El TJUE recuerda las facultades de la Comisión Europea frente a los interlocutores sociales
TJUE, Gran Sala, Sentencia 2 Septiembre 2021
Diario La Ley, Nº 9920, Sección Jurisprudencia, 24 de Septiembre de 2021, Wolters Kluwer
LA LEY 6220/2021
TJUE, Gran Sala. Sentencia de 2 Sept. 2021. C-928/2019 (LA LEY 137425/2021)
El TJUE confirma lo ya dicho por el Tribunal General en torno a la intensidad del control jurisdiccional que se puede y se debe ejercer sobre la Decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2018, por la que se negó presentar al Consejo de la Unión Europea una propuesta de decisión que aplicara el Acuerdo Marco general de información y consulta a los funcionarios y a los empleados públicos de las administraciones dependientes de un gobierno central.
El objetivo de promover el papel de los interlocutores sociales y el diálogo entre ellos no implica que las instituciones de la Unión estén obligadas a dar curso a una petición conjunta presentada por las partes firmantes de un acuerdo.
Sin negar la existencia de la autonomía de los interlocutores sociales, no se puede obligar a la Comisión a presentar automáticamente al Consejo una propuesta de decisión de aplicación a nivel de la Unión de un acuerdo, pues ello equivaldría a reconocer a los interlocutores sociales una facultad de iniciativa propia que no les corresponde.
Explica el TJUE que una vez que los interlocutores sociales han negociado y celebrado libremente un acuerdo, y una vez que las partes firmantes de dicho acuerdo han pedido conjuntamente su aplicación a nivel de la Unión, la Comisión dispone de la facultad de intervenir y recupera el control del procedimiento.
Si el derecho a negociar ha sido respetado en la fase de negociación por los interlocutores sociales del acuerdo, no tiene base la alegación de que la decisión de la Comisión en la fase de aplicación del acuerdo haya vulnerado el derecho a la negociación.
Y como corolario de todo lo anterior, señala el TJUE que, si se reconociera a los interlocutores sociales la facultad de obligar a la Comisión a presentar al Consejo una propuesta de decisión de aplicación de sus acuerdos a nivel de la Unión, ello llevaría al absurdo de que los interlocutores sociales ejercerían más influencia en el contenido de los actos jurídicos adoptados en materia de política social que la que puede ejercer el Parlamento.
Los interlocutores sociales carecen de facultad para obligar a la Comisión a actuar en el ámbito de la política social, pues el artículo 225 TFUE solo confiere al Parlamento el derecho a solicitar a la Comisión que presente al Consejo «las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquel requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados», de modo que se trata de un derecho, no de una obligación.