Validez de la instalación de una cámara en el baño de una residencia para discapacitados para confirmar el maltrato a los pacientes por un celador
TSJ Andalucía, Sala de lo Social, Sentencia 22 Marzo 2017
Diario La Ley, Nº 9079, Sección Jurisprudencia, 13 de Noviembre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 8081/2017
TSJ Andalucía, Sala de lo Social, Sentencia 899/2017, 22 Mar. Recurso 1461/2016 (LA LEY 81404/2017)
La cuestión de la instalación de cámaras de video vigilancia ha sido y sigue siendo objeto de múltiples pronunciamientos porque la casuística es enorme y exige valorar en cada caso la necesidad y finalidad de la instalación a los efectos de descartar que con ella se vulneren derechos de los trabajadores.
El TC se ha encargado de perfilar los límites de los derechos fundamentales del trabajador a ser grabado sin su consentimiento o sin recibir información previa, y mantiene que una vez acreditada por la empresa la sospecha sobre alguna conducta impropia, cede la necesidad de obtener el consentimiento informado de los trabajadores, frente al derecho preferente de los pacientes, gravemente discapacitados, física y mentalmente, y que no pueden quejarse de un posible maltrato.
La sentencia constitucional concluye que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, porque tal consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario; y en cuanto alcance del deber de información previa, dispone que para que el incumplimiento por parte del empresario implique una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador se debe valorar el principio de proporcionalidad.
Esta doctrina, trasladada al supuesto enjuiciado, lleva al TSJ a estimar el recurso y declarar la procedencia del despido tras considerar válida la prueba de grabación en la que se observa que el trabajador despedido infligía malos tratos a los internos de una residencia personas gravemente afectadas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta.
La empresa colocó sin conocimiento ni consentimiento ni de los residentes, ni de sus familiares, ni de los trabajadores del centro, una cámara de videograbación en un cuarto de baño utilizado por las auxiliares para bañar a los residentes, y la cámara grabó al trabajador despedido estimulando a un residente tocándole con su mano en el brazo, incidiendo su dedo en el abdomen, en alguna ocasión dirigiendo el dedo hacia la zona de los ojos, y en varias ocasiones pellizcándole o retorciéndole el meñique hasta lograr que el propio residente comenzara a bajarse los pantalones y ropa interior.
Estos hechos, imputados en la carta de despido, se integran en el tipo sancionador del Convenio Colectivo aplicable como actuación con personas con discapacidad que implique falta de respeto o de consideración a su dignidad, siendo por ello procedente el despido disciplinario del trabajador.