LEGISLACIÓN (1)
NORMATIVA EUROPEA
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles
Comunicación 2007/C 61/01 Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo
Comunicación 2007/C 40/01 de la Comisión de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, en relación con las autoridades competentes y las oficinas de enlace únicas
Decisión 2007/76/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se aplica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, por lo que respecta a la asistencia mutua
Decisión n.º 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumidores (2007-2013)
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa
NORMATIVA ESTATAL
Real Decreto 776/2006, de 23 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal, y el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa
Decisión n.º 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumidores (2007-2013)
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (corrección de errores)
Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores
Real Decreto 1768/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo
Real Decreto 103/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia
NORMATIVA AUTONÓMICA
Andalucía
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de Andalucía
Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas
Aragón
Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón
Decreto 75/1984, de 28 de septiembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se crean las Oficinas de Defensa del Consumidor
Asturias
Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, modificada por Ley 11/2006 de 27 de diciembre de medidas presupuestarias
Decreto 6/2005, de 19 de enero, por el que se regulan las hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios
Baleares
Decreto 75/2001, de 25 de mayo, de creación y regulación del Consejo Balear de Consumo, modificado por Decreto 46/2005 de 29 de abril
Decreto 30/2008, de 14 de marzo, por el que se crea la Comisión Coordinadora de Consumo
Canarias
Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
Decreto 37/1999, de 18 de marzo, de Ordenación de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.
Decreto 136/2006, de 3 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Asociaciones y Federaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
Cantabria
Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios
Decreto 23/1991, de 19 de febrero, por el que se crea el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
Decreto 12/1996, de 26 de abril, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de consumidores y usuarios
Castilla y León
Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León
Decreto 39/2002 de 7 de marzo, por el que se regula la Inspección de Consumo
Decreto 109/2004, de 14 de octubre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios.
Castilla-La Mancha
Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor.
Decreto 72/1997, de 24 de junio, de las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios.
Decreto 72/2008, de 3 de junio de 2008, por el que se crea el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha
Cataluña
Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor, modificada por Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.
Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana del Consumo, modificada por Ley 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Decreto 70/2003, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de reclamación/denuncia en los establecimientos comerciales y en la actividad de prestación de servicios.
Orden ECF/188/2007, de 23 de mayo, por la que se aprueba la tramitación telemática del procedimiento de presentación de quejas, denuncias, reclamaciones y consultas a la Agencia Catalana del Consumo.
Extremadura
Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, modificada por Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio.
Decreto 79/2002, de 11 de junio, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Extremeño de los Consumidores.
Decreto 144/2006, de 25 de julio, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en materia de consumo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Galicia
Ley 8/1994, de 30 de diciembre, de creación del Instituto Gallego de Consumo.
Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto Gallego del Consumidor y Usuario.
Ley 11/2004, de 19 de noviembre, de inspección de consumo de Galicia.
Decreto 375/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios.
La Rioja
Decreto 44/1990, de 22 de febrero, de creación del Registro de Organizaciones de Consumidores.
Decreto 48/1996, de 30 de agosto, por el que se regula el Consejo Riojano de Consumo.
Madrid
Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, modificada por Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Decreto 35/1995, de 20 de abril, por el que se regula la actividad de prestación de servicios a domicilio.
Decreto 152/2001, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
Decreto 246/2001, de 18 de octubre, por el que se crea el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo.
Orden 362/2007, de 13 de marzo, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se modifica la hoja de reclamaciones del Anexo I del Decreto 152/2001, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Directora General de Consumo de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se aprueba el impreso normalizado para la formulación de reclamación, denuncia y solicitud de arbitraje de consumo.
Murcia
Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
Decreto 8/1999, de 4 de febrero, por el que se regula el Registro de las Oficinas de Información al Consumidor y Usuario de la Región de Murcia.
Decreto 31/1999, de 20 de mayo, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Región de Murcia.
Navarra
Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Decreto Foral 69/1998, de 2 de marzo, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios.
Decreto Foral 172/1994, de 19 de septiembre, por el que se establece el procedimiento sancionador de las infracciones en materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Decreto Foral 237/2007, de 5 de noviembre, por el que se crea el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Navarra.
País Vasco
Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Ley 9/2007, de 29 de junio, de creación de Kontsumobide— Instituto Vasco de Consumo.
Decreto 5/1997, de 14 de enero, por el que se regula las hojas de Reclamaciones de Consumidores y Usuarios.
Comunidad Valenciana
Ley 2/1987, de 9 de abril, de Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, modificada por de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat.
JURISPRUDENCIA (2)
CONTRATOS CON CONSUMIDORES Y USUARIOS
1. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sala Primera. Sentencia de 10 de Abril de 2008. LA LEY 6486/2008 (LA LEY 6486/2008)
La Directiva sobre venta a domicilio tiene por objeto principal la protección del consumidor contra el riesgo que se deriva de las circunstancias que rodean la celebración de contratos fuera de los establecimientos comerciales. De esta forma, el quinto considerando de la Directiva sobre venta a domicilio precisa que conviene conceder al consumidor un derecho de revocación durante un período de siete días, como mínimo, con el fin de ofrecerle la posibilidad de considerar las obligaciones que resultan del contrato. El hecho de que el plazo mínimo de siete días deba calcularse a partir del momento en que el consumidor ha recibido del comerciante la información relativa a este derecho tiene su explicación en que el consumidor no puede ejercer un derecho de revocación si desconoce su existencia.
El TJCE declara, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada, que la Directiva 85/577/CEE, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, debe interpretarse en el sentido de que el legislador nacional está facultado para establecer que el derecho de revocación contemplado en su art. 5.1 puede ser ejercitado como máximo durante un mes después de la ejecución completa por las partes contratantes de las obligaciones que se derivan de un contrato de crédito de larga duración, cuando el consumidor ha recibido información errónea sobre el ejercicio de ese derecho.
2. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sala Primera. Sentencia de 4 de Octubre de 2007. LA LEY 146133/2007 (LA LEY 146133/2007)
El TJCE declara, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada, que los arts. 11 y 14 de la Directiva 87/102/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, en su versión modificada por la Directiva 98/7/CE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el derecho del consumidor, previsto en el art. 11.2, a dirigirse contra el prestamista, esté supeditado a la condición de que la oferta previa de crédito mencione el bien o la prestación de servicios financiados, así como que aquella Directiva debe interpretarse en el sentido de que permite al órgano jurisdiccional nacional aplicar de oficio las disposiciones que adaptan el Derecho interno a su art. 11.2.
En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado, en repetidas ocasiones que, según se desprende de los considerandos de su Exposición de Motivos, la Directiva 87/102 fue adoptada con la doble finalidad de garantizar, por una parte, la creación de un mercado común del crédito al consumo y, por otra, de proteger a los consumidores que contraigan los citados créditos.
DERECHO DE DESISTIMIENTO
3. AP Madrid. (Sección 13.ª). Sentencia de 1 de octubre de 2007. P.: Sr. Zarco Olivo, José Luis. LA LEY 189805/2007 (LA LEY 189805/2007)
Contrato de préstamo vinculado a matrícula en curso impartido por academia de idiomas. Resolución del contrato por el consumidor por incumplimiento del contrato vinculado al de financiación. Requisitos de prosperabilidad de la acción de resolución ejercitada por el consumidor. Existencia de conexión causal entre el contrato financiado y el de financiación. El capital prestado no entra dentro del poder de disposición del consumidor-prestatario, sino que, directamente, es ingresado en una cuenta de la empresa vendedora, de modo que una única operación económica se desdobla en dos contratos distintos y aparentemente independientes entre sí. Carga de la prueba de la exclusividad del contrato de financiación. La exclusividad del acuerdo no sólo debe apreciarse desde la perspectiva del proveedor y del prestamista sino también del consumidor, que no puede acudir para la financiación de la adquisición a quien tenga por conveniente. Obtención por la demandada de una remuneración como consecuencia de la cesión del crédito.
4. AP A Coruña. (Sección 6.ª). Sentencia de 8 de noviembre de 2007. P.: Sr. Pantín Reigada, Ángel Manuel. LA LEY 275975/2007 (LA LEY 275975/2007)
El demandado no ha probado la realización de gestiones para exigir que la demandante cumpliera las obligaciones que supuestamente habría incumplido y en virtud de las cuales solicita la nulidad del contrato, debiendo, por tanto, abonar las cuotas debidas. La AP A Coruña desestima el recurso de apelación confirmando la sentencia de instancia que condenó al demandado a abonar a la actora la cantidad debida por el curso contratado.
El demandado no ha probado la realización de gestiones para exigir que la demandante cumpliera las obligaciones que, supuestamente habría incumplido y, en virtud de las cuales solicita la nulidad del contrato, debiendo, por tanto, abonar las cuotas debidas.
Claramente en el contrato se hace mención a números de teléfono y direcciones postales y no hay la menor prueba, nada ha aportado al respecto la parte demandada distinto de sus propias afirmaciones, sobre que intentadas estas formas de contacto, o las informáticas alegadas, la demandante haya omitido la asistencia debida a la alumna, siendo sintomático que, pese a haber transcurrido tres años desde la contratación y pese a haberse reconocido la insistencia de la demandante en exigir los pagos debidos, el demandado no haya podido demostrar la realización de gestiones para exigir que la demandante cumpliera las obligaciones que supuestamente habría incumplido. Si se invoca el incumplimiento ajeno para exonerarse de la propia prestación, pesa sobre el excepcionante la carga de la demostración de aquél (...), sin que, en el caso de litis la haya cumplimentado, por lo que procede la desestimación del recurso.
5. AP Barcelona. (Sección 16.ª). Sentencia de 27 de noviembre de 2007. P.: Sr. Valdivieso Polaino, José Luis. LA LEY 235910/2007 (LA LEY 235910/2007)
Contrato de viaje combinado. Reclamación del importe de los billetes del avión tras la cancelación del viaje por el usuario. Desestimación de la demanda. Falta de prueba de que el demandado fuese informado de que debía cancelar el viaje antes de una determinada fecha si quería evitar tener que pagar los billetes. Siendo las empresas de viajes las obligadas al cumplimiento de los requisitos formales del contrato exigidos por la ley, en el caso de que no los cumplan, han de probar que facilitaron al cliente la información sobre responsabilidades, cancelaciones y demás condiciones del viaje.
La AP Barcelona estima el recurso de apelación y revoca la sentencia de instancia, desestimando la demanda de reclamación del importe de los billetes de avión emitidos por la actora en virtud de un contrato de viaje combinado.
En este caso no se otorgó por escrito el contrato y el catálogo de viajes entregado no contiene una información detallada, por ejemplo sobre las fechas en las que podían los interesados cancelar el viaje sin tener que pagar los billetes aéreos. Aunque aceptemos que el catálogo entregado al demandado fuese como el que la actora aportó al proceso, lo cierto es que la información detalla lo que habría de haber pagado el viajero en caso de haber cancelado el viaje en determinados períodos, pero no indica el importante dato del período o momento a partir del cual la cancelación no evitaba el pago de los billetes aéreos, que es de lo que aquí se trata.
VIAJES COMBINADOS. RESPONSABILIDAD CIVIL
6. AP Cantabria. (Sección 4.ª). Sentencia de 7 de noviembre de 2007. P.: Sr. Helguera Martínez, Marcial. LA LEY 184196/2007 (LA LEY 184196/2007)
Daños sufridos por una pareja por la presencia de dos huracanes en el lugar elegido para pasar su «luna de miel». Responsabilidad de la agencia de viajes. Omisión de la diligencia debida. Inexistencia de fuerza mayor. Siendo previsible el fenómeno meteorológico en el Caribe en las fechas en las que estaba programado el viaje, la agencia incumplió su obligación de informar a sus clientes de todas las características del viaje contratado, entre las que se encontraba la posibilidad de verse afectados por un huracán. De este modo no les dio la posibilidad de reflexionar sobre esa circunstancia ni pudieron asumir el riesgo que, por tal silencio, fue asumido por la agencia. Evitabilidad de las consecuencias dañosas. La agencia tuvo tiempo para, en vista de que el viaje no podía llevarse a cabo según lo programado, ofrecer a los clientes la posibilidad de regresar a España sin suplemento de precio, o adoptar las medidas necesarias para continuar el viaje en términos aceptables.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda formulada por una pareja frente a la agencia de viajes por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la presencia de dos huracanes en el lugar elegido como destino de su luna de miel, al apreciar que no hubo negligencia en el cumplimiento del contrato, sino fuerza mayor. La AP Cantabria estima el recurso de apelación interpuesto por los actores por considerar que la presencia de los huracanes era previsible para la agencia demandada y evitables los efectos dañosos padecidos, y la condena a indemnizarles con 4.333,20 euros.
Cuando el acaecimiento dañoso fue debido al incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no puede darse la situación de caso fortuito, debido a que, con ese actuar, falta la adecuada diligencia por omisión de atención y cuidado requerido con arreglo a las circunstancias del caso. E igual modo sucede cuando, pudiendo ser previsto, no se adoptan las conductas coherentes. Pues, con ello, la demandada no ha cumplido el deber objetivo de cuidado interno (previsibilidad) o de cuidado externo (decisión congruente para evitar el daño que se representa como cierto o muy probable).
7. AP Barcelona. (Sección 1.ª). Sentencia de 27 de noviembre de 2007. P.: Sr. Barrera Cogollos, José Luis. LA LEY 234451/2007 (LA LEY 234451/2007)
Existencia de responsabilidad contractual en la mayorista por el viaje combinado en régimen de «todo incluido» contratado por los demandantes. Los daños y perjuicios se cifran en la cantidad íntegra del precio del viaje, habiendo existido un total incumplimiento contractual.
El demandante aporta al proceso un material que tiene a su disposición donde se constatan unas obras que, en cierta medida, corrobora la testifical cuando se reconoce tener conocimiento de la existencia de reformas o ampliación en el hotel escogido. Esta probanza debe reputarse suficiente desde el instante que por la demandada no se ha intentado probar, a su vez, lo incierto del dato, lo que hubiera sido sencillo acompañando plano de la planta de hotel, habitaciones ocupadas y distancia de éstas con las tareas constructivas.
Se formula aquí una suerte de excepción de pluspetitio, indicando que Solafrica no ha percibido la integridad del precio del viaje, por cuanto parte del mismo y a modo de comisión fue a manos del minorista. Nada impide la reclamación en la cuantía que se hace, pues la indemnización comprende la totalidad de lo abonado por el viaje, independientemente que el sistema de trabajo en el ramo imponga o aconseje la intermediación. En cualquier caso, recordemos que aunque resulta coincidente lo pagado con lo indemnizable, lo cierto es que la sentencia de instancia no lo considera una devolución sino un tanto alzado, eso sí idéntico, por los padecimientos soportados.
8. AP Sevilla. (Sección 8.ª). Sentencia de 31 de enero de 2008. P.: Sr. Fragoso Bravo, José María. LA LEY 1425/2008 (LA LEY 1425/2008)
Responsabilidad contractual, agencia de viajes. Organización de un viaje para asistir a una final europea de fútbol. Retraso en el vuelo de regreso. No justifica la demora el caos organizativo producido por la masiva afluencia de aficionados. Tal circunstancia era previsible y evitable y tuvo que tenerla en cuenta la agencia antes de ofrecer el viaje. Desestimación de las excepciones de falta de legitimación pasiva y de litisconsorcio pasivo necesario. La agencia no ha actuado como simple intermediaria expidiendo el billete de avión, pues no ha ofrecido un concreto servicio sino que ha combinado varios, vuelo, traslado desde el aeródromo al campo y comidas, y ha organizado el viaje ex profeso para asistir al partido con todo incluido, sin que el actor haya contratado con los diversos prestadores de servicios, sino directamente con la agencia.
Ha quedado muy claro que el viajero se vio privado de realizar el vuelo de regreso que había contratado, no siendo su responsabilidad el no cogerlo, pues el traslado al aeródromo también era responsabilidad de la demandada, no siendo justificación alguna el caos organizativo que se produjo por la afluencia masiva de aficionados al fútbol, cosa que era previsible y evitable y que, antes de ofrecer un viaje como el que nos ocupa, debería tenerse en consideración en evitación de incumplimientos contractuales como el que nos ocupa, siendo la cantidad reclamada y a la que se le condena a la recurrente, de 400 € muy ajustada a los perjuicios sufridos por el actor, que debían haber cogido el vuelo contratado a las 3.30 h del día 11 de mayo de 2006, sólo es a las 11 horas cuando puede coger un vuelo que le regresa a Sevilla.
La indemnización se fija en 400 euros. La Audiencia Provincial de Sevilla desestima el recurso de apelación interpuesto por la agencia de viajes y confirma la sentencia de instancia que la condenó a indemnizar con 400 euros a un aficionado de un equipo de fútbol por el retraso en el vuelo de regreso a España tras presenciar un partido.
CLÁUSULAS ABUSIVAS
9. AP Asturias. (Sección 4.ª). Sentencia de 12 de febrero de 2007. P.: Tuero Aller, Francisco. LA LEY 5592/2007 (LA LEY 5592/2007)
La validez de las cláusulas similares a la expresada, en la que se repercutía al consumidor el impuesto de plusvalía en un contrato elaborado por una empresa inmobiliaria, fue objeto de soluciones diversas incluso en el seno de esta misma Audiencia. Si esa condición de abusiva ya era dudosa pues resulta difícil de justificar esa repercusión en una cláusula impuesta o no negociada individualmente, al hacer recaer sobre el comprador un impuesto que grava el lucro obtenido por el transmitente por la revalorización del suelo, de tal forma que al trasladarse al consumidor se perjudica a éste económicamente sin que responda a una efectiva contraprestación, con el consiguiente desequilibrio en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, la cuestión resulta aún más patente en el presente caso.
Primero, porque en el contrato de compraventa se presentaba por el vendedor el pago de este impuesto como algo hipotético o aleatorio, que podía o no producirse («si lo hubiere» se dice), de tal forma que se creaba una expectativa al adquirente distinta de la real ya que el transmitente podía y debía conocer si realmente se había devengado ese impuesto y en qué cuantía; en este sentido, la cláusula controvertida infringía el deber de información que imponían las exigencias de la buena fe, en perjuicio del consumidor, lo que si bien no encontraba amparo literal en el art. 6 del Real Decreto 515/89 ni en el art. 13 de la Ley de Consumidores en su redacción entonces vigente, sí permitía calificarla de abusiva de acuerdo con el primer párrafo del art. 10 bis de esta última.
La AP Asturias estima el recurso de apelación y, con revocación de la sentencia de instancia, que acogiendo la demanda formulada por una inmobiliaria, condenó al comprador de una vivienda al pago del Impuesto de plusvalía asumido en una cláusula del contrato, declara la nulidad de ésta por abusiva al vulnerar los derechos del consumidor.
10. AP Madrid. (Sección 10.ª). Sentencia de 22 de septiembre de 2006. P.: Olalla Camarero, Ana M.ª. LA LEY 132784/2006
En el presente caso se constata que se efectúa una oferta por un cliente y que se efectuaron gestiones para la venta por el mediador, pero en definitiva, no se llevó a cabo la operación, por lo que el recurrente no puede pretender cobrar, como innumerables veces le ocurrirá, siendo éste el riesgo de su empresa. El derecho a los honorarios dimana de la perfección del contrato, como ya se dice reiteradamente por el Tribunal Supremo, perfección que se entiende producida obviamente, desde que el vendedor y el comprador, mediante el correspondiente contrato, se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio.
Asimismo, la revocación o desistimiento del encargo «para gestionar y tramitar las ventas» con la revocación de un inexistente «poder para vender» por los demandados, no pudo ser revocación de un acto dispositivo sobre inmuebles sino de una intermediación o simple encargo, que ningún derecho a honorarios debe generar compartiendo, además, la conclusión del Juzgador.
La AP Madrid desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instancia, que rechazó la demanda interpuesta por un agente inmobiliario en reclamación de los honorarios derivados de su intermediación en la venta de la vivienda de los demandados, al no haberse llegado a perfeccionar el contrato de compraventa y considerar nula por abusiva la cláusula incluida en el de mediación que estipulaba el pago de los honorarios incluso en el caso de que no se llegase a celebrar la venta.
11. AP Asturias. (Sección 4.ª). Sentencia de 12 de febrero de 2007. P.: Tuero Aller, Francisco. LA LEY 5592/2007 (LA LEY 5592/2007)
La validez de las cláusulas en las que se repercutía al consumidor el impuesto de plusvalía en un contrato elaborado por una empresa inmobiliaria, fue objeto de soluciones diversas incluso en el seno de esta misma Audiencia. Si esa condición de abusiva ya era dudosa pues resulta difícil de justificar esa repercusión en una cláusula impuesta o no negociada individualmente, al hacer recaer sobre el comprador un impuesto que grava el lucro obtenido por el transmitente por la revalorización del suelo, de tal forma que al trasladarse al consumidor se perjudica a éste económicamente sin que responda a una efectiva contraprestación, con el consiguiente desequilibrio en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, la cuestión resulta aun más patente en el presente caso. Por una parte, porque en el contrato de compraventa se presentaba por el vendedor el pago de este impuesto como algo hipotético o aleatorio (que podía o no producirse), de tal forma que se creaba una expectativa al adquirente distinta de la real ya que el transmitente podía y debía conocer si realmente se había devengado ese impuesto y en que cuantía; en este sentido, la cláusula controvertida infringía el deber de información que imponían las exigencias de la buena fe, en perjuicio del consumidor, lo que si bien no encontraba amparo literal en el art. 6 del Real Decreto 515/89 ni en el art. 13 de la Ley de Consumidores en su redacción entonces vigente, sí permitía calificarla de abusiva de acuerdo con el primer párrafo del art. 10 bis de esta última.
En consecuencia, la AP Asturias estima el recurso de apelación y, con revocación de la sentencia de instancia, que acogiendo la demanda formulada por una inmobiliaria, condenó al comprador de una vivienda al pago del Impuesto de plusvalía asumido en una cláusula del contrato, declara la nulidad de ésta por abusiva al vulnerar los derechos del consumidor.
DOCTRINA (3)
1. Curso sobre protección jurídica de los consumidores. G. BOTANA GARCÍA y M. RUIZ MUÑOZ (Coords). Diario La Ley, 2000, Ref. D-195, Tomo 6
Curso sobre Protección Jurídica de los Consumidores es un trabajo realizado por un nutrido grupo de profesores universitarios, coordinado por Gema BOTANA GARCÍA, profesora Derecho Civil en la Universidad Europea de Madrid y Miguel RUIZ MUÑOZ, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III, en el que se incorpora a la bibliografía sobre protección del consumidor un referente importante, por cuanto facilita la detección, análisis y sistematización de los conceptos legales que, en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, tienen por finalidad velar por el respeto de la posición que ocupan los consumidores en el mercado.
El resultado es el tratamiento, por parte de reconocidos especialistas en la materia, de los distintos momentos en que la intervención del consumidor en un mercado caracterizado por instancias tales como la contratación en masa, la transformación del sector de la distribución comercial, el alejamiento de los sujetos responsables del daño y la continua incorporación de modernas técnicas comerciales, precisa de especial protección por parte del legislador.
2. La refundición de la legislación de consumo en España. Gema Alejandra BOTANA GARCÍA. Práctica de Derecho de Daños, n.º 58, Marzo 2008
La protección de los consumidores es una de las claves de la sociedad moderna e industrial en que vivimos, calificada precisamente como «sociedad de consumo». La necesidad de que el consumidor sea protegido es consecuencia del reconocimiento de que existe una gran masa de personas, la inmensa mayoría, que al realizar las operaciones normales de la vida cotidiana no están en condiciones de conseguir, por sí solas, unas calidades y unos precios adecuados.
Así, junto al desarrollo de la protección al consumidor desde la esfera de las instituciones europeas, la política de protección a los consumidores y usuarios también ha ido adquiriendo en España una identidad propia. Su naturaleza de principio constitucional, rector de la política social y económica, se ha traducido también en la necesidad de la consideración del consumidor en todas las áreas de actuación de los poderes públicos. Este fenómeno ha sido bautizado como «horizontalidad» de la obligación de defensa y protección del consumidor, vertiente clave y aún no suficientemente desarrollado de la política de consumo.
3. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Comentarios y Jurisprudencia de la Ley veinte años después). Eugenio LLAMAS POMBO (Coord.), Madrid, 2005. Editorial La Ley
La nueva colección, Memoria, con el propósito de crear un conjunto de obras dedicadas a analizar y comentar el texto de trascendentes normas jurídicas, pero siendo componente esencial el contraste de ese análisis con la visión de la jurisprudencia, se elabora esta obra referida a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con motivo de su vigésimo aniversario.
La obra tiene por finalidad convertirse en un verdadero instrumento práctico, por apegado a la realidad. En principio el análisis de un artículo no se detiene en aspectos tales como naturaleza jurídica, antecedentes legislativos o derecho comparado, salvo cuando ello sea imprescindible para resolver conflictos y problemas específicamente planteados por el texto. Por decirlo en una frase, el autor no se para en el examen de cuestiones que no han sido o puedan ser objeto de resolución jurisprudencial. Sin embargo, y teniendo en cuenta la abrumadora aparición de nuevas leyes que modifican en todo o en parte los preceptos de la ley o el sentido de los mismos, han de hacerse cuantas referencias sean precisas a otros textos legales que complementan, adicionan o modifican el texto de cada precepto. No como mera concordancia, sino como complemento del contenido del comentario.
En definitiva, los autores comentan cada uno de los artículos de la norma, desde un punto de vista práctico, acompañado a esos comentarios una sección con la jurisprudencia emanada de los Tribunales sobre el precepto en cuestión. El libro se completa con un práctico CD-ROM que contiene, además de la Ley 26/1994, en su versión vigente, el texto completo de todas las resoluciones judiciales que se analizan en la sección Jurisprudencia que se incluye al final del comentario a cada uno de los artículos.
4. Manual sobre protección de consumidores y usuarios. Carlos LASARTE ÁLVAREZ, 3.ª ed., Madrid 2008
El Manual aborda los aspectos fundamentales de las políticas de protección y defensa de los consumidores y usuarios ofreciendo, además, una visión completa respecto de las relaciones contractuales específicas: compraventa y arrendamiento de viviendas, contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, contratos a distancia, viajes combinados, derechos de aprovechamiento por turnos y responsabilidad del fabricante. Mucho más completo y elaborado actualizado, en su tercera edición, con las novedades existentes en la materia.
5. La nueva Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores. Ley 22/2007, de 11 de julio. Jacinto José PÉREZ BENÍTEZ. Diario La Ley, n.º 6837, 10 Diciembre 2007
La reciente Ley 22/2007, de 11 de julio, transpone, de formar tardía, la Directiva 2002/65/CE, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores. La exigencia de protección de la parte contractual más débil explica el nuevo régimen jurídico. La importancia de este sector de la contratación, por la singularidad de su objeto y del medio empleado, ha demandado una regulación específica, aunque no completa, que obliga a tomar en consideración un amplio conjunto de normas. Una aproximación a sus antecedentes y el intento de exposición sistemática de su contenido constituyen modestos objetivos del presente trabajo doctrinal que se comenta bajo este titular.
6. Reflexiones críticas acerca del régimen legal de las operaciones a distancia (en los contratos celebrados con consumidores y en las ventas entre empresarios) tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Miguel Ángel PENDÓN MELÉNDEZ. Derecho de los Negocios, n.º 209, Febrero 2008
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, ha supuesto una nueva perspectiva en la regulación de las normas destinadas a tutelar a los consumidores y usuarios en el ámbito de las relaciones mercantiles (contratación con empresarios) en las que actúen; el mismo ofrece, en efecto, un cuerpo ordenado y ordenador de las disposiciones relativas a los consumidores, una suerte de Código que, aunque parcial, sistematiza una parte significativa de las normas hasta ahora en vigor.
7. Sobre la garantía legal en las ventas de consumo. Carlos VATTIER FUENZALIDA. Actualidad Civil, n.º 5, Quincena del 1 al 15 Marzo 2008
La Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, ha venido a sumarse tardíamente a la serie de leyes nacionales que incorporan a los ordenamientos estatales la nueva disciplina comunitaria protectora del comprador-consumidor, sin que se haya alcanzado la deseada meta de la unificación en una materia tan sensible a las señales del mercado como es ésta.
Dada esta notable convergencia, asistimos en la Unión Europea a una ostensible armonización legislativa en esta materia, solo que se ha producido de facto. Es de notar que estamos ante un Derecho casi uniforme, que se basa en el modelo examinado y que tiene un campo de actuación muy amplio; piénsese que no solo rige los contratos internacionales entre empresarios que se sujetan a la Convención, sino también los contratos celebrados por los consumidores dentro del mercado interior. Entre unos y otros, este Derecho casi uniforme está ya en vigor y se aplica a numerosas relaciones contractuales, acaso las más frecuentes en el tráfico interno, y otras de gran importancia económica en el comercio exterior de la Unión Europea.
8. Los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico ante la propuesta Directiva Europea de 7 de junio de 2007. Luis PUENTE DE PINEDO
El mundo inmobiliario es por su propia naturaleza cambiante; algunas prácticas comerciales, impensables hace no muchos años, son hoy frecuentes y absolutamente normales. Dentro del ámbito jurídico es perfectamente conocido que la realidad material siempre va tres pasos por delante de la regulación legal, lo que obliga a buscar respuestas a esas carencias intentando dar mayor protección a los derechos de la parte más desprotegida, en la mayoría de los casos, el consumidor.