TSJ Illes Balears, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 104/2021, 12 Feb., Rec. 537/2019 (LA LEY 25247/2021)
No era aplicable la exención de la tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, - en el régimen de importación temporal-, respecto a una operación de importación de un vehículo marca Porsche matriculado en Andorra y que el sancionado trajo a España, concretamente a Mallorca.
El Tribunal rechaza el argumento del sancionado de que la determinación del concepto de residencia fiscal en España es tremendamente complejo dando por suficientemente probada su culpabilidad.
La condición de residente en España no suscita dudas, en este caso, e igual condición tienen tanto su esposa como su hija, sin olvidar la importancia de sus intereses económicos en España, pues es el socio único y administrador único de varias mercantiles.
Siendo estas las circunstancias del sujeto pasivo, y siendo la importación temporal de medios de transporte, un régimen exento aduanero y fiscal que no permite el uso del medio de transporte matriculado en un tercer país por una persona establecida en la Comunidad en territorio aduanero comunitario, el sancionado incumplió esas condiciones al destinar el vehículo a su uso en España (en contra de lo que de modo claro y preciso exige la normativa aduanera aplicable para el disfrute del régimen), generando con ello una deuda aduanera y fiscal para la que no presentó la preceptiva declaración aduanera de importación que hubiera permitido a la Administración competente practicar su liquidación.
El acuerdo sancionador si bien se basa en presunciones de residencia en España, lo hace sobre fuertes presunciones que no han logrado ser desvirtuadas de contrario.
Así por ejemplo, que esté formalmente inscrito como residente fiscal en Andorra no acredita que esta residencia formal se corresponda con la habitual y real, que es la que toma como referencia la Ley 37/1992, reguladora del IVA; y que conste inscrito en el Servicio de Sanidad Andorrano, es elemento indiciario a su favor, pero insuficiente para desvirtuar las demás presunciones que no operan a su favor, tales como la escolarización de su hija en Mallorca y la convivencia habitual de la familia; además de realizar su actividad profesional en España, siendo titular de dos empresas inmobiliarias, y estando de alta como autónomo.
El Tribunal confirma la sanción de casi 7.000 euros por la falta de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido de la importación de vehículo para ser utilizado en España por persona residente en este país.