Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 215/2022, 21 Mar. Recurso 1696/2019 (LA LEY 37127/2022)
El consejo de administración de la sociedad anónima demandada acordó otorgar poderes generales a favor de tres de sus miembros en los mismos términos que los poderes generales otorgados varios años antes a los otros tres miembros del consejo. El acuerdo fue adoptado con el voto favorable de cuatro consejeros y el voto en contra de dos consejeros, el demandante y su hijo.
El Juzgado de lo Mercantil declaró válido dicho acuerdo por tener un contenido similar al de los poderes que habían sido otorgados a los anteriores consejeros. Dicha sentencia fue revocada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que declaró nulo el acuerdo impugnado tras considerar que las facultades que se otorgaban no era gestiones de mera representación, sino que conllevaban una decisión delegada por el consejo, con un claro perfil ejecutivo y no meramente declarativo o deliberativo, por lo que era necesario el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 249.2 (LA LEY 14030/2010) y 3 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sin embargo, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación formulado por la sociedad demandada, casa la sentencia de apelación y desestima la demanda.
Señala el Alto Tribunal que el otorgamiento de poderes generales, en idénticos o muy similares términos, a todos y cada uno de los consejeros que integran el consejo de administración no puede interpretarse como una delegación de funciones en el sentido previsto en el art. 249.1 LSC. Las funciones decisorias propias del órgano de administración de la sociedad anónima y la titularidad de la representación orgánica de la sociedad siguen correspondiendo al consejo de administración.
El acuerdo debe interpretarse como un modo de agilizar las relaciones de la sociedad con terceros. De este modo, cuando sea necesario realizar alguna actuación frente a terceros en ejecución de las decisiones del consejo de administración, y que la sociedad quede vinculada con estos terceros, cualquiera de sus consejeros puede intervenir en representación de la sociedad, sin necesidad de otorgar sucesivos apoderamientos voluntarios para cada actuación concreta.
El consejo ha de actuar colegiadamente para ejercitar el poder de representación del que es titular. Ello puede suponer una incomodidad notable, que en el caso de autos ha intentado solucionarse mediante este apoderamiento voluntario a todos y cada uno de los consejeros que les permite representar y vincular a la sociedad respecto de terceros, al menos en las actuaciones más habituales.
En consecuencia, la Sala afirma que el recurso al apoderamiento voluntario no fue empleado por el consejo de administración para realizar una delegación de funciones a determinados consejeros eludiendo las rigurosas exigencias que se contienen en el art. 249 LSC (mayoría cualificada, contrato, abstención del consejero concernido) y de esa manera burlar los controles y requisitos previstos en la ley para garantizar la transparencia en la actuación de los órganos sociales y proteger a la minoría.
Por tal razón, concluye el Tribunal, al acuerdo impugnado no le era aplicable el régimen previsto en el art. 249 LSC para la delegación de funciones del consejo de administración. Se trata de un apoderamiento de los que el propio art. 249.1 LSC prevé como una cuestión distinta de la delegación de facultades en uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas.