En plena crisis del Covid-19, cuando todavía no hay previsión razonable de cuando se alzarán las medidas adoptadas por la declaración de estado de alarma, cuando todavía no es posible establecer los daños que a corto y a medio plazo ha generado la pandemia en la salud y en la economía de millones de familias, es necesario empezar a pensar en lo que tocará hacer «el día después».
Una de las cuestiones indiscutibles es la trascendencia que los servicios públicos, unos buenos servicios públicos, tienen para abordar todas y cada una de las derivadas de la urgencia sanitaria. Nadie discute la entrega y el sacrificio de la sanidad pública durante las últimas semanas, vital para mantener las expectativas optimistas en los momentos más duros; pero tampoco puede cuestionarse que los medios de los que ha dispuesto esa sanidad pública no han sido los deseables para afrontar una catástrofe sanitaria como la que nos ocupa.
No sólo se puede y se debe hablar del esfuerzo de los sanitarios públicos, también hay que hacer mención a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al ejército, a los servicios de limpieza y de transporte, farmacéuticos, servicios de alimentación o técnicos de todo tipo dispuestos a facilitar el funcionamiento de las tecnologías. … En esta relación de servidores públicos debe haber una referencia específica a la administración de justicia, que durante estos días ha atendido con absoluta carencia de medios materiales la garantía de miles de personas. Se han atendido con normalidad los servicios de guardia, los registros civiles, los conflictos de familia, la tutela de las víctimas de violencia de género, se han tramitado las denuncias que ha generado el estado de alarma, en definitiva, se ha dado una respuesta adecuada a cuestiones de absoluta urgencia.
Todos esos servicios públicos, que están al límite de su capacidad, serán imprescindibles para afrontar los problemas que se generen «el día después».
Uno de los aprendizajes que deberíamos haber sacado de la crisis económica y financiera de 2008 es que los recortes en servicios públicos debilitan las bases del Estado de Derecho en su vertiente asistencial, sobre todo de las personas más vulnerables. Por lo tanto, una planificación del «día después» que mantenga esa política de recortes en servicios públicos determinará que la próxima crisis, sea sanitaria o de otro tipo, pueda terminar de quebrar las bases de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Hemos de asumir también que a corto y a medio plazo no se contará con recursos suficientes para afrontar muchas de las reformas pendiente, el «día después», no puede convertirse en la carta a los Reyes Magos, porque no van a estar para grandes dispendios, más bien se anuncian grandes sacrificios. Tampoco tiene sentido empezar una caja de brujas o un memorial de agravios. Son muchos los factores que han incidido en las disfunciones y errores de la gestión de la crisis. Sé que es una tentación abrir comisiones de investigación y buscar culpables que pueden remontarse al principio de los tiempos. Cada minuto que perdamos evaluando el pasado lo perdemos de diseñar un futuro que debería ser mejor, aprovechando los aprendizajes de esta sacudida mortal.
Sería estupendo que se abrieran grandes espacios de consenso político y social para abordar todas las reformas pendientes, pero, por lo que aparece en los medios de comunicación, será complicado, aunque seguro que asomarán los políticos de turno reclamando grandes pactos de estado mientras se clavan cuchillos por la espalda.
Los consensos habrá que crearlos poco a poco, seguramente tendrán que venir de los propios servidores públicos, que tendrán que convencer a quien ostenta el poder de la necesidad de pasar de la política a los hechos, dando pequeños pasos y evitando la sobreactuación.
No sería inteligente que el gobierno asentara sus respuestas para el «día después» en nuevos recortes para la función pública. Es cierto que las soluciones de futuro exigen grandes sacrificios, que los recursos económicos se han mermado sustancialmente y que capas importantes de la sociedad sufrirán una sensible reducción de ingresos, pero la función pública ha estado en primera línea de actuación durante la pandemia, ha trabajado por encima de sus posibilidades, arriesgando su propia seguridad y salud.
Esa misma función pública todavía no ha recuperado los recortes que se llevaron a efecto con la crisis financiera. La solución no pasa por rebajar los sueldos, sino por establecer objetivos a cumplir, mantener los ingresos a cambio de resultados mucho más efectivos.
Otra de las experiencias de la crisis de 2008 fue que sólo con cambios legislativos no se solucionan los problemas, por lo menos en el ámbito mercantil. Los sucesivos reales decretos impulsados entre 2009 y 2015 no han hecho sino desordenar los juzgados mercantiles y colapsarlos.
Es tentador acudir al BOE para dictar disposiciones de imposible ejecución, trasladar el problema a los tribunales. Por eso se debe ser muy cauto con las reformas, deben buscarse ajustes puntuales y buscar un plan de actuación integral.
El papel de los juzgados mercantiles en el «día después» será muy importante. Se equivoca quien piensa que la justicia mercantil es una justicia desapegada del suelo, ajena a los vulnerables. No debería olvidarse que el impulso fundamental en la protección de los consumidores se dio desde la justicia mercantil. También es competencia de estos juzgados la tramitación del beneficio de segunda oportunidad, que permite liberar al deudor de buena fe de sus créditos pendientes.
Es cierto que la tutela de las personas especialmente vulnerables se residencia en la justicia de familia, en los juzgados de violencia de género y en los de lo social, pero también debe tenerse en cuenta que la «salud» de las empresas depende de una justicia mercantil eficaz, garantista y ágil.
Los recortes en servicios públicos debilitan las bases del Estado de Derecho en su vertiente asistencial, sobre todo de las personas más vulnerables
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto muchas carencias en nuestro sistema de protección, pero también ha servido para evidenciar que hay una vocación de servicio público y de búsqueda de soluciones de urgencia que va más allá de lo que aparece en las leyes.
Hemos visto imágenes de jueces y fiscales tomando declaración por Skype desde sus teléfonos móviles porque los ordenadores de los tribunales no soportan software de video llamadas. Todos hemos dado cursos acelerados en la gestión de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, ese esfuerzo debería tener entrada inmediata en las normas procesales, normalizando las comunicaciones «on line», la recepción y remisión de escritos por medios informáticos, la comunicación de resoluciones judiciales por correo electrónico.
En la medida en la que no haya una merma efectiva de garantías procesales, debería darse cabida definitiva a lo que hemos aprendido en las últimas semanas. Las oficinas judiciales no pueden contentarse con ser meras sedes físicas, deben convertirse en sedes virtuales, favoreciendo el teletrabajo en todos los escalones de la administración de justicia, con comunicaciones directas a profesionales y justiciables.
Otra de las experiencias de la que deben sacarse conclusiones de futuro es la referida al «fracaso» de las unidades judiciales tradicionales. Los servicios mínimos decretados en cada juzgado, justificados desde el punto de vista sanitario, han evidenciado el colapso de la justicia, por eso debería impulsarse la puesta en marcha de los llamados juzgados de instancia, aunque sea a partir de experiencias piloto. Hay que sumar esfuerzos, no diluirlos, establecer servicios comunes que den cobertura a varios jueces y que la distribución del trabajo pueda hacerse con agilidad, en función de las necesidades efectivas.
Hoy por hoy hay órganos infrautilizados y otros colapsados. Por eso debería impulsarse la experiencia de tribunales que pudieran incrementar las plantillas de jueces y magistrados sin que eso suponga nuevos edificios, nuevos despachos y nuevos funcionarios. Los letrados de la administración de justicia también deberían adaptarse a este diseño.
Hemos visto estos días como la sanidad ha tenido que hacer un llamamiento urgente a profesionales jubilados, también a funcionarios en período de formación. Estas mismas medidas podrían tener sentido a corto y medio plazo en la administración de justicia, intentando repescar a aquellos jueces, magistrados, fiscales, letrados o funcionarios que se han jubilado a su pesar en los últimos años, recuperaríamos así a personal muy cualificado que rápidamente podría incorporarse a los órganos judiciales.
Los juzgados mercantiles, sobre todo en las ciudades con más tejido industrial, que han sido las más castigadas por la pandemia, tendrían que estar en disposición de presentar planes estratégicos de actuación a corto plazo identificando las necesidades de plantilla, los refuerzos necesarios y las prioridades en la tramitación de aquellos asuntos más sensibles. El Consejo General del Poder Judicial debería estar en disposición de recoger estas propuestas de actuación, los planes de contingencia que nos hemos acostumbrado a escuchar durante los partes de los responsables de sanidad, y proponer en un plazo muy breve un plan integral para la justicia mercantil que fije los procedimientos que exigen mayor celeridad en su tramitación. Así lo ha recogido el RDL 11/2020, de 31 de marzo, aunque su formulación es un tanto ambigua en su Disposición Adicional 19 (LA LEY 4471/2020), que se trata más de una declaración de intenciones, que no de un plan estratégico con objetivos concretos.
Para apoyar este plan de actuación, sería útil que el legislador estableciera por disposición legal la prioridad en la tramitación de los procedimientos mercantiles que nazcan como consecuencia directa de la crisis sanitaria, especialmente la tramitación de los procedimientos concursales de particulares y de empresas. En este marco, sería fundamental que se devolviera a los juzgados mercantiles la competencia plena en materia de concurso consecutivo de personas físicas, sean empresarias o no, a los efectos de unificar la tramitación y concesión del beneficio de pasivo insatisfecho, la denominada segunda oportunidad que, sin duda, va a ser muy necesaria para superar la crisis económica que la sanitaria nos va a dejar.
Sería conveniente que se ampliaran los plazos para la solicitud de concurso, fijados ahora en 2 meses, así como los plazos de responsabilidad de los administradores sociales
Para descongestionar la previsible avalancha de nuevos procedimientos concursales, sería conveniente que se ampliaran los plazos para la solicitud de concurso, fijados ahora en 2 meses, así como los plazos de responsabilidad de los administradores sociales. Ampliar esos plazos de 2 a 6 meses evitaría que, tras levantarse el estado de alarma, se colapsaran los repartos.
Hay ajustes muy puntuales que mejorarían la solución extrajudicial de algunas insolvencias puntuales, tanto los acuerdos de refinanciación de la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal (LA LEY 1181/2003), como los acuerdos extrajudiciales de pago serían una vía adecuada para que muchos deudores pudieran evitar judicializar sus problemas. Para eso sería necesario que se pudiera comprometer al crédito público y a los créditos con garantías reales, especialmente en el acuerdo extrajudicial de pagos; suavizar el régimen da mayorías para aprobar los acuerdos y, en lo que afecta al acuerdo extrajudicial de pagos, establecer un sistema de control de mediadores y administradores concursales para que fuera obligatoria la aceptación de los nombramientos, bajo sanción de expulsión de las listas con efecto en todo el territorio, puesto que la aprobación o no de un acuerdo extrajudicial de pagos no puede depender de la voluntad exclusiva de que un mediador o dos o tres o cuatro no estén dispuestos a desarrollar el trabajado para el que han sido llamados.
Notarios, Registradores y Cámaras tienen un papel importante en estos acuerdos extrajudiciales y podrían impulsar de modo efectivo el que se llegara a acuerdos. En este ámbito de soluciones extrajudiciales debería normalizarse por completo la tramitación y gestión informática del expediente y de las posibles convocatoria, tramitación completa, en todas sus fases.
Otro de los ajustes necesarios afectaría al trámite de exoneración de pasivos insatisfechos, con un mínimo ajuste legal se debería permitir que aquellos deudores que carecen absolutamente de patrimonio puedan acceder a la exoneración sin someterles al suplicio de tener que solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos previo y después un procedimiento judicial de insolvencia. La fiscalización de la buena fe del deudor que carezca absolutamente de patrimonio debe realizarse durante el disfrute provisional del beneficio, impulsada por los acreedores.
También sería conveniente el ajuste para que se pudieran tramitar conjuntamente las solicitudes de acuerdos extrajudiciales y exoneración en su caso de pasivos de unidades familiares completas, siempre y cuando se acreditara la comunidad de deudas.
Ayudaría especialmente que las administraciones públicas pudieran facilitar información de solvencia real de los deudores, información que también deberían facilitar las entidades financieras y de crédito, para hacer efectiva la declaración automática de la insolvencia y la concesión del beneficio de exoneración.
El legislador tendría que habilitar, también con carácter de urgencia, medidas para que los procedimientos judiciales en curso, sobre todo los concursos, puedan reajustarse, actualizando los datos económicos con las consecuencia efectivas de la crisis del Covid-19, ya que se habrán incrementado los créditos contra la masa, habrán desaparecido acreedores y se abren panoramas distintos en las expectativas de la liquidación. Por eso debería habilitarse, con un pequeño ajuste del artículo 97 de la Ley Concursal (LA LEY 1181/2003), la actualización urgente de los procedimientos en curso.
Esa actualización será especialmente importante para los trámites de exoneración de pasivos en curso ya que los particulares pueden ver afectada su situación patrimonial por la crisis, debiendo permitirse actualizar los créditos y también los efectos.
En esa misma línea de poder agilizar procedimientos en curso, deberían imponerse las subastas on line, impulsadas por los notarios, de modo que los juzgados quedaran sólo para aprobar los planes de liquidación y las rendiciones de cuentas, así como los incidentes que afecten a garantías procesales, externalizando la gestión de las liquidaciones y liberando a los funcionarios judiciales de esas tareas.
Otro problema pendiente de solución es el de la litigación en masa, que colapsa tribunales civiles y mercantiles, tanto los pleitos de tráfico aéreo como los que afectan a consumidores frente a contratos financieros y bancarios han saturado los juzgados, impidiendo la tramitación eficiente de estos procedimientos e interfiriendo en otros procesos judiciales trascendentes.
Una posible vía de solución de esta litigación, que ya era un problema antes de la crisis sanitaria, sería una modificación eficaz de los procedimientos colectivos, estableciendo efectos de las sentencias para todos los casos equivalentes sin necesidad de acciones individuales, permitiendo que esos efectos de cosa juzgada se apliquen de oficio con la mera presentación de la demanda, sin tener que proceder a la tramitación completa.
La experiencia de algunas Sentencias del Tribunal Supremo, que han establecido reglas aplicables a un conjunto amplio de asuntos, debería tener un efecto inmediato sobre casos similares con una decisión sumaria, incluso verbal en un acto oral en presencia de las partes, abogados y procuradores.
También tendría permitirse un sistema de penalización frente a la litigación u oposición, hay quien defiende la imposición de intereses similares a los de la Ley de Contrato de Seguros (LA LEY 1957/1980) o la condena en costas efectiva sin limitación, pudiendo el juez modular el efecto de esa condena en costas en función de la lealtad o deslealtad de los litigantes y no de la cuantía del procedimiento.
Lo importante es que las soluciones se alcancen a partir de consensos profesionales, asumiendo los costes y sacrificios de muchas situaciones
Hay muchas posibles medidas a adoptar, lo importante es que las soluciones se alcancen a partir de consensos profesionales, asumiendo los costes y sacrificios de muchas situaciones.
Por eso, cuando menos en la justicia mercantil, dado el grado de implicación y dedicación de los jueces y magistrados, sería básico que se impulsaran desde ya esos planes estratégicos, diseñados por los jueces y letrados de cada uno de los partidos judiciales, a partir de las necesidades y previsiones reales, asumiendo que una parte importante de la solución pasa por una mayor dedicación y un mayor compromiso en la respuesta razonable en tiempo razonable.