Mercedes Rey.
Hoy está convocada una huelga por parte de los jueces y fiscales de todas las asociaciones. Los motivos que les han llevado a hacer esta convocatoria se explican en esta entrevista que nos ha concedido el magistrado Manuel Almenar, en su calidad de miembro del comité de huelga. Esos motivos abarcan, desde los estrictamente económicos y profesionales, a los organizativos, pero también se plantean medidas de apoyo a la independencia judicial, como las referidas a política de nombramientos, elección de los vocales del CGPJ, etc. Todas ellas formaban la propuesta conjunta para la mejora de la Justicia que fue presentada en las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y el Senado, así como al Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial hace un año.
En definitiva, se trata de un amplio abanico de peticiones que constituyen las reivindicaciones de los responsables de impartir Justicia. Constituye su propuesta para la mejora de la Justicia, que esperan que culmine en una negociación del Pacto por la Justicia. El Ministerio tiene la palabra.
¿Cómo explica a los ciudadanos esta huelga de jueces?
La Justicia ha sido tradicionalmente la gran olvidada, a pesar de ser el fundamento del Estado de Derecho y la última garantía de los ciudadanos. En mayo de 2017, las Asociaciones Judiciales elaboramos una propuesta conjunta con 14 medidas que estimamos indispensables para la mejora de la Justicia y las presentamos en las Comisiones de justicia del Congreso de los Diputados y el Senado, así como al Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial.
La Justicia debe ser una prioridad a construir entre todos, por encima de intereses partidistas y ajena de los vaivenes políticos. De ahí que instemos un Pacto de Estado que, desde el consenso, permita lograr esa Justicia más ágil, más eficaz y de mayor calidad a la que aspiramos todos.
Ante el silencio de las instituciones, nos hemos visto obligados a adoptar una serie de movilizaciones que culminan con la huelga y con las que queremos instar a los responsables para que se apueste de verdad por la Justicia en beneficio de la ciudadanía.
¿Cuáles son sus reclamaciones en materia retributiva?
Las peticiones en esta materia constituyen una más de las 14 propuestas presentadas y se dirigen a la recuperación del poder adquisitivo perdido a raíz de la reducción operada en 2010 y las congelaciones salariales de los años posteriores, así como a la adaptación de los grupos de población a la realidad actual, el pago digno de las guardias y el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de retribución variable, con especial hincapié en la precaria situación de los jueces más jóvenes, con ingresos que en ocasiones no les permiten ni hacer frente al alquiler de una vivienda en las localidades donde deben ejercer su función.
¿Cuáles son sus peticiones en cuestiones de permisos, vacaciones y medidas de conciliación?
Con el argumento de la crisis económica, se restringieron las condiciones profesionales en el ámbito de la Administración del Estado. Sin embargo, a lo largo de 2015 y 2016, se recuperaron en todos los ámbitos a excepción de las carreras judicial y fiscal. Se trata, simplemente, de recuperar las condiciones profesionales sacrificadas en el aquel momento y de poder disfrutar de los avances que en materia de igualdad y conciliación, maternidad, paternidad…, ya se han producido para los empleados públicos.
¿Qué carga máxima de trabajo consideran adecuada?
La que posibilite desempeñar nuestra función en las condiciones que permitan dedicar a cada asunto la atención y dedicación necesarias para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
En España tenemos una tasa de litigiosidad de 126 asuntos por cada 1000 habitantes, mientras que en otros países es sustancialmente inferior (80 en Alemania y 100 en Italia). En cuanto a la ratio de jueces es de 12,6/100.000 habitantes, frente a la media de la Unión Europea, en torno a 20/100.000 habitantes. Sobra mayor comentario.
Según el CGPJ, 730 órganos presentan una carga de trabajo superior al 150%. Algunos de ellos exceden del 400%. De la misma manera que no quisiera ser el paciente sometido a la décima intervención quirúrgica consecutiva de un cirujano, porque cabe pesar que ya no está al 100% por más que se esfuerce, lo mismo sucede con el juez.
¿Qué reformas necesita la Administración de Justicia para ser eficaz?
La Justicia en España funciona, gracias al esfuerzo de todos, comenzando por jueces y fiscales, que desarrollan su labor de forma independiente y sujetos exclusivamente a la ley. Pero no es suficiente y por eso se han propuesto una serie de medidas en torno a tres ejes:
1. Para reforzar la independencia judicial:
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• En lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial, recuperación del régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación vigente hasta 2013 y un sistema de elección directa de los 12 vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.
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• Un régimen de amparo efectivo por parte del CGPJ frente a cualquier ataque que afecte a la independencia del juez.
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• Retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.
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• Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada.
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• Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
2. Para modernizar la Administración de Justicia: calidad y eficacia:
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• Un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado -entre otros aspectos a:
- Incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años;
- Modernizar los edificios judiciales y fiscalías;
- Un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo.
- Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales…)
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• Racionalización de la planta judicial:
- Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, y garantizando el acceso a la justicia de todas las personas.
- Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad.
- Evitar la precarización judicial y fiscal, con eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas., respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas, con supresión de la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.
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• Revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía para adoptar la oportuna decisión.
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• Compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.
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• Dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.
3. Para mejorar las condiciones profesionales:
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• Convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
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• Impulso inmediato de la modificación de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere.
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• Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre (LA LEY 22076/2012), así como el permiso de paternidad.
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• Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.
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• Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.
¿Qué jurisdicción padece más los problemas de medios y organización?
Las carencias afectan al conjunto de la Administración de Justicia, pero se ceban fundamentalmente en la primera instancia (civil, mercantil, social y juzgados mixtos).
¿Qué plantean respecto al nombramiento de los vocales del CGPJ?
La vuelta al sistema de elección directa de los Vocales de origen judicial por los propios jueces, con las fórmulas que se estimen adecuadas para garantizar la igualdad de género y la pluralidad de la Carrera Judicial, que no es sino reflejo de la propia sociedad.
¿Cómo funciona Lexnet?
La idea de un sistema único de comunicaciones es plausible, pero su implantación y resultado es desigual en los distintos territorios de nuestro país. Y lo mismo cabe decir de los programas de gestión procesal, incompatibles entre sí y cuya efectividad queda mermada por falta de un órgano con competencias de coordinación de todo el sistema. Es preciso crear un ámbito de trabajo que, partiendo de la idea de que las tecnologías están al servicio de la función jurisdiccional en beneficio de los ciudadanos, permita diseñar un sistema con participación de todos los implicados, empezando por jueces y fiscales, en tanto que dirigido a facilitar su labor y, al propio tiempo, acercar la Justicia al ciudadano.
¿Qué expectativas de seguimiento de la huelga tienen?
La huelga va a tener un seguimiento importante porque expresa el malestar de la Carrera Judicial por el secular abandono que padece nuestra Justicia y la necesidad imperiosa de invertir recursos si de verdad creemos que la Justicia debe ser una prioridad.
¿Qué pasará con los juicios y suspensiones de actividades que tengan lugar con motivo de la huelga?
Se trata de intentar que no se ocasionen al justiciable y a los profesionales otros perjuicios que los estrictamente derivados del hecho de la suspensión de la diligencia o juicio. Como criterio general, todo lo suspendido, además, deberá ser señalado lo antes posible.
Para concluir quisiera hacer dos apuntes:
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• Primero, nuestros jueces y fiscales, que lo son por méritos propios, tras haber superado unas pruebas objetivas muy duras, trabajan cada día por una justicia mejor. Confiemos en ellos.
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• Segundo, es el momento de la Justicia. Y estoy seguro de que los responsables políticos estarán a la altura del reto que se plantea a la sociedad española y tras la huelga se abrirá un proceso de negociación con altura de miras que culmine en ese Pacto por la Justicia que es la base y futuro de nuestra democracia y que se traduzca en la mejora del servicio público.