Es sabido que después del colapso del sistema sanitario, viene otro embate vírico que atacará de lleno al sistema judicial, con muchos Juzgados que ya arrastraban achaques. Ese colapso vendrá dado no sólo por la reanudación de todos los procedimientos que llevan dos meses suspendidos, sino por la llegada de nuevos, entre ellos miles de concursos.
Por ello, el Gobierno está tratando de evitar el colapso del sistema, con un decreto de medidas de agilización procesal, que afectan al plano concursal.
Hasta la fecha, el 80% de los concursos que hemos visto estos años son de pymes que van a liquidación, y su activo sólo alcanza a pagar créditos contra la masa y algún crédito privilegiado, en el mejor de los casos.
Por lo tanto, si la tipología de concursos sigue la misma tendencia, muchas de las medidas adoptadas por el RD afectarían únicamente a ese 20% de concursos, en los que puede intentarse aprobar un convenio de acreedores. Por eso, en términos generales, nos parece que el impacto de varias de estas medidas en los concursos que acaben presentándose va a ser limitado.
No obstante, es cierto que la amnistía en la responsabilidad de los administradores puede mitigar un cierto efecto llamada de empresarios que se precipitaran en presentar concursos por no poner en riesgo su patrimonio personal. Toda aquella medida que conceda al empresario un clima de seguridad para no tomar decisiones precipitadas, es bienvenida.
De esta forma, la norma retrasa la obligación de solicitud de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, tratando de impedir concursos precipitados, y confiando en que la curva de la crisis será en V, y no el U.
Si tenemos en cuenta que el deber de presentar concurso ya está suspendido por el RD 8/2020, de 17 de marzo, que ya estamos en el mes de mayo, y que con la solicitud de preconcurso del art. 5 bis LC se consiguen normalmente 4 meses de prórroga del mismo, tenemos que la medida estaría añadiendo tres meses más al administrador social para solicitar el concurso. Ello tendría cierto sentido si la crisis efectivamente es en V, y sería del todo insuficiente si es en U.
Sobre los convenios y los acuerdos de refinanciación ya aprobados, se prevé la posibilidad de modificarlos, pero ello siempre dependerá de la aceptación de los acreedores que deberán aprobarlo con las mayorías previstas en la LC para los convenios. Ello impedirá muchas liquidaciones por incumplimiento de convenio, dando una segunda oportunidad a las empresas para poder aprobar un nuevo convenio.
Otra medida consiste en que las aportaciones hechas por los socios y personas especialmente relacionadas a una empresa que todavía no esté en concurso, se considerarán créditos ordinarios y no subordinados en caso de que se declare el concurso de la misma dentro de los dos años siguientes al Estado de Alarma. Aunque poco ambiciosa, esta medida puede incentivar las aportaciones de socios y personas relacionadas en aquellas empresas que usen el concurso como forma de salvar la crisis.
El RD elimina con buen criterio la celebración de vistas en los incidentes de impugnación del inventario y la lista de acreedores, si bien en la práctica estos incidentes de impugnación ya se tramitaban en gran parte sin la celebración de vistas.
Se declara el carácter preferente de la tramitación de los incidentes concursales en materia laboral, las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas, las propuestas de convenio o de modificación, o los incidentes de reintegración de la masa activa.
Todas estas cuestiones ya se tramitan de manera preferente dentro de un concurso por su importancia. Además, decir que algo se tramitará «con carácter preferente» no implica nada en la práctica, ya que el Juzgado seguirá tramitando los concursos en función de sus cargas de trabajo y la complejidad de cada uno. La diferencia radica en dotar a los Juzgados de medios materiales y humanos, y organizarlos con las políticas organizativas necesarias para que puedan cumplir con los plazos procesales.
Se prevé también que en los planes de liquidación las subastas dejen de ser judiciales. No creemos que las subastas de bienes en los concursos fueran la causa del colapso de los Juzgados, pero no está de más prever que sea el administrador concursal el que articule medios de subasta extrajudiciales.
No obstante, el porcentaje de concursos en los que la venta de bienes acaba en subasta es reducido, ya que normalmente se liquidan en una fase anterior de venta directa. A la subasta se suele acudir cuando hay un bien inmueble con un acreedor con privilegio especial que no acepta ninguna oferta obtenida mediante la fase de venta directa. Por tanto, nuevamente es una medida con impacto limitado.
Para acabar este bloque de medidas, el RD prevé que las pérdidas sufridas por una empresa durante el ejercicio 2020 no le afecten para determinar si concurre causa de disolución por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social. Es decir, que de aquí a final de año una empresa se puede endeudar sin que ello comporte un riesgo para la responsabilidad del administrador.
Seguramente esta medida evitará demandas de responsabilidad de administradores, pero no vemos cómo esta medida puede contribuir a la más pronta recuperación del mercado.
Si uno endeuda a una empresa por encima de sus posibilidades de cobro, al final el que pagará las consecuencias será el acreedor, que será otra empresa que se pone en peligro. El hecho de que el administrador no vaya a tener responsabilidad no implica que ese endeudamiento excesivo haya sido bueno para nadie. De nuevo, cabe confiar en que esta crisis sea en V, y apelar a la responsabilidad y la ética empresarial para evitar fraudes.
En definitiva, somos conscientes de que estamos ante una situación excepcional y que no es fácil tomar medidas para tratar de paliar la crisis. No obstante, los que pisamos los juzgados a diario sabemos que la mejor medida que se puede adoptar ahora para que la justicia funcione no está tanto en la modificación de las normas de procedimiento, sino en la dotación de recursos y políticas organizativas al cuerpo de funcionarios enfocadas a optimizar el rendimiento, y penalizando las negligencias.