- Comentario al documentoLa salida de los órganos judiciales de sus sedes físicas y la red virtual a la que se ven abocados, no solo han obligado a modificar los sistemas de trabajo, sino que terminaran afectando al proceso y, por tanto, a sus requisitos y presupuestos. Esta situación impone una segunda exigencia: un cambio de mentalidad de quienes tienen relación con la administración de justicia, pues aumentará el control de los órganos judiciales sobre la pretensión y los medios de prueba.
I. El control judicial sobre el proceso y el cambio de mentalidad
Permítanme que haga algo de historia. En el Reino Unido la justicia civil entró en un proceso continuó de reforma en el año 1996 a raíz de los informes provisional (1.995) y definitivo (1.996) del magistrado Lord Woolf. Los aspectos más interesantes de tales documentos eran los relativos a las deficiencias y a las reformas procesales que se propusieron para corregirlas. Respecto a las primeras se afirmaba que la justicia civil era esencial para una sociedad civilizada (sic), pues era el soporte básico del comercio y la industria y, salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Y sin embargo el proceso civil era demasiado caro, demasiado lento y demasiado complejo y, existía una evidente desigualdad entre las partes lo que provocaba un inadecuado acceso a la justicia y, por tanto, un sistema ineficaz.
La desigualdad entre las partes se originaba porque la ausencia de control judicial en el proceso contradictorio y la complejidad de las normas procesales había terminado degenerándolo, facilitando el enfrentamiento, el empleo de tácticas agresivas así como el incumplimiento de los plazos y el de otros requisitos procesales. Para acabar con esa situación se propuso un nuevo sistema en el que el control del proceso se trasladase de las partes y sus abogados a los tribunales. Con ello se optó por el alejamiento de la tradición del «common law», encarnada en los principios del proceso oral y contradictorio, al atribuir a los órganos judiciales una mayor intervención que evitase los excesos del sistema. Como sabemos la opción del legislador español en el año 2000 fue precisamente la contraria.
En segundo lugar, las citas al coste del proceso y, en general, de la justicia eran reiteradas, siendo aquel excesivo, desproporcionado, indeterminado y nada competitivo. Era desproporcionado porque en muchas ocasiones su coste superaba al valor de lo reclamado; indeterminado porque por diferentes factores se ignoraba cual podía llegar a ser, lo que terminaba convirtiéndolo en ilimitado. Por último, el incremento de costes no era competitivo respecto al de los procesos de otros Estados, lo que afectaba especialmente a la industria.
Identificadas las anomalías y las intrínsecas relaciones existentes entre ellas se propusieron soluciones que también estaban interrelacionadas. Se diseñaron tres grandes grupos de medidas: las reformas procesales (unificación de códigos, nuevos procesos, modificaciones en los medios y en la práctica de las pruebas, etc.), de organización judicial (competencias de los órganos judiciales, nombramiento de jueces, creación de los «equipos judiciales», etc.) y de introducción de nuevas tecnologías (ya fuera en los tribunales, ya para facilitar el acceso del ciudadano a la justicia).
Si omito la referencia al Reino Unido cualquier lector podría pensar que estaba escribiendo sobre la situación de la Administración de Justicia en España y dejando ya la historia, empero ha de advertirse que se podrá estar o no de acuerdo con la «gestión procesal»; la existencia de tres procedimientos: «small claim», «fast-track» y «multi-track» que se diferencian por la cuantía de la demanda o la clase de acción que se ejercita, los «protocolos previos a la demanda» («pre-action protocols») para determinados asuntos y el empleo de la informática como soporte de todas las reformas procesales, pero deberá reconocerse que se trataban de innovaciones (algunas importadas de otros países) que superaban al simple hecho de crear Juzgados y Tribunales o, de ir retocando con reformas parciales las respectivas leyes de procedimiento.
Y ¿por qué les cuento esto? El eje principal de la reforma lo constituía la llamada gestión procesal. Procedente de los Estados Unidos y aplicada en otros países anglosajones consistía básicamente en que un juez controlase el proceso desde su inicio y lo condujera a juicio en un plazo razonable. Control que incluiría que las partes cooperasen entre sí, la identificación del hecho litigioso, la decisión sobre los hechos que deberían ir a juicio, el orden en que deberían ser resueltos, la estimulación sobre el uso de técnicas alternativas de resolución, y la consideración sobre si el coste de los actos procesales justificaba su resultado. Gestión procesal que debía ir acompañada de reformas procesales, de organización judicial y de desarrollo tecnológico y, además, de un cambio de mentalidad en los litigantes y en la judicatura, colaborando los primeros para simplificar los términos del asunto y exigiendo responsabilidad y una nueva ética a los segundos.
En el caso de España existe una imposibilidad orgánica de acometer cualquier reforma por el diseño competencial de la Administración de Justicia
Ni que decir tiene que la situación, como antes he dicho, era idéntica o parecida a la española, con la salvedad de todos conocida que en nuestro caso existe una imposibilidad orgánica de acometer cualquier reforma por el diseño competencial de la Administración de Justicia y, por la estructura de la oficina judicial, con lo que se ha optado por multiplicar Juzgados y Tribunales con independencia del coste y de su resultado. Pero ¿realmente nos interesa una reforma del proceso civil y, por ende, de la organización encargada de aplicarlo?
II. ¿Cómo responde la Justicia de otros países a las situaciones que provoca la pandemia?
La gestión orgánica y procesal de la Pandemia la ha dirigido en España el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia y obviando polémicas que no nos ocupan, las quejas de los profesionales se dirigieron casi inmediatamente contra el cierre de las sedes judiciales y el deficiente empleo de los medios informáticos existentes (e incluso de los inexistentes). La situación provocó la implantación de medidas que hoy continúan aplicándose y que, permítanme, buscaban salir del paso y, de otras que han causado notable malestar (la parcial habilidad del mes de agosto) pese a que respondan a lo que debe ser una Administración (el servicio público al ciudadano durante todo el año).
Y ¿estas medidas apresuradas llegaban para quedarse o, no dejaron de ser un parche provisional y de vigencia limitada a la urgencia que las justificaron? Dicho de otra forma: ¿la situación provocada por la pandemia iba a aprovecharse para, cuando menos, diseñar un proceso realmente digital o, como poco para que las nuevas tecnologías tuvieran una real eficacia en el curso del proceso? Hago una aclaración, cuando hablo del proceso digital incluyo herramientas que en España no parecen tener ningún interés, pero que suponen un enorme gasto al erario público y privado: la información telefónica centralizada y las páginas web oficiales son dos de ellas. Esto es, un proceso digital no consiste únicamente en tramitar cualquier petición en un sistema de gestión procesal y esa es hoy la calificación, que no definición, que tiene en España.
Volvamos ahora al Reino Unido y, permítanme traducciones literales para una mejor comprensión. El profesor Richard Susskind es un asesor del Presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido que publicó en 2019 el libro «Online Courts and the Future of Justice» y, que hoy dirige una página web (Remote Courts Worldwide) financiada con fondos públicos y privados, en la que se comparte información de más de cuarenta países sobre la forma en que cada administración de justicia enfrenta, sería la palabra más adecuada, la situación originada por el Covid 19.
Dice este profesor que la pandemia ha provocado que la Justicia (en el sentido anglosajón del término, entendida como Servicio y no como Administración) se preste en el tribunal físico tal y como lo conocemos en cualquier país, en el tribunal de audio, el tribunal de video y, por último, en el proceso en línea. Afirmación que nos lleva a una primera conclusión: los Juzgados (la Corte) es un servicio, no un lugar y desde este punto de vista el uso de la tecnología, que nos ha venido impuesto, debería servir para crear diferentes formas de resolver disputas y, no para «informatizar» el sistema judicial existente y, más en el caso que este sea ineficaz.
La segunda conclusión es que cuando se vuelva a la normalidad corremos un doble riesgo: que se acepte sin reparo toda la tecnología que se ha estado utilizando en circunstancias extremas y, sin solución de continuidad que por la misma razón queden sin solución los problemas que afectan a cada uno de los procesos y que han tratado de salvarse (con más o menos éxito) con esa tecnología. Les pongo un ejemplo: las audiencias por Zoom, Skype o Teams se han empleado por los órganos judiciales de todo el planeta y sin quejas, que conozca, sobre protección de datos y vulnerabilidad del sistema, y si las ha habido o alguien ha pensado en ellas, se ha preferido que el servicio se prestara con los medios existentes y lo más rápido posible. ¿Esto quiere decir que en el futuro próximo debamos guiarnos por los mismos principios?
En el Reino Unido la pandemia frenó la creación de un «tribunal en línea» cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para abril de 2020 y que se ha retrasado hasta diciembre de 2023. Tribunal que habría que distinguir de las alternativas virtuales a los tribunales físicos surgidas durante la pandemia (1) ya que no sería una mera digitalización de un tribunal existente, sino algo completamente nuevo, que requeriría asistencia letrada y sencillas reglas de procedimiento. Este órgano resolvería obligatoriamente litigios de hasta £ 25,000 y tendría un servicio en línea en tres niveles: la ayuda a los litigantes sin abogado para formular sus demandas; la conciliación, con la resolución de disputas en línea, la mediación telefónica o la evaluación neutral realizada por un oficial de caso; y si el caso no pudiera resolverse de otra forma, una decisión judicial, por ejemplo, a través de una vista o de una audiencia telefónica.
El Reino Unido está mejor preparado para la pandemia, ya que desde 2016, se estaba poniendo en práctica un plan para mejorar el uso de la tecnología en los órganos judiciales
Para evitar la odiosa comparación les indico que he ocultado un dato que ahora desvelo. La pandemia de Covid-19 cogió al Reino Unido mejor preparado ya que desde 2016, se estaba poniendo en práctica un plan para mejorar el uso de la tecnología en los órganos judiciales. Ni que decir tiene que como en toda reforma los claro oscuros son innegables y en un reciente informe del Parlamento Británico se advertía de la existencia del riesgo de que la tecnología agravase la sensación de un sistema de justicia de dos velocidades, según el órgano judicial y la jurisdicción y, no han faltado quejas de profesionales sobre la necesidad de volver a la audiencia delante de un Juez, incrementado los días de señalamiento.
III. El presente: reforma procesal, orgánica y tecnológica
Bajo la perspectiva que el órgano judicial ha dejado de tener una sede física, que todavía conservará, pero que compartirá con la virtual, ¿podría haber dictado (o dictar) el Consejo General del Poder Judicial normas sobre el uso de los medios informáticos que los Juzgados y Tribunales emplearon (y emplean) durante el estado de alarma? No se asusten por la pregunta y tengan en cuenta que en ese período junto a Decretos y Reales Decretos Leyes del Gobierno coexistieron Acuerdos de las Salas de Gobierno del Tribunales Superiores de Justicia y, toda clase de Notas y Circulares de distintas autoridades.
Y lo peor, a mi entender, no es eso, sino la falta de aceptación de la situación en la que nos encontramos y, por tanto, al cambio de mentalidad a que nos obliga y que tampoco se acepta. Realidad que nos aboca, en la justicia civil, a una alternativa: la limitación del número de litigios que pueden acceder, sin otro requisito, a un órgano judicial por antieconómicos, obligando a que se asuma una parte del coste que supone para el erario público (se confunde el acceso a la justicia, con el acceso de cualquier petición a la justicia) o, el pleno empleo de medios tecnológicos, lo que exige un proceso digital desde la presentación de la demanda. Y en ambos casos debería analizarse con rigor el coste público del servicio en relación a la acción ejercitada y su cuantía.
Lo que no tiene mucho sentido es que no se aproveche la experiencia de estos meses y se continúe con el mismo ordenamiento (me refiero a Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)) y las mismas prácticas, como si nada hubiera pasado y nada pudiera pasar en el futuro mediato; afirmaciones que ocioso es decirlo, no son ciertas. Las limitaciones del acceso físico a las sedes judiciales, plenamente justificado, no solo debería mantenerse, sino que debería regularse previendo a la vez medios alternativos de comunicación con los órganos judiciales en los casos en los que sea preciso. Y la regulación no puede dejarse a una Sala de Gobierno o a un Juez Decano, debe ser nacional y para todas las sedes judiciales.
La carencia en España de un programa implantación de nuevas tecnologías en la Justicia, se ha sustituido por experiencias informáticas de notable interés pero que no sirven para aligerar el sistema (no es evidentemente su finalidad), de tal modo que seguimos encontrando los mismos obstáculos en el curso del proceso; si acaso peores, porque la impresión que se ha podido transmitir es que los órganos judiciales disponen ahora de medios informáticos que han incrementado su capacidad resolutiva.
El 9 de abril de 2020, entró en vigor en el Reino Unido el Reglamento de Procedimiento del Tribunal (Coronavirus) de 2020. Esta norma que permite temporalmente a los órganos judiciales resolver el asunto mediante prueba documental y señalar audiencias remotas. No hay nada parecido, ni lo habrá en el ordenamiento español, pero a pocos escapará el hecho que una intervención del Juez en los medios de prueba después de la contestación a la demanda disminuiría notablemente el número de señalamientos, celebrándose los que realmente fueran necesarios para la resolución del asunto. Porque si lo que queremos es que siempre intervenga en Juez y ese Juez ya ha resuelto el mismo litigio en varias ocasiones, no puede haber reparo alguno para que advierta a las partes de tal circunstancia y de los medios de prueba que necesita; a sensu contrario ¿cuántas audiencias previas quedan vistas para sentencia en los asuntos bancarios después de su celebración?
En el mismo sentido no solo sería conveniente la intervención unificadora del Consejo General del Poder Judicial, sino que evitaría las situaciones que ya vivimos en las ejecuciones hipotecarias cuando distintas Juntas de Jueces comenzaron a salvar la inacción del legislador y, que ahora la necesidad ha obligado a reproducir (2) , obligándonos a responder a la pregunta del párrafo anterior con otra pregunta ¿no estaría plenamente justificado que se dictase un Reglamento por el Consejo General del Poder Judicial en el que por las circunstancias descritas en los asuntos bancarios (o, en cualquier otro de parecido curso), respaldase la posibilidad de la sustitución de una vista, sea o no virtual, por un trámite por escrito a través de LexNet?