I.
Introducción
Corren tiempos de desolación para la humanidad. La pandemia ocasionada por el COVID-19 nos ha reportado cifras de contagiados, ingresos hospitalarios, en UCI, fallecidos, etc., que son terribles. España ha sido fuertemente golpeada por este tipo de coronavirus y ello ha derivado, junto a la evidente crisis sanitaria, en gravísimas consecuencias, tanto de índole económica como social, que ya empiezan a palparse.
Como consecuencia de la propagación de este virus y sus efectos, en nuestro país el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El principal impacto de dicha norma en los derechos fundamentales que nos brinda nuestra Carta Magna (LA LEY 2500/1978) se proyectó sobre severas restricciones a la libertad de circulación de las personas (art. 7 (LA LEY 3343/2020)).
Pero, ¿cuáles fueron, son, y pueden volver a ser las limitaciones para aquellos que ya de por sí están privados de libertad? Ciertamente, el ámbito sanitario, el económico y el laboral, han copado la atención de la mayoría de medios de comunicación, pero, también en el campo penitenciario se ha dictado una batería de disposiciones que han repercutido en la vida de los internos en centros penitenciarios, sin que ésta haya suscitado el debido interés a pesar de la enorme importancia que tiene. Al repaso de dicha normativa dedicaremos brevemente las líneas que siguen.
II.
Situación previa a la declaración del Estado de Alarma
Cabe destacar que desde el 4 de febrero de 2020, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, se adoptaron las siguientes decisiones (1) :
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— La cancelación de visitas, comunicaciones o actividades que impliquen el contacto de internos y funcionarios con personas procedentes de zonas con trasmisión comunitaria;
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— El aislamiento en celda individual de los casos sospechosos mientras se da traslado a las autoridades sanitarias para su evaluación y la toma de medidas;
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— La comunicación inmediata a la autoridad sanitaria y judicial correspondiente si se decreta la libertad de un caso confirmado o de sospecha; y,
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— La suspensión de congresos, seminarios, jornadas y cursos de los profesionales sanitarios fuera de los que se produzcan en sus respectivos centros y la cancelación de reuniones y acciones que impliquen la entrada en prisión de profesionales sanitarios extra penitenciarios.
Con posterioridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, tomó el 12 de marzo de 2020 la determinación de ampliar a todos los centros penitenciarios las medidas adoptadas el 10 de marzo para contener el coronavirus COVID-19 y que afectaban a las prisiones de Madrid, Álava, Logroño, Ocaña, Burgos y Dueñas.
La decisión llegó tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y contemplaba las siguientes disposiciones (2) :
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— La suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas. Solo se permitirán las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de cristal.
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— Letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio.
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— Solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible. Queda excluida por tanto la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados, etc…
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— En cuanto a la actividad docente se estará a lo dispuesto por las diferentes administraciones educativas.
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— Se suspenden los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales.
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— Se cancelan las salidas programadas, así como el resto de salidas tratamentales, que se comunicarán a Vigilancia Penitenciaria en el caso de que hubiesen sido autorizadas por dicho órgano.
Estas decisiones no implicaban la suspensión de los permisos penitenciarios ni las salidas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. No obstante, todos los ingresos de libertad o de permiso tendrían que permanecer en observación sanitaria en módulos separados del resto de internos.
Los penados en tercer grado, residentes en los Centros de Inserción Social o secciones abiertas de los centros penitenciarios, continuaban con su régimen de semilibertad.
III.
Declaración del Estado de Alarma
Con la entrada en vigor de la declaración de estado de alarma, el Ministerio del Interior dictaba la Orden INT/227/2020 (LA LEY 3359/2020), de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (3) .
En su artículo primero se contenían las principales medidas adoptadas en este ámbito, las cuales pasamos a destacar a continuación:
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a) Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos en los centros penitenciarios, dada la limitación de la libertad de circulación que tienen tanto los internos como las familias y amigos que les visitan.
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b) Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos que están prohibidos por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020).
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c) Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del mencionado real decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias (4) .
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d) En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa.
1.
Control telemático
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió el 18 de marzo de 2020 un escrito a los Centros de Inserción Social (CIS) y a las secciones abiertas de los centros penitenciarios para desarrollar la orden ministerial enviada el 15 de marzo con medidas para paliar el contagio del coronavirus COVID-19 entre los internos que custodian: terceros grados e internos que tienen aplicado el régimen de flexibilidad (artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996)).
En relación al citado escrito, se hicieron las siguientes aclaraciones (5) :
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— La modalidad de cumplimento de un tercer grado es competencia de las juntas de tratamiento de los establecimientos penitenciarios. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no puede ordenar —ni ha ordenado— que se envíe a los clasificados en tercer grado a a finalizar su condena en casa.
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— El artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 664/1996) es una modalidad de cumplimiento del tercer grado desde casa con un control telemático. Es por tanto aplicable exclusivamente a los internos en tercer grado, previa deliberación individualizada —caso por caso— de la Junta de Tratamiento.
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— Los internos clasificados en 100.2 (LA LEY 664/1996) no tienen posibilidad de pernoctar en sus domicilios ni de acceder al control telemático, salvo que lo haya autorizado previamente el juez en su plan de tratamiento individualizado.
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— Con la crisis del coronavirus, muchos CIS y muchas secciones abiertas de la Administración General del Estado han optado por incrementar la concesión del artículo 86.4 (LA LEY 664/1996) con el fin de que —solo en aquellos casos en los que es posible, no en todos los casos— los internos en tercer grado puedan cumplir su condena con pulsera telemática desde casa.
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— Ante ese incremento, la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria envió un escrito a esos establecimientos explicando que, mientras se adquieren nuevos dispositivos telemáticos, el control del cumplimiento en casa se puede realizar vía telefónica.
El escrito, remitido desde la Dirección General de Ejecución Penal, contemplaba otras medidas para CIS y secciones abiertas. Entre ellas, la posibilidad de que se enlacen permisos de salida a los internos en tercer grado, ya que estos forman parte de su régimen de vida, o que el control de los liberados condicionales se pueda hacer también vía telefónica, previa comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
2.
Documento técnico «Recomendaciones en centros penitenciarios en relación al COVID-19» (versión de 27 de marzo de 2020)
El Ministerio de Sanidad publicaba el 27 de marzo de 2020 un documento técnico en el que se recogían una serie de directrices o protocolos a seguir en los centros penitenciarios (6) .
Entre las principales indicaciones contenidas en dicho documento cabe destacar las siguientes:
2.2. Medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores de los centros penitenciarios en relación con las salidas y los ingresos de los internos en el centro penitenciario.
(…) A los ingresos tanto de libertad como procedentes de hospitales, de juzgados o de cualquier otra procedencia externa al centro penitenciario, si no presentan síntomas compatibles con el COVID-19, se les someterá a cuarentena, máximo de 14 días, en el módulo de ingresos o en el que el centro penitenciario haya preparado para esta situación. Estos internos podrán salir al patio por pequeños turnos agrupándolos por fecha de ingreso. Si durante la cuarentena alguno de estos internos presentara síntomas compatibles de COVID-19 se le aislará en celda de aislamiento y se trataría según se muestra en el punto de actuaciones ante casos de COVID-19.
En el caso de ingresos de internos sintomáticos se les proveerá de mascarilla quirúrgica y se les aislará en celda individual hasta que los servicios sanitarios confirmen o descarten el caso.
2.6. Medidas dirigidas a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad
2.6.1. Actuaciones ante casos de COVID-19
Los casos posibles o confirmados que se atiendan en el centro penitenciario que no precisen ingreso hospitalario, deberán permanecer en una celda individual con buena ventilación (si es posible de presión negativa), con baño propio y con la puerta cerrada. No podrán salir a las zonas comunes y si su salida fuera imprescindible, se hará evitando la presencia de otros internos y deberán llevar una mascarilla quirúrgica. Se ha de insistir en la higiene de manos antes y después de colocarse la mascarilla.
Si el número de internos lo aconseja y la estructura del centro penitenciario lo permite, se acondicionará un módulo específico para el aislamiento de estos internos. El módulo origen del caso en investigación o confirmado deberá permanecer en cuarentena, un máximo de 14 días, impidiendo las entradas y las salidas del mismo.
En caso de necesidad por falta de espacio, se considerará el asilamiento conjunto de varias personas que sean casos de COVID-19 en una misma celda (aislamiento en cohorte).
La atención sanitaria de los casos leves que no requieran ingreso hospitalario y que en consecuencia deba realizarse en el centro penitenciario, se hará según el documento técnico «Manejo domiciliario de pacientes con COVID-19». https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
La toma de muestras y su transporte al laboratorio se realizará por personal de los servicios asistenciales comunitarios. Si esto no fuera posible, la toma se realizará por personal sanitario del centro penitenciario, previamente formado por los servicios de salud pública comunitarios, que aportarán el EPI si el CP no dispone del mismo, el material necesario para la toma de muestras y procederán al transporte de la misma.
No se realizarán conducciones o traslados de los casos posibles o confirmados, salvo por razones de necesidad estrictamente sanitarias, en cuyo caso se deberán tomar las medidas de protección pertinentes. De igual forma, tampoco se realizarán salidas a diligencias judiciales de los casos en investigación o confirmados, comunicando inmediatamente dicha circunstancia a la autoridad judicial competente.
En caso de que se decretara la libertad de un caso confirmado o de sospecha, se comunicará urgentemente a la autoridad sanitaria y judicial correspondiente para que determinen las actuaciones correspondientes.
2.6.2. Actuaciones ante contactos de COVID-19
Cuando se detecte que un interno pueda haber sido contacto de un caso de COVID-19, se procederá a la cuarentena siguiendo las precauciones por contacto y por gotas del interno en su celda (trasladando al compañero o compañeros de celda si los hubiera) y se comunicará a los servicios de salud pública que valorarán la situación según el «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARSCoV-2)». https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
En caso de necesidad por falta de espacio, se considerará la cuarentena conjunta de personas que hayan sido contactos de un caso de COVID-19 en una misma celda.
En el seguimiento de una persona privada de libertad clasificada como contacto de un caso posible, probable o confirmado se tendrá en cuenta lo siguiente: deberá restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una celda individual con buena ventilación e idealmente con un baño propio durante el período de vigilancia establecido. Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán salir con una mascarilla quirúrgica. Se realizará una vigilancia activa en busca de síntomas de infección respiratoria aguda.
Si una persona clasificada como contacto de un caso posible, probable o confirmado desarrolla clínica, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará la investigación del caso siguiendo lo establecido en el apartado anterior.
En caso de que se decretara la libertad de una persona clasificada como contacto estrecho de un caso confirmado, se comunicará urgentemente a la autoridad sanitaria y judicial correspondiente para que determinen las actuaciones correspondientes.
3.
Videollamadas
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitió a los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado 205 terminales de telefonía móvil, para paliar la restricción de las comunicaciones derivada del Real Decreto del Estado de Alarma.
Se trataba de 205 smartphone con los que los internos que lo solicitasen podrían comunicar mediante videollamada con sus familias o sus letrados.
Según el protocolo que la Dirección de Ejecución Penal remitió el 31 de marzo de 2020 a los establecimientos penitenciarios (7) , serían los directores de los centros quienes ordenasen su uso entre todos los internos que lo soliciten garantizando las medidas higiénicas adecuadas para evitar posibles contagios.
Los teléfonos estarían permanente controlados y custodiados por un funcionario responsable.
Las videollamadas, de 10 minutos de duración, se realizarían en espacios en los que se garantice la intimidad y la seguridad de la comunicación. Solo estaría controlada visualmente por un funcionario para evitar el uso inadecuado del terminal, como la toma de fotografías, exceptuando los casos en los que se haya decretado la intervención de las comunicaciones.
Los Servicios de Orientación Jurídica se están reactivando mediante la implantación en los centros penitenciarios de mecanismos tecnológicos
Respecto a las videoconferencias para el Servicio de Orientación Jurídica, los Servicios de Orientación Jurídica, que quedaron suspendidos por el estado de alarma, se están reactivando mediante la implantación en los centros penitenciarios de mecanismos tecnológicos que permitan la comunicación de los internos mediante videollamadas y videoconferencias RDSI con los respectivos colegios de abogados.
Mientras se completa su implantación, se ha posibilitado que los letrados de Orientación Jurídica puedan contactar con los internos a través de los teléfonos que faciliten los centros y, excepcionalmente, por locutorio, siempre que las condiciones sanitarias del interno permitan su desplazamiento.
La comunicación con los abogados defensores está totalmente garantizada.
Tras la suspensión de las comunicaciones como mecanismo de protección contra la infección por COVID-19, Instituciones Penitenciarias decretó el aumento de las llamadas telefónicas a las que tienen derecho los internos. De las 8 reglamentarias a 15. Además se estableció la gratuidad de las llamadas para los internos sin recursos económicos.
4.
Reapertura de talleres productivos
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto la apertura paulatina y progresiva de los talleres productivos de los centros penitenciarios cuyo trabajo quedó en suspenso el pasado 19 de marzo.
Durante la tercera semana de abril se reanudó la producción en el taller del Centro Penitenciario de Álava —en el que se fabrican piezas para el mantenimiento de ascensores y el cableado de diferentes equipos sanitarios— y el de la prisión Madrid VII, en Estremera, dedicado también a la fabricación de piezas para el mantenimiento de ascensores, muchos de ellos ubicados en hospitales. La reapertura se realizó con el personal mínimo imprescindible para dar abasto a los pedidos de urgencia. No fueron más de 10 internos por taller. El acceso de los trabajadores externos no penitenciarios, que asesoran a los internos, se realizaría con estrictas condiciones como tener la prueba PCR negativa o una declaración responsable, y estar dotado de Equipos de Protección Individual (EPI). El acceso se realizaría de tal manera que se limitase lo máximo posible el contacto con la población reclusa.
Hasta la fecha, los talleres habían permanecido cerrados salvo aquellos que han reorientado su producción y, en esos momentos, se dedicaban a la fabricación de material sanitario. Entre otros, Sevilla I, que estaba elaborando batas para los hospitales de campaña sevillanos, Madrid I, que ha producido ya casi 3.000 mascarillas para la Comunidad de Madrid, o las prisiones de Córdoba, Huelva, Topas, y Alcalá de Guadaíra, que realizaban mascarillas no homologadas para abastecer al resto de establecimientos penitenciarios.
La directriz era que en próximas fechas, tras el estudio de cada caso, se podía proceder a la reapertura paulatina de otros talleres productivos. Para ello se tendrían en cuenta las condiciones arquitectónicas de los talleres así como la situación sanitaria de los centros (8) .
IV.
Manifiesto «Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad»
El 11 de mayo de 2020, los partidos políticos Unidas Podemos/En Comú Podem/Galicia en Común, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EAJ-PNV, Euskal Herria Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG, suscribían conjuntamente un manifiesto en el que instaban al Gobierno de la Nación a adoptar una serie de medidas en el ámbito penitenciario.
El manifiesto subrayaba que la normativa penitenciaria ofrece distintas vías para responder de forma humanitaria ante la excepcionalidad planteada por el riesgo del COVID-19, tales como:
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— Clasificación en tercer grado humanitario (art. 104.4. RP (LA LEY 664/1996) y 36.3 CP (LA LEY 3996/1995)), para decretar el cumplimiento domiciliario de la pena para quienes presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad (mayores de 65 años) que les haga especialmente vulnerables a la pandemia.
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— Aplicación generalizada de la modalidad de tercer grado prevista en el artículo 86.4. RP, junto al principio de flexibilidad previsto en el art. 100.2. RP (LA LEY 664/1996), para internos/as ya clasificados/as en 3er grado.
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— Revisión de clasificación de grado de quienes se encuentren en la actualidad clasificados en 2º grado y disfrutando de permisos y presenten un pronóstico favorable de reinserción, para su inmediata progresión a 3er grado.
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— En el mismo sentido, vía artículo 91. CP (LA LEY 3996/1995), revisión de las circunstancias individuales de personas penadas, para elevar por las Juntas de Tratamiento a los juzgados correspondientes propuesta de libertad condicional para aquellos/as internos/as que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social, previa clasificación en tercer grado (9) .
V.
Desconfinamiento
En línea con el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, el Ministerio del Interior, publicaba la Orden INT/407/2020 (LA LEY 6710/2020), de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (10) .
En la introducción de dicha orden puede apreciarse la siguiente motivación: (…)
En el momento actual, y dado que en España se ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), con el objetivo de conseguir la recuperación paulatina de la vida cotidiana, preservando la salud pública, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población, y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar, se hace necesario acomodar el ámbito penitenciario a la nueva situación actual (…).
En este sentido, el artículo único de la cita disposición prevé que se reanuden en los centros penitenciarios del Estado, de forma paulatina y gradual, manteniendo como referencia la protección de la salud pública, las siguientes actividades:
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a) Las comunicaciones ordinarias de los internos.
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b) Las salidas de permiso y las salidas programadas, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
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c) Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios, podrán seguir saliendo para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
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d) Los traslados de los internos cuando sean solicitados por las autoridades judiciales, los traslados por razones sanitarias y aquellos que por circunstancias regimentales o tratamentales se requieran, según sean las indicaciones sanitarias que, en cada caso y momento, se vayan adoptando.
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e) Las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas en el interior de los centros penitenciarios, en función de la situación de estos y de las medidas que se puedan ir adoptando por las autoridades competentes en la materia.
Las actuaciones y actividades anteriormente citadas podrán revertirse si la situación epidemiológica así lo aconseja, de forma global o individualizada para uno o varios centros penitenciarios.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió el 13 de mayo de 2020 a todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado las instrucciones para el desarrollo de la Orden INT/407/2020 de 12 de mayo (LA LEY 6710/2020), para la flexibilización de las medidas adoptadas a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.
Las medidas, de momento, solo serán de aplicación en aquellos centros penitenciarios que se encuentren en zonas en fase 1 o 2 de la desescalada.
Se establecen las siguientes condiciones para las actividades que comenzarán a reanudarse, gradualmente, con la entrada en vigor de la Orden del Ministerio del Interior (11) .
Comunicaciones ordinarias.
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— Se autorizan las comunicaciones por locutorio con familiares, amigos, abogados, profesionales externos para actividades autorizadas, letrados de los servicios de orientación jurídica y ministros de culto, siempre que el comunicante provenga de la provincia o el territorio sanitario en la que se encuentre el centro penitenciario.
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— Los internos acudirán a comunicar siempre que no exista impedimento desde el punto de vista clínico o sanitario.
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— Se reduce el número de visitantes a dos personas por comunicación.
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— Será obligatorio el uso de mascarillas y guantes, y no se permitirá el acceso a aquellas personas que presenten síntomas de infección respiratoria.
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— Para favorecer el distanciamiento social, se reduce al 50% el uso de los locutorios que, sin embargo, se podrán utilizar durante 6 días a la semana, mañana y tarde.
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— Se procederá a la desinfección de los mismos después de cada comunicación y a la desinfección general del departamento de comunicaciones una vez a la semana.
Permisos de salida y salidas programadas:
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— Se reanudan permisos ordinarios, extraordinarios y salidas programadas, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
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— Se revisarán los permisos ordinarios pendientes, a efectos de autorizar aquellos que vayan a disfrutarse en el ámbito geográfico en el que esté permitida la movilidad.
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— Se facilitará mascarilla a los internos.
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— Se recabará consentimiento expreso por parte del interno interesado para permanecer en cuarentena durante 14 días —o el tiempo que determine el personal sanitario— a su regreso al centro.
Traslados
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— Se autorizan los requeridos por autoridades judiciales, los derivados de cuestiones sanitarias y los que obedezcan a razones excepcionales o causas de fuerza mayor.
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— Los internos deberán portar mascarilla.
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— No se procederá al traslado de ningún interno que se encuentre en módulo en cuarentena o internos aislados por sospecha de COVID-19.
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— Se recabará consentimiento expreso por parte del interno interesado para permanecer en cuarentena durante 14 días —o el tiempo que determine el personal sanitario— a su regreso al centro.
Además, se retomarán gradualmente aquellas actividades educativas, formativas, terapéuticas, culturales, etc. que realizan los profesionales de la Administración Penitenciaria y que hubieran quedado suspendidos durante la crisis sanitaria.
VI.
A modo de conclusión
Estamos en condiciones de afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la población reclusa en España ha tenido un comportamiento ejemplar, salvo casos muy puntuales, ante las restricciones que la pandemia y el estado de alarma han añadido a la ya de por sí situación de privación de libertad. No pudiendo decir lo mismo de la población en general. ¡Quién lo iba a decir!
El rápido cierre de las prisiones al exterior ha tenido como consecuencia que el impacto de la COVID-19 entre los reclusos sea aproximadamente 4 veces inferior
Los datos, por otro lado, no pueden ser mejores, el rápido cierre de las prisiones al exterior, días antes de la entrada en vigor del estado de alarma, ha tenido como consecuencia que el impacto de la COVID-19 entre los reclusos dependientes de la Administración Central sea aproximadamente 4 veces inferior al impacto en la población general. La tasa de afectación es algo superior a 1 por mil internos, mientras que entre la población en general esa tasa es de 4,3 por mil habitantes. En cuanto a la mortalidad, Instituciones Penitenciarias ha lamentado el fallecimiento de dos internos, ambos del Centro Penitenciario Madrid VII en Estremera. La tasa de mortalidad se sitúa en el 0,04 por mil internos, lo que supone aproximadamente 10 veces menos que en la población general (0,48 por mil habitantes), mientras que la tasa de hospitalización es aproximadamente 7 veces inferior a la del resto de la población (12) .
En situaciones excepcionales, como la que nos ha tocado vivir, las soluciones en el plano jurídico-penitenciario pasan también por ser excepcionales. Por ello, si las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma nos parecían razonables, más razonable nos parece aún que también la vida en prisión transite hacia esa «nueva normalidad». Con todo, la situación sanitaria puede cambiar en cuestión de semanas, sino días, por lo que los esfuerzos invertidos y los logros obtenidos pueden desvanecerse rápidamente, con las consecuencias que nuevamente ello volvería a tener en el ámbito de prisiones.