Volver a página de inicio

PRIMERO.- La sentencia de divorcio de instancia fija una pensión alimenticia a cargo del padre y a favor de las dos hijas mayores de la pareja de 450 euros mensuales para cada una de ellas y una pensión compensatoria a favor de la esposa de 1.000 euros mensuales hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, atribuye el uso del domicilio familiar a favor de la esposa e impone al esposo la obligación de rendir cuentas trimestralmente a la esposa acerca de la situación del negocio familiar de pescadería consistente en la explotación de un puesto de pescado en el mercado de abastos de DIRECCION001 y otro en el mercado de Alicante hasta la disolución de la sociedad de gananciales, siendo dicha resolución impugnada por el esposo.

SEGUNDO.- Impugna el Sr. Juan Francisco, en primer término el importe de la pensión alimenticia impuesta a su cargo para sus dos hijas mayores de edad y dependientes económicamente, en la sentencia de instancia, a la vista de la nula relación personal que mantienen con su progenitor, que no le es imputable y atendida la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de febrero de 2019.

Y en este punto, la Sala, examinado el contenido de las actuaciones y prueba practicada, estima que no asiste la razón al apelante.

El artículo 93 CC (LA LEY 1/1889) contempla la fijación de alimentos a los hijos mayores en el marco del proceso matrimonial, aunque supeditándolo a la concurrencia de dos presupuestos, a saber, que continúen viviendo en el domicilio familiar y que carezcan de recursos propios, esto es, que concurra el presupuesto de la necesidad, en los términos previstos en el artículo 142 CC. (LA LEY 1/1889) Con objeto de fijar el importe de la pensión alimenticia, además, es necesario tener en cuenta los artículos 145 (LA LEY 1/1889) y 146 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Este último precepto establece que "la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe".

Sentado lo anterior, no existe controversia en el supuesto de autos entre ambos progenitores acerca de la dependencia económica de ambas hijas, que se encuentran estudiando en la actualidad, entendiendo el padre con carácter principal que se le debe eximir de su obligación de pago por la nula relación personal que ambas mantienen con él, de manera manifiesta e imputable a ellas.

El recurrente propugna en este punto que sea tomada en consideración la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019, cuya aplicación insta para denegar la pensión alimenticia.

Ahora bien, estima la Sala, además de que en aquella Sentencia se trataba de dirimir la procedencia de la extinción de una pensión prefijada en un procedimiento de modificación de medidas y en el caso que nos ocupa su instauración por vez primera en una sentencia de divorcio, el resultado de la prueba practicada no constata la concurrencia de los elementos que propugna la doctrina sentada por el Tribunal Supremo al respecto.

Para denegar el establecimiento de la pensión de alimentos que aquí se propugna, resulta imprescindible que quede acreditado que esta falta de relación manifiesta resulta exclusivamente imputable, o al menos, de forma principal y relevante, precisamente a quien reclama. Y esto estima la Sala que, del resultado de la prueba practicada no ha ocurrido aquí. Como se ha expuesto anteriormente, el padre, ante un no cuestionado desapego de las hijas, probablemente motivado por la crisis matrimonial y acontecimientos acaecidos en el periodo de separación de hecho, no ha hecho nada trascendental por reactivar las relaciones interparentales. No podemos dejar de resaltar que constan aportados a las actuaciones mensajes de whatsapp intercambiados entre padre e hija que no denotan una ausencia absoluta de relación entre ellos y por ello, no procede atender a dicho motivo de recurso.

TERCERO.- De manera subsidiaria, entiende el apelante Sr. Juan Francisco que la cuantía de 450 euros mensuales impuesta a su cargo en sentencia, para cada una de ellas, es excesiva, no siendo acorde con su capacidad económica actual dado que, obtiene unos ingresos aproximados netos, tras asumir los gastos propios de explotación, de unos mil euros mensuales, debiendo reducirse a 200 euros mensuales.

La Sala estima, una vez analizada la sentencia y prueba practicada, que, el apelante no ha acreditado el volumen ni siquiera aproximado de sus ingresos, difíciles de cuantificar, pese a que tiene la administración de facto del negocio familiar y puestos de pescadería y pudo haber aportado documentación justificativa de la situación actual, ingresos y gastos devengados por el mismo. Ahora bien, aparece constatado indiciariamente que la familia tenía un nivel de vida elevado, dado que además del domicilio familiar, tiene una vivienda en propiedad como segunda residencia, sin que conste que ninguno de dichos inmuebles esté gravado con carga alguna; las hijas comunes cursan estudios universitarios fuera de su residencia familiar, una de ellas en una universidad privada además de constar la adquisición en fechas no lejanas de un vehículo de gama alta. En dicha tesitura, tomando en consideración además las necesidades ordinarias y comunes propias de su edad devengadas por las alimentistas y que el padre no niega el pago por mitad de todos los gastos de educación entre los que se incluyen las cuotas de matrícula y mensualidades de universidad, y por ello, conjugando ambos parámetros, este Tribunal estima que ha de reducirse el importe de la pensión alimenticia a cargo del padre a 300 euros mensuales para cada una de ellas.

CUARTO.- Es objeto de recurso, asimismo, el pronunciamiento relativo a la pensión compensatoria impuesta en sentencia a cargo del Sr. Juan Francisco y a favor de la Sra. Pura por importe de 1000 euros hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. Impugna el esposo su concesión a su cargo, estimando que no concurren los requisitos del artículo 97 CC para que sea otorgada por cuanto que la esposa colaboró diariamente en el levantamiento y sostenimiento del negocio familiar y viene trabajando desde octubre de 2018 en el puesto de pescado de un supermercado percibiendo una remuneración de entre 900 y 1000 euros en 14 pagas anuales. Añade que no se ha producido desequilibrio económico merecedora de la misma. De manera subsidiaria, impugna que se haya fijado una duración durante un periodo indeterminado y no dependiente de su voluntad, como es hasta el momento de liquidación de la sociedad de gananciales.

La Sala, a la vista de lo actuado, entiende que procede estimar parcialmente el motivo de impugnación, revocando la sentencia de la juez a quo en este punto.

Cabe recordar que el presupuesto fáctico para el nacimiento de la pensión compensatoria, tal como expresa el artículo 97 del Código Civil (LA LEY 1/1889), es el desequilibrio económico que para uno de los cónyuges pueda significar la separación o el divorcio en relación con la posición del otro y que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, en cuanto que su fundamento descansa en el equilibrio que debe subsistir entre los cónyuges en los casos de ruptura matrimonial, de forma que ninguno de ellos se vea afectado, desde un punto de vista material, en el estatus que mantenía al tiempo de la convivencia, es decir, que dentro de lo posible cada uno pueda seguir viviendo a un nivel equivalente al que tenía antes de la separación o el divorcio, lo que conlleva la necesidad de comparar patrimonialmente la posición de los esposos a fin de evitar que la sentencia que recaiga origine ese desequilibrio económico, que constituirá la premisa a la que queda supeditada su concesión.

Para valorar ése posible desequilibrio, hay que sopesar la posición del otro cónyuge, no sólo en la faceta económica sino también teniendo en cuenta la pérdida de beneficios, influencias, amistades o cualquier otra circunstancia, de forma que la consecuencia sea el empeoramiento de su situación anterior en el matrimonio, lo que en cierto modo viene a corroborar que la enumeración que efectúa el artículo 97 no es exhaustiva aunque sí de indudable importancia.

En el caso de autos se estima que sí se ha acreditado el desequilibrio económico merecedor de la pensión compensatoria concedida: el matrimonio ha durado 22 años, apareciendo constatado que la esposa se ha dedicado al hogar y cuidado de la familia y atención de las hijas comunes y ha colaborado con el esposo en la atención del negocio familiar y puesto de pescadería de manera continuada, y que, a raíz de la separación de hecho deja de realizar de manera conjunta, pasando a trabajar de manera temporal en un supermercado con un salario de unos 900 euros mensuales.

Así las cosas, es evidente que existe un desequilibrio para la esposa como consecuencia del divorcio, no por la diferencia salarial de ambos cónyuges, sino porque dicho salario dependía de la actividad profesional y negocio común de ambos y en el que en la práctica no interviene ya la esposa ni percibe ingresos derivados del mismo y por ello, aparece adecuada su concesión si bien reduciendo la cuantía a 700 euros mensuales al percibir un salario por su trabajo en un supermercado, y mantener su duración temporal y limitada a la efectiva liquidación de la sociedad de gananciales, que puede instar e impulsar el apelante en cualquier momento, periodo en el cual se considera por la Sala que podrá superarse el mencionado desequilibrio.

QUINTO.- Por último, entiende el Sr. Juan Francisco que la obligación impuesta a su cargo en sentencia de rendir cuentas sobre la situación del negocio familiar no es materia ni objeto de un procedimiento de divorcio sino del pertinente de liquidación de la sociedad de gananciales, incluso como medida cautelar vinculada a dicho procedimiento.

La Sala, tras el examen de las actuaciones, entiende que no cabe atender a la pretensión deducida por el apelante, ratificando el pronunciamiento de la instancia.

La atribución a un cónyuge de la administración y gestión de un negocio familiar o ganancial, con la consiguiente obligación de rendición de cuentas al otro, es una medida provisional que contempla el artículo 103.4 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y además puede acordarse en sentencia de divorcio hasta en tanto no se liquide la sociedad de gananciales, pues resulta evidente la utilidad de dicho pronunciamiento cuando no se hubiera adoptado con anterioridad.

En el caso concreto, los cónyuges son titulares de un negocio de pescadería con dos puestos en diferentes mercados y, respecto de los cuales, de facto, está gestionando el esposo desde la fecha de la separación, ostentando los derechos y obligaciones que les corresponden por su condición de copropietarios (comuneros) a ambos y por ello, la esposa ha de tener cumplido conocimiento de toda la gestión del mismo hasta en tanto se liquide definitivamente la sociedad de gananciales.

En base a ello, la Sala estima que ha de decaer el motivo de recurso.

SEXTO.- Dada la estimación parcial del recurso de apelación, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno en materia de costas al amparo del artículo 398.2 LEC. (LA LEY 58/2000)