Almudena Vigil.- España cuenta con un total de 12 jueces y 291 abogados por cada 100.000 habitantes. Así lo contempla el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE correspondiente a 2016, hecho público por la Comisión Europea esta semana. Los datos que se reflejan en el informe corresponden a 2014.
Según muestra el estudio, el dato de 12 jueces por cada 100.000 habitantes sitúa a nuestro país como a la cola de Europa, si bien hay países de nuestro entorno con ratios más bajos como Italia (11), Chipre (11), Francia (10), Malta (9,5), o Irlanda (3,5). En la parte más alta de la tabla se encuentra, con más de 40 jueces por cada 100.000 habitantes se encuentran Eslovenia, Croacia y Luxemburgo.
En cuanto al número de abogados, la cifra se dispara, siendo España el sexto país de la Unión Europea con mayor número de abogados por cada 100.000 habitantes, con un total de 291. La cifra más alta de letrados se encuentra en Grecia, con 388, seguida de Luxemburgo (387), Italia (368), Chipre (363) y Malta (346). En este sentido, resulta curiosa la coincidencia de que algunos de los países que antes aparecían como los que menos jueces tenían por habitante, sean los mismos que reflejan las cifras más elevadas de letrados.
Por otro lado, en el apartado sobre la duración de los procedimientos, España sigue situándose en la parte alta de la tabla, con una media de 242 días en resolver un asunto en primera instancia. En la jurisdicción civil son 318 días de media y 361 en lo contencioso-administrativo. El informe también incluye casos concretos como el tiempo que se tarda en resolver una insolvencia en España: un año y medio. Esta cifra es buena en comparación con países como Francia o Italia, donde se tarda cerca de dos años.
El Cuadro de Indicadores también muestra otros datos interesantes como que el Gobierno de España destina un 0,4% de su PIB a los tribunales de Justicia.
Independencia judicial
Uno de los puntos débiles del estudio, en lo que afecta a España, es la imagen de la Justicia por parte de ciudadanos y empresas. España es el quinto país de la Unión Europea donde sus ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de su sistema judicial, con el 56% que valora al sistema en este apartado con la calificación de "malo o muy malo".
Sólo los ciudadanos de Eslovaquia, Bulgaria, Croacia, Italia y Eslovenia creen que sus tribunales y jueces son todavía menos independientes que los españoles. En cuanto a las razones que consideran que motiva esta falta de independencia de la Justicia, el 41% de los españoles destaca como principal motivo la presión de los Gobiernos o políticos, el 38% lo achaca a las presiones económicas o de otros intereses específicos y el 28% a la falta de independencia necesaria por parte de los propios jueces.
Peor es la percepción que tienen las empresas sobre la independencia de los tribunales en España. El estudio muestra que el 64% puntúa la independencia judicial como mala o muy mala.
Balance general
El Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE arroja toda una serie de datos que permiten hacer un análisis comparado sobre el funcionamiento, la eficiencia, calidad e independencia de la Justicia en los diferentes países de la Unión.
Entre las principales conclusiones generales del informe de 2016 destaca la menor duración de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos. En este terreno, si bien existe una estabilidad general en los asuntos pendientes, pueden observarse mejoras en varios Estados miembros que afrontaban retos particulares debido al elevado número de asuntos pendientes que registraban.
También se ha mejorado la accesibilidad de los sistemas de Justicia, en especial en asuntos como la presentación electrónica de demandas de escasa cuantía o la promoción de modalidades alternativas de solución de conflictos. Si bien sigue habiendo margen de mejora para la disponibilidad online de las resoluciones judiciales o la comunicación electrónica entre tribunales y partes. Según la Comisión, siguen siendo necesarios esfuerzos suplementarios para mejorar la formación en competencias judiciales y el uso de tecnologías informáticas en los sistemas de gestión de asuntos.
El estudio también pone sobre la mesa cuestiones como que menos de la mitad de los Estados miembros tiene normas sobre medidas para reducir los atrasos existentes y aún menos determinan la antigüedad máxima que deben tener los casos pendientes.
Respecto a la imagen de la independencia judicial, para los Estados miembros en que dicha imagen es muy negativa, las motivos más importantes incluyen injerencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos, así como de intereses económicos u otros intereses específicos.