Eduardo Romero. -La situación de las personas mayores en las residencias para la tercera edad no siempre es la idónea. Casos de maltratos, falta de atención o agresiones suelen ser habituales cada cierto tiempo en los medios, que reflejan tratos degradantes de ciertos empleados de estos recintos hacia las personas que allí residen.
Con motivo de estos sucesos, organizaciones como la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias han iniciado recientemente una petición donde se exigen la aplicación de férreas medidas de control para evitar que se lleguen a estos extremos. Los empleados o cuidadores son los encargados de velar por la seguridad y el bienestar de todos los residentes, con particular atención a aquellos que requieran un cuidado especial. ¿Ahora bien, tienen también consecuencias legales cuando el daño se ha basado en una omisión y no en una lesión?
Omisión y falta de diligencia profesional
La reciente sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo (LA LEY 53188/2019) refleja qué tipo de consecuencias podría tener una mala praxis del cuidador de residencia en casos en los que no se produzca un maltrato directo, pero sí una omisión del deber de cuidado. En el presente supuesto de hecho, un anciano de 87 años falleció por causas naturales, pero los empleados fueron condenados por un homicidio de imprudencia grave, puesto que la muerte podría haberse evitado con una correcta diligencia profesional que no fue seguida por ninguno de los tres acusados
El difunto, diagnosticado de un alto número de patologías, sufrió un episodio de vómitos a las pocas semanas de entrar al centro. Los gerocultores del turno de noche habían sido informados de la situación, siendo su obligación vigilarle periódicamente y avisar a los servicios médicos en caso de empeoramiento. El paciente reanudó el episodio de vómitos, siendo medicado de manera básica sin prestar mayor atención, y no fue hasta tres horas más tarde cuando se avisó al médico de guardia.
El profesional sanitario acudió al recinto, siendo incapaz de entrar debido a un problema con la apertura automática de la puerta. Los empleados no respondían a las 14 llamadas efectuadas, colgando y descolgando el teléfono, y apenas dando indicaciones claras de la situación. Pudiendo haber abierto la puerta de manera manual, pues disponían de una llave, no lo hicieron. Finalmente, y después de que el médico se marchase sin éxito, los acusados no volvieron a acceder a la habitación del anciano hasta pasadas varias horas, encontrándoselo muerto. Tras limpiar la habitación y el cadáver del difunto, los acusados comunicaron la defunción dos horas más tarde, reflejando el médico forense una muerte por causas naturales por insuficiencia cardiorrespiratoria, pudiéndose haber evitado el desenlace si se le hubiese examinado cuando correspondía.
Homicidio por imprudencia grave
El juzgador califica los hechos acaecidos como un delito de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), siendo aquel relativo a la muerte de una persona en la que hay ausencia de elemento subjetivo, es decir, la existencia de intención o dolo. Según reiterada jurisprudencia del Supremo, la omisión podrá equipararse a la acción cuando existiese una específica obligación de actuar o cuando se haya creado una ocasión de riesgo (SSTS 320/2005 de 10 de marzo (LA LEY 1307/2005) ; 37/2006 de 25 de enero ; 213/2007 de 15 de marzo (LA LEY 20339/2007) ; 234/2010 de 11 de marzo (LA LEY 8730/2010)).
En este sentido, para que proceda aplicar la cláusula omisiva del artículo 11 CP (LA LEY 3996/1995) en relación al delito de homicidio imprudente se requiere que la no evitación de la acción resulte en la causación de la misma, en este caso el fallecimiento del anciano. La STS 716/2009 de 2 de julio (LA LEY 119130/2009) afirma el garante tiene deber de cuidado, pudiendo ser sancionado si lesionase su deber profesional siempre y cuando el resultado lesivo pudiese haber sido evitado con el cumplimiento de ese deber.
Por otro lado, la calificación de la imprudencia como leve o grave debe hacerse ateniéndose a la mayor o menos falta de diligencia, previsibilidad del evento y las normas de cuidado socio culturales vigentes (STS de 1 de abril de 2001). El marco jurídico recoge también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión en los casos en los que el homicidio se hubiese producido por imprudencia profesional (art. 142 CP (LA LEY 3996/1995)).
Lesiones y tercera edad
Si finalmente se llegara al extremo de la agresión física o psíquica, el marco jurídico también refleja unos supuestos de agravación por la especial indefensión de las víctimas. El Código Penal no lleva a cabo una concreta distinción de las mismas, aunque dedica su artículo 25 para describir a las personas discapacitadas necesitadas de especial protección, siendo aquella que requiere de ayuda para el ejercicio de su capacidad de obrar. Aunque esta descripción no engloba a todas las víctimas de este tipo de delitos, sí refleja un esfuerzo por parte del legislador para dejar patente la vulnerabilidad de un sector de la sociedad.
En su artículo 147, el Código Penal (LA LEY 3996/1995) castiga como reo de un delito de lesiones a aquel que menoscabe la integridad corporal o salud física mental, con pena de prisión de tres meses a tres años. Paralelamente, la jurisprudencia ha venido diferenciando los diferentes tipo de alevosía, figura reflejada en el artículo 22 CP (LA LEY 3996/1995) como agravante de la pena, destacando la alevosía de desvalimiento, siendo aquella que aprovecha la especial situación de desamparo de la víctima, entre los ancianos debilitados, enfermos o desvalidos (STS 594/2016 de 6 de julio de 2016, rec. 10033/2016 (LA LEY 80140/2016)).
Indemnización
Los maltratos u omisiones en los centros geriátricos suelen ir acompañados de una indemnización dineraria a las familias del afectado a modo de responsabilidad extracontractual. Los artículos 1902 (LA LEY 1/1889) y 1903 del Código Civil (LA LEY 1/1889) establecen una obligación de resarcir el daño, incluyendo a los dueños o directivos de una empresa respecto al perjuicio causado por sus dependientes.
Sentencias como la STS 168/2006 de 23 de febrero (LA LEY 406/2006), donde se acusa a un geriátrico de una negligencia en la atención médica que terminó en el suicidio de un enfermo de alzheimer, reflejan elevadas indemnizaciones, como en este caso de más de 20 mil euros.
Derecho al honor
Finalmente, y en consonancia con la difusión en medios de comunicación que este problema ha tenido, cabe destacar que jurisprudencia del Tribunal Supremo es favorable a considerar una intromisión al derecho al honor a aquellas vejaciones que se realicen contra centros geriátricos, siendo infundados los malos tratos o irregularidades.
De esta forma, en STS 522/2009 de 7 de julio (LA LEY 119084/2009) el Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por un programa televisivo que había atentado conta el derecho al honor de una residencia para la tercera edad al carecer el requisito de la veracidad.