I.
Lo que plantea el «Caso Superliga». La cuestión prejudicial ante el TJUE
Como es de general conocimiento, el proceso abierto en el Juzgado de lo Mercantil n.o 17 de Madrid, en el que se ha instado a través de una cuestión prejudicial un pronunciamiento previo del TJUE sobre el acomodo o no de las normas UEFA/FIFA, relativas a las facultades que éstas se reservan estatutariamente en la organización y control de las competiciones internacionales futbolísticas, a la normativa europea sobre libre competencia y mercado interior, es consecuencia de la iniciativa de una serie de clubes europeos poderosos, capitaneados por el Real Madrid, de promover una llamada «Superliga» europea, que sustituya a los campeonatos oficiales vigentes, fundamentalmente a la actual UEFA Champions League.
Las razones justificativas del proyecto expuestas por su principal promotor (Florentino Pérez, presidente del R.M.) se basan en el deseo de incrementar y controlar los ingresos económicos derivados de la competición, por no compartir los clubes «rebeldes» (en una gran mayoría posteriormente desertores del intento por la respuesta social producida) el diseño actual y el previsto dentro de la UEFA, como ente que organiza las competiciones en las que estos mismos clubes han participado y siguen hoy, por el momento, participando.
Es un intento éste, el de la Superliga de los ricos, que se remonta al menos al año 1992, si bien pretende ahora justificarse en la crisis derivada de la pandemia y en la bajada de ingresos en el fútbol europeo profesional.
No puede soslayarse algo fundamental: la voluntad (puesta por escrito en el contrato fundacional de la iniciativa) de organizar una competición alternativa cerrada, en la que sólo tomen parte sus promotores y acaparen los derechos económicos de explotación, dejando a su albedrío la eventual entrada en el negocio de otros clubes «menores» y la afluencia de recursos «aguas abajo».
Sorprendente ha sido la celeridad entre la presentación del larvado proyecto secesionista y la casi inmediata admisión de la correspondiente demanda en un Juzgado madrileño, en el que su titular, por un lado, ha emitido medidas cautelarísimas inaudita parte justificando evitar con ellas obstaculizaciones al proyecto, y promovido, al tiempo, también en principio sin dar traslado a las partes, una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la interpretación y aplicación de las normas del TFUE (LA LEY 6/1957) sobre defensa de la competencia en relación con las disposiciones estatutarias de UEFA y FIFA que asignan a éstas la capacidad organizadora y autorizatoria sobre todas las competiciones internacionales de clubes y de selecciones.
La cuestión prejudicial formulada por el juez Ruiz de Lara comprende seis preguntas dirigidas al Tribunal europeo, que se pueden resumir en el planteamiento de si los artículos 101 (LA LEY 6/1957) y 102 del TFUE (LA LEY 6/1957) prohíben la regulación estatutaria de una posición dominante, que resultaría abusiva, por parte de UEFA y FIFA (singularmente lo dispuesto en los artículos 49 a 51 de los Estatutos UEFA y el artículo 22.3.e de los Estatutos FIFA) sobre la prerrogativa de autorización previa en relación a todas las competiciones internacionales, y que ello pueda suponer una restricción incompatible con el mercado interior y el derecho de la competencia protegido en el ordenamiento jurídico europeo. Ello aplicado al proyecto planteado de Superliga, se trata de discernir si la obstaculización y amenaza de sanciones a sus promotores de no obtener la autorización UEFA (que se sabe no va a producirse) conlleva la vulneración de la libre competencia UE.
Más allá de lo controvertido del procedimiento judicial seguido, y las posibles irregularidades procesales producidas, así como el mismo planteamiento teórico de las preguntas ante el TJUE (al decir de la defensa de la UEFA), parece vislumbrarse que a través de esta cuestión prejudicial puede entrar ciertamente el Tribunal Europeo a resolver sobre un asunto de sumo interés y previsible gran afectación económica y social, cual es el ajuste al derecho de la Unión Europea de la normativa nuclear de la UEFA y de la FIFA, como organismos rectores del fútbol mundial.
Cabe en nuestra opinión establecer unos concretos presupuestos a considerar en esta materia, a la espera del desenlace jurisdiccional en uno u otro sentido.
II.
El monopolio UEFA/FIFA y la especificidad del deporte en el ordenamiento europeo
Parece evidente que no puede negarse que UEFA y FIFA mantienen una posición monopolística en el mercado mundial relevante de las competiciones internacionales de fútbol (con la generación de importantes ganancias económicas) como autoridades reguladoras principales del sector. También parece pacífico que ambas entidades, aun siendo organismos privados, precisamente por gozar de una posición preminente en el mercado deportivo, siendo autoridades especiales en este concreto mercado, deben someterse y respetar los principios generales del derecho aplicable, los mismos que ponen límites a los legisladores y a las administraciones gubernamentales, incluida la normativa que disciplina la competencia, y en concreto lo dispuesto en el ordenamiento de la UE (arts. 101 (LA LEY 6/1957) y 102 TFUE (LA LEY 6/1957)).
Esa posición dominante y cuasi-monopolística, recogida singularmente en el artículo 49.1 de los Estatutos UEFA sobre reserva de la competencia exclusiva de ésta para organizar competiciones internacionales en las que sus federaciones miembro o clubes participen, así como para autorizar el desarrollo de cualesquiera otras, parece, en un principio, una clara restricción de la libre competencia que vulnera el derecho comunitario europeo.
Sin embargo, el ordenamiento y la doctrina europea han venido reconociendo una denominada «especificidad del deporte», comenzando por su consideración en el propio Tratado (artículos 6 (LA LEY 6/1957) y 165 TFUE (LA LEY 6/1957)).
El Libro Blanco del Deporte de la Comisión Europea (2007) desarrolla y describe esa especificidad por la función social del deporte, aunque se le siga aplicando en sus manifestaciones y actividades económicas el régimen del mercado interior y la competencia. Por su parte, el Plan de Trabajo para 2021-24 en materia deportiva del Consejo ya manifiesta su «preocupación por las ligas cerradas» por su repercusión en el sistema del deporte organizado y en su especificidad social.
La Jurisprudencia de los Tribunales Europeos hasta el momento ha aceptado que las normas restrictivas de la competencia nacidas del entramado federativo deportivo y su estructura piramidal no resultan una violación de la competencia
Es fundamental subrayar que la Jurisprudencia de los Tribunales Europeos hasta el momento ya ha aceptado que las normas restrictivas de la competencia nacidas del entramado federativo deportivo y su estructura piramidal no resultan, de suyo, una violación de la competencia UE, si sus efectos son proporcionales al interés deportivo legítimo que se persigue, básicamente en aras a la equidad de las competiciones. Así, la STGUE de 16 de diciembre de 2020, en el caso Comisión-ISU, donde una federación internacional (de Patinaje) ya hacía valer un régimen de autorización de competiciones, el Tribunal admite que esa actuación federativa es lícita y puede efectivamente condicionar la competición deportiva privada, eso sí, matizando que la restricción a la competencia que ello supone debe ser inherente a la consecución de objetivos legítimos y debe ser proporcionada, como deben ser claras y proporcionadas las posibles sanciones por su transgresión.
La conclusión de la jurisprudencia comunitaria vigente puede ser que cabe la reserva federativa de la capacidad de autorización previa, si la misma obedece a fines legítimos como son la equidad y la apertura de las competiciones deportivas.
Avanzando un poco más en el tema UEFA-FIFA que nos ocupa, cabría teóricamente aceptar el régimen de autorización y control impuesto en su normativa en atención a los fines a los que se dirijan y las medidas correctivas que se cumplimenten. La clave puede estar en la preservación de la integridad del deporte y el respeto a las citadas equidad y apertura de las competiciones, que como la solidaridad y el mérito deportivo se erigen en principios rectores del deporte UE.
III.
La paradoja: el «superchiringuito»
Centrándonos en el proyecto (a día de hoy abortado) de la Superliga europea de fútbol de los clubes poderosos, y en aplicación de los citados principios de equidad, solidaridad, apertura competitiva y mérito deportivo, la iniciativa promovida hoy principalmente por los clubes españoles Real Madrid y FC Barcelona incurre en una manifiesta paradoja que la pone en entredicho.
Los sedicentes del fútbol europeo postulan la conculcación de la libre competencia en la organización de competiciones deportivas por parte de los organismos internacionales UEFA y FIFA, promoviendo, sin embargo, un diseño que precisamente se caracteriza por la limitación arbitraria en la competición, reservando la participación y los beneficios obtenidos de la misma a determinados clubes hoy pudientes, como una vía de perpetuar su dominio sin pasar por el respeto de la igualdad de oportunidades y el meritaje, básicos en las competiciones internacionales a lo largo de toda la historia. ¿Cómo puede reclamarse libre competencia y ofrecer limitación competitiva?
Lo que es de esperar, para bien de las competiciones futuras y de todos los clubes potencialmente participantes en el nivel profesional internacional, es que más allá del deseable naufragio (así nos pronunciamos nosotros) de esta superliga de la insolidaridad, ello no acabe conllevando la materialización de la latente amenaza en el seno de los mismos organismos oficiales del fútbol, para seguir acrecentando, cediendo al órdago producido, los privilegios de los más poderosos y la desigualdad de trato, que al final es adulteración de la competición. Algo como ya viene secularmente ocurriendo en el ámbito español, con su tradicional y efectivo duopolio, nacido de un mantenido en el tiempo tratamiento de favor en todos los órdenes a favor del bipartidismo futbolístico, de lo que es una nueva y última muestra el aplazamiento de partidos por no poder contar «los de siempre» con determinados jugadores que viajan con sus selecciones. Llueve sobre mojado.
IV.
Breve referencia a la integración en los organismos internacionales del fútbol de las federaciones no estatales y el principio de no discriminación
A la hora de referirnos al carácter monopolístico de UEFA y FIFA en relación a la afiliación de clubes y de federaciones, no podemos pasar por alto, por ser materia que afecta al fútbol vasco en su globalidad, la relevante vertiente de la inclusión en dichos organismos de federaciones territoriales que no coinciden con estados independientes. Es sabida (o debería asumirse desde determinados ámbitos centrales) la no aplicación del derecho público a las reglas que regulan la aceptación de miembros en las federaciones deportivas internacionales, por el carácter privado de éstas. De tal manera que es conocida la inclusión en FIFA y en UEFA de federaciones territoriales como son las cuatro británicas, Islas Feroe o Gibraltar, ello por sólo referirnos al marco europeo. Y ha de señalarse al efecto la solicitud de integración ya cursada (y en primer término denegada) por parte de la Federación Vasca de Fútbol, en ejecución de un acuerdo prácticamente unánime de su asamblea general, que reclama la oficialidad internacional de las selecciones vascas representativas, un anhelo histórico de la sociedad vasca y de sus deportistas, como se vienen también manifestando en los últimos tiempos distintas federaciones vascas de otros deportes, lo que ya se ha materializado en varias modalidades, por cierto con destacable éxito deportivo.
Sólo añadiremos que (como recoge la jurisprudencia vigente del CAS-TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo), siendo FIFA y UEFA precisamente las —antes descritas— autoridades principales y cuasi-monopolísticas reguladoras en su deporte, su membresía es la única salida para que una federación nacional, o territorial correspondiente a un «País Deportivo», que acredite una raigambre y singularidad históricas, como la Selección Vasca (creada en 1915 y que ha competido internacionalmente desde los años 30 del siglo pasado), y para que sus propios deportistas, que han expresado con rotundidad su voluntad de representar a ése su País Deportivo (concepto recogido ampliamente en estatutos internacionales), es el único camino, decimos, para poder hacer realidad su deseo de participar en competiciones oficiales a nivel internacional, y hacerlo precisamente desde tal propia representación, con respeto a todas las demás.
La existencia de otros casos, como los mencionados, de federaciones territoriales que no corresponden con estados soberanos, que ya forman parte de UEFA y FIFA, y el necesario respeto a los derechos de la personalidad y al principio de no discriminación, han de conducir, esperamos, a un tratamiento adecuado del caso vasco. Así lo esperamos.