El hilo a partir del cual se formó este voluminoso, enrevesado y complejo ovillo partió de la simple denuncia de un ciudadano rumano que quiso curarse de espanto. Tras varios años de trabajo continuado perdió su empleo a causa de la crisis y comenzó a percibir una ayuda del Risga (Renta de integración social de Galicia). Inmerso en esa situación de subsistencia su sorpresa fue mayúscula cuando supo el motivo oficial que causó la denegación de una beca escolar que había solicitado para su hijo pequeño: le dijeron que durante el último año había movido más de 300.000 euros en una entidad bancaria de la ciudad olívica a través de una cuenta a su nombre de la que no tenía la más remota idea ni, por supuesto, había visto un solo euros.
El hombre debió pensar que aquello que le estaba pasando no podía ser cierto y sin embargo todo era real. A partir de su denuncia, la investigación judicial permitió clarificar que la empresa para la que había trabajado como autónomo durante mucho tiempo se había aprovechado de manera fraudulenta de sus datos personales para emitir numerosas facturas de trabajos ficticios con la finalidad exclusiva de defraudar a la Hacienda Pública.
Una repetición continuada de esta actividad perversa por parte de los máximos responsables de la empresa Las 5 Jotas, con la complicidad o sin conocimiento de unos 200 autónomos, y también de las 65 empresas que están identificadas en las diligencias abiertas, constituye el eje central de esta gran trama descubierta en Vigo.
Hasta el estallido de este enorme fraude fiscal, Las 5 Jotas era una floreciente empresa familiar de larga trayectoria, que en pleno boom inmobiliario se había especializado con mucho éxito en la construcción y el montaje de unas preciosas casas de madera. Luego puso en marcha una potente trama de economía fantasma a pleno rendimiento, que estuvo activa durante varios años.
Cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad olívica empezó a realizar su trabajo en el año 2009 a partir de la denuncia formulada por el mencionado ciudadano rumano, estaba muy lejos de imaginar que era lo que había detrás y cuanta dedicación iba a requerir.
Tres años después, a la vista de lo que tenía por delante, la jueza no tuvo otro remedio que solicitar un juez de apoyo al Consejo General del Poder Judicial para volcar todas sus energías en desenmarañar aquel gigantesco ovillo. Su razonada petición contó con el respaldo unánime de todos sus compañeros en una junta sectorial y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia hizo lo propio cuando supo la envergadura del caso. Entre unos y otros consiguieron al fin que excepcionalmente el CGPJ accediera a su demanda y nombrara otra jueza de apoyo desde el 1 de enero de este año 2013.
A partir de entonces con la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo dedicada en exclusiva a desenmarañar la tupida red tejida por Las 5 Jotas, la investigación ha avanzado de forma considerable. A ese impulso ha contribuido no poco la Agencia Tributaria puesto que está en juego mucho dinero para las arcas públicas. Un amplio grupo de inspectores especializados trabaja a fondo para escudriñar la documentación incautada; una labor minuciosa que incluye también la revisión de los ejercicios fiscales desde el año 2005 para localizar las facturas falsas.
Un reciente balance judicial cifraba en 17.000 los folios ocupados por las diligencias previas de este singular caso con apariencia de veracidad, pero en donde nada o casi nada era lo que parecía. De momento la trama afecta a 65 grandes empresas y unos 200 autónomos. Pero la jueza ya archivó las acusaciones contra 60 trabajadores utilizados sin su conocimiento como tapaderas del monumental engaño. Y el cálculo estimativo del fraude cometido empezó en 10 millones de euros y se elevó hasta los 50 millones tras las últimas investigaciones.
La verdadera magnitud del fraude cometido todavía está por determinarse con certeza, dado que el día a día de la investigación sigue en marcha y pasa por un examen individual, factura a factura, de los papeles incautados. Ningún conocedor de la instrucción abierta se atreve a ponerle una fecha de conclusión dada su notable complejidad.
De la gruesa causa general, la jueza ha desgajado ya quince piezas separadas para otros tantos juicios, y se prevé que todavía puedan escindirse muchas más, a tenor de la documentación que falta por examinarse en profundidad. Aparentemente se impondrá el criterio de que por cada empresa que acepte su implicación y culpabilidad de forma voluntaria se abrirá una pieza individual. De este modo su número total podría superar el medio centenar.
Los delitos vislumbrados se circunscriben en todos los casos a defraudaciones del IVA y del impuesto de sociedades, así como a la falsedad documental para los casos de los autónomos utilizados en la emisión de facturas sin su consentimiento que no se correspondían con ningún trabajo real.
La fiscalía especializada en delitos económicos de Vigo ha presentado su calificación provisional de los primeros casos tramitados, que reconocieron su culpabilidad y pagaron a la Hacienda Pública hasta el último céntimo de las multas correspondientes, a cambio de eludir el ingreso en prisión de los responsables denunciados. Por medio de este acuerdo de conformidad, las penas solicitadas por el fiscal no superan los dos años de cárcel en estas vistas inmediatas.
Por otra parte en Vigo se ha celebrado ya un primer juicio en el ámbito de lo social, como consecuencia de los despidos tramitados por algunas entidades bancarias contra sus directivos implicados a título individual. Este caso que afectaba a una directora de oficina de Caixa Bank se ha saldado con una sentencia favorable a su despido procedente y, por tanto, sin ninguna compensación económica.
La sentencia dictada ha aceptado la responsabilidad personal de la citada directora por contravenir las buenas prácticas bancarias, tanto en mandamientos de pagos, como en entrega de dinero en efectivo. Solo esta entidad, que trabajaba habitualmente con Las 5 Jotas, ha sancionado y suspendido de empleo y sueldo a otra docena de empleados.
Tal y como se desprende del primer autónomo que denunció la utilización de su identidad sin su consentimiento, otra práctica muy empleada con la colaboración algunos directivos bancarios fue la apertura de cuentas corrientes a nombre de terceros sin que éstos lo supieran y, por tanto, sin que acudieran a la oficina para realizar la consiguiente tramitación y estampar su firma preceptiva. Estas cuentas de autónomos suplantados movieron grandes sumas de dinero ilícito y sirvieron para amplificar el volumen del fraude ideado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo ha admitido el personamiento en este caso como acusación popular de la Asociación para la Colaboración e Integración de Colectivos Marginados (Acicomar) tras depositar una fianza de 6.000 euros.
La principal actuación de esta entidad que representa a los rumanos utilizados ha sido una solicitud de toma de declaración a una veintena de cargos institucionales del PP y del PSOE en relación con la concesión de obras públicas a empresas constructoras implicadas en el fraude cometido. Sin embargo, la jueza ha denegado su petición por considerar que no tienen relación alguna y, por tanto, ha descartado la existencia de una trama política en la red urdida por los empresarios de Las 5 Jotas y sus colaboradores más cercanos.