Ana M. Gómez Megías.- La creación de una jurisdicción especializada en materia de derecho de familia dentro del orden civil lleva décadas siendo reivindicación principal de los profesionales de esta rama del derecho. Personal profesionalizado y tribunales dotados con todos los equipos técnicos necesarios se consideran imprescindibles para dar una respuesta adecuada a los problemas que derivan de los conflictos de familia.
Desde el punto de vista normativo, hace apenas un año, el Anteproyecto de Ley de Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, contemplaba por primera vez la creación de esta jurisdicción, al establecer un mandato al Gobierno para la presentación de una ley orgánica de reforma de la LOPJ por la que "se configure, dentro del orden jurisdiccional civil, la jurisdicción especializada de Infancia, Familia y Capacidad, regulando asimismo las pruebas selectivas de especialización de Jueces y Magistrados en ese orden".
A los profesionales y asociaciones que vienen desde hace años pidiendo esta especialización, entre ellos de manera muy especial la Asociación Española de Abogado de Familia (AEAFA), se une un nuevo agente, la Plataforma Familia Y Derecho, asociación sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinar, que nace con dos principales señas de identidad: la implantación de la especialización de los juzgados de familia en todo el territorio nacional, y la multidisciplinariedad.
Hemos hablado con su Presidente, D. Xavier Abel y Vicepresidenta, Dña. Paloma Abad, que nos han contado cómo nace la Plataforma y qué actividades va a desarrollar para alcanzar el fin de la especialización.
1. ¿Qué es la Plataforma Familia y Derecho?
Xavier Abel: Es asociación civil de profesionales interdisciplinar, que busca que todos los procedimientos de familia sean tramitados por personas que estén realmente especializados en las familias, y que sean conscientes de la trascendencia que tienen este tipo de procedimientos.
La nota que nos caracteriza es la unión de profesionales, ya que están trabajando unidos, con todo entusiasmo, psicólogos y trabajadores sociales, magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, abogados, fiscales, mediadores, académicos … todos buscando encontrar la mejor solución a los problemas que existen actualmente en la tramitación de estos procedimientos en todo el territorio nacional.
2. ¿Cómo surge la idea de crear esta Plataforma?
Paloma Abad: La idea nace en Madrid, fruto del trabajo de un grupo de profesionales jurídicos, especializados en familia, que padecen la disparidad de criterios y la diferencia abismal de medios que existe entre unos juzgados y otros a la hora de resolver los conflictos familiares. Han cogido el testigo del Anteproyecto de LO de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que en su disposición final duodécima prevé la creación de una jurisdicción especializada de Infancia, Familia y Capacidad, y ha iniciado una movilización para su implantación, y que gracias a ello, la igualdad de normas y de medios llegue a todos los ciudadanos, poniendo toda su voluntad y esfuerzo personal y social. Pensamos que sumaríamos fuerzas si extendíamos el debate y el trabajo a realizar a otros profesionales que igualmente intervienen en derecho de familia, como psicólogos, trabajadores sociales, letrados de la administración de justicia, fiscales o mediadores, que tienen igual peso que los abogados en los procesos de familia, que somos, junto a los magistrados, los que tradicionalmente hemos reivindicado la especialización. Pensamos en un gran equipo interdisciplinar. A todos ellos les vamos a dar voz y con ellos estamos contando en los diversos grupos de trabajo que ya hemos formado para conseguir nuestro objetivo.
3. ¿La jurisdicción de familia es una reivindicación clásica de los profesionales del derecho de familia, ¿por qué ahora?
X.A.: Porque cada vez hay más consciencia que los problemas que afectan a la infancia, la capacidad y las familias en el derecho debe efectuarse desde una perspectiva interdisciplinar que implique a todos los que trabajan en ese ámbito.
Esta perspectiva interdisciplinar nos permitirá una visión más global e integral de la problemática y de ahí que se pueda comprobar que en el listado de socios fundadores figuran abogados, magistrados, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, fiscales y académicos.
Por ponerlo con un ejemplo de «práctica forense» en los juzgados: para admitir una audiencia de un menor «con madurez suficiente» (art. 770.4 LEC (LA LEY 58/2000)), y a la que como magistrado me enfrento cada vez con mayor frecuencia, es preciso un diálogo entre juristas, académicos y psicólogos sobre el concepto de madurez psicosocial.
4. ¿Qué ha hecho que la petición se institucionalice y profesionales de toda España se unan para pedir su creación?
P.A: Es tan clara la necesidad social de contar con medios iguales y especializados para todos los justiciables, que de inmediato se han sumado representantes de todos los estamentos, sin importar creencias o ideología política; la adhesión ha sido mayoritaria, porque los resultados que provocan las diferencias existentes afectan gravemente a nuestra sociedad. Esta situación ha conducido a la alianza de todos los sectores.
5. ¿Cuál es el panorama actual de los procesos de familia?
P.A.: El panorama es muy delicado. Los juzgados de familia no llegan a 150 en todo el territorio nacional. Y ello conduce a una situación de gran desgualdad. Existen ciudades con juzgados y medios especializados, y otras, incluso muy próximas, que no disponen de ningún operador especializado, a pesar del volumen de procesos enmarcados en la jurisdicción de familia.
Esta situación, junto con el exceso de trabajo en sede judicial, conduce a un cuello de botella para la resolución de los conflictos. Y si además unimos la falta de especialización de los operadores jurídicos en la materia, llegamos a soluciones tan divergentes y a veces trágicas, que no solo se perpetúa el conflicto, sino que conducen a un «semillero» de pleitos, que a su vez incrementa el ya de por si exceso de trabajo judicial.
6. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta situación, tanto a nivel de duración de los procesos como a nivel personal?
X.A. y P.A.: Por mi edad y especialización en materia de derecho de familia desde 1980, he podido ir viendo el desarrollo y actualización de las diferentes normas que han regulado la separación y el divorcio en nuestro país.
Es verdad que según se han ido modificando las normas jurídicas, a lo largo de estos años, han ido implantándose servicios y medios nuevos en los procesos de familia (psicosociales, mediación, coordinador de parentalidad, etc…), pero ni en todos los juzgados, ni en todas las sedes judiciales, ni conforme a las necesidades reales. Todas ellas, según se disponen en favor de algunas sedes, quedan colapsadas en el mismo instante de su implantación, pues sus servicios se implementan tras graves necesidades sociales, es decir, palían el problema, pero no lo resuelven, siendo su consecuencia la deficiencia y desigualdad. Se dispone su trabajo donde ya hay largas listas de espera, de modo que debe elegirse entre todas las personas que precisan el servicio, quién puede utilizarlo y quién no. No hay igualdad, no todas las sedes judiciales disponen de todos los medios, ni disponen de recursos suficientes.
Todo ello deriva en retrasos en la resolución del conflicto, y no olvidemos que una justicia tardía no es justicia. Hay juzgados que tardan más de dos años en dictar una sentencia de divorcio (porque, por ejemplo, se precisa un informe psicológico que por la escasez de medios tarda mas de dos años en emitirse), lo que supone una situación angustiosa para toda la familia, que, recordemos, si acude a un Juzgado es ante la imposibilidad de resolver amistosamente el conflicto. Incluso este retraso se puede utilizar en ocasiones como medio para conseguir otros fines: el colapso económico de la otra parte, la imposición de medidas y efectos, confusión entre la realidad presente al momento del juicio y la del momento de la ruptura, etc…
7. ¿Y cuál es la situación en otros países?
P.A.: Hay grandes diferencias entre los países del mundo en cuanto a su regulación. Como miembro de la AEAFA y de la Asociación AIJUDEFA, he podido conocer de cerca la situación en otros países, sus dificultades y sus aciertos, y todos aprendemos de los demás para mejorar.
Hay países como Uruguay, México o Chile que tiene especializados los Juzgados de Familia en primera y segunda instancia.
La base de sociedad mundial ha cambiado, la familia no tiene la misma estructura que en los siglos XVIII ó XIX, o incluso XX, requiriendo por ello soluciones distintas a las de antaño.
8. Respecto de la situación que nos describen, ¿cuáles son las peticiones de la Plataforma?
X.A.: Las peticiones de la plataforma se sitúan en los siguientes ámbitos:
- a) Reivindicar la especialización, en el orden jurisdiccional civil, de las materias relativas a la infancia, la capacidad y las familias en el derecho para ofrecer una respuesta jurídico-social de calidad en este ámbito.
- b) Efectuar propuestas de reformas orgánicas, legislativas y de mapa judicial para conseguir el anterior objetivo. Así, por ejemplo, y en el plano legislativo —de Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)— carece de sentido que a la audiencia del niño, niño y adolescente se dedique apenas un artículo (art. 770.4 LEC (LA LEY 58/2000)) y que no se incorporen las buenas prácticas profesionales existentes en Códigos diversos, o que no tenga una regulación específica el llamado dictamen de especialistas (art. 92.9 CC (LA LEY 1/1889)), por citar tan solo dos ejemplos.
- c) Contribuir a la formación de todos los operadores jurídicos en las materias descritas desde una perspectiva interdisciplinar en el análisis, diagnóstico, abordaje y solución de los problemas.
Me gustaría insistir, en este extremo, la Plataforma no solo tiene una finalidad reivindicativa, sino que, además, pretende ofrecer y proponer propuestas, viables y factibles, de reformas, así como contribuir a la formación de los operadores jurídicos.
- d) Impulsar el diálogo interdisciplinar, palabra tan frecuentemente invocada como huérfana de iniciativas concretas, desde el convencimiento que los problemas que afectan a la infancia, la capacidad y las familias en el derecho solo se abordarán adecuadamente desde esta perspectiva interdisciplinar que exige aprender a escuchar las razones y puntos de vista del otro.
Por decirlo con palabras del poeta Antonio Machado, en Proverbios y cantares:
«¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela».
- e) Situar la infancia, la capacidad y las familias en el derecho en la agenda europea 2020-2030 y acostumbrarnos a trabajar con perspectiva de futuro, pues tantas veces lo urgente nos impide ver lo importante, y detectar los desafíos —por citar algunos ejemplos la protección jurisdiccional de los menores en situación de desamparo o la sustracción internacional de menores; la situación de vulnerabilidad y dependencia en que se encuentran personas mayores de edad fruto del alargamiento de la edad de vida, las nuevas estructuras familiares y las relaciones de filiación—. Una vez detectados los desafíos urge efectuar propuestas de formación de todos los operadores jurídicos y demandar de los poderes e instituciones públicas respuestas acordes con el alcance de tales desafíos.
- f) Promover iniciativas que atestigüen cómo una justicia de Familia, especializada y ágil, es preventiva de situaciones de violencia de género, además de fomentar la igualdad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y garantizar el interés superior del menor en cada momento (artículo 5, apartado 4º de nuestros estatutos).
9. En pocos meses desde que se inician los trabajos para su creación, la Plataforma ha conseguido un apoyo masivo en todo el territorio nacional. Como vienen señalándonos, el rasgo definitorio de la Plataforma es la interdisciplinariedad. ¿Cuántos colectivos la integran?
P.A.: Gracias por hacerme esta pregunta, porque es muy importante que se conozca que dentro de la Plataforma hay todo tipo de profesionales (y también particulares) que se han unido y la apoyan: magistrados, psicólogos, trabajadores sociales, catedráticos y profesores, fiscales, letrados de administración de justicia, mediadores, pediatras sociales, notarios, alumnos, abogados, expertos en competencias transversales, etc…. Porque el problema es de todos y la solución a esta reivindicación de la especialización solo puede alcanzarse entre todos. Cada socio cuenta, y todos son necesarios con independencia de su posición laboral, profesional, especialidad. A día de hoy ya somos casi 400 socios, y día a día recibimos más apoyos y nos siguen más profesionales y ciudadanos. La inscripción es gratuita, está abierta en nuestra web: www.plataformafamiliayderecho.org e invitamos a todos los profesionales sensibilizados con nuestro objetivo a que se unan a nuestro proyecto para que juntos podamos conseguirlo.
10. ¿Qué actividades va a desarrollar y cómo va a organizar la Plataforma su actuación para conseguir los objetivos que persigue?
X.A. y P.A.: Estamos empezando, pero las actividades de nuestra agenda más próxima serán las siguientes:
- a) Darnos a conocer a todos las instituciones jurídicas. En este sentido, el pasado 20 de enero la Junta Directiva de la Plataforma fue recibida por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y en breve, iremos contactando, con representantes de las asociaciones judiciales y de colectivos profesionales.
- b) Organizar jornadas de trabajo para elaborar un informe sobre reformas orgánicas, legislativas y de mapa judicial. Ya hemos celebrado una jornada de trabajo en el ICAB el pasado 24 de enero de 2020, con una implicación extraordinaria del Colegio de Abogado de Barcelona y su Junta Directiva, y el mes de marzo próximo celebraremos otra en el ICAM, también con gran implicación de su Junta Directiva, con una visión multidisciplinar y con el objetivo final de efectuar y concretar propuestas de reforma de lege ferenda.
- c) Organizar un acto de presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, el próximo 20 de marzo de 2020, de carácter interdisciplinar, y con la voluntad de evidenciar que la Plataforma persigue su implantación y el desarrollo de su actividad en todo el territorio nacional.
11. ¿Piensan que nuestro sistema está preparado para asumir este cambio?
X.A.: Creo que nuestros justiciables demandan la necesidad de esta especialidad en las materias de infancia, capacidad y las familias en el derecho y es nuestro objetivo, como he explicado, efectuar propuestas, concretas y viables, partiendo del mapa judicial actual.
12. ¿Qué plazos se plantean para alcanzar el objetivo?
P.A.: Queremos que sean lo más cortos posibles, y por ello estamos trabajando con todas nuestras fuerzas. Cada vez son más las personas las que se unen, todas dispuestas a luchar por ello.
Es nuestro deseo que como máximo en dos años tengamos un plan viable para su implantación en toda España.
Es necesario también implementar una formación continua para todos los que intervengamos, la actualización es clave para mejorar el sistema, nuestra sociedad y beneficiarnos de la especialización.
13. Hasta ahora, la petición de esta especialización no ha obtenido respuesta. ¿Cuáles piensan que van a ser los principales obstáculos a los que tendrán que enfrentarse?
X.A.: Somos conscientes que perseguimos un cambio de magnitud y que, como tal cambio, siempre irá acompañado de resistencias y obstáculos —unas veces económicos, otras de los propios colectivos implicados—, pero nos anima constatar que nuestros objetivos van alineados con los de los sistemas judiciales más avanzados de nuestro entorno y que ofrecen una respuesta jurídico-social más ágil y más eficiente. Todos los profesionales que integran la Plataforma están altamente cualificados y preparados para trabajar en nuestro proyecto y estamos convencidos que conseguiremos nuestro objetivo.