El objeto y finalidad de este proyecto de ley es suprimir el requisito de la cuantía, admitiendo la presentación de los recursos de casación siempre que los mismos presenten interés casacional y, en general, simplificar el interés casacional, de forma que siempre que no exista jurisprudencia sobre la cuestión, o las Audiencias Provinciales tengan resoluciones contrapuestas, se pueda acudir al Tribunal Superior de Justicia.
A estos efectos, el CGPJ llama a la reflexión del prelegislador vasco sobre el potencial efecto contradictorio que puede tener la eliminación radical del cauce de la cuantía en relación con la confesa voluntad de «dotar al Derecho civil vasco de un acervo suficiente de pronunciamientos judiciales a nivel del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que permitan realizar plenamente la función unificadora de la doctrina que a dicho Tribunal se le encomienda» desde la perspectiva de la enervación, que dicha eliminación comporta, de la virtualidad del criterio jurisprudencial que postula la admisibilidad de los recursos de casación cuando se cumplan, en relación a los mismos, los presupuestos exigibles para superar la fase de admisión –por el cauce de la cuantía- y en cambio no sea posible apreciar la concurrencia del interés casacional.
Asimismo, en sus conclusiones declara que las disposiciones de la LEC son operativas sin necesidad de que la norma autonómica reafirme su aplicación al caso, máxime cuando, las previsiones que contiene al respecto no surge de la necesidad de esclarecer o hacer inteligible el texto de los preceptos, introduciendo además una suerte de supletoriedad que no es conciliable con el modelo de distribución de competencias que se deriva del artículo 149.1.61 CE (LA LEY 2500/1978), por lo que resultaría igualmente aconsejable su supresión o, al menos, su reformulación.
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