El Parlamento Europeo, en la presente Resolución de 5 de julio de 2022, sobre la salud mental en el mundo laboral digital (2021/2098(INI)) (LA LEY 15454/2022), se carga de razones para pedir a la Comisión y a los Estados miembros que creen los mecanismos suficientes para la mejora de la salud mental y la seguridad de los trabajadores, especialmente por lo que respecta a la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales.
La norma empieza por exponer una serie de consideraciones sobre la salud mental:
La OMS define la salud mental como «un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad», y está vinculada a otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana y el derecho a la integridad de la persona.
Por lo que respecta a la pandemia de COVID-19, ha implicado una serie de consecuencias:
• Han cambiado las condiciones de empleo de muchas personas trabajadoras en Europa, con repercusiones en el tiempo de trabajo, el bienestar y el entorno físico del lugar de trabajo, sometiendo a los empleados sanitarios y esenciales a presiones extraordinarias, debido a la falta de protección y a miedos relativos a su seguridad, lo que ha tenido un impacto psicológico negativo. Comprender los problemas de salud mental en el lugar de trabajo no solo significa ser consciente de los trastornos mentales (por ejemplo, la depresión), sino también tratar de promover el bienestar y concebir y aplicar medidas y tratamientos adecuados para gestionar estos trastornos.
• Se produjo un fuerte aumento de las responsabilidades de cuidados en combinación con el trabajo, lo que afectó de forma desproporcionada a las mujeres y amplió la desigualdad de género en los cuidados no retribuidos, y acabó teniendo un impacto negativo en la salud mental de las personas con responsabilidades asistenciales, ya que muchas personas trabajadoras tuvieron que hacer frente a un estrés mucho mayor.
• El aumento del teletrabajo ha implicado, en muchos casos, una excesiva conexión, la difuminación de las líneas entre la vida laboral y la vida privada, una mayor intensidad del trabajo y del estrés tecnológico. Si bien el teletrabajo puede beneficiar a los personas trabajadoras a conciliar y a las empresas a ser más productivas, también debe salvaguardarse y promoverse el derecho a la salud física y mental de los empleados.
En relación a los riesgos psicosociales (los riesgos sanitarios más prevalentes asociados al teletrabajo), hay que destacar lo siguiente:
• Una mayor prevalencia del teletrabajo está vinculada a horarios de trabajo prolongados y a estrés laboral. Los riesgos psicosociales pueden tener consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas, como la ansiedad relacionada con el trabajo, el agotamiento profesional o la depresión.
• Las condiciones laborales que conducen a riesgos psicosociales pueden incluir una carga laboral excesiva, cometidos o instrucciones contradictorios, falta de claridad en relación con las propias funciones, falta de participación en la toma de decisiones que afectan a los propias personas trabajadoras, mala gestión de los cambios organizativos, inseguridad laboral, comunicación ineficaz, falta de apoyo de la dirección o de los compañeros de trabajo, acoso psicológico o sexual y violencia por parte de terceros.
• Los Estados miembros no tienen las mismas normas y principios comunes jurídicamente vinculantes en relación con los riesgos psicosociales, lo que da lugar a una desigualdad de facto en la protección jurídica de las personas trabajadoras.
• Cada vez son más los empleadores que utilizan herramientas digitales (aplicaciones, software e inteligencia artificial – IA-) para gestionar a sus personas trabajadoras. En este sentido, la gestión algorítmica plantea nuevos desafíos para el futuro del trabajo, como el control y la vigilancia habilitados por la tecnología mediante herramientas de predicción y marcado, el seguimiento a distancia y en tiempo real de los avances y del rendimiento y el control del tiempo, y puede entrañar importantes riesgos para la salud y la seguridad de los personas trabajadoras, en particular su salud mental, su derecho a la intimidad y su dignidad como personas. Por tanto, debe regularse la nueva economía digital para fomentar la prosperidad compartida y garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se hace necesario una definición nueva y más amplia de salud y seguridad en el trabajo, en la que ya no puede prescindirse de la salud mental.
• Teniendo en cuenta que uno de cada cuatro personas trabajadoras europeos considera que el trabajo tiene un impacto negativo en su salud, los problemas en el ámbito laboral que afectan a la salud mental incluyen el agotamiento profesional, el síndrome de desgaste profesional, el estrés, el acoso, la violencia, la estigmatización, la discriminación y las limitadas posibilidades de crecimiento o promoción, lo que puede derivar en el consumo perjudicial de sustancias o de alcohol, el absentismo y la consiguiente pérdida de productividad.
• A nivel económico, el coste de las enfermedades mentales en 2015 se estimaba en más del 4 % del PIB en todos los Estados miembros, mientras que el coste de la depresión relacionada con el trabajo es una de las principales causas de incapacidad y se ha estimado en 620.000.000.000 EUR al año. En este sentido, los presupuestos relacionados con la prevención de todos los Estados miembros de la Unión siguen siendo bajos, situándose en el 3 % del total de gasto en salud.
• Los empleadores tienen el deber de proteger la salud y la seguridad de los empleados en todos los aspectos de su trabajo, incluyendo el teletrabajo.
Salud mental y trabajo digital: enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19
Hasta la fecha, la salud mental no ha sido tratada como una prioridad del mismo modo que la salud física, habiendo sido privada de financiación y habiendo sufrido una escasez de personal cualificado en todos los Estados miembros, pese a los beneficios intrínsecos asociados con una mejora de la salud y del bienestar y a los sustanciales incrementos de productividad económica que se derivan de la inversión en salud mental pública. Se hace necesario actuar rápidamente para mejorar la actual situación.
Para ello, se pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que tomen conciencia de los elevados niveles alcanzados por los problemas de salud mental relacionados con el trabajo en toda la Unión y se comprometan firmemente a emprender acciones que regulen y hagan realidad un mundo laboral digital que contribuya a la prevención de los problemas de salud mental, a la protección de la salud mental y a una conciliación saludable de la vida profesional y la vida privada, destacando la necesidad esencial de adoptar planes de prevención de los riesgos para la salud mental en todos los lugares de trabajo.
Se hace necesario también un seguimiento de la aplicación del marco europeo de actuación en materia de salud y bienestar mentales 2021-2025 de la OMS, así como la creación de una estrategia global de salud mental de la Unión que debe tener por objetivo exigir a los Estados miembros que integren la atención a la salud mental con la física.
Se pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan el impacto en la salud mental en sus planes de respuesta de emergencia y preparación para crisis sanitarias y pandemias, dado que la actual crisis de salud mental debe considerarse una emergencia sanitaria.
La transición digital y la salud mental
Es evidente la relación positiva entre buena salud mental, buenas condiciones laborales, salarios adecuados, productividad laboral, bienestar y calidad de vida, aunque el propósito e identidad de los empleados pueden cuestionarse en un contexto de creciente digitalización, lo que puede dar lugar a problemas de salud física y mental. Por tanto, la prevención es fundamental, y unas condiciones de trabajo adecuadas y unos programas activos del mercado laboral podrían contribuir a combatir los riesgos psicosociales ofreciendo oportunidades de empleo de calidad y protección social. En este sentido, la depresión y los trastornos de la salud mental pueden ser un obstáculo para obtener y conservar un empleo, por lo que los solicitantes de empleo necesitan un apoyo adicional.
La transformación digital puede crear oportunidades para el empleo de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, por lo que no debería conducir al aislamiento y la exclusión social, cosa que sí sucede con las personas mayores, debido a las dificultades que se encuentran por las cambiantes condiciones de trabajo y a las nuevas herramientas digitales. Es perentorio para este colectivo el acceso al aprendizaje permanente y al desarrollo profesional adaptado a sus necesidades individuales.
Los planteamientos proactivos ante la digitalización, como reforzar las capacidades digitales en el lugar de trabajo o permitir horarios de trabajo flexibles, pueden ayudar a mitigar el estrés debido al trabajo. Es sabido que la IA tiene el potencial de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida, incluidas una mayor conciliación entre la vida profesional y la vida privada y una mejor accesibilidad para las personas con discapacidad, de predecir el desarrollo del mercado laboral y apoyar la gestión de los recursos humanos en la prevención de sesgos humanos. No obstante, la IA suscita preocupación en relación con la intimidad y la seguridad y la salud en el trabajo, como el derecho a la desconexión, y puede dar lugar a una vigilancia y un seguimiento desproporcionados e ilegales de las personas trabajadoras, vulnerando su dignidad e intimidad, así como a un trato discriminatorio en los procesos de contratación y otros ámbitos debido a algoritmos sesgados, también por motivos de género, raza y origen étnico; expresa su preocupación, además, por que la IA pueda socavar la libertad y la autonomía de las personas, por ejemplo, mediante herramientas de predicción y marcado, seguimiento y control en tiempo real y sugerencias indirectas de comportamiento automatizadas, y contribuir a provocar problemas de salud mental en los empleados, como el agotamiento profesional, el estrés tecnológico, la sobrecarga psicológica y la fatiga.
Por todo ello, las soluciones de IA en el lugar de trabajo deben ser transparentes y justas y evitar cualquier repercusión negativa para las personas trabajadoras, nunca deben utilizarse en el lugar de trabajo en detrimento de la salud mental y el bienestar de los empleados. La Comisión y los Estados miembros deberán elaborar una propuesta legislativa en materia de IA en el ámbito laboral para garantizar la protección adecuada de los derechos y el bienestar de los empleados, incluidos la salud mental y derechos fundamentales como la no discriminación, la intimidad y la dignidad humana, en un lugar de trabajo cada vez más digitalizado.
Deberá velarse por que las medidas preventivas y de protección destinadas a erradicar la violencia, la discriminación y el acoso en el mundo laboral, en particular la violencia y el acoso de terceros (es decir, por parte de clientes, visitantes o pacientes), se apliquen, cuando proceda, con independencia del motivo o la causa del acoso, y que no se limiten a los casos basados en motivos discriminatorios; asimismo, pide a los Estados miembros que ratifiquen el Convenio de la OIT (n.º 190) sobre la violencia y el acoso, y la Recomendación n.º 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso, y que adopten las leyes y las medidas políticas necesarias para prohibir, prevenir y abordar la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
La irrupción del teletrabajo (todavía no disponible para todos los empleados) durante la pandemia, ha resultado especialmente difícil para las personas más desfavorecidas y los hogares monoparentales, dado que la combinación del teletrabajo con el cuidado de los niños (sobre todo de los niños con necesidades especiales) podría suponer una amenaza para la vida familiar y el bienestar tanto de los padres como de los hijos. En este sentido, se anima a los empleadores a que establezcan normas claras y transparentes sobre las modalidades de teletrabajo para garantizar el respeto de las horas de trabajo y evitar el aislamiento social y profesional y la difuminación del tiempo de trabajo con otros períodos en casa, pues se ha demostrado que el teletrabajo afecta enormemente a la organización del tiempo de trabajo al aumentar la flexibilidad y la disponibilidad constante de las personas trabajadoras, lo que a menudo se traduce en un conflicto entre la vida profesional y la vida familiar. No obstante, si se regula y se aplica adecuadamente, el teletrabajo podría brindar a los empleados suficiente flexibilidad para adaptar su horario y calendario laborales, con el fin de satisfacer sus propias necesidades personales y familiares.
El derecho a la desconexión es esencial para garantizar el bienestar mental de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, en particular para las trabajadoras y los trabajadores en formas de trabajo atípicas, y debe complementarse con un enfoque preventivo y colectivo de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, por lo que se pide a la Comisión que proponga una directiva sobre normas y condiciones mínimas para garantizar que todos los empleados puedan ejercer efectivamente su derecho a la desconexión y para regular el uso de herramientas digitales nuevas y existentes con fines laborales.
Es conveniente que se revisen y actualicen las Directivas 89/654/CEE (LA LEY 4282/1989) y 90/270/CEE (LA LEY 3803/1990) del Consejo, por las que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo y relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, para contribuir a la protección de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores de plataformas digitales y los trabajadores por cuenta propia.
Salud y seguridad en el trabajo
Los empleadores deben cumplir con sus obligaciones de facilitar apoyo e información clara a todas las personas trabajadoras y de garantizar que aquellos afectados por problemas de salud mental tengan una reincorporación apropiada al lugar de trabajo. Los lugares de trabajo deben facilitar el acceso a los servicios de apoyo a la salud mental y a los servicios externos, así como a la prevención, el reconocimiento precoz y el tratamiento de losempleados que puedan sufrir trastornos de salud mental, apoyando su reincorporación y ayudando a prevenir las recaídas. Asimismo, deben ponerse en marcha planes empresariales de prevención de la salud mental, incluida la prevención del suicidio, y deben adoptarse estrategias de apoyo a los trabajadores que vuelven a trabajar tras una larga ausencia.
En el lugar de trabajo se producen acoso y discriminación por múltiples motivos y con frecuencia estos constituyen una fuente de estrés y de desconexión del lugar de trabajo. En este sentido, la discriminación por razón de edad, discapacidad, sexo, género, orientación sexual, raza, nivel educativo o socioeconómico y pertenencia a grupos vulnerables está generalizada y debe ser abordada por los empleadores. Debe incluirse una política de lucha contra el acoso en las medidas de salud y seguridad en el mundo laboral digital y prestarse apoyo a las empresas, especialmente a las pymes, para ayudarlas a poner en marcha políticas de lucha contra el acoso y la intimidación.
Las actuales medidas para mejorar la salud mental y la seguridad de los trabajadores son insuficientes, especialmente por lo que respecta a la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales, por lo que deberán crearse mecanismos para la prevención de la ansiedad, la depresión y el agotamiento profesional y para la reincorporación al lugar de trabajo de aquellos que padecen problemas psicosociales.
En relación a la lista europea de enfermedades profesionales, se recomienda que se incorporen los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, los trastornos de la salud mental relacionados con el trabajo, en particular la depresión, el agotamiento profesional, la ansiedad y el estrés, todas las enfermedades relacionadas con el amianto, así como los cánceres de piel y la inflamación reumática y crónica, todo ello, por medio de una directiva por la que se cree una lista mínima de enfermedades profesionales y se establezcan requisitos mínimos para su reconocimiento y una indemnización adecuada para las personas afectadas
Como parte de los esfuerzos por abordar los riesgos psicosociales, las inspecciones nacionales de trabajo pueden desempeñar un papel importante al ejecutar intervenciones preventivas o correctivas en el ámbito laboral, por lo que se pide a la Autoridad Laboral Europea que trabaje en una estrategia común para las inspecciones de trabajo nacionales para hacer frente a los riesgos psicosociales, incluida la elaboración de un marco común que contemple la evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales y que atienda a las diferentes necesidades de formación de los inspectores de trabajo.
Se pide una iniciativa legislativa sobre la gestión de los riesgos psicosociales y el bienestar en el trabajo, destinada a prevenir eficazmente los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo (también en línea), a formar a los directivos y a los empleados, a evaluar periódicamente los progresos y a mejorar el entorno laboral.
Por último, se solicita a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el impacto en la salud mental de las personas trabajadoras de aquellos trastornos neurológicos de alta prevalencia e incapacitantes, como las migrañas, y que sensibilicen sobre ellos.