada y real, que hubiera permitido destruir la apariencia discriminatoria creada y alcanzar la necesaria convicción de que su decisión fue ajena a todo propósito atentatorio del derecho fundamental al no tener por causa el estado de embarazo de la recurrente. Esa ausencia de prueba trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por la demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho garantizado en el art. 14 CE. En consecuencia, hemos de concluir que las Sentencias impugnadas no cumplieron las exigencias de la doctrina constitucional sobre la distribución de la carga de la prueba en estos supuestos, y lesionaron, por tanto, el derecho a la no discriminación por razón de sexo de la recurrente (art. 14 CE) en tanto que no repararon la lesión denunciada.
F a l l o
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por doña Aránzazu H. F. y, en consecuencia:
1.º Reconocer su derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).
2.º Anular las Sentencias de 6 de noviembre de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao y de 11 de marzo de 2003, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (LA LEY JURIS. 1422901/2003) (recaídas en los autos sobre despido núm. 498-2002).
3.º Declarar la nulidad de su despido.