Carlos B Fernández. Como era de esperar, la promulgación el pasado 28 de abril, del Real Decreto ley 16/2020 (LA LEY 5843/2020), de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica. En particular por lo dispuesto en su artículo 19, que incluye la previsión de que siempre “que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”, “los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática”.
Y no es extraño, ya que la norma introduce la posibilidad de un cambio sustancial en la forma y en el fondo de un sistema de celebración de juicios que venía permaneciendo inmutable, en lo esencial, al menos desde finales del siglo XIX, cuando se publicaron las primeras grandes normas procesales modernas.
Un nuevo escenario en el que la solemnidad espacial y ritual de una sede judicial se traslada al marco de una pantalla de televisión, con los condicionantes que imponen los sistemas tecnológicos en que se apoyan.
Un cambio que, como cualquiera de esta naturaleza, encontró desde el principio importantes partidarios y preocupados adversarios.
Primeras opiniones ante la novedad
Entre los primeros destaca el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, quien desde el Diario La Ley saludó esta posibilidad como “una absoluta innovación en la justicia” cuyo alcance no habría que limitar a la actual situación. “Es preciso, planteó, aprovechar la situación planteada por el estado de alarma para introducir de forma definitiva la utilización de medios telemáticos en la Justicia”, al igual que ya se hace en otras administraciones públicas como la tributaria. “La apuesta por los medios telemáticos, como el uso de la videoconferencia, la firma electrónica y los actos telemáticos, se ha demostrado altamente eficaz durante el estado de alarma, añadía, por lo que sería preciso que este artículo 19 se prolongara una vez se alce el Estado alarma y se prorrogue más allá de los tres meses que prevé el precepto, para que se haga de forma permanente el uso de medios telemáticos”.
Menos partidaria se mostró Natalia Velilla, magistrada asignada a la Audiencia Provincial de Madrid, quien, tanto en un webminar organizado por Legal Hackers Madrid el 6 de mayo (“La tecnología al auxilio de la justicia”), como en la página web “Hay Derecho”, expresó su opinión de que “el RDLey 16/2020 (LA LEY 5843/2020) es una acción de maquillaje” que, al carecer de inversión económica, impide aplicar las medidas previstas. A este respecto puso el ejemplo de la Comunidad de Madrid donde, según explicó “no se cuenta con expediente digital y los juzgados no disponen de medios para celebrar los juicios telemáticos, muchos juzgados no disponen de Wi-Fi y todavía trabajan con Windows 95. Además, solo jueces, secretarios judiciales y fiscales tienen acceso a una VPN, pero no los tramitadores y gestores procesales, sin los cuales los juzgados no pueden trabajar”. Y aunque admite que se puedan llevar a cabo aquellos actos en los que baste con la presencia del letrado o aquellos en los que la única prueba sea la documental, expresó su preocupación de que la carencia de entornos de comunicación seguros y de mecanismos de certificación, podría dar lugar a una falta de garantías que determinase que muchos procedimientos incurran en causa de nulidad.
Pasado esa reacción inicial, tras la publicación por el Consejo General del Poder Judicial de su guía sobre actuaciones telemáticas y después de conocer la visión de los abogados, hemos preguntado a un grupo de magistrados que ya han celebrado este tipo de vistas, por sus experiencias y opiniones al respecto. También hemos recogido opiniones de otros jueces que aun no lo han hecho, pero que ya han tenido ocasión de conocer lo que sus colegas están haciendo.
Los efectos de la paralización de los tribunales durante el estado de alarma y el previsible aluvión de nuevos casos que se producirá como consecuencia de la crisis, hacer prever una gran carga de trabajo de los órganos judiciales. Por ello es destacable la preocupación que todos los magistrados consultados muestran tanto por agilización de la actuación de la Justicia, como por la protección de los derechos y garantías de los justiciables. Pese a las diferentes posturas identificadas, resulta llamativa la práctica unanimidad sobre el tipo de procedimientos que deberían y que no deberían ser sometidos a este tipo de actuaciones.
Resiliencia de la Justicia frente a situaciones excepcionales
Javier Ercilla, magistrado del juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas, ha celebrado ya varias vistas virtuales. En su opinión, estas responden a tres finalidades muy relevantes: en primer lugar, permiten la resiliencia del sistema de Justicia. Algo muy importante teniendo en cuenta que, dejando aparte los asuntos con urgentes o con detenido atendidos por los Juzgados de Guardia, durante el confinamiento, el 95% de la labor jurisdiccional ha quedado paralizada, lo que significa que casi un millón de asuntos durante dos meses de estado de alarma.
Una opinión con la que coincide Eduardo Pastor, Magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Valencia, quien, pese a no haber tenido aun oportunidad de convocar y celebrar vistas a través de internet, las considera “un remedio adecuado en una situación tan excepcional como la actual”, en la que “solo los medios telemáticos permitirán recuperar la actividad judicial”, por eso indica que “deberían adoptarse medidas para que la celebración de vistas telemáticas sea una realidad, para afrontar con calma y pausa un posterior proceso de legislación y regulación que permita delimitar bien dónde y cómo pueden utilizarse estas modalidades de celebración de vistas, cuando esta situación pase”.
Ercilla añade que la segunda finalidad o aportación que hacen los juicios telemáticos es facilitar la celebración de juicios entre partes cuyos representantes pueden encontrarse a grandes distancias. En definitiva, la deslocalización de los Juicios y de las direcciones letradas. Algo muy relevante en los territorios insulares, en los que resulta habitual contar con abogados que deben desplazarse desde la península. La celebración de juicios telemáticos facilita la personación desde diferentes lugares de España, ahorrando costes y tiempos de desplazamiento.
Y su tercera finalidad sería la deslocalización de los juzgadores. En aquellos juicios telemáticos puros, en que no se haga necesaria la asistencia “presencial” de ninguna parte, testigo o perito, el Juez que haya de celebrarlo podría no estar en el partido judicial origen del pleito. Consecuentemente, "sería posible crear Comisiones de Servicios, para procedimientos exclusivamente telemáticos a las que podría acceder cualquier Juez o Magistrado de España, facilitando con eso la descongestión de algunos partidos judiciales o de juzgados en concreto. Para ello, se tiene que tratar de procedimientos concretos en los que no se requiera esa asistencia presencial (cuestiones jurídicas, sólo documental, cláusulas suelo etc…)".
La agilización de la Justicia como impulso de la actividad económica
Luis Acayro, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Santander, celebró la primera vista íntegramente virtual, tras la entrada en vigor del RDL 16/2020 (LA LEY 5843/2020) y, desde entonces, ha desplegado una intensa actividad de promoción de este tipo de actuaciones.
En su opinión, “el potencial que la tecnología puede aportar a la Administración de Justicia es impresionante”, porque “se van a agilizar muchísimos trámites y se van a reducir dilaciones indebidas, todo ello respetando todas las garantías procesales”.
Las consecuencias, en opinión de Acayro no son menores: “supone aumentar la productividad de todos los operadores jurídicos y, por extensión, de la actividad económica”, al permitir “un mayor aprovechamiento del tiempo y un ahorro en los costes de desplazamiento”. Por ello esper que “para septiembre se habrán podido celebrar decenas de miles de vistas telemáticas en toda España, con unas consecuencias económicas “de cientos de millones de euros”.
Y en un sentido muy similar se pronuncia Raquel Catalá, magistrada del Juzgado de lo CA núm. 1 de Elche (Alicante), quien el pasado 1 de junio, celebró en su juzgado ocho vistas en una mañana. Esta magistrada considera que los juicios virtuales permiten una rápida ofrecer una rápida respuesta al ciudadano, haciendo realidad su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; además, permiten un abaratamiento de costes económicos, tanto en la utilización de las sedes judiciales como por parte de los Letrados y Procuradores, a los que evita desplazamientos y aumentan la productividad de los profesionales implicados.
Y, no menos importante, añade Catalá, permite cumplir con las medidas sanitarias vigentes en este momento y con el art. 19 del RD 16/2020 y, en caso de un rebrote de la pandemia, no daría lugar a la paralización de la Administración de Justicia, ante un nuevo supuesto de pandemia. Un punto con el que también coincide Jaime Anta, decano de los juzgados de Santander y titular de su Juzgado de Primera Instancia, para quien las ventajas de los juicios virtuales “son claras en una situación de pandemia en la que, como todos sabemos, tenemos necesidad, y obligación, de acuerdo con la autoridad sanitaria, de distanciamiento social. Los juicios telemáticos disminuyen el riesgo de contagiar y contagiarse y facilitan el trabajo en los edificios judiciales donde, de nuevo a requerimiento de las autoridades sanitarias, se han visto reducidos los aforos”. Por tanto, desde este punto de vista ofrecen tienen dos ventajas: reducir el riesgo de contagio y facilitar el cumplimiento por parte de la Administración de Justicia de los requerimientos de la Autoridad sanitaria.
Una práctica aplicable a procedimientos muy concretos
Todos los magistrados contactados coinciden en que este tipo de vistas están reservadas para un tipo de asuntos. Como explica Raquel Catalá “el art. 230 LOPJ (LA LEY 1694/1985) dispone que, como regla general es aplicable en todas las actuaciones judiciales, salvo en aquellas que sean complejas y en los juicios penales donde sea necesaria la presencia física del acusado (delitos graves)”, pues, como añade Luis Acayro, “la complejidad de determinados asuntos, especialmente en el orden penal, desaconseja una aplicación generalizada. Nuestro sistema procesal es muy garantista y debe seguir siéndolo”.
Por ello, explica que “lo que se está impulsando es su aplicación a los procedimientos que reúnen características muy concretas, con gran sencillez procesal y en los que se respetan todas las garantías procesales”.
En opinión de Javier Ercilla “los juicios online son útiles para un tipo concreto de asuntos: aquellos en los que la prueba que precise de asistencia presencial sea nula o mínima”. Por tanto, entiende que su aplicación al ámbito penal está muy limitada, pues “al igual que no todos los pleitos civiles pueden llevarse a través del procedimiento de juicio verbal, no todas las actuaciones judiciales son susceptibles de celebración telemática”.
Más en concreto, Eduardo Pastor considera que, con carácter inmediato, este tipo de vistas deberían ser aplicables “a la celebración de audiencias previas y a la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la jurisdicción civil”, pero no más allá, pues “la celebración telemática de vistas compromete principios elementales como la publicidad de las actuaciones judiciales o la inmediación judicial en la valoración de la prueba”.
Y Jaime Anta añade que, en su opinión, solo resultan adecuados "a los señalamientos o actuaciones donde sólo están llamados los profesionales, sea porque son trámites que dan únicamente oportunidad a formalizar valoraciones jurídicas o donde la prueba a valorar es unicamente documental. Si tiene que comparecer un perito, testigo o parte creo que lo más adecuado es que el juicio sea presencial. Esto es particularmente cierto en el ámbito penal o social donde la inmediación es un principio esencial, determinante".
A todo ello, Luis Acayro añade una importante precisión: ese tipo de procedimientos “pueden representar más de la mitad de los asuntos actualmente en trámite en todos los Juzgados de España”, por tanto su agilización supondría un importante alivio para los tribunales pues, como indica Eduardo Pastor, “eso aliviaría la situación de los juzgados y permitiría preparar una agenda de señalamientos presenciales "normalizada" durante el próximo otoño”.
Una medida necesitada de mejoras legislativas y técnológicas
Los magistrados consultados consideran necesaria la introducción de una serie de medidas, tanto de orden procesal como técnico, que mejoren la práctica de estas vistas.
Así, Jaime Anta considera que la regulación sobre este tema “es muy escasa” y está limitada a la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011) y al nuevo artículo 19 del RDL 16/2020 (LA LEY 5843/2020). Por tanto, estima que “es precisa una regulación mucho más explícita que aclare todos los pasos que se han de dar y asegure los principios esenciales del proceso, la publicidad, la protección de los datos de carácter personal, la contradicción, el derecho de defensa, etc.” Además, entiende que “sería necesario asegurar un instrumento seguro, encriptado, con grabación centralizada en los administradores (para evitar que cualquier interviniente grabe) y tras una licitación pública único para todo el territorio nacional”.
Más en concreto, Raquel Catalá indica que “es necesaria una reforma legislativa para poder cumplir con el objetivo de la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011), a los efectos de definir en una norma con rango de Ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes sistemas utilizados por los distintos órganos judiciales (Skype, Cisco Webex Meetings, Zoom,…) para su grabación, depósito y copia en el sistema de gestión procesal único que realiza tales funciones , para cumplir con la exigencia de la Fe Pública del Letrado de la Administración de Justicia en las vistas telemáticas, pues es este sistema de gestión el que otorga tal garantía sin que nada quede de grabación de la vista telemática, ni en la nube, ni almacenamiento en el espacio, ni del Órgano Judicial, ni de ninguna de las partes, ni documentos que se presenten en el acto de la vista telemática”.
Javier Ercilla, por su parte, considera que “es necesario que se creen teleprocesos, esto es, procesos tipo cuyo ámbito de celebración sea el telemático, en el que la documental necesariamente haya de aportarse con anterioridad a la vista, y que por su propia naturaleza no necesiten de abundante prueba presencial”. En este sentido recuerda que “el segundo documento del Plan de Choque del CGPJ, prevé para Social un proceso novedoso y que rompe los esquemas previos de la Jurisdicción Social, los Teleprocesos COVID-19, en su propuesta 6.33 y 6.34. Se trata de procesos enteramente digitales, con celebración telemática”.
Por lo que se refiere a prueba testifical, Raquel Catalá cree que “se podría mejorar en cuanto a su práctica pero más que mejorar, diríamos configurar e implantarla dentro de una vista telemática”, algo que ya están estudiando "puesto que la aplicación lo permite".
Para el caso de las declaraciones de los peritos y las partes, Javier Ercilla estima que, si bien la guía elaborada por el CGPJ “señala que es preferible que acudan presencialmente, no aprecio objeción en su comparecencia telemática. En definitiva, el perito declara sobre una pericial, que el juez ya ha examinado y la parte declara sobre una posición procesal ya plasmada en su escrito de demanda o contestación”. El caso de los testigos es distinto, “estos sí considero que deben acudir presencialmente”.
En otro orden de materias, Luis Acayro y Raquel Catalá creen que “el siguiente paso debería ser la implementación de las agendas digitales en los juzgados. Ya lo hemos solicitado. De esta manera se complementaría el actual tablón de anuncios físico que existe actualmente y se ahorraría tiempo y desplazamientos innecesarios”.
Y en el ámbito de los medios necesarios para la implantación de estas vistas, Eduardo Pastor subraya que en comunidades como la valenciana, “los juzgados carecen de sus propios medios para celebrar vistas telemáticas. Esos medios (videocámaras y programas de grabación) únicamente se han instalado en espacios comunes, que tienen que ser utilizados por decenas de juzgados de manera atropellada, lo que convierte en ilusoria la posibilidad de recuperar el tiempo perdido”.
Por tanto, este magistrado propone que “cada unidad judicial debería contar con una instalación particular y adecuada del hardware y software necesarios para celebrar vistas telemáticas (por ejemplo, en los ordenadores puestos a disposición de los propios jueces)”.
En este contexto, Luis Acayro indica que “quizás lo más importante es que haya coordinación en las Administraciones para evitar asimetría entre las Comunidades Autónomas. Hay que evitar que se produzca una brecha tecnológica y para ello sería clave dar el protagonismo a los servicios informáticos para que hagan posible una implementación real y coordinada”.
¿Es suficiente la guía presentada recientemente por el CGPJ?
La opinión mayoritaria entre los magistrados con los que hemos hablado es que se trata de un instrumento orientativo, provisional y suficiente hasta que se disponga de una normativa más específica sobre este tipo de procesos.
Como sintetiza Javier Ercilla, “la Guía es un documento esencial para que los Juzgadores podamos saber cómo dirigirnos en la celebración de los Juicios. No es un documento inmutable, es una Guía de buenas prácticas ante un escenario nuevo e incierto. A día de hoy es suficiente y hasta prevé cosas que deberán implementarse en un futuro (una nube de almacenamiento seguro). Entiendo que la Guía se irá adaptando a las nuevas circunstancias que se vayan apreciando en la práctica jurídica”. Solo la experiencia pondrá en evidencia los aspectos necesitados de una regulación más minuciosa”, añade Eduardo Pastor.
¿Una medida a mantener después del estado de alarma?
Resulta llamativo que sobre este particular, las opiniones de los distintos jueces consultados se agrupen según hayan celebrado o no una vista virtual. Para los tres que ya lo han hecho, se trata claramente de una medida a mantener.
Así, Luis Acayro considera que “este tipo de vistas ya eran compatibles con la legislación vigente en la jurisdicción contencioso-administrativa antes incluso que la declaración del estado de alarma por lo que nada impide que continúen”; Raquel Catalá considera que “totalmente deberían mantenerse, pues es una nos permitirá avanzar en la resolución de asuntos de manera eficaz y con total garantías", y Javier Ercilla considera a este tipo de vistas “el futuro de la Administración de Justicia”, pues “aunque se limite a tipos concretos de procedimientos que reúnan unas determinadas características, este tipo de procedimientos son abundantes”, por lo que “la adopción de esta solución puede ayudar a aliviar la carga de trabajo (siempre que ello vaya unido a una mayor dotación de personal – más jueces)”.
Sin embargo, para los magistrados que aun no han tenido ocasión de celebrar una vista telemática, son partidarios de un alcance más limitado de esta medida. Así, Eduardo Pastor considera necesario mantenerlos “solo en supuestos justificados, en los que la celebración presencial de una vista resulte excesivamente onerosa (por ejemplo, comparecencias breves y sin contenido probatorio o con intervinientes procedentes de puntos lejanos de la geografía nacional)”. En su opinión, “la justicia es algo sacramental e inextricablemente humano a un mismo tiempo”, por ello, “la introducción de los medios telemáticos para la celebración de vistas quizá sea algo necesario en el contexto de un tráfico jurídico que cada vez es más global y complejo, pero es un cambio cultural demasiado profundo como para despacharlo en un par de semanas”.
Finalmente, Jaime Anta se declara partidario de mantenerlas “para actuaciones internas (deliberaciones, órganos colegiados, órganos gubernativos) y para actuaciones externas en las que sólo están llamados profesionales o donde exista certeza de que la prueba a valorar será únicamente documental".
Como vemos, el debate está abierto. Pero, mientras tanto, un número creciente de tribunales sigue señalando y celebrando vistas telemáticas, con los medios disponibles, sin que hasta ahora se hayan detectado incidencias o irregulares. En ellas, los jueces siguen velando por la tutela de los derechos y garantías de las partes en su papel de garantes de la tutela judicial efectiva de todos los justiciables. Dentro de los límites y cautelas que se han apuntado, esta modalidad procedimental para llamada a cobrar presencia activa en nuestro ordenamiento, principalmente en interés de los ciudadanos. Pero los jueces necesitan herramientas y medios adecuados para realizar eficazmente su trabajo. Parafraseando a Adolfo Suárez, posiblemente sea el momento de elevar a la categoría jurídica de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal.