La complejidad de la actual crisis del coronavirus tiene que servir para reflexionar sobre los asuntos de familia relacionados con los regímenes de visitas de los menores en las situaciones de separación, divorcio otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.
La excepcionalidad del estado de alarma del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3654/2020), y las consecuentes medidas de confinamiento y reducción de la movilidad contribuyeron a limitar el acceso de los menores a sus progenitores, y por extensión a sus familiares en las situaciones de ruptura. Las dudas surgidas en los casos particulares contribuyeron a entender que en ciertos supuestos podía ser posible el acompañamiento de los menores, y por tanto el cumplimiento de los regímenes de visita en los supuestos de separación o divorcio, al permitirse la circulación por las vías de uso público, de conformidad con el art. 7.1 del R.D. 463/2020 (LA LEY 3343/2020) (1)
En este sentido, el CGPJ emitió un comunicado el viernes 20 de marzo de 2020 en el que se hacía constar que la suspensión, alteración o modificación del régimen acordado puede ser particularmente necesaria, advierte el CGPJ, «cuando los servicios o recursos públicos (Puntos de Encuentro Familiar y recursos equivalentes) se hayan visto afectados en su funcionamiento ordinario como consecuencia de la aplicación de las medidas del Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020)». Ante esto último, la Comisión Permanente del CGPJ dejó en manos de los juzgados las decisiones sobre las modificaciones de las estancias y comunicaciones en los procesos de familia, y se estableció: «lo anterior no es obstáculo a la eventual adopción de acuerdos en las juntas sectoriales de los Juzgados de Familia con objeto de unificar criterios y de establecer pautas de actuación conjunta en orden a satisfacer las finalidades de protección a que está orientado el Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020)».
Ante la falta de claridad y regulación expresa, la mayoría de los acuerdos de las juntas de jueces, reclamaron de los progenitores las medidas necesarias para compatibilizar el derecho del menor a relacionarse con ambos, apelando a la responsabilidad de los progenitores, para evitar una exposición innecesaria a situaciones de contagio y de propagación del virus, teniendo en cuenta, en cualquier caso, el interés del menor.
La situación ha sido un poco más clara en los supuestos en los que el cumplimento del régimen de visitas se tenía que llevar a cabo en los puntos de encuentro familiar
La situación ha sido un poco más clara en aquellos supuestos en los que el cumplimento del régimen de visitas se tenía que llevar a cabo en los puntos de encuentro familiar. En líneas generales, la actividad de estos servicios quedó suspendida en los diferentes acuerdos adoptados por las juntas de jueces de familia (2) , aunque las administraciones competentes también decretaron el cierre de dichos centros como medida de prevención ante la crisis de salud pública generada.
En los puntos de encuentro se atienden situaciones de ruptura de la convivencia familiar derivados de procesos de separación o divorcio altamente conflictivos, además de otros supuestos como el cumplimiento de las visitas con otros familiares como los abuelos, situaciones derivadas de procesos de violencia de género, etc..
Los puntos de encuentro atienden situaciones que derivan los órganos judiciales (3) , aunque su dependencia está vinculada al área de servicios sociales y la gestión suele ser privada por entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. Estos servicios públicos tienen un relación particular y privilegiada con la Administración de Justicia. Ante la falta de una regulación general (4) de los puntos de encuentro, el marco normativo se circunscribe en la actualidad a una ley (Valencia) y 11 Decretos autonómicos (Asturias, La Rioja, País Vasco, Galicia, Castilla la Mancha, Cataluña, Aragón, Castilla y león, Madrid, Cantabria y Andalucía). La mayor parte de estos servicios tienen una dependencia de las diferentes consejerías de Bienestar Social, Servicios Sociales o Familia, y son escasos los puntos de encuentro que dependen de las consejerías de Justicia, como la Rioja o Murcia.
Desde el punto de vista práctico, los puntos de encuentro son utilizados por la Administración de Justicia de manera regular y constante en el ejercicio de las disputas familiares ante los procesos de separación cuando existen menores, con la finalidad para dar cumplimiento al derecho/deber de las relaciones con los hijos, y en la actualidad, son una necesidad en la atención social y comunitaria. Toda la intervención se lleva a cabo por profesionales que promueven la adopción de acuerdos, consensos, y se realizan intervenciones basadas en la imparcialidad y, sobre todo, en el interés superior del menor.
I. La desescalada de los puntos de encuentro familiar
A pesar de que la actividad presencial de los puntos de encuentro se ha visto interrumpida con motivo de la pandemia por el COVID19, las intervenciones con los usuarios no se han eliminado en su totalidad porque los profesionales han continuado manteniendo comunicación con regularidad con las familias, se han promovido acuerdos, se han facilitado visitas a través de videollamadas y se han ejercido labores de orientación y asesoramiento. Asimismo, se ha constatado que muchos progenitores han alcanzado acuerdos entre sí para solventar la ausencia de contactos durante el estado de alarma, desarrollando sistemas de comunicación que han considerado más convenientes para los menores. No obstante, en otras ocasiones no ha sido así, y la conflictividad anterior no ha hecho más que aumentar la falta de acuerdos y enturbiar la relación ya, de por sí, deteriorada. Esta situación, seguramente tendrá su repercusión en el aumento de reclamaciones y procedimientos judiciales, por parte de aquellos que se han sentido reducido o privado de su derecho de comunicaciones y estancias.
La paulatina incorporación de la normalidad en las relaciones familiares hace necesario establecer unos criterios claros y homogéneos para la reapertura de los puntos de encuentro familiar, de cara a reanudar aquellos regímenes de visita que no se llevaron a cabo durante el tiempo del estado de alarma. Por ejemplo, las visitas que se efectuaban en el interior del punto de encuentro no han tenido sustituto ni han podido realizarse de otra manera, o el cumplimiento de las entregas y/o recogidas de los menores en las situaciones con una orden de protección en vigor, tampoco han podido efectuarse de una manera regular.
La falta de criterios homogéneos, una vez más, permite que cada comunidad autónoma pueda adoptar las medidas que considere oportunas en este sentido, y atender a unos criterios por encima de otros. Por ejemplo, ¿es necesario estar en alguna determinada fase de desescalada para reanudar la apertura de los puntos de encuentro familiar?; ¿cuáles son los criterios técnicos, organizativos y de personal que se deben adoptar para proporcionar una prevención en los contagios?; la existencia o inexistencia de regulación ¿limita la adopción de estas medidas especiales?; ¿se deben recuperar las visitas o estancias con los hijos no disfrutadas en este tiempo?; ¿el tiempo de apertura tiene que ir asociado a las franjas horarias de salida de los menores?; ¿las visitas con personas más vulnerables como personas mayores o niños con discapacidad, deben seguir suspendidas?
Como ejemplos se puede mencionar que la comunidad de Andalucía (BOJA de 14 de mayo de 2020) ha autorizado a partir de que la comunidad entrara en la fase 1, las entregas y recogidas semanales con o sin pernocta, siempre que dichas salidas puedan realizarse en los horarios marcados por la autoridad sanitaria, sin hacer una indicación expresa a las visitas desarrolladas en el interior de los puntos de encuentro. En Zaragoza, los jueces de familia y violencia sobre la mujer han acordado la reanudación de las visitas tuteladas en los puntos de encuentro familiar y las intersemanales sin pernocta, pero las visitas con los abuelos permanecerán suspendidas hasta que se entre en la fase 2 de la desescalada por el covid-19. En Baleares, los puntos de encuentro permanecerán cerrados durante toda la fase 1.
II. La nueva normalidad
Se ha utilizado el término de nueva normalidad para entender la forma de convivencia que vamos a asumir como forma común después de la aparición del coronavirus COVID19.
En cuanto a los puntos de encuentro, la progresiva asimilación de esa nueva normalidad y la reapertura tendrá que realizarse con una evaluación y adaptación de las nuevas condiciones de atención e intervención para garantizar la seguridad como, por ejemplo, la distancia mínima interpersonal. No debemos olvidar que los puntos de encuentro familiar suelen estar ubicados en espacios cerrados como locales o viviendas, que no tienen dimensiones suficientes para atender a toda la población, tal y como se han venido efectuando hasta ahora, y que, necesariamente, tienen que adoptar nuevos sistemas de actuación.
Dentro de estas medidas, se necesitan asumir diferentes criterios organizativos y procedimientos de intervención específicos, para atender a las necesidades de distanciamiento y cumplimiento de todas las medidas de protección de la salud.
Con el fin de conseguir la protección de todos los usuarios y los profesionales de estos servicios, la reanudación de la actividad implicará, necesariamente, cambios en la duración y frecuencia de las visitas de todos los usuarios de los puntos de encuentro, por lo que deberán adaptarse a dichos cambios. La dificultad para llegar a acuerdos y establecer consensos es inherente a las familias separadas altamente conflictivas pero la emergencia sanitaria derivada del COVID19 ha interpuesto como el principio rector la seguridad y la salud de todos, sobre todos de los menores y las personas vulnerables. Los usuarios deberán actuar con responsabilidad, teniendo en cuenta que los cambios permitirán hacer compatible la adopción de medidas de distanciamiento, con la asistencia a estos servicios. De manera necesaria, las autoridades judiciales tendrán que permitir y avalar la estos criterios de actuación en cuanto supongan una modificación de las medidas por las que se derivaron las familias a los puntos de encuentro, porque en caso contrario, no se podrán hacer efectivas dichas medidas de protección.
Sobre los períodos de tiempo no disfrutados en el período de confinamiento la Comisión Permanente del CGPJ emitió un comunicado el día 16 de abril de 2020 donde se especificaba que en el caso de que el cumplimiento del régimen de visitas se hubiera acordado a través de los Puntos de Encuentro Familiar: «se sugiere dar continuidad al régimen de visitas sin efectos compensatorios, ya que la saturación de estos centros se agravaría de establecerse medidas compensatorias judiciales en contestación a la disminución de contactos familiares durante el período de confinamiento». No obstante, los juzgados podrán arbitrar otras fórmulas de compensación que no sean mediante la asistencia a estos servicios de manera regular como, por ejemplo, la ampliación del período vacacional de verano para los progenitores que hayan visto suspendido el contacto presencial con sus hijos e hijas.
Para los puntos de encuentro familiar la nueva normalidad implicará volver a la conflictividad natural
Para los puntos de encuentro familiar la nueva normalidad implicará volver a la conflictividad natural (la normalidad) que se desarrolla en un momento diferente del anterior (nueva). Ahora, la nueva normalidad conllevará adaptarse a los horarios de atención que permitan los puntos de encuentro; relacionarse con las figuras parentales y otros familiares, sin la proximidad física que requieren este tipo de relaciones y con las medidas de protección individual; eliminar la ansiedad percibida por el tiempo perdido; implicará la aparición de situaciones en las que el/la menor se negará a permanecer con el otro progenitor, o bien, reiniciar relaciones conflictivas que no se habían resuelto después de más de 2 meses. La nueva normalidad implicará continuar con esa conflictividad y atender otras situaciones de ruptura que hayan surgido en la etapa del confinamiento o con posterioridad a ella y que también representarán una nueva normalidad.