2. Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a) Ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 se abrió un procedimiento para la averiguación de los delitos perpetrados en los Estados Unidos de América el día 11 de septiembre de 2001 por la organización terrorista Al-Qaeda y otros grupos (sumario núm. 35-2001).
Por auto de 17 de septiembre de 2003 se dictó auto de procesamiento contra diversas personas por los delitos de integración en organización terrorista (arts. 515.2 (LA LEY 3996/1995) y 516.2 del Código penal (LA LEY 3996/1995): CP) y asesinato terrorista (art. 572.1,1, en relación con los arts. 139.1 (LA LEY 3996/1995) y 16 CP), entre ellos una persona cuya identidad se desconocía, refiriéndose a ella como "ALIAS001", al parecer vinculada con responsables de Al-Qaeda en España en relación con los hechos investigados, según resultaba de intervenciones telefónicas practicadas en el sumario.
b) Con fecha 28 de abril de 2004 se acordó por auto el procesamiento del aquí recurrente don Darío, al ser identificado como "ALIAS001", ordenándose para él la medida de prisión provisional y, dado que no se encontraba en el territorio nacional sino en el Reino Unido, se dictaran las mismas órdenes de detención internacional adoptadas previamente contra "ALIAS001", de modo que se emitiesen "sin dilación contra Darío (a) ALIAS002 y ALIAS001 a efectos de extradición, y específicamente dirigidas al Reino Unido para que proceda a la detención a dichos efectos".
Para su cumplimiento, se dictó al día siguiente -29 de abril de 2004- por el Iltmo. magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 una orden europea de detención y entrega contra el recurrente por la posible comisión de los delitos de integración en organización terrorista y de "tantos delitos de asesinatos terrorista [...] cuantos muertes y heridos se hayan producido en los tres actos terroristas acontecidos en EEUU el día 11 de septiembre de 2001"; dirigida a los tribunales del Reino Unido.
c) Consta en las actuaciones un oficio de la sede de Interpol en Londres, fechado el 29 de junio de 2004, dirigido al juzgado instructor, comunicando que el recurrente fue detenido el 28 de junio de 2004 "según la orden europea de detención y entrega emitida por ustedes".
d) Consta también en las actuaciones que la House of Lords del Reino Unido, entonces competente como tribunal de último recurso, dictó resolución el 30 de enero de 2008 en la que, tras hacer mención a los diversos recursos interpuestos ante los tribunales británicos por la defensa del recurrente contra la orden de extradición dictada en su contra por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, resolvió confirmar la orden europea respecto de los delitos de conspiración para asesinar personas (párrafo 31 de la resolución) y de destruir, dañar o poner en peligro la seguridad de un avión (también párrafo 31).
En cambio, la House of Lords rechazó la extradición por el delito de participación en una organización terrorista, al no cumplirse el requisito de la doble incriminación, dado que conforme explica el párrafo 28 de la resolución, la orden de entrega del juzgado instructor no menciona que el recurrente estuviera en España en cualquier momento entre marzo de 2001, cuando la pertenencia a Al-Qaeda como organización prohibida fue considerada delito por el art. 11 de la Terrorism Act 2000 y una enmienda de 2001 en aquel país, y la emisión de la orden de detención europea de abril de 2004. La resolución fue comunicada al magistrado instructor mediante oficio de 8 de febrero de 2008 del magistrado de enlace del Reino Unido.
e) Por fax enviado el 6 de febrero de 2008 por la oficina de Interpol en España, se informó al juzgado central instructor que la llegada a España del recurrente estaba prevista para el día 8 de febrero de 2008 en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. A tal efecto, el magistrado del juzgado central instructor dictó providencia en la misma fecha, disponiendo que se procediera al traslado del recurrente a los calabozos de la Audiencia Nacional a fin de recibirle declaración indagatoria y para la celebración de la comparecencia prevista en el art. 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LA LEY 1/1882) (LECrim).
f) Por auto de 11 de febrero de 2008 el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 dispuso la prisión provisional incondicional, comunicada y sin fianza, del recurrente, que así se llevó a cabo. Mediante un auto posterior de 5 de febrero de 2009, el mismo juzgado acordó mantener la prisión provisional pero eludible con una fianza de 10 000 €. Solicitada por la representación procesal del recurrente la rebaja del importe fijado, por un nuevo auto de 17 de febrero de 2009 se reformó esta última resolución, fijando la fianza en cinco mil euros (5000 €). Posteriormente, por auto de 4 de marzo de 2009, se dictó auto por el juzgado instructor disponiendo la libertad provisional del recurrente, dejando sin efecto la prisión previa acordada.
g) Consta en las actuaciones una certificación del subdirector de régimen del centro penitenciario de Dueñas-Moraleja, haciendo constar que el recurrente permaneció ingresado en prisión en España desde el 8 de febrero de 2008 al 4 de marzo de 2009.
h) La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó auto el 4 de septiembre de 2012, acordando el sobreseimiento provisional de la causa respecto del aquí recurrente. Interpuesto recurso de súplica contra dicha resolución, la propia Sección dictó auto el 17 de octubre de 2012 estimando el recurso, y en consecuencia declaró el sobreseimiento libre y definitivo de la causa, por concurrir el motivo primero del art. 637 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LA LEY 1/1882) (LECrim).
La ratio decidendi de esta decisión se contiene en el apartado 2 de las "Consideraciones y fundamentos de Derecho", donde se explica lo que sigue:
"[T]ras el nuevo examen de los autos, procede la reconsideración por la Sala de los elementos que apuntaban inicialmente a la pretendida participación del recurrente en los hechos enjuiciados, en función de datos fácticos que se desprenden con claridad de las actuaciones y que son asumidos por el Ministerio Fiscal. Se trata de que:
a) La Sala únicamente tiene constancia de la identificación del tal 'ALIAS001' o 'ALIAS002' con el recurrente a través de un informe emitido por la Unidad Central de Información Exterior del CNP, al que ya hizo referencia el auto del instructor, de 3/Mayo/12 concluyendo el sumario.
b) Tal identificación no ha podido ser fijada en autos con algunos mínimos visos de certidumbre toda vez que, de una parte, las varias comisiones rogatorias al Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, han dado resultado negativo, y, de otra parte, algunos de los imputados (Mario y Hugo), quienes sostuvieron conversaciones telefónicas con 'ALIAS001' o 'ALIAS002', no han reconocido como tal a Darío en las ruedas de reconocimiento practicadas en sede judicial.
c) La entrega del recurrente a España por parte del Reino Unido en virtud de OEDE emitida por el Instructor contiene la limitación relativa a los hechos por los que el reclamado puede ser enjuiciado: el ataque terrorista ejecutado en Nueva York el 11/Sept./01, proceso que finalizó con la STS de 31/Mayo/2006 (LA LEY 150038/2006) anulando las intervenciones telefónicas acordadas en fase de instrucción.
En suma, hemos de concluir en la inexistencia de indicios de cualquier clase que apunten a la identidad personal del recurrente con el precitado 'ALIAS001' o 'ALIAS002' ni a la participación de Darío en los hechos objeto de autos".
i) Con fecha 17 de octubre de 2013, el representante del aquí recurrente presentó ante el Ministerio de Justicia una instancia de "[s]olicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado debida al funcionamiento de la administración de justicia", cuantificando los daños en la suma de un millón y medio de euros (1 500 000 €) por prisión indebida, y otros trescientos mil euros (300 000 €) por los padecimientos sufridos como consecuencia del sumario 35-2001 seguido contra él por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5; esto último, daños por funcionamiento anormal de la justicia.
La instancia iba acompañada de un escrito de fundamentación -y documentos acreditativos de su pretensión- en el que se alegaba:
(i) Respecto del primer concepto (prisión indebida) se afirma, de un lado, que el recurrente había permanecido en prisión en el Reino Unido como consecuencia de la orden de detención europea librada por el juzgado instructor, hasta un total de mil trescientos veinte (1320) días, en concreto desde el 28 de junio de 2004 al 8 de febrero de 2008. Y de otro lado, que también permaneció otros trescientos noventa y un días (391) en prisión en suelo español por la misma causa judicial, hasta el 4 de marzo de 2009, haciendo un total de mil setecientos once (1711) días. Que tras ello y con fecha 17 de octubre de 2012, la Sección Primera (de la Sala de lo Penal) de la Audiencia Nacional dictó un auto declarando el sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa respecto del recurrente por el motivo primero del art. 637 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) (LA LEY 58/2000), no haber "indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa", lo que equivale, según el escrito, al supuesto de inexistencia objetiva del hecho imputado, por lo que procede la indemnización solicitada de acuerdo con el art. 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985).
En orden a justificar la suma solicitada, se cita la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2010 (Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo), en la que se señala que para valorar los daños derivados de una prisión preventiva deben tomarse en cuenta diversos factores como la gravedad del hecho, la incidencia de la privación de libertad en las relaciones familiares y sociales del afectado, y los perjuicios económicos sufridos. Así, se afirma que en "el presente caso, teniendo en cuenta la duración de la propia prisión preventiva, 1711 días, más de los cuatro años límite que señala nuestra ley procesal, teniendo en cuenta el hecho imputado, que no puede ser más grave: conspiración en el asesinato de más de tres mil personas, tratándose del delito que quizá haya tenido mayor repercusión en la historia de la humanidad, y habiendo tenido la privación de libertad una gravísima repercusión en las relaciones familiares y sociales de don Darío, entendemos que la cantidad de 1 500 000 € es ajustada a esta situación".
(ii) Sobre el segundo concepto (daños causados por funcionamiento anormal de la administración de justicia), el escrito alega en primer término dilaciones indebidas, pues el procedimiento se prolongó durante ocho años y medio, incluyendo una demora de dos años y tres meses en resolver un "simple recurso de reforma contra un auto". Y en segundo lugar alega una serie de circunstancias personales y familiares negativas padecidas tras su puesta en libertad, que le han producido un daño moral (comparecencias reiteradas ante los tribunales, ruptura de su vida anterior en Londres, hallarse en un "limbo jurídico" por no habérsele entregado una identificación de identidad ni poder volver al Reino Unido -donde se le niega la entrada-, el riesgo de ser expulsado a Marruecos y el perjuicio sufrido por la cobertura dada a su caso por medios de comunicación españoles e internacionales, lo que ha "afectando gravemente su nombre, su imagen, su honor y su dignidad").
j) Abierto el procedimiento correspondiente (expediente de responsabilidad patrimonial de la administración núm. 566-2013), se solicitó informe al Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente lo emitió en su reunión de 12 de enero de 2017, concluyendo que se "considera que en el procedimiento que da lugar a la reclamación se ha producido un funcionamiento anormal de la administración de justicia". El informe únicamente se refiere al periodo de prisión provisional sufrido por el recurrente en España tras su entrega por las autoridades británicas, sin decir nada sobre el transcurrido en cárceles del Reino Unido, ni pronunciarse tampoco sobre "los daños que el solicitante alega haber sufrido, ni que esos hipotéticos daños alcancen la cuantía indemnizatoria peticionada, aspectos sobre los que, por otra parte, no corresponde pronunciarse al Consejo General del Poder Judicial". El informe añade que sí parecen haberse producido dilaciones indebidas en la tramitación del proceso, si bien de nuevo no entra a analizar el nexo causal ni la cuantía de lo reclamado por este otro concepto.
k) Se otorgó al recurrente trámite de audiencia dentro del procedimiento administrativo, en el que presentó escrito de alegaciones el 30 de marzo de 2017 reafirmándose en su pretensión y ampliando el importe de lo reclamado en otros quince mil ochocientos veinticinco euros con noventa y dos céntimos (15 825,92 €), por gastos de abogado y procurador a fecha 20 de febrero de 2008.
l) La Secretaría de Estado de Justicia, actuando por delegación del Ministro de Justicia, dictó resolución el 22 de febrero de 2018 por la que resolvió desestimar la reclamación formulada. La resolución hizo suyos los argumentos contenidos en la propuesta de resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de justicia, de 2 de junio de 2017, y los del dictamen del Consejo de Estado, de 11 de enero de 2018, que pasa a transcribir.
(i) En lo que hace a la propuesta de resolución, esta razonó la desestimación de la solicitud de indemnización por el tiempo pasado en prisión partiendo de "dos periodos claramente diferenciados, por una parte el tiempo en que permaneció sometido a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales británicas sustentadas en lo preceptuado por el ordenamiento jurídico británico y, por otra parte, el posterior al 8 de febrero de 2008, fecha en la que se produjo la entrega a las autoridades españolas".
- Así, respecto del primer periodo (28 de junio de 2004 a 8 de febrero de 2008) se señala que teniendo en cuenta que la ejecución de la orden corresponde a los tribunales del Estado receptor:
"En este caso, por tanto, es evidente que las disfunciones alegadas por el reclamante no son debidas a una actuación u omisión de la administración de justicia española, sino a causas ajenas a la misma, sobre las que no dispone de ningún margen de actuación o de decisión, pues, son independientes a ella. Es decir, que no se aprecia ningún error susceptible de ser calificado como funcionamiento anormal de la administración de justicia española, quebrándose por ello la relación de causalidad que exige el ordenamiento jurídico para reconocer una indemnización por la causa alegada para el periodo transcurrido desde la fecha de detención -el 28 de junio de 2004- hasta el 8 de febrero de 2008, fecha en la que el señor Darío fue trasladado a territorio español, siendo puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas".
- En cuanto al segundo periodo (permanencia en prisión en España), la propuesta de resolución, asumida por la dictada de manera definitiva en el expediente, sostiene que no procede indemnizar al recurrente al amparo del art. 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985), teniendo en cuenta la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 23 de noviembre de 2010, la cual pasa a sintetizar, de tal modo que "en el presente caso es evidente que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) arriba citado, porque el motivo de la absolución, según refleja el auto de 17 de octubre de 2012 que acordó el sobreseimiento libre, no ha sido la constatación de la inexistencia de los hechos delictivos que originaron la incoación de las actuaciones judiciales y la prisión preventiva del reclamante, sino que la identificación del reclamante con el tal 'ALIAS001' o 'ALIAS002' 'no ha podido ser fijada en autos con algunos mínimos visos de certidumbre', por lo que no es equiparable a la absolución a que se refiere el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985). Es por ello que esta reclamación por funcionamiento anormal de la administración de justicia no es la vía adecuada para pronunciarse sobre el acierto de las resoluciones judiciales, que si efectivamente fueran desacertadas, ello motivaría no un supuesto de funcionamiento anormal de la administración de justicia, sino un supuesto de error judicial"; vía esta, se añade, no utilizada por el recurrente.
La propuesta de resolución descarta también el resarcimiento por las dilaciones indebidas invocadas (en todo caso las referidas al periodo de prisión pasado en España, no en el Reino Unido, para lo que se remite sobre este periodo a lo indicado antes), ya que:
"[E]n el presente caso, con numerosos imputados y con vínculos internaciones que obligaron a tramitar comisiones rogatorias a varios Estados, las dilaciones indebidas por la duración prolongada del proceso que sirven de título de reclamación no son identificables con la responsabilidad patrimonial del Estado que genera derecho a indemnización".
Y desestima la pretensión por los daños morales tras la puesta en libertad del recurrente, pues:
"[E]n este caso el reclamante sustenta su petición de reclamación de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la administración de justicia en cuestiones ajenas, como la cobertura del proceso por parte de los medios de comunicación. Además se debe añadir que no pueden ser incluidos, a efectos indemnizatorios, los daños establecidos con base a reclamaciones que son consecuencia de la existencia de las propias diligencias penales, ni los que se piden por toda la duración del procedimiento. La existencia misma de las actuaciones penales no genera indemnización alguna por responsabilidad patrimonial del Estado".
(ii) La resolución administrativa recoge igualmente, como decíamos, el contenido del dictamen del Consejo de Estado emitido el 11 de enero de 2018, el cual aborda primero la pretensión de resarcimiento por prisión indebida, distinguiendo también el periodo durante el cual el recurrente estuvo privado de libertad en el Reino Unido y el posterior pasado en España, pero para darles el mismo tratamiento, ya que "a pesar de que fue acordada por un juzgado o tribunal británico, la prisión preventiva del señor Darío está causalmente vinculada con el procedimiento judicial que se sustanciaba ante el juzgado español".
Sentado esto, sin embargo, el dictamen desestima a continuación la reclamación en este punto aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a su propia doctrina sobre el art. 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985):
"Los pronunciamientos y razonamientos del auto de sobreseimiento libre contuvieron una apreciación acerca de toda la prueba finalmente disponible y evidencian que la decisión que adoptó la Audiencia Nacional no se fundamentó en concluir y declarar la inexistencia de los hechos que se imputaron al señor Darío y por los que este estuvo sometido a prisión preventiva, de manera que no concurren los requisitos previstos por el referido artículo 294 para poder acoger esta parte de su pretensión indemnizatoria".
El Consejo de Estado rechaza también que concurra un funcionamiento anormal de la administración de justicia, sea por dilaciones indebidas o por daños morales, al no quedar probada la necesaria relación causal entre los daños alegados y la actuación del Juzgado Central de Instrucción.
m) Contra la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 22 de febrero de 2018 se interpuso por el aquí demandante de amparo un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recayendo su conocimiento en la Sección Tercera (procedimiento ordinario núm. 419-2018). Admitido a trámite el recurso, se dedujo la correspondiente demanda en la que el recurrente solicitó se dictara sentencia revocando el acto impugnado y que le fuera concedida la cantidad de un millón ochocientos quince mil ochocientos veinticinco euros con noventa y dos céntimos (1 815 825,92 €), más intereses y costas.
(i) Luego de exponer los antecedentes del caso, reiterando las distintas circunstancias ya expuestas en el procedimiento administrativo previo en sostén de sus pretensiones, relativas a los daños sufridos por los 1319 días recluido en prisiones del Reino Unido más otros 391 días en cárceles españolas, así como los perjuicios personales y familiares que ha sufrido por su encausamiento en el sumario 35-2001 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, incluso después de haberse dictado el auto de sobreseimiento libre a su favor, la demanda afirma que procede el resarcimiento del recurrente: (1) por el tiempo que fue privado de libertad, de nuevo con cita en su apoyo de la STS de 28 de septiembre de 2010, lo que cuantifica en la cantidad de 1 500 000 €, y (2) por el funcionamiento anormal de la administración de justicia debido al padecimiento de las dilaciones indebidas ya denunciadas en vía administrativa, las comparecencias obligatorias ante los tribunales, la prohibición de abandonar el territorio español durante el procedimiento penal y la carencia absoluta de documentación para su identificación personal. Todo ello permite su indemnización, señala, conforme con los arts. 106 (LA LEY 2500/1978) y 121 CE (LA LEY 2500/1978), los arts. 292 a (LA LEY 1694/1985)297 LOPJ (LA LEY 1694/1985), el art. 6.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales (LA LEY 16/1950) (CEDH), y la STC 8/2017, de 19 de enero (LA LEY 183/2017); concepto por el que sigue reclamando la suma de 315 825,92 euros. Solicitó también el pago de intereses y costas.
(ii) Consta en las actuaciones que la Sección competente dictó providencia el 11 de septiembre de 2019 acordando oír a las partes por plazo común de diez días "sobre la posible incidencia que en la decisión de la presente litis pudiera tener la reciente sentencia del Tribunal Constitucional núm. 85/2019, de 19 de junio (LA LEY 87229/2019) así como en su caso el alcance de dicha incidencia".
El recurrente presentó escrito de alegaciones el 30 de septiembre de 2019, manifestando que la fundamentación de la sentencia citada "refuerza aún más, la argumentación utilizada en la demanda presentada por esta parte. [E]s aplicable al presente asunto", de un lado porque no estamos ante un error judicial, con cita del FJ 3 de la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019), y de otro lado porque incluso aunque en términos dialécticos se aceptara, como dice la administración, que el auto de sobreseimiento no declaró la inexistencia del hecho imputado, la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019) incluyó en el seno del art. 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985) el supuesto de sobreseimiento por inexistencia subjetiva del hecho, citando al efecto un pasaje del FJ 13 de la misma. Añade que en esta sentencia se recuerda que el límite de prisión provisional en el ordenamiento español es de cuatro años, siendo que el recurrente estuvo sometido a esta medida "hasta alcanzar casi los cinco años"; y que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, al haber sido confundido con el investigado "ALIAS001" o "ALIAS002", "hecho que en modo alguno está acreditado".
El abogado del Estado, igualmente personado en el proceso, formuló escrito de alegaciones fechado el 11 de octubre de 2019, suplicando a la Sala que dictase resolución "teniendo en cuenta los criterios establecidos por la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019), o subsidiariamente se acuerde como diligencia para mejor proveer la incorporación a los autos del certificado del centro penitenciario que permita conocer si el periodo por el que reclama ha sido abonado en otra causa así como si por el periodo por el que reclama ha percibido algún tipo de cantidad como consecuencia de su trabajo en las instalaciones del centro penitenciario". A esta última petición se accedió mediante providencia de la Sección de 23 de octubre de 2019, que acordó la práctica de la documental requerida.
n) Una vez tramitado todo el procedimiento, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 1 de julio de 2020 en cuyo fallo dispuso:
"Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de don Darío contra la resolución del Ministerio de Justicia a que las presentes actuaciones se contraen, y anular la resolución impugnada por su disconformidad a Derecho reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado en 2000 € (dos mil euros), con los intereses legales del art. 106.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LA LEY 2689/1998) (LJCA (LA LEY 2689/1998)). Sin imposición de costas".
La sentencia concede dicha cantidad únicamente por los 391 días que el recurrente permaneció en prisión en España y desestima todo lo demás. Las razones para su decisión son las siguientes:
(i) Respecto de la responsabilidad patrimonial por prisión indebida:
(i-1) Principios generales:
La Sala en el fundamento jurídico 3 parte de los pronunciamientos de nuestra STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019) que conoció de la cuestión interna de inconstitucionalidad promovida por el Pleno del Tribunal contra algunos incisos del art. 294.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), destacando la sentencia impugnada que a pesar de haberse estimado la cuestión y ser procedente la indemnización en estos casos sin importar el motivo del sobreseimiento o absolución, ello no supone reconocer un sistema indemnizatorio automático y sin excepciones (con cita del fundamento jurídico 5 de aquella STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019)); recogiendo luego la argumentación de este tribunal para declarar vulnerado tanto el derecho a la igualdad ante la ley del art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) (con cita del fundamento jurídico 7) como el derecho a la presunción de inocencia (con cita del fundamento jurídico 13) por los incisos cuestionados -que lo limitaban a la inexistencia del hecho imputado-. Interpreta luego la Sala de instancia cuáles serían entonces los supuestos indemnizables y cuáles no e insiste en que la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019) no declara el automatismo de este régimen indemnizatorio, reconoce además la libertad del legislador para su configuración (remitiéndose al fundamento jurídico 7, ya citado), debiendo evitarse situaciones de doble reparación (enriquecimiento injusto).
Como factores a tener en cuenta para cuantificar la indemnización que pueda merecer el privado de libertad que ha sido absuelto o archivada su causa, precisa luego la sentencia impugnada:
"[E]l criterio de esta Sala consiste en valorar aspectos objetivos, como el tiempo de permanencia en prisión o el tipo de delito imputado, junto a otros subjetivos, como la edad del preso preventivo, su situación familiar y laboral, carencia de antecedentes penales, entre otros, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo reflejada, por ejemplo, en sentencias de 20 de Febrero y 29 de Marzo de 1999 [...].
En cuanto al daño moral reclamado ha de señalarse que según el Tribunal Supremo en su sentencia de 20/12/2019 (LA LEY 192528/2019), rec. 3847-2018, en estos casos '[l]os daños morales no podemos valorarlos diariamente, sino desde una perspectiva global', tomando en consideración las alegaciones y justificaciones aportadas.
En este particular partimos únicamente del tiempo de privación de libertad por prisión preventiva pues muchos de los conceptos que se pretenden llevar a la reclamación por daño moral en la prisión preventiva determinarían la necesidad de acudir al 293 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) [...].
Por tanto, los daños morales por prisión preventiva, en cuanto se han pretendido llevar sobre circunstancias objetivas y objetivables, no basta con ser alegadas".
(i-2) Aplicación al caso planteado:
En el mismo fundamento jurídico 3, la sentencia impugnada pasa a resolver sobre la pretensión del recurrente, razonando que no procede indemnizarle por el tiempo pasado en prisión en el Reino Unido sino solamente en España, teniendo en cuenta que lo actuado ante las autoridades británicas no puede asumirse como expresión de un funcionamiento (normal o anormal) de la justicia española, y que el recurrente hizo uso ante aquellas de diversos mecanismos impugnatorios con el fin de oponerse a la ejecución de la orden de detención europea dictada en su contra, dilatando así su tiempo de entrega. Es decir, concurre culpa del reclamante hasta el punto de negarle todo resarcimiento por la prisión sufrida durante ese periodo:
"Por otro lado, la tramitación dada por las autoridades británicas a la OEDE dictada contra el recurrente es la propia del sistema normativo inglés sin que pueda llevarse al funcionamiento de la administración de justicia española los posibles errores y/o funcionamientos anormales de autoridades gubernativas o judiciales extranjeras que actúan en colaboración de la autoridad judicial española pero siempre dentro de sus propios condicionamientos organizativos y normativos y sin perjuicio de tener presente la actuación del propio señor Darío que, en el ejercicio legítimo de su derecho, interpuso múltiples recursos e incidentes oponiéndose a la entrega a España (suscitando dudas acerca de la identidad del detenido, alegando discriminación por razones de raza y religión, improcedencia de su extradición desde el Reino Unido en razón de los tipos delictivos que se le imputaban, dificultades de enjuiciamiento oral de personas islamistas en España, garantías procesales que se le denegarían en España y riesgo de que fuera ulterior e indebidamente entregado a Marruecos), llegando la causa incluso ante el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, actuación de parte que contribuyó de forma relevante al tiempo empleado por las autoridades extranjeras desde la detención hasta la entrega a España, siendo que la OEDE deriva de unas resoluciones de autoridades judiciales españolas que acordaban el procesamiento y que no han sido declaradas erróneas por los cauces oportunos.
Por todo ello, el daño moral en el marco del art. 294 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) comprenderá únicamente la privación de libertad por prisión preventiva padecida desde el 28/02/2009 [rectius: 28/02/2008] hasta el 04/03/2009, 391 días en prisión preventiva en España, sin contemplar los 1320 días que permaneció privado de libertad en el Reino Unido y que no pueden desvincularse de su propia actitud ante la OEDE y extradición, dentro de la especial configuración del sistema inglés, que nos permiten apreciar, dentro del sistema general del derecho general de daños al que remite la STC de constante cita, la concurrencia de culpa del reclamante en la generación del daño en la relevancia causal de su conducta dentro del deber general de sometimiento al proceso penal ya que tanto la OEDE como su posterior detención, extradición y, en particular, la subsecuente prisión preventiva en España vino impuesta por la necesidad de garantizar suficientemente la presencia del investigado ante su previa conducta evasiva de la justicia española.
Atendiendo a estas circunstancias, sin que se hayan acreditado especiales razones de índole personal, familiar, o profesional, y dado el tiempo efectivo de privación de libertad, se estima procedente fijar como indemnización global por el tiempo de privación de libertad la cantidad de 2000 € (sirva como término comparativo que el Tribunal Supremo en su sentencia 20/12/2019 (LA LEY 192528/2019), rec. 3847-2018 para un supuesto base de privación de libertad de 461 días, partiendo de un delito de secuestro de un menor de edad, sin tener en cuenta adición de compensación por perjuicios laborales que no concurre en autos, por daños morales da una compensación global de 3000 €), cantidad que ya representa un valor actualizado a fecha de la presente y sin que se hubiera pretendido actualización de la misma a fecha de la reclamación administrativa".
(ii) Respecto del funcionamiento anormal de la administración de Justicia:
La Sala resuelve a su vez en el fundamento jurídico 4 de su sentencia sobre el segundo concepto indemnizatorio pretendido por el recurrente y que le fue negado por la administración: el funcionamiento anormal de la administración de justicia por dilaciones indebidas y daños morales; circunscribiéndose la sentencia tan solo al primero de los dos temas (dilaciones indebidas), dejando de pronunciarse sobre el otro. En todo caso, dado que este fundamento jurídico de la sentencia no es objeto de impugnación en la demanda de amparo, basta solo indicar aquí que las dilaciones se desestiman tras recordar los criterios generales que se emplean para su apreciación (complejidad del litigio, márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés y la conducta procesal manifestados por el recurrente, y la conducta de las autoridades), lo que aplicado al caso de autos supone descartar un funcionamiento anormal de la justicia por el tiempo transcurrido desde la detención del recurrente hasta el dictado del auto de sobreseimiento libre, al "ser más que evidente la complejidad de la causa que afecta, entre otros muchos al hoy recurrente y la complejidad de los hechos sujetos a investigación", y no constatarse en ningún momento "una paralización absoluta de actividad instructora".
La sentencia cuenta con un voto particular discrepante de un magistrado con la fundamentación y el fallo.
ñ) Contra la sentencia de instancia presentó el aquí demandante de amparo escrito de preparación de recurso de casación, alegando además de cuestiones de legalidad ordinaria, la infracción de los arts. "1.1, 9.2, 14, 17, 24 y 121 de la Constitución española (LA LEY 2500/1978) y artículo 6.2 del Convenio europeo de derechos humanos", al haberse denegado la petición indemnizatoria por el tiempo en el que estuvo privado de libertad en el Reino Unido en ejecución de la orden europea de detención y entrega dictada en su contra.
Pidió además que el Alto Tribunal se pronunciase sobre lo afirmado en la sentencia de instancia, al calificar de "conducta evasiva de la justicia española" del recurrente la interposición por este de recursos ante los tribunales del Reino Unido a fin de evitar su extradición a nuestro país. Que el Tribunal Supremo efectuase una "valoración sobre si ejercer el derecho de defensa establecido en nuestra constitución en el art. 24 (LA LEY 2500/1978) y valerse de todos los recursos pertinentes supone evasión de la justicia y por tanto conlleva la inadmisión o no valoración de esas circunstancias a la hora de cuantificar la indemnización". Añade que dar por buena la tesis de la Audiencia Nacional "es peligrosa pues de facto conllevaría que los ciudadanos no empleasen todos los recursos a su alcance a fin de evitar la dilatación de los procedimientos, pero a su vez, con ello supondría la aceptación de hechos o decisiones de los tribunales con los que no están de acuerdo, a fin de no ser acusados con posterioridad de sujetos que ejercen un abuso del derecho, impidiendo también con ello que puedan interponer en el futuro recursos por funcionamiento anormal de la justicia".
o) La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó providencia el 25 de febrero de 2021 (recurso de casación núm. 5503-2020), inadmitiendo a trámite el recurso con arreglo a la siguiente fundamentación:
"Esta sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acuerda -en aplicación del art. 90.4 b) en relación con el art. 89.2 f) LJCA (LA LEY 2689/1998)- su inadmisión a trámite, por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) impone al escrito de preparación: no citar -ni, obviamente, fundamentar- la concurrencia de alguno/s de los supuestos que, con arreglo al art. 88.2/3, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo".
9. Con fecha 24 de mayo de 2022, en efecto, presentó su escrito de alegaciones el fiscal ante este Tribunal Constitucional donde interesó se dictase sentencia otorgando el amparo solicitado por el recurrente, con los siguientes pronunciamientos:
"1.- Declare vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE (LA LEY 2500/1978)) del recurrente.
2.- Acuerde restablecerlo en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de 1 de julio de 2020 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (P.O. 419/2018) [...].
3.- Retrotraer las actuaciones -al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de 1 de julio de 2020 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a fin de que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
4.- Acuerde la desestimación respecto del resto de las vulneraciones".
a) Luego de ofrecer una amplia reseña de los antecedentes del proceso a quo, el contenido de la demanda de amparo y los principales hitos en la tramitación del presente recurso constitucional, el fiscal dio inicio a sus "consideraciones jurídicas". En la primera de ellas, advierte que la demanda de amparo solamente impugna la sentencia dictada el 1 de julio de 2020 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las lesiones de derechos fundamentales que le atribuye, al denegar la reclamación patrimonial del recurrente respecto del tiempo pasado en prisión en el Reino Unido, en una causa de la que fue posteriormente absuelto por auto de sobreseimiento de 17 de octubre de 2012. Por tanto, añade el fiscal, queda fuera de su examen la indemnización por dilaciones indebidas, de las que no trata la demanda; y lo decidido por la resolución administrativa de 22 de febrero de 2018, dado que esta última no tuvo en cuenta la doctrina sentada por la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019), la cual sí ha sido aplicada por la sentencia de instancia aunque no de manera satisfactoria según el recurrente. Entiende por ello que el recurso de amparo se dirige solo contra la resolución judicial y el pronunciamiento de esta ya mencionado.
b) La consideración "tercera" (no hay segunda) aborda el motivo primero de la demanda de amparo, la vulneración del derecho a la igualdad del art. 14 CE (LA LEY 2500/1978), alegando el recurrente como contraste la sentencia de la misma Sala y Sección juzgadora de 29 de junio de 2017. Aquí, tras la cita de doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley del art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) y los requisitos para considerar vulnerado el derecho (con cita de las SSTC 339/2006, de 11 de diciembre (LA LEY 154623/2006), FJ 5, y 120/2019, de 28 de octubre (LA LEY 173742/2019), FJ 3), el fiscal pasa a comparar la sentencia impugnada y la que alega el recurrente como de contraste (y precedente), reconociendo que concurren algunos requisitos exigibles para considerar vulnerado el derecho (identidad del órgano judicial, y alteridad), pero que esta materia indemnizatoria resulta "muy casuística". Tras resaltar las diferencias entre los supuestos enjuiciados en ambas sentencias concluye que aunque "es cierto que existe un evidente desequilibrio entre las cantidades a indemnizar finalmente acordadas" en ambas -y en perjuicio del recurrente-, "ello no deriva de una falta de justificación ni del apartamiento inmotivado de una doctrina consolidada, puesto que los parámetros considerados por una y otra resolución son los mismos". No se ve por ello "relevancia suficiente para integrar la vulneración del derecho a la igualdad alegada por el recurrente", ni el resultado dispar que arroja se puede considerar como "arbitrario", con cita de la STC 58/2006, de 27 de febrero (LA LEY 21768/2006), FJ 3.
c) La consideración "cuarta" se refiere al motivo segundo de la demanda de amparo, la vulneración "del derecho a la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la presunción de inocencia".
(i) El fiscal sitúa la cuestión extractando la STC 85/2019, de 19 de junio (LA LEY 87229/2019), en algunos de los pasajes de sus fundamentos jurídicos 4, 5, 7 y 8 (referidos a la no automaticidad de la indemnización del art. 294 LOPJ (LA LEY 1694/1985), la importancia del sacrificio del derecho a la libertad del art. 17 CE (LA LEY 2500/1978); el amplio margen de actuación del legislador al configurar el mecanismo reparador por sufrir prisión provisional a la que no sigue una condena; y la cláusula de exclusión de responsabilidad del art. 295 LOPJ (LA LEY 1694/1985), si el error judicial o el funcionamiento anormal deriva de la conducta dolosa o culposa del perjudicado). A continuación cita la STC 88/2021, de 19 de abril (LA LEY 42288/2021), FJ 3, con doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)) en sus vertientes de motivación y resolución fundada en Derecho, y diversas resoluciones del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
Con estas premisas, entra el fiscal a valorar la pretensión del recurrente en amparo y las razones que da la sentencia impugnada para negar indemnización por el periodo pasado por aquel en cárceles del Reino Unido, mostrando su disconformidad con dicha resolución judicial. Al parecer del Ministerio Público, aunque la orden de detención europea se haya llevado a cabo de acuerdo con las normas del sistema jurídico británico, "no es posible desvincular aquella ejecución de su marco regulatorio y de su origen", esto es, e ilustrándolo con la cita de la STC 132/2020, de 23 de septiembre (LA LEY 143768/2020), FJ 4 b), que la orden de detención europea se erige en mecanismo de cooperación judicial sin intermediarios entre los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar el espacio de libertad, seguridad y justicia, y basado en el principio de reconocimiento mutuo. Definido este último además -prosigue diciendo el fiscal- en el art. 1 de la Decisión marco 2002/584/JAI, de 13 de junio (LA LEY 8343/2002). Cita también los arts. 12 (sobre la competencia de la autoridad judicial de ejecución para decidir si mantiene detenida o no a la persona una vez aprehendida) y 17.5 (sobre los plazos para adoptar una decisión definitiva) de este último instrumento.
Así las cosas: "[e]l Estado de ejecución daba cumplimiento, pues, a una orden de detención internacional a efectos de extradición mediante una OEDE, emanada de un órgano judicial español, quedando aquel vinculado a su cumplimiento -con las excepciones contempladas en los arts. 3 y 4- con arreglo a la propia Decisión marco 2002/584/JAI (LA LEY 8343/2002) (en lo sucesivo, DM 2002). Y no mediando consentimiento (art. 13 DM 2002), debía dictarse una autorización de entrega una vez concluido el procedimiento británico, respecto del que rige el principio de confianza mutua en el ámbito de la colaboración de la Unión Europea. El Estado de ejecución dict[ó] unas medidas -en este caso de prisión provisional- en virtud de la existencia de una OEDE sin cuya existencia no se concibe la detención del recurrente en territorio británico. Es decir, se aprecia la existencia de una relación de casualidad [sic] adecuada e idónea".
Seguidamente trae a colación en este punto el dictamen del Consejo de Estado, de 11 de enero de 2018, en el sentido de que la prisión provisional del recurrente en el Reino Unido "está causalmente vinculada con el procedimiento judicial que se sustanciaba ante el juzgado español". Por tanto, dice el fiscal, "la tramitación de la OEDE según el sistema jurídico inglés no puede considerarse, en modo alguno, ajena a la justicia española, sino consecuencia directa de la decisión del órgano judicial español".
(ii) En cuanto al reproche que formula la sentencia impugnada a la conducta procesal del recurrente, por la interposición de diversos recursos ante las autoridades británicas, el fiscal observa que como reconoce la propia sentencia (FJ 3.3), "el recurrente se encontraba en el ejercicio legítimo de su derecho"; el art. 11.2 de la Decisión marco de 2002 reconoce a la persona detenida por una orden europea el derecho a la asistencia de abogado y en su caso de intérprete; y los arts. 13.1 y 14 el derecho a ser oído por la autoridad de ejecución. Cita el fiscal la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019), FJ 10, sobre la vertiente extraprocesal penal del derecho a la presunción de inocencia; y recuerda no solo que el auto de sobreseimiento aludió a la inexistencia de indicios para identificar al recurrente como el investigado "ALIAS001" o "ALIAS002", sino que la decisión adoptada por la House of Lords supuso estimar la impugnación en parte del recurrente, rechazándose su extradición por el delito de integración en organización terrorista. Ello, unido a la complejidad de la causa instruida, conduce al fiscal a concluir que "no podría considerarse que la conducta procesal del recurrente fuera determinante del retraso producido y la correlativa prolongación de la prisión provisional, ni que careciera de la finalidad principal de su defensa, visto el resultado posterior de las actuaciones y el archivo finalmente acordado". Por tanto, "su conducta carece de la relevancia suficiente para enervar la relación de causalidad existente entre la OEDE y su cumplimiento por el Reino Unido, sin que resulte acreditado, a partir de la sentencia de la Audiencia Nacional impugnada, aquella finalidad preponderante dilatoria con entidad suficiente y contraria, desde nuestro sistema, a la buena fe y lealtad procesal del art. 11 LOPJ", sin que tampoco concurra causa de fuerza mayor liberadora de responsabilidad exart. 292.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985).
Recuerda asimismo que el art. 26 de la Decisión marco de 2002 establece un mecanismo de compensación para deducir el tiempo pasado en prisión en otro Estado en ejecución de una orden europea, del tiempo de privación de libertad a la que se le condena, equivalente al sistema de los arts. 58 (LA LEY 3996/1995) y 59 CP (LA LEY 3996/1995); y reitera la cita de la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019) en los fundamentos jurídicos 5 y 7 ya indicados.
d) Finaliza el fiscal ante este tribunal sus consideraciones jurídicas de fondo, aseverando que "aun no proyectándose la reclamación de indemnización directamente sobre el derecho a la libertad del art. 17 CE", con cita de los fundamentos jurídicos 5 y 7 de la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019), y de la STC 180/2005, de 4 de julio (LA LEY 1621/2005), FJ 4, colige que "en cuanto existe una afectación del derecho a la libertad del art. 17 CE (LA LEY 2500/1978), la sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de julio [d]e 2020 que excluye aquel periodo de tiempo de una posible indemnización, conculca el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, a no ofrecer una motivación reforzada y adecuada por insuficiente ponderación, dicho sea en términos constitucionales, que vulnera el art. 24 CE. (LA LEY 2500/1978) Naturalmente, la eventual estimación de este recurso de amparo, y la inclusión del periodo de privación de libertad en el Reino Unido, sin perjuicio del concreto pronunciamiento sobre la eventual indemnización que pudiera acordarse por el órgano judicial, determinaría una nueva ponderación de los criterios orientativos ya explicitados y desarrollados por la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, no solo en cuanto a su incidencia en los perjuicios alegados sino a partir, en especial, de la superación de los cuatro años de prisión provisional, lo que de por sí, según aquella doctrina, ya supone un agravamiento por prolongación del periodo de privación de libertad, superior a los límites que ya destaca la STC 85/2019 (LA LEY 87229/2019) (FJ 5)", de la que hace cita.