La JCCPE recomienda una modificación legal para evitar que la suspensión de plazos para la interposición de recursos pueda bloquear la licitación de servicios esenciales
Informe JCCPE 7 Abr. 2020
Diario La Ley, Nº 9631, Sección Plan de Choque de la Justicia / Documentos, 13 de Mayo de 2020, Wolters Kluwer
LA LEY 3597/2020
Informe de 7 de abril de 2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (LA LEY 322/2020)
En la actual situación de Estado de Alarma motivado por el COVID-19 extender el plazo para interponer el recurso hasta la finalización del estado de alarma, tendría el efecto de que respecto a aquellos contratos en que el legislador ha querido excepcionar la regla general de la suspensión de los procedimientos de las entidades del sector público, se podrían ver paralizados por la interposición de un eventual recurso contra el acto de adjudicación, que tiene efectos suspensivos por ministerio de la ley, impidiéndose así la formalización y ejecución del contrato.
Así, y aunque a priori pudiera afirmarse que una interpretación racional de la D.A. 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), por el que se declara el estado de alarma lleva a una exención de la suspensión de los procedimientos referentes a los contratos públicos, - indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios-, las previsiones del Real Decreto-ley 11/2020 (LA LEY 4471/2020), de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 en cuanto disponen que el cómputo del plazo para recurrir sólo podría iniciarse una vez finalizado el estado de alarma, suponen privar de eficacia a los contratos susceptibles de recurso especial; dicho de otro modo, el RDL 11/2020 (LA LEY 4471/2020) aboca a no poder terminar la tramitación de los procedimientos de selección del contratista hasta que haya transcurrido el periodo en que la ejecución de dichos contratos es más necesaria, esto es, durante la vigencia del propio estado de alarma.
Por ello se considera conveniente una modificación legal para este tipo de procedimientos con el fin de que los órganos competentes para resolver el recurso especial dispongan de una habilitación legal clara y expresa para tramitar aquellos recursos correspondientes a procedimientos en los que previamente el órgano de contratación haya acordado motivadamente la no aplicación de la regla general de suspensión del procedimiento.
No obstante, sugiere el Informe que el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo (LA LEY 3234/2020), por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 establece que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, y en la medida en que el artículo 44.4 de la LCSP (LA LEY 17734/2017) señala expresamente que no se dará recurso especial en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia, el estado de alarma permite encuadrar las licitaciones en el trámite de urgencia y como tales quedarían exceptuadas de la posibilidad de interponer recurso especial contra ellas.