- Comentario al documento
El control judicial del poder de la Administración tiene aspectos particularísimos en el ámbito de la ejecución penitenciaria, donde los intereses en juego pertenecen al núcleo duro de los derechos fundamentales.
Una de las herramientas para dicho control es el delito del art. 533 CP, que criminaliza el rigor innecesario y las sanciones o privaciones indebidas: una figura poco conocida y poco aplicada, que castiga los excesos en la acción restrictiva de derechos de los presos.
Los contornos de esta figura pueden ser difíciles de trazar, por ejemplo, cuando hablamos del rigor innecesario: ¿cuándo una sujeción mecánica ha sido un rigor lícito y cuándo un rigor innecesario? Pensemos que son reacciones que se adoptan, muchas veces, en situaciones de conflicto físico.
Sin embargo, pese a la dificultad de su delimitación, esta figura está llamada a cumplir una función esencial para sancionar conductas que, teniendo una gravedad menor que las torturas y los tratos inhumanos o degradantes, suponen una violación de los derechos de los presos.
En los últimos años diversas instituciones, tanto nacionales como europeas, han llamado la atención sobre la necesidad de que España mejore muy seriamente sus niveles de protección de los derechos de las personas presas e investigue con mayor rigor las denuncias que se le planteen. Diversos estudios han mostrado, además, los enormes desincentivos existentes para que los presos denuncien esas conductas. Nos encontramos ante una tarea que requiere de nuestras autoridades una atención profunda y rigurosa.
I.
Introducción
El hecho de que una persona haya sido condenada a cumplir una pena de prisión no debe implicar una mayor restricción de derechos que la del derecho a la libertad. La única salvedad se encuentra en la necesidad de mantener la seguridad dentro de las prisiones y de garantizar un régimen adecuado de convivencia en ellas. Como señala la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) (en adelante CE) en su art. 25.2 «el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria».
Por otro lado, el art. 15 CE (LA LEY 2500/1978) establece que «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» lo que tiene un reflejo directo en la normativa penitenciaria, que establece que la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos, asegurará que ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra, y se ocupará de que los traslados de los detenidos, presos, y penados, se efectúen de forma respetuosa con la dignidad y los derechos de los internos (3) .
¿Cómo responde el Código Penal en el caso de que una persona condenada a cumplir una pena de prisión sea maltratada por parte de los trabajadores de los centros penitenciarios?
Dentro de los delitos contra la integridad moral nos encontramos, por un lado, el art. 174.2 que, en relación con el art. 174.1, sanciona a la «autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores» que sometan a los detenidos, internos o presos «a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral» cuando se haya hecho abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información o de una persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación. La pena prevista en este precepto será la de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es, imponiéndose en todo caso la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años. Como se puede comprobar, este tipo obedece a la estructura clásica del delito de tortura, de modo que exige un específico elemento tendencial o de finalidad.
Por otro lado, el art. 175 sanciona, de modo subsidiario, a la «autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona», estableciéndose en este caso la pena de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, de prisión de seis meses a dos años si no lo es y, en todo caso, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.
Por último, el art. 176 CP (LA LEY 3996/1995) sanciona con las mismas penas a la autoridad o funcionario público que, faltando a los deberes de su cargo, permita que otras ejecuten los hechos contenidos en los arts. 174 y 175. Esto es, se establece responsabilidad penal por una conducta omisiva de tolerar o permitir las torturas o tratos inhumanos y degradantes de los que tenga conocimiento.
Fuera de los delitos contra la integridad moral, y en el ámbito de las infracciones cometidas por los funcionarios públicos contra la libertad individual, el art. 533 CP (LA LEY 3996/1995) sanciona la conducta del «funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario», previéndose en estos casos la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
Como puede apreciarse, hay dos niveles de gravedad en relación con el maltrato que se puede infligir a un preso por parte de los funcionarios de prisiones: las conductas que se inscriben en el ámbito de los delitos contra la integridad moral, en las diferentes modalidades que se acaban de exponer, y las que suponen un maltrato de menor entidad, como son las tipificadas en el art. 533, que viene a ser una suerte de «tortura menos grave» (4) , como puede deducirse por la comparación penológica. Pero ¿en qué consiste una privación o sanción indebida? ¿Cuándo el uso de rigor es necesario y cuándo innecesario? ¿Cuándo una conducta con rigor innecesario constituye únicamente un delito del art. 533 y cuándo llega a constituir un delito contra la integridad moral?
Precisamente por tratarse de un delito cuyos límites están menos dibujados y precisados que los de tortura u otros tratos inhumanos y degradantes, es necesario abordar en detalle su contenido. Es lo que se hará a continuación, centrándose el análisis en el ámbito de los centros penitenciarios.
II.
El contenido del art. 533 del Código Penal: en qué consisten las privaciones y sanciones indebidas y el uso de rigor innecesario
El mantenimiento de la seguridad y la convivencia dentro de los centros penitenciarios requiere de un sistema disciplinario (regulado en los arts. 42 y ss. LOGP (LA LEY 2030/1979), 233 Real Decreto 190/1996 (LA LEY 664/1996) (La Ley 664/1996) —en adelante RP— y 111 del Real Decreto 1201/1981 (LA LEY 955/1981) —La Ley 955/1981— (5) ), así como de la posibilidad de usar medios coercitivos.
Lo anterior significa que todas aquellas sanciones que no sean acordes a lo previsto legal y reglamentariamente en materia disciplinaria serán indebidas, tanto porque no estén previstas en la ley como porque las sí previstas se hayan adoptado sin observar las garantías del interno en el procedimiento o porque se hayan prolongado excesiva, y por ello indebidamente, en el tiempo (6) . Como ha señalado la doctrina, serían, por tanto, sanciones carentes de justificación (7) o bien arbitrarias o manifiestamente injustas por carecer del mínimo juicio de necesidad (8) .
En cuanto a las privaciones indebidas, se referirán a todas aquellas decisiones adoptadas por los funcionarios de la prisión que, sin constituir una sanción, limiten indebida o injustificadamente algunos de los derechos que los presos tienen reconocidos en la normativa penitenciaria como, por ejemplo, a la alimentación, la higiene personal, la asistencia sanitaria, al tratamiento penitenciario, la comunicación con el exterior, la participación en actividades comunes, a recibir información sobre su situación procesal y penitenciaria, a formular peticiones y quejas antes la autoridades penitenciarias y judiciales, etc. (9)
Así como en el supuesto de las sanciones indebidas el punto de comparación era el sistema disciplinario en la prisión, en el supuesto del rigor innecesario ha de acudirse a la regulación de los medios coercitivos.
El art. 72 del RP señala que los medios coercitivos serán «el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas», que, conforme a lo establecido en el art. 45 LOGP (LA LEY 2030/1979), podrán utilizarse para impedir actos de evasión o de violencia de los internos, para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas o para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo. La cuestión es ¿cuándo puede entenderse que, en el uso de esos medios coercitivos, se ha incurrido en rigor innecesario? Parecería que el uso adecuado de los medios de contención sería un supuesto de rigor necesario, de modo que todo aquello que se distancie de lo allí previsto, sería un ilícito rigor innecesario: tanto porque se utilicen otros medios diferentes de los previstos en aquellos preceptos como por el hecho de que se utilicen los sí previstos, pero de forma excesiva o fuera de los presupuestos que habilitarían su uso (10) . Como se puede comprobar, se trata de un concepto que, con razón, la doctrina ha considerado excesivamente ambiguo e indeterminado, incluso difícilmente compatible con el principio de taxatividad (11) .
El ámbito entonces del rigor innecesario se ha entendido como aquel que estaría vinculado al exceso en el uso de los medios de contención, en el sentido de que acuerden sin entrar en los supuestos previstos legalmente o abusando de ellos (12) o, de modo más general, en un excesivo uso de la fuerza para mantener el orden en el interior de la prisión (13) . Así, por ejemplo, la STS 285/1998 de 2 de marzo (La Ley 4386/1998), define el rigor innecesario como la «dureza y severidad desproporcionada con la normativa del régimen penitenciario», para lo cual considera imprescindible que esa severidad, dureza o rigor esté en conexión con la actividad desarrollada por los reclusos, de modo que el rigor devendrá innecesario «cuando el funcionario sea consciente de que las medidas acordadas son excesivas, innecesarias, desproporcionadas e injustas por cuanto que la actividad o conducta de los reclusos, dentro de la normalidad, no las hacía precisas».
III.
La aplicación del art. 533 en la práctica judicial
Lo primero que ha de señalarse es que se trata de un precepto muy escasamente aplicado por los jueces y tribunales. Con anterioridad a la entrada en vigor del actual Código penal —cuando el precepto estaba regulado en el 187.5 del Código penal de 1973 (LA LEY 1247/1973)—, la STS de 5 de julio de 1985 (La Ley 10158-JF/0000) sancionó por este delito a tres de los doce funcionarios que habían golpeado en diversas ocasiones a varios internos, tanto con las manos como con defensas de goma (14) . Cuatro años después, la STS de 26 de octubre de 1989 (LA LEY 12493-R/1990) (La Ley 12493-R/1990), ante la aplicación de una sanción de aislamiento en una «celda ciega» (sin luz ni ventilación), condenó por el delito entonces tipificado en el art. 187.4 CP73 (LA LEY 1247/1973), que sancionaba al funcionario de prisiones que, sin mandato de autoridad judicial, tuviere a un preso o sentenciado incomunicado o en lugar distinto del que le correspondiera, cuyo contenido en la actualidad se podría incardinar en el art. 533 CP (LA LEY 3996/1995) como sanción indebida (15) .
Por su parte, la STS de 5 de noviembre de 1990 (LA LEY 53765-JF/0000) (La Ley 53765-JF/0000) enjuició un supuesto en el que cuatro presos que habían hecho un túnel para escapar, en el que también se habían encontrado cuatro cartuchos de goma-2, fueron encerrados en celdas de aislamiento para ser interrogados, siendo uno de ellos apaleado por varios funcionarios. Los médicos de la prisión decidieron no enviarle de forma inmediata al hospital penitenciario sino a la enfermería de Carabanchel, siendo conscientes de que la enfermería no era adecuada por no contar con los medios y asistencia necesarios y que había que enviarlo al hospital. Tomaron la decisión para ocultar la existencia de la paliza, presionados por uno de los funcionarios que apalearon al preso. Como consecuencia de la paliza y de la insuficiente atención médica el preso falleció. El TS sancionó a los médicos por un homicidio imprudente, al igual que a los funcionarios de prisiones, quienes además fueron condenados por lesiones y coacciones en relación con los otros reclusos. No se les castigó por los delitos de los arts. 187. 4 (LA LEY 1247/1973) y 5 CP73 —equivalentes, como ya se ha señalado, al actual art. 533— por considerar que la sanción por los delitos de lesiones y coacciones que se les había impuesto a los funcionarios de prisiones absorbían el desvalor de las privaciones indebidas o rigor innecesario (16) .
La STS 61/1995 de 2 de febrero se enfrentó a una situación en la que había habido agresión de internos a funcionarios (les habían arrojado objetos contundentes y habían proferido gritos, insultos y abucheos), tras lo cual el director en funciones del centro penitenciario ordenó identificar a los internos responsables de las agresiones para después trasladarles a celdas de aislamiento, donde los funcionarios encargados de ejecutar esas medidas causaron lesiones a algunos de ellos. La sentencia de instancia sancionó esas conductas, por un lado, como un delito del art. 187.5 CP 73 (LA LEY 1247/1973) y, por otro, por faltas de lesiones del art. 582 CP73 (LA LEY 1247/1973) del mismo cuerpo legal. El TS dictó una segunda sentencia en la que mantuvo las faltas de lesiones, así como el delito de rigor innecesario, pero considerando en este caso que concurría una eximente incompleta de obrar en el ejercicio del cargo.
Tras la entrada en vigor del Código penal de 1995 (LA LEY 3996/1995) cabe mencionar, en primer lugar, la STS 285/1998 de 2 de marzo (La Ley 4386/1998) que consideró que no concurría el delito del art. 533 —ni tampoco el de torturas— en el caso de medidas que habían sido adoptadas ante un motín, y que consistían, por un lado, en la intervención de la correspondencia, prohibición de las comunicaciones telefónicas y de vis a vis, la obligación de ir acompañados por dos funcionarios en cada salida de la celda, donde solo podía tener su ropa y enseres mínimos (debían, además acudir a la ducha desnudos o cubiertos con una toalla) así como la prohibición de salir al patio o de recibir visitas médicas, salvo en la celda, donde tenían también lugar las comidas. Por otro lado, fueron utilizados con los internos medios coercitivos como la inmovilización mecánica o el aislamiento provisional de algunos presos, en ambos casos durante días. El TS entendió que la «gravedad absolutamente excepcional» de la situación y la «obligación de la Administración para restablecer el orden, retener y custodiar a los presos y defender los derechos más elementales de terceras personas», hacía que las medidas adoptadas fueron legítimas y proporcionadas.
En el ámbito de las Audiencias Provinciales, la SAP Huelva 265/2001 de 10 de octubre (LA LEY 179838/2001) (La Ley 179838/2001) juzgó los siguientes hechos: un funcionario de prisiones, tras un incidente con el sistema automático de cierre de las celdas que había protagonizado un interno, hizo que le acompañara hasta un cercano cuarto de limpieza donde, donde, tras cerrar la puerta y quedar aislados del resto de los funcionarios, le recriminó su actitud, llegando a golpearle varias veces en el rostro y cuerpo, de modo que le derribó, causándole lesiones. La sentencia de instancia había condenado al funcionario de prisiones por un delito de rigor innecesario del art. 533 y por otro de lesiones. La sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva mantuvo la sanción por este último pero consideró que no había rigor innecesario, con la extraña afirmación de que en este delito se sancionan determinados atentados contra la libertad cometidos contra internos por parte de funcionarios de prisiones, pero no los atentados contra la integridad física, de modo que el rigor innecesario no residiría en golpear sino en haber acompañado al interno al cuarto vecino, y como no consta que se utilizara para ello la fuerza, no consideró la audiencia que la conducta del funcionario revistiera carácter atentatorio contra la libertad ni que fuera una medida desproporcionada.
Por su parte, la SAP Madrid 6961/2002 de 30 de mayo (La Ley 103107/2002) se enfrentó al siguiente supuesto: ante la negativa de un preso de estampar sus huellas digitales en unos documentos, fue sujetado por tres funcionarios, quienes, excediéndose en la fuerza empleada, le obligaron a abrir la mano derecha, causándole lesiones en ella. La sentencia de instancia condenó por una falta de lesiones; la Audiencia Provincial de Madrid, pese a que consideró que había habido un empleo inapropiado y desproporcionado de la fuerza física personal de los funcionarios como medio coercitivo para obligar al preso a firmar, inexplicablemente, no sancionó por un delito del art. 533, manteniendo la condena por la falta de lesiones (17) .
El hecho de que haya tan pocas sentencias condenatorias por la imposición de sanciones o privaciones indebidas o el uso de rigor innecesario en centros penitenciarios podría llevar a concluir que en la práctica no existen apenas abusos de este tipo. Sin embargo, para obtener una imagen más fiel de la realidad de los malos tratos en las prisiones, y averiguar si hay cifra negra en este ámbito, es necesario complementar la información con fuentes diferentes a las judiciales, como se hará en el epígrafe siguiente.
IV.
Otros datos sobre la posible incidencia real de los malos tratos en prisión
Para obtener más información acerca de la posibilidad de malos tratos en prisión, tanto constitutivos de torturas, tratos inhumanos y degradantes, como de sanciones y privaciones indebidas o uso de rigor innecesario, es necesario, como se ha señalado al final del epígrafe anterior, acudir a fuentes diferentes de las judiciales. En este sentido, ese esencial la información procedente, por un lado, de los Informes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (en adelante MNP), dependiente del Defensor del Pueblo, y, por otro, de los Informes para el Gobierno Español sobre la Visita llevada a cabo en España por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradante (en adelante CPT) de 2017 y 2020. Los principales resultados de ambos tipos de informe se expondrán a continuación.
1)
Informes del MNP
Los informes del MNP revelan la existencia de excesos en el uso de medios coercitivos; así, por ejemplo, el informe MNP 2012 recoge el supuesto de una sujeción mecánica en el Centro Penitenciario Ocaña II a un interno por tiempo superior al necesario, pues «ya no presentaba la agresividad y agitación que, según los funcionarios, había motivado la intervención», a pesar de lo cual, además, el médico le inyectó tranquilizantes y neurolépticos sin su consentimiento (18) .
Por su parte, el informe MNP 2013 se refiere, por un lado, a tres casos de empleo de fuerza física imprescindible en los que parece que la fecha y hora de cese no fueron debidamente registradas, desconociéndose no sólo su efectiva duración sino tampoco si se comunicaron correctamente al juez de vigilancia penitenciaria (19) . Por otro lado, también menciona casos de sujeción mecánica que duraron más de 12 horas, llegando en muchos casos a las 24 horas, refiriéndose también un insuficiente control por parte de los funcionarios en algunos casos acerca del estado en el que se encontraban los internos inmovilizados. En los Centros penitenciarios Puerto I y Puerto II se recogieron varios testimonios de internos que no pudieron hacer sus necesidades fisiológicas o debieron hacérselas encima durante el tiempo en el que estuvieron inmovilizados (20) . Señala también este informe que la mayoría de los centros penitenciarios no disponía de videovigilancia en las celdas de sujeción mecánica (21) .
El informe MNP 2014 sigue considerando preocupante los casos de sujeción mecánica en los que se produce una insuficiente supervisión por parte del personal del centro, junto al hecho de que, salvo en contadas ocasiones, se carezca de videovigilancia en las celdas de inmovilización, a lo que se suma el hecho de que la comunicación al juez de vigilancia penitenciaria sobre el inicio y el cese de la aplicación de medios coercitivos, que ha de tener lugar con carácter inmediato, en ocasiones tiene lugar varios días o incluso varias semanas después de los hechos (22) .
Por su parte, el informe MNP 2015 refiere los siguientes supuestos: en el centro penitenciario Madrid VI-Aranjuez un interno, afectado de lesión medular, tras haber mordido a un funcionario, fue inmovilizado mecánicamente, por la agitación que presentaba. En la entrevista realizada por los representantes del MNP mientras se encontraba en aislamiento, el interno relató que fue objeto de varias agresiones mientras se encontraba esposado y reducido, siendo golpeado también mientras era trasladado al departamento de aislamiento. El centro informó de que se había remitido el caso al Juzgado de Instrucción n.o 2 de Aranjuez, el cual había iniciado diligencias de averiguación (23) . También recoge este informe que varios internos de los centros penitenciarios Sevilla II y Brians I refirieron haber sufrido malos tratos durante la aplicación de medios coercitivos, pese a lo cual la institución penitenciaria no había iniciado actuaciones para averiguar la veracidad de esas alegaciones (24) .
El informe MNP 2017 señala la necesidad de que exista en cada centro penitenciario un libro de registro de quejas de malos tratos presentadas por los internos, pero indica que seis centros —del total de los 16 visitados— no contaban con ese libro y que los centros que sí contaban con él, sólo en dos casos lo cumplimentaban (25) . En este mismo informe se afirma que en seis de los centros visitados (Daroca, Madrid V, Mallorca, Ocaña I, Puerto I y Topas) se recurre en exceso al uso de medios coercitivos, tanto por la frecuencia de su empleo como por su duración, detectándose también —como señalaban informes anteriores— deficiencias en cuanto al control y seguimiento en el uso de esos medios (26) . En el caso de la sujeción mecánica, los internos entrevistados manifestaban haber sufrido angustia e incomodidad, uso excesivo de la fuerza, duración excesiva, falta de seguimiento presencial por parte del personal sobre la evolución del interno, y frecuente desatención a las necesidades fisiológicas en los casos de contenciones prolongadas (27) . Señala el informe los riesgos sanitarios que se pueden producir en los períodos prolongados de inmovilización, que en algunos casos superan las 24 horas: lesiones isquémicas por compresión excesiva de los miembros, disminución o pérdida de conciencia por deshidratación o hipotensión, síndromes confusionales y desorientación, así como un aumento del riesgo de trombosis (28) .
El informe MNP 2019 recoge que un número significativo de internos refirió haber sufrido o haber sido testigo de algún maltrato o agresión por parte de funcionarios en Madrid VII
Por lo que se refiere al informe MNP 2019, recoge que un número muy significativo de internos refirió haber sufrido o haber sido testigo de algún tipo de maltrato o agresión por parte de funcionarios en el centro penitenciario Madrid VII (Estremera), comprobando la delegación del MNP que sólo un porcentaje muy reducido de esos internos habían presentado denuncias o quejas por miedo a las represalias (29) . Señala, asimismo, este informe que el uso de los medios coercitivos es bastante frecuente en la mayoría de los centros penitenciarios (30) . Afirmación esta última compartida por el informe MNP 2020 (31) , que comprobó que había quejas y denuncias por malos tratos que no habían sido comunicados ni anotados en el correspondiente libro de denuncias (32) .
2)
Informes del CPT
El informe CPT 2017 afirmaba que la delegación había recibido un número significativo de denuncias de malos tratos físicos cometidos por funcionarios de prisiones, especialmente en los de régimen cerrado y en los departamentos especiales de todos los centros visitados. Esos malos tratos denunciados consistían en bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras. En la mayoría de los casos se habían infligido como castigo informal tras supuestos desobediencia por parte de los presos o en casos de violencia entre los reclusos o por autolesiones. Afirma el informe que algunas de las denuncias fueron respaldadas por partes de lesiones que la delegación tuvo la oportunidad de ver o que quedaron anotadas en los registros médicos. Muestra el CPT especial preocupación por algunos de los castigos que supuestamente tuvieron lugar mientras algún preso en particular estaba fijado a una cama, ya fuera o no por razones médicas (33) . Se expone a continuación una relación de 6 denuncias —que el informe considera creíbles— de malos tratos cometidos por funcionarios de prisiones a lo largo de 2016 (34) :
-
— En el centro Penitenciario de León, el 3 de agosto de 2016, tras un incidente por causas disciplinarias, un preso denunció haber sido golpeado repetidamente por un grupo de cuatros funcionarios para, después de caer al suelo, ser pateado y golpeado con porras de goma. Una vez fue examinado por el médico de la prisión, tras el incidente, se le diagnosticaron fracturas en las costillas séptima y octava que quedaron anotadas en su expediente médico sin hacer referencia al origen de la lesión.
-
— En el Centro Penitenciario Puerto I un preso denunció que el 23 de septiembre de 2016 un grupo de funcionarios le sacó de su celda tras haberse negado a obedecer una orden; le esposaron y le llevaron a un módulo de aislamiento para ser sometido a sujeción mecánica en una cama. El preso denunció que le dieron patadas y puñetazos y que recibió golpes de porra por todo el cuerpo. Cuando ya estaba en la celda de sujeción mecánica, uno de los funcionarios presionó su rodilla contra el pecho del interno para ajustar las correas a la cama, donde estuvo 24 horas ininterrumpidas, sin que se le desatara para ir al baño, con lo que se orinó encima varias veces. En el momento de la visita del CPT el preso aún presentaba hematomas en las muñecas, excoriaciones en las rodillas y dolor en la mandíbula.
-
— En el Centro Penitenciario Puerto III un preso que padece un tipo de discapacidad mental leve denunció que el 31 de agosto de 2016, tras autolesionarse con un cuchillo improvisado, un grupo de funcionarios le sacaron de su celda, propinándole varios golpes de porra en las manos y la espalda para ponerle las esposas. De camino al módulo 15 refirió que había recibido varios golpes de porra en varias partes del cuerpo, y que, una vez en el módulo, le sometieron a sujeción mecánica boca abajo y le golpearon varias veces con una porra en la espalda y en la planta de los pies. Durante las ocho horas que duró la fijación médica recibió una medicación —que tenía que tomar por prescripción facultativa— suministrada por una enfermera, y que tuvo que tragar directamente de un plato. Cuando el médico de la prisión le examinó tras la aplicación de la medida el preso solicitó que las lesiones visibles a simple vista se registraran en el informe correspondiente, pero el médico se negó a hacer ese informe alegando la gravedad de la conducta y que la reacción de los funcionarios de la prisión estaba justificada.
-
— En el Centro Penitenciario Puerto III un recluso denunció que el 10 de mayo de 2016, tras quejarse por estar detenido en el módulo de aislamiento y tras resistirse a que le pusieran las esposas, un grupo de funcionarios de la prisión comenzó a golpearlo en las muñecas con porras para que accediera a ser esposado. Posteriormente, se le fijó boca abajo y refirió que se le había dejado desnudo durante un período de 23 horas. En el transcurso de la fijación, tres guardias entraron en la celda y le propinaron golpes con la porra en la espalda y en las plantas de los pies. El médico que lo examinó una hora después de que acabara la medida hizo constar en el informe que el preso presentaba una contusión en la muñeca, seis hematomas lineales en la región dorsal derecha, tres hematomas lineales en la región dorsal izquierda y múltiples hematomas con excoriación en la región dorsal media.
-
— En Centro Penitenciario Teixeiro un recluso denunció que el 9 de agosto de 2016, tras un altercado verbal con los funcionarios de prisiones en el transcurso de una inspección de su celda, el grupo de funcionarios de la prisión abandonó la celda entrando en el patio, desde donde rociaron su celda con un spray de pimienta. Posteriormente, lo llevaron a una celda vacía donde le propinaron puñetazos y le golpearon con porras por todo cuerpo. A continuación, le mantuvieron desnudo durante unas 36 horas y estuvo fijado boca abajo, período en el que no recibió alimento ni pudo acceder a un baño, con lo que se hizo sus necesidades encima.
-
— En el Centro Penitenciario Villabona un preso denunció que el 14 de septiembre de 2016, tras un altercado con otro preso en el patio del departamento de régimen cerrado, cuatro funcionarios de prisiones intervinieron agarrándole del cuello para darle puñetazos y golpes con la porra en distintas partes del cuerpo durante varios minutos. El día de la visita del CPT (30 de septiembre de 2016), el recluso todavía mostraba un hematoma azulado en el lado izquierdo de la región dorsal.
Manifiesta el CPT en este informe de 2017 su profunda preocupación por la gravedad de los hechos de los que ha tenido conocimiento, que revelarían un patrón de malos tratos infligidos por funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los reclusos, lo que puede suponer un problema en relación con el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950)
(35) .
Alerta asimismo sobre la necesidad de una mayor vigilancia y seguimiento de los malos tratos en prisión, en el sentido de mejorar tanto la capacidad del personal de prisiones para manejar las situaciones de riesgo sin tener que recurrir de forma innecesaria al uso de la fuerza, como el registro sistemático de las lesiones y, cuando proceda, la notificación a las autoridades judiciales (36) .
Muestra también su preocupación este informe «por el hecho de que, dada la amplia incidencia y frecuencia de los malos tratos físicos en las cárceles españolas, ningún procedimiento penal llegó a la fase final de la investigación entre los años 2014 y 2016», impunidad que el informe explica, por un lado, por la ausencia o deficiente calidad de los registros médicos y la inadecuada información acerca de posibles casos de malos tratos físicos (37) ; por otro, por la falta de confianza de los presos en la efectividad e imparcialidad del sistema de denuncias (38) .
Por lo que se refiere al Informe del CPT de 2020, también señala que la delegación recibió un gran número de alegaciones de malos tratos físicos a presos que les parecieron consistentes y creíbles, y destaca «varios casos de presuntos malos tratos que representan solo una pequeña muestra de las denuncias recibidas»
(39) . Esos casos, un total de ocho, fueron los siguientes (40) :
-
— En el Centro Penitenciario Castellón II un preso declaró que el 14 de agosto de 2020 discutió con un funcionario de prisiones, quien le agarró del brazo y le llevó escaleras abajo hasta una oficina donde le esposó las manos a la espalda. Posteriormente llegaron otros funcionarios, le sujetaron al escritorio, le dieron patadas y puñetazos y le golpearon con porras en la planta de los pies. Cuando fue atendido por el médico, ese solo hizo algunas preguntas a través de la puerta, con los funcionarios presentes, sin examinar al preso, quien refirió que tuvo que caminar de puntillas durante cinco días.
-
— En este mismo centro un preso de régimen cerrado declaró que el 7 de agosto de 2020 le había sido retirada una medicación específica (Rubifen), que tomaba desde niño, tras lo cual intentó autolesionarse con un trozo de cristal, lo que provocó que seis funcionarios de prisiones entraran en su celda, le inmovilizaran y, con las manos esposadas a la espalda, le empezaran a dar patadas y puñetazos hasta tirarle al suelo. Según la documentación que examinó el CPT, a continuación se le cubrió la cabeza con una toalla seca y se le inyectó haloperidol y biperideno.
-
— En el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera) un preso declaró que el 9 de septiembre de 2020, tras un conflicto con otro preso, fue llevado a la oficina del educador, donde varios funcionarios le esposaron las manos a la espalda, le golpearon la cabeza contra el suelo, le pisotearon el cuerpo con sus zapatos, y le dieron múltiples golpes de porra en las nalgas, tras las rodillas, y en las plantas de los pies. La delegación comprobó que las lesiones no habían sido registradas cuando el preso fue enviado a aislamiento provisional; tras ser examinado por el médico de la delegación del CPT se comprobó que presentaba extensos hematomas en las nalgas, en la parte posterior de las rodillas, en la planta del pie izquierdo y alrededor de los tobillos, así como hematomas alrededor del ojo izquierdo (el informe incluye fotos) (41) .
-
— En el mismo centro del caso anterior, un preso dijo que el 28 de agosto de 2020 varios funcionarios le llevaron a un despacho, donde recibió cuatro bofetadas en la cabeza y dos patadas en las piernas, aumentando las agresiones cuando el interno reconoció que había recibido dos trozos muy pequeños de hachís.
-
— En el Centro Penitenciario Sevilla II un preso alegó que el 24 de abril de 2020 había empezado a gritar y golpear la ventana de su celda para protestar porque habían enviado otro preso a su celda, tras lo cual afirma que cuatro funcionarios le sacaron de la celda, le esposaron y, mientras era trasladado, recibió puñetazos, bofetadas y golpes con porras en varias partes del cuerpo.
-
— En el mismo centro del caso anterior un preso declaró que el 22 de enero de 2020 tuvo un altercado verbal con seis funcionarios de prisiones que realizaban el registro de celdas, tras lo cual fue esposado y golpeado varias veces con una porra en las piernas. Posteriormente fue trasladado a otro módulo por agentes con equipación de protección antidisturbios. Uno de ellos, que llevaba casco, le dio dos cabezazos que le dañaron los dientes delanteros.
-
— También en el Centro Penitenciario Sevilla II un preso declaró que el 31 de agosto de 2020 tuvo una discusión con otro preso que quería abofetearle, por lo que empezó a gritar. Intervinieron los funcionarios de prisiones trasladándole a otro módulo, donde le metieron en una celda completamente desnudo. Allí fue golpeado con porras. Fue devuelto a su celda el 2 de septiembre, después de ser examinado por el médico, quien anotó haber visto las lesiones, pero no relata que hubiera malos tratos. El preso refirió tener dos grandes hematomas en las piernas y fuerte dolor en la columna vertebral.
-
— De nuevo también en este centro, un preso declaró que a principios de abril de 2020, después de haber gritado que tenía intención de suicidarse, todos los funcionarios de prisiones de su módulo acudieron a su celda, le esposaron por la espalda y le golpearon con porras.
Concluye el Informe CPT 2020 que sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos, y señala que el carácter generalizado de las denuncias de malos tratos en las prisiones visitadas es motivo de grave preocupación. Afirma el informe que las denuncias «no pueden descartarse como reclamaciones vejatorias de los presos o como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios sin escrúpulos, sino que representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles»
(42) .
El Informe CPT confirma un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios como reacción desproporcionada al comportamiento recalcitrante de los presos
Prácticamente todas las denuncias destacadas como creíbles por los Informes del CPT de 2017 y 2020 —sin incluir muchas otras que también consigna respecto de centros no visitados— pueden encuadrarse en los delitos de tortura y contra la integridad moral señalados al principio de este trabajo o en los supuestos del art. 533. Pero, en uno y otro caso, nos alerta de un número mucho mayor del que refleja el mero análisis de los procedimientos penales existentes por estos delitos. Por atenernos a los años investigados por la CPT —el informe de 2017 se hizo entre septiembre y octubre de 2016 y el de 2020 en septiembre de 2020, visitando en el primer caso ocho centros penitenciarios y en el segundo siete—, desde 2016 ha habido una sola condena por un delito contra la integridad moral del art. 174 CP (LA LEY 3996/1995): la SAP Cádiz 12/2020 (La Ley 1469/20202) de 30 de enero (43) y ni una sola por el delito tipificado en el art. 533 (44) .
V.
Conclusiones
Como se ha señalado en el epígrafe anterior, la disonancia entre el número de sentencias que sancionan los comportamientos tipificados en el art. 533 y los casos de malos tratos que ponen de relieve los informes del CPT de 2017 y 2020 hace pensar en la existencia de una cifra negra respecto de los malos tratos en las prisiones españolas (45) . Si este fuera el caso, si hay más conductas de exceso por parte de los funcionarios de prisiones con los internos de las que constan en las sentencias, cabría preguntarse por qué esos supuestos no llegan a conocimiento de los jueces y tribunales.
Como han señalado diversos expertos, es difícil determinar la frecuencia de los malos tratos en el ámbito penitenciario porque la mayoría de los que se producen no se conocen públicamente: no se investigan (46) , ni se juzgan, ni se condenan; e investigarlos es complejo «porque se dan en un espacio cerrado, opaco a un control judicial efectivo, donde las posibilidades de ocultar agresiones y malos tratos son elevadas»
(47) .
La cuantificación de esta cifra negra de casos no denunciados de rigor innecesario y otros delitos de esta naturaleza es extremadamente difícil. Un famoso estudio de hace ya unos años estimaba que las denuncias por malos tratos policiales o por parte de funcionarios de prisiones apenas se interponían en el 22% de los casos. Asimismo, calculaba que los casos en los que se interponía denuncia, la posibilidad de que finalmente llegasen a ser condenados los funcionarios acusados era tan solo de un 1%, mientras que la probabilidad de que la denuncia acabase volviéndose en contra del preso y resultase él mismo condenado era once veces superior. El estudio concluía, por tanto, que para el recluso denunciar estos actos acababa siendo un «juego» muy arriesgado y a la vista de cómo resulta de facto la aventura de denunciar los casos de abusos y malos tratos, no es raro que en tres de cada cuatro ocasiones la persona opte por callar y no denunciar (48) .
Las denuncias presentadas ante el juez de vigilancia o ante el juzgado de guardia solo se investigan a partir del examen de la documentación disponible
Y esto es lo que refleja el Informe CPT 2020 cuando señala que le resulta especialmente preocupante la aparente ineficacia de las salvaguardias establecidas para garantizar que, cuando se producen incidentes de malos tratos y uso excesivo de la fuerza, el personal penitenciario responsable rinda cuentas. Lo que se ve agravado por el hecho de que las denuncias presentadas ante el juez de vigilancia o ante el juzgado de guardia solo se investigan a partir del examen de la documentación disponible —y, como se ha visto, no siempre se registra adecuadamente lo sucedido, ni los informes médicos reflejan todas las lesiones, o no en toda su gravedad—, sin que se entreviste ni a la víctima ni a los posibles testigos (49) .
Ha de estarse de acuerdo con este informe cuando indica que es necesario que las autoridades españolas garanticen «que los funcionarios de prisiones que ordenen, autoricen, consientan o perpetren malos tratos sean llevados ante la justicia por sus actos u omisiones, ya que esto transmite un mensaje inequívoco de que no se tolerarán estas conductas. Para ello es necesario garantizar que las investigaciones sobre estos presuntos actos sean efectivas» (50) .