- Comentario al documentoHasta el comienzo de la crisis de 2007-2008 la jurisprudencia sobre la cláusula rebus sic stantibus se caracterizaba por una aplicación excepcional de la misma, excepcionalidad que se extendía a los supuestos de crisis económica. Pero esta crisis, como fenómeno que ha incidido en multitud de relaciones contractuales, ha hecho resurgir esta figura y ha provocado con ello una revisión de la doctrina en lo relativo a la aplicación de la cláusula a los casos de crisis económica, revisión reflejada especialmente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014.Esta revisión no sólo ha puesto de manifiesto la fuerza de la realidad social y económica para hacer resurgir figuras jurídicas de hasta ahora escasa aplicación, sino también para impulsar la evolución del Derecho. Es así la trascendencia de esta crisis, no comparable a ninguna otra desde la recuperación de la doctrina de la cláusula por el Tribunal Supremo tras la Guerra Civil, lo que creo que ha determinado que esta “normalización” en su aplicación no haya tenido lugar hasta ahora.Dicho esto, es importante precisar que lo que ha se ha producido no es una ruptura frente a la jurisprudencia anterior, sino más bien un “giro” en la misma, en la medida en que las Sentencias reiteran que la crisis por sí misma no puede dar lugar la aplicación automática de la cláusula.En mi opinión, el giro jurisprudencial representa un avance positivo, en un intento de adaptar el Derecho a la realidad social del momento. Sin embargo, se hace necesario mantener un punto de vista prudente, por cuanto parece que los términos de la sentencia de 30 de junio de 2014 pretenden evitar precisamente el que se pase de un extremo al contrario, y la no observancia de la pauta marcada en la misma por parte de los tribunales podría llevar a su aplicación errónea y a fomentar comportamientos oportunistas. En cualquier caso, será el tiempo el que permita comprobar la trascendencia de este giro y sus implicaciones.
I. INTRODUCCIÓN
La crisis económica que comenzó en 2007-2008 ha tenido graves repercusiones en el cumplimiento de los contratos, haciendo resurgir el interés en la figura de la cláusula rebus, desde siempre vinculada a los contextos de cambio y de circunstancias generalizadas que generan problemas para el cumplimiento de los contratos.
Desde que la doctrina de la cláusula rebus fuera recuperada por el Tribunal Supremo tras la Guerra Civil, se ha mantenido una línea jurisprudencial caracterizada por su aplicación de forma sumamente restrictiva (2) . Ello se venía reflejando en los supuestos en que se solicitaba la aplicación de la cláusula por la alteración sobrevenida de las circunstancias en las que se celebró el contrato debido a la crisis.
A la vista del desenvolvimiento jurídico de esta materia en los ordenamientos de nuestro entorno, y con la intención de adaptar las instituciones jurídicas a la realidad social del momento, desde hace dos años, y especialmente a través de la Sentencia de 30 de junio de 2014, (LA LEY 84939/2014) la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha experimentado un giro al perfilar una concepción más normalizada de la cláusula rebus. En este punto, es importante señalar que, desde mi punto de vista, este giro no implica una ruptura frente a la jurisprudencia anterior y que, tal y como reiteran las sentencias, la tendencia hacia una aplicación más normalizada de la cláusula no implica que la crisis económica por sí misma pueda dar lugar a su aplicación automática.
El objeto de este trabajo es ofrecer una visión completa de este giro jurisprudencial, prestando especial atención a la evolución del tratamiento en la aplicación de la cláusula rebus a los supuestos de crisis económica, ya que éste es precisamente el contexto en el que el giro ha tenido lugar.
Con este fin, la primera parte de este trabajo analiza el desenvolvimiento de esta materia en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno como instrumento en el que la jurisprudencia nacional se ha apoyado para, a raíz de la realidad social actual, proceder a la revisión jurisprudencial de la doctrina de la cláusula rebus en cuanto a su aplicación a los casos de crisis económica. La segunda parte se centra en la configuración de la cláusula rebus en nuestro ordenamiento antes de la crisis, aspecto que sigue siendo relevante dado que, como ya hemos adelantado, el citado giro no supone una ruptura frente a la jurisprudencia anterior. Finalmente, la última parte del trabajo aborda el análisis de este giro a través del estudio de la jurisprudencia más relevante, concluyendo con las posibles implicaciones jurídicas que podría tener.
II. LA TENDENCIA A LA CODIFICACIÓN DE LAS FIGURAS AFINES A LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE NUESTRO ENTORNO
En palabras del propio Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de junio de 2014, la normalidad en la aplicación de la figura de la cláusula rebus por la que aboga «no puede desconocerse a tenor del desenvolvimiento jurídico experimentado en el contexto del Derecho europeo» (3) . Es por ello que el estudio de la evolución del tratamiento que han experimentado las figuras afines a la clásula rebus sic stantibus (a las que genéricamente denominaremos hardship) en el Derecho comparado constituye un punto de partida necesario para el análisis del giro jurisprudencial.
La conclusión principal de la evolución del tratamiento del hardship en el Derecho comparado es que aunque el desarrollo de la materia ha sido fundamentalmente jurisprudencial, puede apreciarse una tendencia a recogerla en el Derecho positivo (4) , aspecto que ha impulsado su inclusión en los textos normativos internacionales.
En Francia, cuyo ordenamiento se caracteriza por ser el más restrictivo en cuanto a la admisión de algún efecto para las circunstancias sobrevenidas (5) , se incluyó en el Anteproyecto de Reforma de Derecho de Obligaciones y del Derecho de la Prescripción de 2005 el art. 1.135 (ver Anexo 1), el cual contempla la posibilidad de que las partes renegocien (o que los tribunales ordenen la negociación) si «el equilibrio inicial de las prestaciones recíprocas fuese perturbado al punto que el contrato pierda todo interés para una de ellas».
En el año 2002 se procedió a la modificación del Código Civil alemán, incluyéndose el art. 313 sobre la «alteración de la base del negocio jurídico», que ha procedido a recoger de forma expresa la doctrina de la base del negocio (6) .
Otros ejemplos de codificación en materia del hardship en Europa son los casos de Portugal e Italia, cuyos ordenamientos recogen expresamente reglas de carácter general para resolver las situaciones de alteración sobrevenida de las circunstancias, inspirándose para ello en el desarrollo doctrinal de la materia en Alemania (teorías de la presuposición y de la base del negocio) (7) . También en el Código civil holandés se incluyó en 1992 una regulación de la alteración sobrevenida de las circunstancias.
En cuanto a los textos normativos internacionales, como son los Principios Unidroit y los Principios del Derecho Europeo de los Contratos (en adelante PECL), «confirmando las nuevas orientaciones y planteamientos que se están desarrollando en materia de hardship, coinciden en regular de manera detallada los problemas y consecuencias de la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación» (8) .
Así, los Principios UNIDROIT regulan en su art. 6.2 (ver Anexo 2) el hardship. Los PECL se refieren en su art. 6:111 (ver Anexo 3) al «cambio de circunstancias». En los comentarios oficiales al art. 6:111 de los PECL se explica que la inclusión de este artículo se debe precisamente a que «la mayoría de los países de la Comunidad Europea han introducido en sus Derechos algún mecanismo encaminado a corregir cualquier injusticia que resulte del desequilibrio en el contrato producido por eventos sobrevenidos que las partes no podían razonablemente prever cuando celebraron el contrato» (9) (10) .
SALVADOR CODERCH explica la relevancia de la incorporación de esta materia al derecho positivo, indicando que esta incorporación supone, en relación al principio pacta sunt servanda, que estemos «ante dos disposiciones de un mismo sistema de derecho positivo, cuya aplicabilidad al caso estaría en función de la concurrencia de sus respectivos supuestos de hecho. La revisión del contrato seguiría siendo excepcional, pero dejaría de estar fuera de los confines de la ley. La distancia, en cada contexto, entre regla y excepción se habría reducido o, por lo menos, sería más fácilmente predeterminable [...]» (11) .
Partiendo de esta idea, la tendencia a la codificación del hardship en Europa y su presencia en los textos normativos internacionales han sido interpretadas en su conjunto como una muestra de la tendencia a la normalización en su aplicación a nivel europeo, de ahí que el desenvolvimiento jurídico de esta materia experimentado en el Derecho europeo sea mencionado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014 (LA LEY 84939/2014).
III. LA CONFIGURACIÓN TRADICIONAL DE LA CLÁUSULA REBUS EN ESPAÑA Y SU APLICACIÓN, ANTES DE LA ACTUAL CRISIS, A LOS SUPUESTOS DE ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS POR CRISIS ECONÓMICAS
1. La cláusula rebus en la Jurisprudencia
En el Derecho español, a falta de norma específica en el Derecho civil común que regule la cláusula rebus o la alteración sobrevenida de las circunstancias (excepción es su regulación en el Derecho Foral navarro), han sido los tribunales los encargados de configurar esta doctrina, los requisitos para su aplicación y sus consecuencias.
Como se ha mencionado anteriormente, la cláusula rebus fue recuperada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo después de la Guerra Civil (12) , configurándose desde entonces una línea jurisprudencial que la doctrina ha descrito como muy rigurosa en cuanto al reconocimiento de la posible aplicación de la cláusula.
A) los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la aplicación de la cláusula rebus
El rigor en la aplicación de la cláusula rebus se ha manifestado en el desarrollo jurisprudencial de una serie de requisitos (13) : «a) la alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración; b) una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las pretensiones de las partes contratantes, que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilamiento del equilibrio de las prestaciones, y c) que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles.» A estos requisitos se añadió posteriormente un cuarto: «que se carezca de otro medio de remediar y salvar el perjuicio.»
Estos cuatro requisitos, que han marcado una aplicación muy restrictiva de la cláusula rebus, se han mantenido prácticamente inalterados desde hace cincuenta años. De hecho, en 2007 el Tribunal Supremo continuaba reproduciendo el enunciado original de estos requisitos. A estos efectos, la doctrina coincide en señalar que el número de sentencias en las que se ha admitido la concurrencia de todos los requisitos y por lo tanto la aplicación de la cláusula es muy reducido, afirmando incluso los más críticos que los mayores esfuerzos de la jurisprudencia se han encaminado precisamente «a justificar la inaplicabilidad de la misma al caso concreto que se juzga» (14) .
B) La aplicación de la cláusula rebus a los supuestos de crisis económica
Ya hemos visto que la cláusula rebus se presenta como una figura de aplicación sumamente restrictiva y excepcional, lo que se ha traducido en la necesidad de cumplir unos requisitos propios de una figura de aplicación cautelosa y singular.
El estudio de la jurisprudencia revela que hasta bien entrada la actual crisis económica, esta excepcionalidad se ha reflejado en el rechazo de los tribunales a la aplicación de la citada cláusula a los supuestos en los que la crisis económica había sido el factor desencadenante de la alegada excesiva onerosidad sobrevenida.
Así, el Tribunal Supremo rechazaba en su Sentencia de 27 de abril de 2012 (LA LEY 52695/2012) que la transformación económica de un país pudiera justificar la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus: «La transformación económica de un país, producida, entre otros motivos, por dicho devenir, no puede servir de fundamento para el cumplimiento de los requisitos requeridos por la jurisprudencia para llegar a la existencia de un desequilibrio desproporcionado entre las prestaciones fundado en circunstancias imprevisibles, pues las circunstancias referidas no pueden tener tal calificación».
Las Audiencias Provinciales, siguiendo esta línea de argumentación marcada por el Tribunal Supremo, hasta bien entrada la crisis también han resuelto en su mayor parte en contra de la aplicación de la cláusula rebus a raíz de la crisis económica. Por ejemplo, son numerosas las sentencias que consideran que no se cumple el requisito de la imprevisibilidad de las circunstancias sobrevenidas. Así, la Audiencia Provincial de Zaragoza señalaba en su Sentencia de 11 de junio de 2010 (LA LEY 187500/2010) que: «la crisis económica que padece este país en los últimos años, que ha afectado ciertamente de modo especial al sector inmobiliario,no puede entenderse como una circunstancia [...] que no pudiera haberse previsto con la necesaria antelación, pues los avisadores económicos la habían anunciado con determinado tiempo de anticipación, por lo que la parte recurrente no puede pretender la aplicación [de la doctrina de la cláusula rebus] a su favor, cuando además ha de ser —se recuerda— de uso prudente en todo caso».
En otras ocasiones se ha rechazado la aplicación de la cláusula rebus a los supuestos de crisis económica por considerar que no concurre el requisito de la excesiva onerosidad o desproporción exorbitante entre las prestaciones de los contratantes al ser la crisis una circunstancia que incide sobre ambas partes contratantes (15) .
En definitiva, las sentencias citadas reflejan la línea jurisprudencial que la doctrina ha considerado caracterizada por una aplicación restrictiva de la cláusula rebus a los supuestos en los que la relación contractual se ve alterada de forma sobrevenida por los efectos de la crisis económica. Creemos que ello pudiera haberse debido a que hasta el comienzo de la crisis, no se hubiera dado ninguna circunstancia generalizada con una transcendencia comparable sobre la realidad social y las relaciones contractuales como para motivar la revisión de la configuración de la cláusula rebus.
2. La cláusula rebus en la legislación española
Como se ha detallado hasta ahora en el trabajo, la configuración de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus y su aplicación en España han quedado tradicionalmente en manos de los jueces: a excepción del párrafo tercero de la Ley 493 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra (ver Anexo 5) y de otros preceptos aislados y de carácter especial (16) , la alteración sobrevenida de las circunstancias nunca ha sido regulada expresamente por la legislación civil.
Un sector de la doctrina ha considerado que esta ausencia de normas que la regulen ha contribuido a reforzar el carácter de excepcionalidad que rodea a esta figura, como parece confirmar el hecho de que el propio Tribunal Supremo haya reiterado en sus sentencias que se trata de una cláusula que «no está legalmente reconocida».
Antes de la crisis los casos en los que se reclamaba la aplicación de la cláusula rebus eran relativamente poco frecuentes. Sin embargo, el comienzo de la crisis económica ha hecho resurgir esta figura y un sector de la doctrina empezó a manifestar al evaluar su configuración, como SALVADOR CODERCH, que el contexto de crisis económica hacía «necesario el cambio y la codificación de esta doctrina para alinearla con el planteamiento de los textos armonizadores europeos y otros ordenamientos cercanos como el alemán, el italiano o el portugués» (17) .
En enero de 2009, ya en pleno contexto de crisis económica, se publicó la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos, elaborada por la Comisión General de Codificación. Ésta se hizo eco en su art. 1.213 (ver Anexo 6) de la postura doctrinal sobre la necesidad de dotar de una nueva formulación legal a la cláusula rebus sic stantibus.
En cuanto a su contenido, en línea con los requisitos exigidos por la jurisprudencia, el art. 1.213 de la Propuesta exige para su aplicación que la alteración de las circunstancias ha de producirse en la ejecución del contrato (debe tratarse de circunstancias sobrevenidas), debiendo ser extraordinaria e imprevisible. Además, el riesgo representado por el cambio de circunstancias no debe haber sido asumido expresamente por las partes en el contrato o el mismo no debe derivar de la distribución legal de los mismos (18) .
Lo que resulta novedoso en la Propuesta es que en el art. 1.213 se han incluido las doctrinas más relevantes del Derecho comparado, a las que la jurisprudencia ha hecho referencia en sus pronunciamientos. VIVAS TESÓN expone que el art. 1.213 acoge «la expresión alemana de la "base del contrato"; los términos italianos de "extraordinaria e imprevisible" […] y la "excesiva onerosidad"; así como la anglosajona "frustración del fin del contrato"» (19) . De esta forma, la inclusión del art. 1.213 parecer ser el reflejo en nuestro Derecho positivo de la «tendencia a que la alteración sobrevenida de las circunstancias se incorpore a propuestas o proyectos de textos internacionales […] y nacionales» a la que se refiere el Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de enero de 2013.
En cuanto a la incidencia de la codificación de esta materia sobre las decisiones de los tribunales, un sector de la doctrina ha considerado, como VIVAS TESÓN, que la «tipicidad [de la alteración sobrevenida de las circunstancias] o plasmación positiva conferiría mayor seguridad jurídica y menos recelos a la hora de su aplicación por jueces y tribunales» (20) .
Sentado lo anterior, la incidencia de la Propuesta en las decisiones jurisprudenciales se ha producido de acuerdo con lo adelantado por la doctrina sobre los efectos de la codificación en la materia. La inclusión del art. 1.213 en la Propuesta, como reflejo en nuestro país de la tendencia a la codificación de esta materia en el Derecho comparado, ha sido interpretada como una muestra del avance hacia la aplicación más normalizada de la cláusula que derivaría de su codificación. De ahí que, a la hora de decidir a favor de la flexibilización de la doctrina de la cláusula rebus para permitir su aplicación a los supuestos de crisis económica, el Tribunal Supremo se refiriera a esta inclusión del art. 1.213 en la Propuesta.
IV. LA DENOMINADA «NUEVA CONFIGURACIÓN» DE LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS: EL GIRO JURISPRUDENCIAL EN LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA A LOS SUPUESTOS DE ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS POR CRISIS ECONÓMICAS
Como se ha visto hasta ahora, en los primeros años de la crisis la mayoría de los pronunciamientos de los tribunales rechazaban que supuestos en los que se solicitaba la aplicación de la cláusula rebus a raíz de la crisis económica cumplieran los requisitos necesarios para su aplicación. Sin embargo, a partir de 2013 esta postura de los tribunales ha ido flexibilizándose, avanzando hacia lo que se ha denominado la «moderna configuración de la cláusula rebus sic stantibus» (21) .
Ello ha supuesto un giro jurisprudencial respecto a la mayoría de pronunciamientos anteriores, que ha llevado a los tribunales a aceptar en algunos casos la aplicación de la cláusula rebus a supuestos de alteración sobrevenida de las circunstancias como consecuencia de la crisis económica. A continuación analizamos los principales pronunciamientos que reflejan este giro jurisprudencial.
1. Sentencias que reflejan el giro jurisprudencial
A) STS de 17 de enero de 2013 (LA LEY 15640/2013)
En esta sentencia el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la resolución de un contrato de compraventa de vivienda a instancia del comprador por imposibilidad de obtener financiación para pagar la parte del precio y el IVA estipulados para el momento de otorgamiento de la escritura y entrega de la vivienda.
A pesar de que en el fallo el Tribunal Supremo estime el recurso de la vendedora y por tanto rechace la aplicación de la cláusula rebus, su importancia radica en que constituye un punto de partida hacia «una configuración normalizada de la figura» (22) . En ella el Tribunal Supremo reconoce que la actual crisis económica es un fenómeno capaz de generar una mutación de las circunstancias (con la consecuente posibilidad de aplicar la cláusula rebus a los supuestos de excesiva onerosidad sobrevenida a raíz de la crisis) y establece además distintos aspectos a tener en cuenta por los tribunales en estos casos.
La Sentencia señala: «[...] una recesión económica como la actual, de efectos profundos y prolongados y prolongados, puede calificarse, si el contrato se hubiera celebrado antes de la manifestación externa de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de originar, siempre que concurran en cada caso concreto otros requisitos como aquellos a los que más adelante se hará referencia, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las correspectivas prestaciones de las partes, elementos que la jurisprudencia considera imprescindibles para la aplicación de dicha regla».
La sentencia prosigue con una importantísima matización: «[...] que la regla rebus sic stantibus pueda aplicarse a determinados casos de imposibilidad de financiación absolutamente imprevisible al tiempo de perfeccionarse la compraventa de una vivienda no significa que la crisis económica, por sí sola, permita al comprador desistir del contrato, pues en tal caso, se produciría un manifiesto desequilibrio en contra del vendedor, se propiciarían los incumplimientos meramente oportunistas, [...] y, en definitiva, se desvirtuaría el verdadero sentido de una determinada solución jurídica hasta el punto de convertirla en un incentivo para el incumplimiento».
Esta matización implica que el giro jurisprudencial del que hablamos no supone una ruptura con la jurisprudencia anterior ya que el hecho de que la crisis económica por sí sola no permita la aplicación de la cláusula rebus cuando se solicite, se traduce en que su aplicación requiere, en palabras de DE LA IGLESIA «que concurran se acrediten en el caso concreto los requisitos establecidos por la jurisprudencia para ello, lo que puede traer causa claro está de la citada crisis, [...]» (23) .
Por último, antes de concluir, la sentencia procede a enumerar los aspectos que han de tenerse en cuenta cuando se pretende la aplicación de la cláusula rebus por motivo de la crisis económica: «el destino de la casa comprada a vivienda habitual o por el contrario, a segunda residencia (24) o a su venta antes o después del otorgamiento de escritura pública; [...] la situación económica del comprador al tiempo de la perfección del contrato y al tiempo de tener que pagar la parte pendiente del precio que esperaba poder financiar [...]».
Aplicando la doctrina expuesta al caso de la Sentencia, el Tribunal Supremo rechaza la aplicación de la cláusula rebus por considerar que el único fundamento real de la demanda queda reducido a la crisis económica y a la consiguiente restricción generalizada de los préstamos hipotecarios.
B) STS de 30 de junio de 2014 (LA LEY 84939/2014)
Ésta es sin duda la sentencia más representativa del giro jurisprudencial objeto de este trabajo, y es por ello que merece un análisis más pormenorizado: claramente refleja, cómo el resurgir del interés de la cláusula rebus sic stantibus a raíz de la crisis económica ha provocado una revisión jurisprudencial del tratamiento de la misma.
Como partes de la controversia se encuentran la empresa de publicidad Promedios Exclusivas de Publicidad S.L. (en adelante, «Promedios») y la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.L.U (en adelante, «EMT»). La imprevisible crisis del mercado en inversiones publicitarias y los descensos de la facturación de Promedios hacían imposible para esta empresa mantener el precio del canon suscrito en 2006 por insertar publicidad en los autobuses, a cuya modificación se negó EMT.
En la fundamentación jurídica de la Sentencia se expone de forma resumida el contenido expuesto por el Excmo. Sr. Francisco Javier Orduña (ponente de la Sentencia) en su libro «La moderna configuración de la cláusula rebus sic stantibus», ya que lo que se argumenta en síntesis es que, superando la configuración restrictiva tradicional, la aplicación de la cláusula rebus a los supuestos de crisis económica responde a esta «nueva configuración» de la cláusula.
La Sentencia comienza su fundamentación aludiendo al cambio en la concepción tradicional de la cláusula rebus: «Respecto a la cuestión de fondo que plantea el presente caso, en torno a la valoración del régimen de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, debe señalarse que en la actualidad se ha producido un cambio progresivo de la concepción tradicional de la figura referenciada en un marco de aplicación sumamente restrictivo o excepcional [...] en la línea del necesario ajuste o adaptación de las instituciones a la realidad social del momento y al desenvolvimiento doctrinal consustancial al ámbito jurídico, la valoración del régimen de aplicación de esta figura tendente a una configuración plenamente normalizada [...]».
La Sentencia se refiere después a la necesidad de abandonar la antigua fundamentación de la figura según «reglas de "equidad y justicia" en pro de una progresiva objetivación de su fundamento técnico de aplicación». Así, señala la Sentencia que su aplicación se fundamenta en reglas que también forman parte de nuestro sistema codificado, y que desde su moderna configuración la figura obtiene su fundamento último de las directrices del orden público económico, particularmente de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico y el principio de buena fe.
En cuanto a la valoración de la incidencia de la alteración sobrevenida de las circunstancias sobre el contrato, dice la Sentencia que debe hacerse de un «modo objetivado», mediante el que denomina «juicio de tipicidad» conforme a dos criterios. El primero lo constituye la doctrina de la base del negocio, con el que se contrasta el alcance de la alteración respecto del sentido o finalidad del contrato y de la conmutatividad y equilibrio prestacional del mismo. El segundo criterio es el denominado «riesgo normal del contrato», que exige para la aplicación de la figura que el cambio de circunstancias quede excluido del «riesgo normal» inherente al contrato.
Una vez realizadas estas precisiones generales sobre la «nueva configuración» de la cláusula rebus, la Sentencia se centra en la crisis económica como factor desencadenante del cambio de circunstancias. Tras insistir en el punto ya señalado por la Sentencia de 17 de enero de 2013 sobre la imposibilidad de llevar a cabo una aplicación automática de la cláusula rebus a los supuestos de crisis económica, la Sentencia desarrolla la idea de la necesaria valoración previa de la incidencia real de la misma en la relación contractual que se trate.
Dice la Sentencia que para ello hay que tener en cuenta si la alteración es relevante respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato, hecho que se produce «cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio [de circunstancias] resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad del mismo), como cuando representa una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato). En ese caso, las hipótesis son básicamente dos; que la excesiva onerosidad refleje un sustancial incremento del coste de la prestación, o bien, en sentido contrario, que la excesiva onerosidad represente una disminución o envilecimiento del valor de la contraprestación recibida […]» (25) . Ello se manifiesta según la Sentencia (extracto completo disponible en el Anexo 6) en el caso en que la ejecución de la prestación del contrato en cuestión, por el cambio de circunstancias, «lleve a un resultado reiterado de pérdidas (imposibilidad económica) o la completa desaparición de cualquier margen de beneficio (falta de carácter retributivo de la prestación)».
Aplicando esto último a la controversia de la que se ocupa esta Sentencia, entiende el Tribunal Supremo que la Sentencia de la Audiencia Provincial rechazaba la aplicación de la cláusula rebus sin analizar el alcance de la alteración producida en la relación contractual celebrada. La Sentencia concluye que el cambio de las circunstancias fue ciertamente imprevisible y que la ruptura de la conmutatividad del contrato se manifiesta en «las pérdidas de la concreta línea de negocio en cuestión que compromete la viabilidad del resto de áreas de explotación» de la empresa demandante, de ahí que proceda modificar el contrato reduciendo el importe del canon.
2. Conclusiones generales sobre el contenido de las sentencias anteriores
Como conclusiones generales sobre el contenido de las sentencias anteriores, cabe destacar de cara al objeto de este trabajo, que en ellas se admite la crisis económica como hecho notorio, de efectos profundos y prolongados, capaz de generar una grave alteración de las circunstancias en las que se configuró la relación contractual.
Ello ha supuesto un giro respecto a la jurisprudencia predominante hasta entonces, marcada por una aplicación muy restrictiva de la cláusula rebus (inclusive a los supuestos de crisis económica). Este giro responde, según la jurisprudencia analizada, a la progresiva tendencia a la normalización en la aplicación de la figura y a la necesidad de adaptación de las instituciones tanto a la realidad social del momento como al desenvolvimiento doctrinal sobre la cuestión.
Sin embargo, es importante precisar que, aunque hayamos utilizado el término «giro jurisprudencial» a lo largo del trabajo, con ello no hemos querido hacer referencia a un cambio brusco ya que la jurisprudencia analizada no supone una ruptura respecto a la anterior. Es muestra de ello el hecho de que el Tribunal Supremo haya reiterado en sus sentencias que la notoriedad de la crisis económica no determina la aplicación automática de la cláusula rebus a dichos supuestos.
A este respecto, el Tribunal Supremo ha destacado la importancia de analizar el alcance de la alteración de las circunstancias a raíz de la crisis económica en la relación contractual, análisis que se centra en las sentencias en dos aspectos principales: la excesiva onerosidad y la imprevisibilidad del escenario de crisis. Es en el análisis del primero donde reside la principal novedad de la Sentencia de 30 de junio de 2014 para los casos de crisis económica, ya que se alude expresamente a la frustración de la base económica del contrato que se produce cuando, debido al cambio de circunstancias, la actividad económica lleve a un resultado de pérdidas o a la desaparición de cualquier margen de beneficio.
3. Implicaciones del giro jurisprudencial
Los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo, y en especial la STS de 30 de junio de 2014 han atraído aun más interés hacia la cuestión de la cláusula rebus, interés que ya de por sí se había visto incrementado al comenzar la crisis por su incidencia sobre las relaciones contractuales.
Puede decirse que tal y como venía reclamando un sector de la doctrina (26) , una de las implicaciones del giro jurisprudencial es la toma en consideración del estado de la materia en el Derecho comparado y en los textos de armonización internacionales, de forma que la configuración «más normalizada» a la que aluden las sentencias está así más alineada con la tendencia a recoger la alteración sobrevenida de las circunstancias en los textos positivos internacionales. Ello contrasta con la caracterización sumamente restrictiva que cabría esperar más de figuras que no contasen con ningún reflejo en los ordenamientos positivos del Derecho comparado europeo u otros textos internacionales.
En segundo lugar, el hecho de que este giro jurisprudencial se haya producido en el actual contexto económico implica, como señalan las sentencias, «la adaptación de las instituciones [jurídicas] a la realidad social del momento». De esta forma, ahora se exige a los tribunales un análisis más profundo de la incidencia de la crisis sobre la relación contractual de que se trate, sin poder rechazar «casi automáticamente» la aplicación de la cláusula en estos casos, por considerar únicamente, por ejemplo, que la crisis es una circunstancia previsible.
Creemos que estas dos implicaciones hacen de este giro algo positivo. Pero para que estas implicaciones positivas puedan prevalecer sobre el principal peligro de la flexibilización de la aplicación de la cláusula rebus (incentivar los comportamientos oportunistas y la falta de diligencia de las partes en la previsión de los riesgos), será necesario que los tribunales se adhieran a las pautas marcadas en la Sentencia de 30 de junio de 2014. De lo contrario, igual que anteriormente ciertas sentencias rechazaban la aplicación de la cláusula rebus sin entrar a analizar la incidencia de la crisis sobre la relación contractual, podría darse ahora el caso en el que sin entrar a valorar esta incidencia, se resolviera a favor de la aplicación de la cláusula rebus.
En relación a lo anterior, se encuentran sentencias posteriores a la de 30 de junio de 2014 como la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014 (LA LEY 171646/2014) en la que el Tribunal Supremo se ha adherido a la pauta marcada, valorando la incidencia de la crisis en la relación contractual conforme al juicio de tipicidad, y fallando a favor de la aplicación de la cláusula rebus en este supuesto de inviabilidad económica. Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 25 de Julio de 2014 (LA LEY 92190/2014) se inspira en el fallo de la Sentencia de 30 de junio 2014 pero prescinde totalmente de las directrices expuestas en ella para la resolución de casos de crisis económica.
Un sector de la doctrina ha manifestado también ciertas consideraciones críticas con este giro. ALCOVER señala al respecto que pueden darse con ella «incentivos a muchos contratantes a intentar una resolución o una revisión judicial de sus contratos. Se puede así abrir un nuevo foco de litigios» (27) . También señala este mismo autor que una aplicación poco rigurosa de esta doctrina puede eliminar las diferencias entre las circunstancias extraordinarias y el riesgo de empresa. Indica al respecto que la doctrina expuesta en la Sentencia de 30 de junio de 2014 «viene a determinar que el riesgo de pérdida debido a la evolución negativa del mercado debe ser compartido si la evolución es relevante e imprevista», cuestionándose en su artículo si en el escenario contrario, un empresario «podrá sobre la base esta doctrina pretender una modificación a su favor de la prestación de la otra parte basada en que parte del beneficio obtenido por ésta es debido a una excepcional expansión del mercado» (28) .
Como vemos, las implicaciones de la nueva configuración de la cláusula rebus hacen de ésta una cuestión controvertida. Puesto que la Sentencia de 30 de junio de 2014 es aún relativamente reciente, será necesario el transcurso del tiempo para determinar otras posibles implicaciones y comprobar la verdadera trascendencia del giro jurisprudencial.
V. CONCLUSIÓN
La actual crisis económica, al provocar el resurgir de la figura de la cláusula rebus sic stantibus, ha motivado una revisión de la doctrina para adaptarla a la realidad social del momento. Esta revisión se ha manifestado en diversos pronunciamientos judiciales, siendo el más destacado de todos ellos la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014.
A la vista de la tendencia a la codificación de la materia del hardship en el Derecho comparado, la doctrina ha indicado que, precisamente, uno de los efectos de la introducción de esta materia en los textos positivos es la reducción de la distancia entre la regla (actualmente codificada, el principio de vinculación de los contratos) y la excepción (la cláusula rebus), lo que conllevaría menos recelos por parte de los tribunales a la hora de aplicarla. Este razonamiento es coherente con el hecho de que la tendencia a la codificación de esta materia haya sido tenida en cuenta por el Tribunal Supremo al abogar por una configuración más normalizada de la cláusula rebus.
En cuanto a la configuración anterior a la crisis de la cláusula rebus, puede concluirse que la esencia de esta jurisprudencia sigue estando vigente y es plenamente relevante, ya que los requisitos necesarios para la aplicación de la cláusula se han mantenido inalterados.
En efecto, las sentencias que representan el giro no implican una ruptura con la jurisprudencia anterior. Admiten que la crisis económica, de efectos profundos y prolongados, es un fenómeno capaz de generar una grave alteración de las circunstancias en las que se configuró la relación contractual, con la consecuente posibilidad de aplicar la cláusula a estos supuestos. Ahora bien, en línea con la jurisprudencia anterior, reiteran que la crisis económica por sí sola no da lugar a la aplicación automática de la cláusula rebus, y que será necesario probar la incidencia de este fenómeno sobre la relación contractual que se trate, la cual debe hacerse de un «modo objetivado», mediante el denominado por la sentencia «juicio de tipicidad».
Creemos que el giro jurisprudencial representa un avance positivo, en un intento de adaptar el Derecho a la realidad social del momento. Sin embargo, es importante insistir en que la no observancia de la pauta marcada en estas sentencias por parte de los tribunales podría llevar a una aplicación errónea de las mismas y a fomentar comportamientos oportunistas. Es por ello que a lo largo de este trabajo se ha pretendido mantener un punto de vista prudente, ya que como se ha visto, existen implicaciones tanto positivas como negativas que podrían darse.
Finalmente, es importante señalar que, dado que las sentencias que representan este giro son aún recientes, sin duda el transcurso del tiempo ayudará a completar el enfoque aportado en este trabajo y dará una idea de la verdadera trascendencia del giro jurisprudencial y sus implicaciones.
VI. ANEXOS
Anexo 1
Artículo 1135:
1135: Las convenciones obligan no solamente a lo expresado en ellas, sino también a todas las consecuencias que la equidad, la costumbre o la ley asignen a la obligación según su naturaleza.
En especial, se entienden incorporadas en el contrato las cláusulas que son de uso, aun cuando no se hayan expresado.
1135.1: En los contratos de ejecución sucesiva o escalonada, las partes pueden obligarse a negociar una modificación de su convención en el caso en que acontezca que, por efecto de las circunstancias, el equilibrio inicial de las prestaciones recíprocas fuese perturbado al punto que el contrato pierda todo interés para una de ellas.
1135.2: A falta de cláusula semejante, la parte que pierde interés en el contrato puede demandar al presidente del tribunal de gran instancia que ordene una nueva negociación.
1135.3: Llegado el caso, en esas negociaciones se procederá como se indica en el capítulo 1.º del presente título.
Su fracaso, exento de mala fe, abriría a cada parte la facultad de resolver el contrato sin gastos ni daños.
Traducción obtenida de: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapportcatatla0905-espagnol.pdf y de CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio: «El Anteproyecto francés de reforma del Derecho de Obligaciones y del Derecho de la prescripción».
Anexo 2
Artículo 6.2.1
(Obligatoriedad del contrato)
Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de las partes, esa parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones salvo lo previsto en las siguientes disposiciones sobre «excesiva onerosidad» (hardship).
Artículo 6.2.2
[Definición de la «excesiva onerosidad» (hardship)]
Hay «excesiva onerosidad» (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, y:
- (a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato;
- (b) los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato;
- (c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y
- (d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja.
Artículo 6.2.3
[Efectos de la «excesiva onerosidad» (hardship)]
(1) En caso de «excesiva onerosidad» (hardship), la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con indicación de los fundamentos en los que se basa.
(2) El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para suspender el cumplimiento.
(3) En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal.
(4) Si el tribunal determina que se presenta una situación de «excesiva onerosidad» (hardship), y siempre que lo considere razonable, podrá:
- (a) resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas; o
- (b) adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio.
Anexo 3
Artículo 6:111: Cambio de circunstancias
(1) Las partes deben cumplir con sus obligaciones, aun cuando les resulten más onerosas como consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del valor de la contraprestación que se recibe.
(2) Sin embargo, las partes tienen la obligación de negociar una adaptación de dicho contrato o de poner fin al mismo si el cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido a un cambio de las circunstancias, siempre que:
- (a) Dicho cambio de circunstancias haya sobrevenido en un momento posterior a la conclusión del contrato.
- (b) En términos razonables, en el momento de la conclusión del contrato no hubiera podido preverse ni tenerse en consideración el cambio acaecido.
- (c) A la parte afectada, en virtud del contrato, no se le pueda exigir que cargue con el riesgo de un cambio tal de circunstancias.
(3) Si en un plazo razonable las partes no alcanzan un acuerdo al respecto, el juez o tribunal podrá:
- (a) Poner fin al contrato en los términos y fecha que considere adecuado.
- (b) O adaptarlo, de manera que las pérdidas y ganancias resultantes de ese cambio de circunstancias se distribuyan entre las partes de forma equitativa y justa.
En cualquiera de los casos, el juez o tribunal podrá ordenar que la parte que se negó a negociar o que rompió dicha negociación de mala fe, proceda a reparar los daños causados a la parte que sufrió dicha negativa o dicha ruptura.
Anexo 4
Artículo 97: Obligaciones que no pueden considerarse incumplidas
1. No hay incumplimiento, aunque el deudor cumpla con retraso la prestación debida o sólo haya sido cumplida parcialmente, en tanto se hayan producido previamente sucesos extraordinarios e imprevisibles que hayan convertido la prestación en demasiado onerosa y que, en consecuencia, otorguen al deudor —como lo prevé el art. 157— el derecho de obtener una nueva negociación del contrato. El deudor debe no obstante, haber comunicado al acreedor su intención de recurrir a este derecho antes del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento o antes de que el acreedor le haya dirigido el requerimiento previsto por el art. 96, letra a).
2. Tampoco hay incumplimiento de la obligación si después de la celebración del contrato la prestación resulta objetivamente imposible, por causas de las cuales el deudor no debe responder; pero si en el contrato aparece explícita o implícitamente que se incluye una garantía de cumplimiento, el deudor debe proceder a la indemnización del daño que el acreedor ha sufrido por haber contado con el cumplimiento del contrato.
Artículo 157: Renegociación del contrato
1. Si concurren acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, como los indicados en el art. 97.1, la parte que pretende prevalerse de la facultad prevista en esta norma debe dirigir a la contraparte una declaración con las indicaciones necesarias y precisar, además —bajo pena de nulidad del requerimiento— qué otras condiciones propone para mantener la eficacia del contrato en cuestión. A esta declaración se aplican los arts. 21 y 36.2.
2. Con el fin de que las partes puedan resolver extrajudicialmente la cuestión, no puede interponerse ninguna acción antes de que hayan transcurrido seis (tres) meses a contar desde la recepción de la mencionada declaración. Para los casos urgentes, queda a salvo la facultad de solicitar al juez la adopción de las medidas previstas en el art. 172.
3. Si concurre el supuesto previsto en el apartado 1, la contraparte puede interpelar a la parte cualificada para ejercer la facultad aquí prevista, al objeto de que declare en un plazo no inferior a sesenta días, si pretende o no solicitar la renegociación del contrato. Se entiende a todos los efectos que el sujeto en cuestión renuncia a esta facultad si transcurre el plazo sin contestar el requerimiento. A dicha declaración se aplican los arts. 21 y 36.2.
4. Si las partes no llegan a un acuerdo en el plazo del apartado 2, el sujeto legitimado debe, en un plazo de caducidad de 60 días, plantear su demanda ante el juez según las reglas procesales aplicables en el lugar en el que el contrato ha sido cumplido.
5. El juez, tras evaluar las circunstancias y teniendo en cuenta los intereses y solicitudes de las partes, puede, recurriendo eventualmente a prueba pericial, modificar o resolver el contrato en su conjunto o en su parte incumplida, y, si procede y ha sido solicitado, ordenar las restituciones y condenar a la reparación del daño.
Anexo 5
Ley 493 Cumplimiento de la obligación
Las obligaciones se extinguen al quedar cumplidas. También se extinguen al hacerse imposible su cumplimiento por causa extraña al deudor y sin su culpa; en todo otro caso, el deudor deberá indemnizar por su incumplimiento.
Aunque la obligación sea divisible, el acreedor podrá rechazar una oferta de cumplimiento incompleto o de objeto distinto del debido. Sin embargo, puede compelerse al acreedor a que acepte el pago parcial de una cantidad cuando el deudor garantice el pago de la cantidad restante. Asimismo, el acreedor de cantidad de dinero tendrá que aceptar un objeto distinto si el Juez estima justa la sustitución por haberse hecho excesivamente gravosa la prestación debida.
Cuando se trate de obligaciones de largo plazo o tracto sucesivo, y durante el tiempo de cumplimiento se altere fundamental y gravemente el contenido económico de la obligación o la proporcionalidad entre las prestaciones, por haber sobrevenido circunstancias imprevistas que hagan extraordinariamente oneroso el cumplimiento para una de las partes, podrá ésta solicitar la revisión judicial para que se modifique la obligación en términos de equidad o se declare su resolución.
Anexo 6
Artículo 1.213 del Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos, Capítulo VIII (De la alteración extraordinaria de las circunstancias básicas del Contrato).
«Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieren cambiado de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución de manera que ésta se haya hecho excesivamente onerosa para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y especialmente la distribución contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al contrato, podrá pretender su revisión, y si ésta no es posible o no puede imponerse a una de las partes, podrá aquél pedir su resolución,
La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato.»
Anexo 7
Extracto de la STS de 30 de junio de 2014
«En relación a la excesiva onerosidad hay que señalar que su incidencia debe ser relevante o significativa respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado. Este hecho se produce cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad del mismo), como cuando representa una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato). En este caso, las hipótesis son básicamente dos; que la excesiva onerosidad refleje un substancial incremento del coste de la prestación, o bien, en sentido contrario, que la excesiva onerosidad represente una disminución o envilecimiento del valor de la contraprestación recibida. En este contexto, y dentro de la fundamentación objetiva y de tipicidad contractual señalada, pueden extraerse las siguientes consideraciones de carácter general:
A). La base económica del contrato, como parámetro de la relevancia del cambio, esto es, de la excesiva onerosidad, permite que en el tratamiento de la relación de equivalencia sea tenida en cuenta la actividad económica o de explotación de la sociedad o empresario que deba realizar la prestación comprometida.
B). Desde esta perspectiva parece razonable apreciar la excesiva onerosidad en el incremento de los costes de preparación y ejecución de la prestación en aquellos supuestos en donde la actividad económica o de explotación, por el cambio operado de las circunstancias, lleve a un resultado reiterado de pérdidas (imposibilidad económica) o a la completa desaparición de cualquier margen de beneficio (falta del carácter retributivo de la prestación).
C). En ambos casos, por mor de la tipicidad contractual de la figura, el resultado negativo debe desprenderse de la relación económica que se derive del contrato en cuestión, sin que quepa su configuración respecto de otros parámetros más amplios de valoración económica: balance general o de cierre de cada ejercicio de la empresa, relación de grupos empresariales, actividades económicas diversas, etc.»
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VIII. ÍNDICE DE SENTENCIAS CONSULTADAS
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2013
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2013
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2013
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2012
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2007
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2001
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1997
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero 1997
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 septiembre de 1996
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 abril de 1991
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 octubre de 1989
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1983
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1959
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1957
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1945
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1940 (LA LEY 16/1940)
Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 25 de julio de 2014
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de diciembre de 2012
Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida de 20 de marzo de 2012
Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de 1 de marzo de 2012
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de febrero de 2012
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de julio de 2010
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 29 de junio de 2010
Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de junio de 2010