El estado de alarma declarado por el Gobierno mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y prorrogado por Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo (LA LEY 4273/2020), ha tenido como consecuencia desgraciadamente otras crisis y situaciones dramáticas a parte de la ocasionada en el sistema sanitario.
En lo que se refiere a la violencia de género, como uno de los tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres por razón de género, se ha publicado normativa al respecto como consecuencia de la situación agravada para las víctimas que ha ocasionado el confinamiento en los domicilios en los casos que convivan con el agresor o con un potencial agresor.
El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3654/2020), establece en su artículo 7 (LA LEY 3343/2020) la limitación de la libertad de circulación de las personas: únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, de manera individual salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.
Esta situación conlleva que víctimas o potenciales víctimas de violencia de género convivan con el agresor en el domicilio durante muchas horas sin apenas salir, convirtiéndose esta situación en factor de riesgo tanto para la mujer víctima, como para el resto de familiares que convivan en el mismo domicilio, y más aún si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
Es la circunstancia de laletra g del mencionado artículo 7, (LA LEY 3343/2020)la que permitiría a las víctimas salir del domicilio en caso de necesidad para interponer denuncia, ponerse a salvo, pedir ayuda o acudir a las autoridades correspondientes.
I. CONFINAMIENTO Y CONSECUENCIAS
A la situación del confinamiento se le añaden las tensiones que nacen de la situación restrictiva de movimientos, los conflictos que pueden aumentar con la convivencia en estas circunstancias y problemas añadidos en algunos casos como el alcoholismo, consumo de drogas, así como situaciones en que se han interpuesto denuncias, procesos en trámite de separación o divorcio, miedo a reaccionar o falta de recursos económicos, etc.
El Consejo General del Poder Judicial ha establecido que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando este se vea afectado por las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020) por el que se declaró el estado de alarma y siempre que no haya acuerdo entre los progenitores. Las juntas sectoriales de Juzgados de Familia podrán adoptar acuerdos para unificar criterios y establecer pautas de actuación conjuntas.
Ya se han producido varias detenciones relacionadas con la violencia de género en esta situación. El 20 de marzo murió la primera mujer asesinada presuntamente por parte de su pareja durante el estado de alarma (17 en lo que llevamos de año). Hay que recordar que la violencia de género no consiste sólo enagresiones físicas (con resultado muerte en el peor de los casos) con o sin lesiones, sino también en violencia psicológica (amenazas, coacciones, tratos vejatorios como desprecio, humillación, indiferencia, insultos, desvalorización, restricción de comunicación con sus familiares o amigos, etc.), violencia sexual y violencia instrumental (utilizar a los hijos/as y otros familiares para hacer daño a la otra persona, incluso a los animales de compañía, romper objetos, control a través de medios de comunicación o control económico, vulneración del derecho a la intimidad, quebrantamiento de medidas o condenas, etc.).
Todas estas conductas que se producen en el ámbito de la violencia doméstica, se pueden agravar aún más en estas situaciones tan estresantes
Todas estas conductas que se producen en el ámbito de la violencia doméstica, se pueden agravar aún más en estas situaciones tan estresantes y sobre todo, pueden aumentar el riesgo de peligro contra la integridad física, psíquica, y en la peor de las situaciones la vida, de las víctimas de este tipo de violencia sobre todo en aquellos contextos de rupturas o etapas previas a la separación, donde la situación del estado de alarma les han impedido tomar medidas como encontrar otro domicilio o acudir a las autoridades competentes.
También puede tener lugar una reducción de denuncias por la situación de confinamiento y que la víctima permanezca sufriendo malos tratos sin saber cómo actuar o porque el agresor tiene más control de los movimientos de la ésta.
II. PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Ministerio de Igualdad, dentro del Plan de Contingencia contra la violencia de género impulsado por el Gobierno, ha publicado una guía de actuación para los casos de víctimas o potenciales víctimas que se encuentren conviviendo con el agresor:
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
Esta guía como novedad, pone a disposición dos números de teléfono para asistencia psicológica inmediata vía whatsap y se recuerda la existencia de la aplicación AlertCops de la Policía y Guardia Civil, la cual será actualizada por la Secretaría de Estado de Seguridad para una mayor eficacia. La aplicación puede utilizarse también para otro tipo de delitos como los ocurridos en el ámbito familiar, a parte del número de teléfono 091 para pedir ayuda a la Policía Nacional.
También la Dirección General de Derechos de los Animales, como parte de esta guía, para los casos en que la mujer agredida tenga que abandonar el domicilio y no quiera dejar a su mascota con el agresor, ha puesto en marcha un teléfono de atención para gestionar espacios seguros para los animales a través del Programa VioPet (programa de acogida de animales víctimas de la violencia familiar), ya que la mayoría de los servicios de acogida y emergencia no permiten la entrada de animales.
En la Guía también se mencionan las situaciones con hijos/as en común que se pueden derivar del estado de alarma respecto a custodia y régimen de visitas. El Acuerdo del Consejo General del Poder Judicialde 13 de marzo de 2020 prevé la posibilidad de que el juzgado de familia competente acuerde la suspensión cautelar de las visitas durante el estado de alarma, valorando el riesgo de contagio derivado de la movilidad del niño o la niña.
Así mimo, las Comunidades Autónomas en coordinación con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, han actualizado el listado de recursos contra la violencia de género disponibles en sus territorios.
III. SITUACIÓN DE LOS AGRESORES
Por otro lado, hay que tener en cuenta las víctimas que tienen una protección policial asignada, o tienen aplicados medios telemáticos, por imposición judicial a los agresores, de una medida cautelar o pena de prohibición de aproximación a la víctima, a sus familiares o lugar donde se encuentre; o a través de localización GPS dentro del ámbito penitenciario.
1. Ámbito penitenciario
Los condenados por delitos de violencia de género pueden estar cumpliendo pena de prisión, tanto en régimen ordinario y cerrado como en régimen abierto. También pueden estar cumpliendo penas o medidas alternativas a la prisión como las prohibiciones de aproximación y comunicación a la víctima. Pero hay otros casos en que están condenados a trabajos en beneficio de la comunidad o programas formativos que pueden verse afectados por la situación de estado de alarma y suspenderse su ejecución.
La OMS ha publicado una guía provisional sobre cómo tratar la enfermedad por coronavirus en las cárceles y otros lugares de detención. Entre las medidas propuestas, la OMS advierte que «se debe dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para los presuntos delincuentes y los reclusos con perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las mujeres embarazadas y a las mujeres con hijos dependientes».
El Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha dictado instrucciones para que en los establecimientos penitenciarios que gestionen el régimen abierto de cumplimiento de pena de prisión durante el estado de alarma, se potencie la tramitación de la aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996 (LA LEY 664/1996), el cual permite (siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para su concesión) cumplir el resto de condena en su domicilio en tercer grado de tratamiento a través de dispositivos telemáticos para controlar por geolocalización a la persona en domicilio, dada la situación delicada de los Centros Penitenciarios y la necesidad de que el máximo de ciudadanos se aísle en sus domicilios.
El período que transcurre entre que sale del establecimiento hasta que el personal técnico le instale el dispositivo en su domicilio, es el que puede suponer un peligro para la víctima en los casos de condenados a violencia de género con prohibiciones de aproximación y comunicación en vigor. Hasta que se proceda esta instalación, este control de permanencia en casa sólo puede realizarse mediante control telefónico por personal penitenciario a los condenados.
Los dispositivos telemáticos que gestiona Instituciones Penitenciarias se controlan a través del COVE (Centro Operativo de Vigilancia Electrónica) dependiente del Área de Medio abierto y Medios Telemáticos, tanto para esta modalidad de tercer grado penitenciario en domicilio (regulando los horarios de ausencia del domicilio, que tendrán que ajustarse a lo establecido al RD que declara el estado de alarma) como para controlar con «pulseras» telemáticas las salidas de permisos si así lo estable la autoridad judicial competente o la Junta de Tratamiento como medida de control. Son dispositivos que funcionan con GPS.
2. Ámbito judicial
Por otro lado, al margen del ámbito penitenciario, para controlar y hacer cumplir las medidas cautelares (órdenes de alejamiento) o penas de prohibición de aproximación a la víctimaen los casos de violencia de género que ordena la autoridad judicial, ésta puede determinar que se lleve a cabo mediante la instalación de dispositivos telemáticos y «brazaletes» que avisarán a la víctima si el agresor se acerca a ella. La empresa privada Centro Control COMETA contratada desde hace años por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género (dependiente del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) ofrece los servicios de monitorización, operación e instalación de estos dispositivos del Sistema de Seguimiento y control de las alarmas. El Centro Control se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estando operativo las 24 horas del día los 365 días del año.
Hay casos en que un penado con estos dispositivos específicos de violencia de género también es condenado a pena de prisión, con lo que cuando entra a cumplir en un centro penitenciario, los técnicos de COMETA tienen que acudir a desinstalar el dispositivo y volverlo a instalar cuando vuelva a salir del centro siempre que siga en vigor dicha medida o pena de prohibición de aproximación. Incluso en algunos pocos casos ha coincidido en un mismo penado la colocación de dos tipos de dispositivos, el de violencia de género por orden de un juzgado, y el de control GPS en tercer grado penitenciario.
Si una autoridad judicial impone la medida de libertad vigilada a un agresor, puede consistir ésta en una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima
Además, hay que tener en cuenta que, si una autoridad judicial impone la medida de libertad vigilada a un agresor, puede consistir ésta en una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. Algunas de las modalidades de libertad vigilada son controladas por la Administración Penitenciaria y otras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
IV. SERVICIOS ESENCIALES DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
1. Declaración estado de alarma sanitaria
El RD 463/2020 que declara el estado de alarma establece en su artículo 18 (LA LEY 3343/2020) que las autoridades, empresas y proveedores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.
El artículo 2 a) (LA LEY 8430/2011)de la Ley 8/2011, de 28 de abril (LA LEY 8430/2011),por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas define esos servicios esenciales como los necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
2. Administración de Justicia
Por Resolución de 14 de marzo de 2020 de laSecretaría de Estado de Justicia, conforme a las instrucciones del CGPJ, se establecieron como servicios esenciales, entre otros:
- — Actuaciones judiciales que, de no practicarse, pudieran causar perjuicios irreparables.
- — Medias cautelares o actuaciones inaplazables, como medidas de protecciones de menores.
- — Servicios de guarida, a efectos de detenidos e incidencias.
- — Actuaciones con detenidos inaplazables.
- — Órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.
- — Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
- — Procesos que se aleguen vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes.
3. Ámbito laboral
El 29 de marzo se publica el Real Decreto-ley 10/2020 (LA LEY 4281/2020),por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales,con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, establece en su Anexo un lisado de personas trabajadoras por cuenta ajena a las que no será objeto de aplicación el permiso retribuido, entre otras:
— Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención devíctimas de violencia de género.
— Las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño deservicios de seguridad en garantía de los servicios esencialesy el abastecimiento a la población.
4. Ámbito social
• El 1 de abril se publica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (LA LEY 4471/2020),por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19:
Esta norma establece en el artículo 11 (LA LEY 4471/2020) la sustitución del Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, por el nuevo Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables regulado en artículo siguiente.
Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género.
• También, como parte del Plan de Contingencia ya mencionado, el 1 de abril se publica el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo (LA LEY 4472/2020), de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género:
Establece que los servicios a los que se refiere los artículos 2 (LA LEY 4472/2020) al 5 (LA LEY 4472/2020) del mismo, tendrán la consideración de servicios esenciales con los efectos previstos en el Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020).
Su artículo 2 (LA LEY 4472/2020) regula la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas (016) telefónica y en línea, así como de los servicios de teleasistencia y asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. Las Administraciones Públicas competentes tendrán que adoptar las medidas necesarias para garantizar esta prestación de servicios con las mismas características a las que se venían prestando con anterioridad y, en su caso, adaptar su prestación a las necesidades excepcionales derivadas de este.
También se tendrá que asegurar el normal funcionamiento del servicio de teleasistencia ATENPRO (servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia de género), adaptándolo en su caso. Este servicio es contratado desde hace tiempo a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y pueden solicitarlo las víctimas que cumplan dos requisitos: no convivir con la persona que le ha sometido a maltrato y participar en los programas de atención especializada para víctimas de violencia de género de su Comunidad Autónoma.
Respecto a los servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, el artículo 3 (LA LEY 4472/2020) establece que «las Administraciones Públicas competentes garantizarán el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Cuando la respuesta de emergencia conlleve el abandono del domicilio para garantizar la protección de la víctima y de sus hijos e hijas, se procederá al ingreso en los centros a los que se refiere el apartado anterior, que serán equipados con equipos de protección individual. Cuando sea necesario para ello, las Administraciones Públicas competentes podrán disponer el uso de los establecimientos de alojamiento turístico, a los que se refiere el apartado primero de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo (LA LEY 3790/2020), por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico.»
Además, a través del artículo 4 (LA LEY 4472/2020), se garantizarán los servicios de instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos telemáticos para el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género. Las Administraciones competentes podrán dictar las instrucciones necesarias a las empresas prestadoras de los servicios.
Las medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, que, por su naturaleza, se deban prestar de forma presencial, se regulan en el artículo 5. (LA LEY 4472/2020)
Y para prevenir los impactos que el aislamiento domiciliario pueda tener en el incremento de casos de violencia de género y facilitar el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia integral, las Administraciones Públicas competentes elaborarán las oportunas campañas de concienciación, conforme al artículo 6. (LA LEY 4472/2020)
Por último, en el Capítulo II, se regulan las medidas urgentespara favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por las comunidades autónomas. Las CCAA y las entidades locales podrán destinar los fondos que les correspondan del Pacto de Estado a poner en marcha todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen en este Real Decreto-ley, así como cualquier otro que, en el contexto del estado de alarma, tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las formas de violencias contra las mujeres.
Así pues, partiendo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LA LEY 1692/2004), la organización de los servicios se asistencia a las víctimas por las comunidades autónomas y corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional, servicios que han de dar respuesta al agravamiento potencial de las necesidades en este ámbito.