Primero: El actor apelante, D. Manuel N. S., pretendió en la vista del recurso, exclusivamente, la supresión del régimen de visitas que se mantiene a favor de la señora D. R., con fundamento en la mala relación entre madre e hijo y en la inconveniencia de que pueda llegar a imponerse al joven, aun contra su voluntad, la efectividad de dicho régimen de visitas, que ahora ha quedado reducido a fines de semana alternos y mitad de las vacaciones escolares.
Ciertamente se observa una mala relación entre la madre y su hijo, que, como suele ocurrir en estos casos, aquella atribuye a la influencia del padre, que tiene consigo, ordinariamente, al menor. Como también suele suceder, ignoramos si es cierto que existe una actuación intencionada en ese sentido. El niño la niega en las exploraciones, aun cuando conocemos, por propia confesión, que el padre explica a su hijo las vicisitudes de su enfrentamiento legal con su exesposa, lo que quizá no sea especialmente aconsejable, porque puede resultar inevitable que, al dar las explicaciones, se materialice, aun sin pretenderlo, una predisposición del menor en contra de su progenitora.
Sin embargo, pese a esa mala relación, no se aprecia motivo alguno para privar a la madre y al hijo de la posibilidad de relacionarse periódicamente. El que existiese un episodio de agresión por parte de la madre hacia su hijo no es motivo suficiente, pues se trató de un episodio aislado, que se redujo a dos o tres bofetadas. Es preciso mantener abierta la posibilidad de que la relación materno-filial se normalice y tenga continuidad, para lo que la peor solución sería la supresión del régimen de visitas.
Es obvio que imponer coactivamente a un adolescente de 15 años el cumplimiento, contra su voluntad, de un régimen de visitas, es muy problemático. De hecho, se observa en la práctica que ello es, con gran frecuencia, sencillamente imposible. El temor del señor N. a que se obligue por la fuerza al joven a ir con su madre no está justificado. Primero porque la forma en que se ejecute la sentencia quedará sometida a la discreción y a la prudencia del juez primera instancia, que sin duda ponderará la necesidad de no utilizar medios traumáticos para el hijo, incluso a costa de permitir que el régimen de visitas no se cumpla, posibilidad que, evidentemente, conservará en todo momento el Juez. Segundo porque aunque interviniesen funcionarios públicos en orden a procurar el cumplimiento del régimen de visitas, tampoco hay por qué pensar que vayan a tener un comportamiento inadecuado. En fin, no puede descartarse que, como decimos, no pueda cumplirse el régimen de visitas si el hijo no lo quiere. Pero ha de dejarse sentada la existencia jurídica de ese derecho a la relación entre la madre y el hijo, para que ningún impedimento a su efectividad pueda ampararse en una supresión formal del repetido régimen de visitas.
Segundo: La señora D. R. pretendió en la vista, en primer lugar, que se le atribuyese a ella la guarda y custodia del hijo. Subsidiariamente, postuló que se mantuviese el mismo régimen de visitas que se estableció en la sentencia de divorcio y, por último y para el caso de no aceptarse tampoco esto último, que se confirmase la sentencia apelada.
No resulta posible otra alternativa que esta última. El hijo tiene quince años y es completamente desaconsejable disponer que la guarda y custodia se atribuya a la madre contra la voluntad de un hijo de dicha edad. Tampoco se estima procedente mantener las estancias del menor con su madre en horario de 12 a 15 h todos los días, dadas las dificultades que se han producido en el pasado para la efectividad de dicho sistema.
Procede, en consecuencia, la confirmación de la sentencia apelada.
Tercero: Por lo que se refiere a las costas del recurso, no procede hacer especial pronunciamiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 896 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (LA LEY 1/1881), pues se trata de un asunto en que se ventila el interés de un menor y en el que las pretensiones de ambos litigantes han de entenderse formuladas en interés del mismo.
Vistes los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,