Irene Ruiz de Valbuena y José Miguel Barjola.— La transformación digital de la Justicia está en marcha y ya comienza a dar resultados. Ésta fue una de las conclusiones del I Foro de Transformación Digital que se ha celebrado los días 20 y 21 de abril en el salón de actos Ernest Lluch del edificio de los ministerios de Sanidad, de Derechos sociales y agenda 2030 y de Consumo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó cómo que la revolución digital de los juzgados ya ha permitido la tramitación en España de 440.000 juicios telemáticos, 88.000 accesos al expediente judicial electrónico o 318.000 textualizaciones de grabaciones de vistas. El objetivo, ha remarcado la ministra, es posicionar a España «como líder de esta transformación». Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, mostró su buena sintonía con la ministra y aseguró que en la misión de digitalizar la justicia contarían con su ayuda: «En esto no te preocupes, que estaremos con el Gobierno», le dijo Garamendi.
El Foro, organizado en colaboración con la CEOE, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), ha sido inaugurado por el director Legal de la CEOE, José María Campos y el secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez. Ambos coincidieron en resaltar que se trata de un evento destinado a la colaboración, la cogobernanza y la cocreación de valor entre el sector público y privado.
El secretario de Estado de Justicia destacó las tres líneas de actuación de este foro: reforzar la seguridad jurídica digital, mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos judiciales y trabajar en la inversión directa en el ámbito de tecnologías de la información y comunicaciones, potenciando la transformación digital del sector Justicia, con cargo a los fondos europeos.
La seguridad jurídica digital
Las jornadas se dividieron por grupos de trabajo en los que participaron actores del sector Justicia del ámbito público y privado. El primero de ellos fue el dedicado a la seguridad jurídica digital, moderado por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente que insistió en que el objetivo del grupo de trabajo es «encontrar soluciones propuestas e ideas que nos coloquen como referentes desde una perspectiva internacional en cuanto a transformación digital».
En su intervención María Emilia Adán, Decana del Colegio de Registradores quiso hacer hincapié en que los registradores llevan una larga trayectoria contribuyendo a la seguridad jurídica que en la actualidad «o es digital o dejará de ser la que los ciudadanos quieren». Una idea que se refirió en reiteradas ocasiones en su intervención al señalar que el horizonte es «el humanismo digital». «Los registradores estamos preparados para pasar de la transformación electrónica a la digital estamos comprometidos para lograrlo y creemos que los requisitos imprescindibles para ello son: que no suponga brechas digitales, que se prime la calidad del dato y se respete el dato atendiendo a la finalidad para la que se dio y con especial atención a la ciberseguridad», declaró.
Por su parte, José Amérigo, socio de PWC, centró su exposición en subrayar que la seguridad jurídica como principio rector de los poderes jurídicos reconocido en la constitución debe también regir en el entorno digital. Algo que como explicó supone importantes retos tanto para las nuevas realidades que están surgiendo con las nuevas tecnologías, como los criptoactivos o el metaverso, como para los procesos de realidades físicas que se trasladan al entorno digital, en los que uno de los principales desafíos es la identificación de personas sin proximidad física. «La utilización de las tecnologías sirve para mejorar los procesos, su eficiencia, pero es necesario que además sean seguros y fiables», concluyó.
Algo en lo que coincidió, José Ángel Martínez, presidente del Consejo General del Notariado, afirmando que es necesario que los medios tecnológicos sean compatibles con la Justicia. Asimismo, insistió en el carácter fundamental el dato como elemento vertebral del proceso de digitalización, «que necesita ser fiable, una cualidad que precisamente le otorga el documento notarial», apuntó. También comentó que desde hace 20 años los notarios tienen un centro tecnológico propio, una red a la que todos los notarios están conectados que ha permitido la creación del índice único notarial donde están todos los datos parametrizados y a disposición de la Administración Pública. «Ahora necesitamos que la sede electrónica notarial que funciona en un circuito cerrado se pueda abrir hacia el ciudadano y para ello hemos creado el portal de ciudadano que ya tiene posibilidades y espera tener más aplicaciones», anunció.
Este grupo de trabajo se cerró con la intervención de Fernando Vives, presidente ejecutivo y socio director de Garrigues, que admitió que «todos tenemos un concepto natural de la seguridad jurídica que se complica cuando hablamos de la seguridad jurídica digital». Por ello, recomendó que a la hora de establecer desarrollos normativos de la seguridad digital en el ámbito de la Justicia se tuviera en cuenta el reglamento europeo eiDAS 2 y en particular el Digital Identity Wallet que introduce esta norma europea. «Se trata de un modelo de identidad digital con datos que podremos utilizar en transacciones públicas o privadas». Y es que como expuso Vives la agenda 2030 de la Comisión europea marca que el 100% de los servicios públicos podrán ser digitales y el 80% ciudadanía europea tendrá identidad digital.
Justicia 2030
A continuación, se expusieron los resultados y las experiencias en la implementación de algunos proyectos estratégicos del Plan Justicia 2030. José Manuel López Rodrigo, director de Justicia 2030 en Ministerio de Justicia, definió Justicia 2030 como un plan a diez años desarrollado en cogobernanza y haciendo referencia a una conversación con Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, declaró que «Esto no son flores y pájaros, las ideas que no se van a ejecutar ya se han quitado, esto es lo que se va a hacer cuestiones concretas». «No se trata de revolucionar la justicia sino de evolucionarla de acuerdo con el cambio del entorno», apuntó.
Francisco Fermin Navarro Benítez, subdirector general de Nuevas Tecnologías de la Justicia, fue el encargado de hablar de los juicios telemáticos y lo hizo elogiando el gran esfuerzo que hizo la Administración de Justicia por adaptarse durante los meses de confinamiento para dar continuidad a la justicia con las mismas garantías y preservando la salud de las personas. «Hoy en día es una realidad tangible, en todas las Comunidades Autónomas se realizan vistas judiciales telemáticas». En este sentido Javier Parra García, secretario general del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compartió su experiencia y aclaró que un juicio como tal completo en formato tecnológico es difícil o imposible. «Prefiero hablar de juicios con vistas o actuaciones deslocalizadas», puntualizó.
El proyecto de escritorio virtual de inmediación digital (evid) fue explicado por Javier Hernández Díez, subdirector General de Impulso e Innovación de Servicios Digitales, que lo describió como un sistema para articular la firma electrónica de actuaciones que tradicionalmente se hacían en presencial. Para su funcionamiento es esencial el aseguramiento de la identidad y garantizar la voluntad del interesado. Miguel Hermosa, abogado del Colegio de Abogados de Palencia, comentó que gracias al evid evitan desplazamientos y muchas suspensiones que supondrían una demora enorme en el procedimiento. «Las primeras veces ha sido complicado, pero ahora lo usamos y no volveríamos atrás», afirmó Hermosa.
Otro de los proyectos estratégicos del plan Justicia 2030 destacado fue el del puesto de trabajo deslocalizado. «No estábamos preparados y en pocas semanas pudimos trabajar desde fuera de las sedes judiciales durante el confinamiento», valoró Francisco Fermin Navarro. Para Javier Parra es un auténtico éxito, aunque advierte que «no es solo es importante implantar el software y dar formación, sino que también hay que acompañar con la organización».
Por la tarde, el grupo de trabajo sobre dimensión internacional fue moderado por la directora general para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal. En su intervención, la directora general destacó que el plan Justicia 2030 contempla implantar la Oficina de Justicia en los municipios para que los habitantes de las zonas despobladas, «que tengan problemas para acceder al mundo digital, como las personas mayores o con discapacidad, cuenten con profesionales que les ayuden a hacer trámites con la Justicia».
Además, en la mesa participaron el presidente de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), Ramin Garagurbali; la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa, Fazia Pusterla; y el director de Agenda Digital y Estudios Sectoriales de Ametic, Antonio Cimorra.
Crear servicio público
En el grupo de trabajo Innovación y mejora de servicio público de justicia se debatió sobre lo conseguido para acercar la justicia al ciudadano y los retos que quedan por abordar. Manuel Olmedo, secretario general para la innovación y calidad del servicio público de justicia y magistrado, quien moderó la mesa, remarcó que la pandemia ha supuesto un gran avance para reforzar la «cogobernanza» entre regiones.
Cogobernanza fue un término muy repetido durante la celebración de estas sesiones. Olmedo valoró cómo todos los actores han arrimado el hombro para aportar ideas: desde abogacía, procuraduría y graduados sociales hasta jueces y fiscales, así como las administraciones y las empresas privadas.
Una de las principales críticas de la sesión tuvo como diana la interoperabilidad entre regiones. El magistrado Celso Rodríguez Ladrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, enfatizó que es el momento de acabar con la administración «a varias velocidades», donde no tiene sentido que un mismo proceso judicial se tramite de forma diferente «en Almería y en Ourense». En cuanto al expediente judicial electrónico, insistió en que no puede aspirar a ser «una colección de PDFs», sino que debe convertirse en «un documento procesal interactivo, que vaya más allá del mero objetivo del papel cero».
Seguidamente, Esmeralda Ramillo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, coincidió con Rodríguez en que «la dispersión no es eficaz ni eficiente, cuesta mucho dinero al erario público y no da respuesta». La situación pandémica, admite, ha reforzado la coordinación entre las administraciones y «solo un país prospera cuando se unen esfuerzos», dijo. Remarcó la cooperación respecto al ámbito público y privado, muy necesaria en esta revolución digital. La pandemia ha reforzado la cogobernanza, ha dicho, con multitud de reuniones entre justicia y autonomías en los meses más duros de pandemia. En el sentido del desarrollo tecnológico, los fondos europeos son «una gran oportunidad». Aprovechó la ocasión para instar al ministerio de no olvidar que la vocación de la transformación debe ser «humanista» y no pasar por alto que «la justicia es un servicio público fundamental». La fiscal cree que el ministerio debe mejorar su labor de comunicación. Hay funcionarios, dijo, que no conocen o no saben utilizar muchas de las herramientas que el ministerio pone a su disposición.
En tercer lugar, Miguel Ángel de la Pisa, coordinador del grupo de trabajo de Digitalización del Servicio Público de justicia de AMETIC, remarcó la voluntad del sector privado de «aportar valor» en esta evolución digital. Como proyectos de interés, destacó la posible creación de una herramienta «para informar al ciudadano sobre qué es la justicia gratuita y cómo funciona», que podría servir de vía para solicitar asistencia gratuita cuando sea necesario, sin necesidad de salir de casa. Otra de las líneas de investigación que levantan interés es la explotación de los Smart buildings para la mejora en la gestión de los edificios judiciales. O el desarrollo de un asistente virtual permanente «que acompañe al usuario en la utilización de los sistemas y de la sede judicial». «El sector está muy movilizado», remarcó.
Por último, Javier Santos, socio consultor de Deloitte, enumeró las innovaciones tecnológicas que ya son una realidad en muchas compañías y que espera ver pronto afianzadas en el sector público, como la explotación de los servicios en la nube, el uso de la identidad digital o la reducción de canales. En cuanto a los retos que tendrá que afrontar el ministerio, en opinión de Santos es esencial llegar al ciudadano y cumplir con su expectativa de disfrutar de «una comunicación cercana, proactiva, eficiente y transparente». Para conseguirlo «hay que conocer y segmentar a los ciudadanos y entender sus necesidades». Queda camino en la reducción de papeleos, de trámites y de pasos burocráticos intermedios.
Contratación, soluciones tecnológicas y fondos europeos
Ya en la mañana del jueves, la mesa sobre contratación, soluciones tecnológicas y fondos europeos estuvo moderada por Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.
Cubo recordó que la finalidad de este grupo de trabajo es exprimir al máximo cada uno de los 410 millones destinados a la Administración de Justicia procedentes de los fondos europeos que tienen como objetivo mejorar este servicio público, hacer trasparentes los proyectos en los que están trabajan y crear los subgrupos de trabajo necesarios. De hecho, uno de los subgrupos específicos que se van a crear es el de inteligencia artificial, robotización y datos. Y comentó que gracias a ello se están llevando a cabo proyectos de robotización avanzada como el de cancelación de antecedentes penales, que supuso la tramitación de 150.000 antecedentes penales cancelados de manera automática en menos de una semana.
Esta sesión contó con la participación de Víctor Calvo Sotelo, director general de DigitalES, que especificó que los fondos europeos «no son sólo un programa donde hay presupuesto para hacer inversiones importantes fundamentalmente en digitalización es también un proceso europeo que impulsa las reformas en todos los países». Asimismo, puso en relieve los resultados del informe DESI de la Comisión europea que colocan en una posición de liderazgo a España en cuanto a la digitalización de servicios, aunque en el uso de herramientas digitales nuestro país esté muy por debajo de la media europea. Sin embargo, expuso datos esperanzadores en lo que se refiere al área de Justicia., donde 9 de cada 10 asesorías jurídicas en España tienen previsto aumentar el uso de herramientas y soluciones digitales y más de la mitad de ellas piensan que en 5 años más del 60% de su trabajo va a estar basado en herramientas digitales.
En su intervención Albert Triola, Director General para España de ORACLE, hizo hincapié en que la tecnología permite hacer grandes cosas que antes no eran posibles y puso el ejemplo de zoom que antes de la pandemia apenas tenía 10 millones de usuarios en todo el mundo y en la actualidad tiene más de 300 millones. «La tecnología nos va a permitir gestionar datos masivos y consolidados», apuntó. Sin embargo, advirtió de que no se trata «coger lo que yo tengo en mi data center gestionado como antes, esos datos hay que llevarlos a una plataforma como la nube que puede ser pública o privada pensando en la automatización».
Elena Muñoz, Subdirectora General de Impulso de la Digitalización de la Administración, incidió en que las administraciones tienen que transformarse en consonancia con el país y que para ello, «es importante tener en cuenta otros aspectos como la capacitación de la ciudadanía o la digitalización de nuestro propio sector productivo». «Ese ecosistema de digitalización solo pude funcionar con la colaboración de todos los actores», proclamó. Y aunque, admitió que el El covid ha puesto la digitalización en boca de todos, supuesto un avance de 10 años en el proceso de digitalización, reconoció que la Administración aún tiene muchos retos pendientes como es «acercarse a la sociedad a través del dispositivo que suelen usar y ese no es el portátil sino el móvil».
Para finalizar, Aitor Cubo, quiso resaltar que a pesar de que las administraciones públicas tienen el privilegio de ser monopolios, deben dar siempre un dar un buen servicio al ciudadano. «Hay que llegar a todos y en especial en la Justicia donde hay que llegar a los más vulnerables», concluyó.
Dimensión local
Para cerrar las jornadas, la última mesa trató la implantación de la digitalización de justicia en el ámbito local y los proyectos para derribar las barreras para acceder de acceso a la administración que existe en el ámbito rural.
El debate fue moderado por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien explicó cómo las Oficinas de Justicias —llamadas a sustituir los actuales juzgados de paz— se convertirán en el primer punto de información y ayuda para el ciudadano en muchos municipios. Un lugar donde poder comparecer telemáticamente para un juicio, recibir información sobe expedientes judiciales, obtener certificados o realizar consultas al Registro Civil sin necesidad de coger el coche y recorrer largas distancias. En el plano político, Rodríguez se mostró «absolutamente convencido» de que los proyectos de ley de eficiencia «contarán con el respaldo de ambas cámaras».
En esta dirección, Ana Sánchez, subsecretaria de Justicia, remarcó cómo «sostenibilidad y digitalización están íntimamente relacionadas» y que uno de los objetivos del ministerio es, en definitiva, «llevar la sostenibilidad medioambiental al sector Justicia».
En la mesa también participó el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares, quien destacó la tarea de acercar los medios digitales a las zonas rurales, en especial en un país donde el 87% de los ayuntamientos tiene menos de 5.000 habitantes. Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI Estatal, recordó la importancia de no dejar atrás a las personas con discapacidad y garantizar su acceso a la Justicia como un objetivo primordial. Por su parte, Marius Albert Gómez Cazorla, miembro del grupo de trabajo de digitalización del servicio público de justicia de AMETIC, puso el acento en facilitar la comprensión y el acceso al mundo judicial a una ciudadanía que no siempre entiende el lenguaje jurídico.