Volver a página de inicio

PRIMERO.- El primer motivo del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª Ángeles contra la sentencia que acordó la disolución por divorcio del matrimonio formado por la recurrente y D. Braulio, y adoptó las medidas paterno filiales oportunas, hace referencia al pronunciamiento por el que se acuerda un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio y sus dos hijos, Higinio, nacido el día NUM000 de 2001, y Fabio, nacido el día NUM001 de 2003, como libremente convengan, interesando se fije el régimen de visitas y comunicaciones con el que ambas partes han estado de acuerdo y se ha venido desarrollando, no dejando al arbitrio de los menores la forma y determinación de comunicarse con su padre. El segundo motivo hace referencia a las vacaciones de verano, interesando el régimen propuesto por la recurrente; y en tercer lugar impugna la cuantía de la pensión alimenticia, solicitando se incremente la pensión a la cantidad de 1.455 euros mensuales .

SEGUNDO.- En el recurso interpuesto, Dª Ángeles considera que dejar al arbitrio de dos hijos adolescentes el modo de relacionarse con su padre solo puede traer complicaciones que hasta ahora no se han tenido, puesto que desde el momento de la separación de hecho, ambas partes establecieron el régimen de visitas que ambas partes han solicitado.

En la demanda presentada por D. Higinio, se solicita que el régimen de visitas sea flexible y el que fijen las partes en cada momento, y en defecto de acuerdo, interesa se fije un régimen de visitas de fines de semana alternos desde el viernes a las 17 horas hasta el martes a las 8 de la mañana, con recogida en el domicilio materno y llevando a los hijos al centro escolar, así como las tardes de los lunes, miércoles y viernes desde las 16 horas hasta las 20,30 horas o hasta que finalicen las actividades extraescolares, con recogida y entrega en el domicilio materno. El descrito régimen de visitas es idéntico al propuesto por Dª Ángeles en el escrito de contestación a la demanda.

Teniendo en cuenta que ambas partes están totalmente de acuerdo con el régimen de visitas y comunicaciones, entendemos que asiste razón a la recurrente, puesto que consideramos que cuando se trata de adolescentes, salvo excepciones, no es aceptable dejar en sus manos la decisión sobre cuándo se relaciona con sus progenitores, ya que ello supone concederles un poder que, por su propio grado de madurez, no siempre ejercitan adecuadamente en condiciones de lógica normalidad y sin abusos. Consideramos que a pesar de lo expuesto por la parte apelada en su escrito de oposición al recurso interpuesto respecto a este concreto motivo, es aconsejable que al menos el progenitor no custodio disponga de una resolución judicial que establezca un régimen de visitas y que incluso sus hijos tengan conocimiento de su existencia en el particular pertinente y comprendan que el progenitor tiene derecho a relacionarse con ellos, y nada mejor que establecer unas referencias ciertas para sentar unas bases, independientemente de que si existe acuerdo entre padre e hijos, las visitas puedan llevarse a cabo cuando decidan; en otro caso, el régimen acordado entre los progenitores será subsidiario de la falta de acuerdo.

TERCERO.- Las vacaciones de Verano.

La parte apelante ha interesado que respecto de las vacaciones de verano, el padre pueda estar con sus hijos el mes de julio y la primera semana de agosto, y la madre, la última semana del mes de junio y desde la segunda semana de agosto hasta que empiece el curso escolar. A dicho pretensión se ha opuesto la representación procesal de D. Braulio, interesando la confirmación de la sentencia por la que resuelve distribuir por mitad las vacaciones de verano el mes de julio o de agosto eligiendo el padre los años pares y la madre los años impares.

El artículo 94 del Código Civil (LA LEY 1/1889) encomienda al juez la determinación del tiempo, modo y lugar del ejercicio del derecho de visitas. El criterio que ha de presidir la decisión que en cada caso corresponda sobre la situación de los menores, incluido el régimen del llamado derecho de visita, es el del interés superior del menor, ponderándolo con el de sus progenitores que, aun siendo de menor rango, no resulta por ello desdeñable. ( Sentencia de la sala primera del Tribunal Constitucional de 22 de diciembre de 2008, con cita de otras anteriores).

No existe una previsión legal acerca de cómo debe organizarse las vacaciones de verano ni con carácter general ni en particular, y entendemos que cuando no exista un acuerdo entre los progenitores, como parece que es este el supuesto, hemos de acordar un régimen de permanencia de los menores con sus progenitores en este período vacacional que sea beneficioso para los menores, y en este caso, a falta de otra pruebas, que las meras declaraciones de las partes a lo largo de este procedimiento, esta Sala estima más razonable la distribución de vacaciones acordada en la sentencia de instancia, que acuerda una distribución equitativa de los meses de julio y agosto, con la distribución de los períodos alternos según los años, y todo ello sin perjuicio de los acuerdos que puedan alcanzar los padres e incluso con sus hijos que desde luego se considera más conveniente.

CUARTO.- Cuantía de la pensión alimenticia.

Como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1993 , ".... La obligación de dar alimentos es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico, alcanzando rango constitucional como taxativamente establece el artículo 39 de la CE. (LA LEY 2500/1978) Por tanto la obligación de prestar alimento se basa en el principio de la solidaridad familiar".

Para determinar la contribución a los alimentos del progenitor que no convive con los hijos se han de tomar como referencias en los supuestos de crisis matrimoniales, los ingresos de cada uno de los litigantes, que permitirán fijar la proporcionalidad de la cuantía, y en atención a lo dispuesto en los artículos 142 (LA LEY 1/1889), 144 (LA LEY 1/1889), 146 (LA LEY 1/1889) y 147 del Código Civil (LA LEY 1/1889), porque la pensión alimenticia tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los da no solo por sus ingresos, sino también la posibilidad real de obtenerlos y a las necesidades de quién los recibe, así como la acomodación de la prestación económica a las necesidades efectivas de los hijos, según los usos y las circunstancias de la familia, los recursos y disponibilidades de cada uno de los progenitores, habiendo añadido la jurisprudencia que las exigencias impuestas por la solidaridad familiar no deben implicar un olvido de las propias necesidades del alimentante determinadas por su personal situación ( STS de 9 de octubre de 1981 y 1 de febrero de 1982), como viene recogiendo la jurisprudencia de esta Sala en diversas Sentencias.

Debemos de entender por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, los gastos de educación e instrucción de los hijos menores de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, a tenor de lo dispuesto en el artículo 142 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

La apelante en su recurso alega que ha existido un error en la valoración de la prueba porque el demandado tiene capacidad económica para asumir la pensión solicitada de 1.455 euros mensuales, más la mitad de los gastos de educación, para evitar tener que acudir a la vía judicial para solicitar la modificación de medidas cada vez que los menores vayan aumentando sustancialmente dichos gastos.

El motivo se desestima.

La sentencia recurrida ha tenido en cuenta la capacidad económica de ambos progenitores en el Fundamento Jurídico Cuarto, cuyo contenido se da por reproducido, sin que los datos económicos que se exponen y reproducen hayan sido impugnados por la recurrente; esta Sala que ha tenido oportunidad de examinar toda la prueba obrante, considera valorada la prueba con arreglo a las normas de la lógica, sin error apreciable, por lo que la cantidad establecida de pensión de alimentos ha de mantenerse; teniendo en cuenta los ingresos que se exponen, y las necesidades ordinarias de los menores, entendemos que la cantidad acordada, se considera adecuada al principio de proporcionalidad y equidad respecto de los medios económicos del alimentante y las necesidades reales de los alimentistas y al principio de equidad y solidaridad familiar.

Hemos de precisar que las pensiones de alimentos se fijan siempre con vocación de futuro, en evitación de que incidencias previsibles derivadas de la mera evolución, aboquen a las partes a incesantes procesos de modificación de medidas para el reajuste puntual de la contribución. Tampoco con la evolución de los hijos aumentan o disminuyen las necesidades, sino que simplemente se transforman, dando unas que desaparecen paso a otras que van surgiendo.

Por último, precisar que se considera para fijar el aporte del progenitor no custodio, los desembolsos precisos para alimentación en el aspecto puramente nutricional, calzado, vestido, ocio, medico y medicinas, en lo no cubierto por el sistema sanitario público de la Seguridad Social que no constituya un extraordinario, así como gastos por alojamiento y mantenimiento del hogar en su promedio y a prorrata en función del número de moradores de la vivienda, y todo en función del nivel de vida de la familia de que se trate.

Pues bien, las necesidades de los tres menores, entendidas conforme a la definición legal antes dicha, responde perfectamente a la cantidad fijada en la sentencia, como hemos anticipado, -350 euros para cada hijo-, sin que venga justificado un aporte superior, al no acreditarse mayores gastos regulares precisos para el digno sustento de los menores, y todo ello sin olvidar el régimen de visitas tan amplio que tiene el progenitor no custodio, que también se ha de tener en cuenta para fijar la contribución paterna.

QUINTO.- Que, al estimarse parcialmente el recurso de apelación, no se hace declaración expresa en materia de costas procesales, de conformidad con lo prevenido en el artículo 398.2 de la L.E.C. (LA LEY 58/2000)