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Entiende el Abogado del Estado que lo verdaderamente relevante a los efectos que ahora interesan -de conformidad con el espíritu de la norma que, en protección del interés general, demanda que solo puedan acceder a la nacionalidad española quienes observen buena conducta cívica- es la existencia real de tales hechos y la participación en ellos del solicitante y no su mera constancia documental, en la medida en que evidencian la realidad de un comportamiento incívico del solicitante, por más que éste no haya tenido reflejo en el expediente de nacionalidad o en otros expedientes o registros públicos.

Por tanto, cuando se acredite que el interesado ha ocultado deliberadamente a las autoridades encargadas de la tramitación y resolución del expediente de nacionalidad su participación en hechos delictivos, consiguiendo mediante este comportamiento desleal que se le concediera la nacionalidad española, la lógica jurídica más elemental conduce -en consonancia con el espíritu de la normativa aplicable, artículos 22.4 (LA LEY 1/1889) y 25.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889)- a que, una vez conocida aquella participación, se inste y, en su caso -de cumplirse todos los requisitos legales- se declare la lesividad del acto de concesión de la nacionalidad por ausencia del requisito de buena conducta cívica.

Concluye que la falta de buena conducta cívica constatada con posterioridad a la concesión de la nacionalidad española permite instar la lesividad de la misma, como ha ocurrido en este caso, señalando que la doctrina de la sentencia de 13 de octubre de 2020 ha sido rectificada en la sentencia de 6 de octubre de 2021, según la cual: "es conforme a Derecho declarar lesivo para el interés público el acuerdo de concesión de la nacionalidad española por residencia cuando se acredite que el solicitante cometió hechos delictivos con anterioridad a dicho acuerdo, que fueron objeto de condena penal con posterioridad al mismo, siempre que, en su caso, se cumplan los demás requisitos legalmente exigidos para la declaración de lesividad en el artículo 107 de la Ley 39/2015".

Añade que no es obstáculo para la declaración de lesividad el hecho de que todavía no se haya dictado sentencia en el proceso penal, invocando al efecto la sentencia de 27 de octubre de 2010 (FD 2º) que considera un caso análogo.

SEGUNDO.- La cuestión relativa a la apreciación del requisito de la buena conducta cívica en relación con la existencia de un proceso penal por delito y la posterior condena impuesta al interesado, ha sido examinada en la sentencia de 6 de octubre de 2021 (sic) (rec. 4708/19) (LA LEY 141827/2020), en la que se refleja la jurisprudencia en los siguientes términos:

"1) STS de 27 de octubre de 2010 (LA LEY 199137/2010) (RC 510/2006), que no consideró que concurriera el requisito de buena conducta cívica al estar pendiente la celebración de un juicio contra el recurrente por delito de receptación.

2) STS de 10 de junio de 2015 (RC 2130/2013 (LA LEY 80398/2015)), que estimó el recurso de casación interpuesto por el interesado, por haberse declarado la lesividad de la resolución que le concedió la nacionalidad con base en hechos delictivos cometidos con posterioridad a dicha resolución de concesión, aunque anteriores a la inscripción de la nacionalidad en el Registro Civil.

3) STS de 19 de junio de 2015 (RC 2776/2013 (LA LEY 80400/2015)), que confirmó la anulación de la nacionalidad española concedida ante la ausencia del requisito de buena conducta cívica del solicitante, dado que, pese a no hacerse constar en el informe obrante en el expediente antecedentes penales ni policiales, en el momento de serle notificada la concesión de la nacionalidad éste comunicó que poco antes de que fuera resuelta favorablemente su solicitud había sido condenado penalmente por delito relacionado con la violencia de género.

4) STS nº. 1445/2016, de 17 de junio de 2016 (RC 1073/2015 (LA LEY 65762/2016)), que confirmó la anulación de la nacionalidad española concedida ante la ausencia del requisito de buena conducta cívica del solicitante, considerando que la existencia de una causa penal abierta por dos delitos dolosos en la fecha en que se dictó la resolución de concesión de nacionalidad era un relevante dato negativo que, por sí mismo, justificaba la denegación de la nacionalidad, erigiéndose en un obstáculo insalvable para apreciar la concurrencia de buena conducta cívica la constancia de que sobre ellos recayó después sentencia condenatoria.

5) STS nº. 498/2017, de 23 de marzo de 2017 (RC 3656/2015 (LA LEY 15411/2017)), que confirmó la anulación de la nacionalidad española concedida ante la ausencia del requisito de buena conducta cívica del solicitante, al considerar acreditado que el mismo día en que le fue concedida la nacionalidad española cometió dos delitos, por los que fue condenado posteriormente.

6) STS nº. 1.281/2020, de 13 de octubre de 2020 (LA LEY 141827/2020) (RC 4708/2019), que estableció que no cabe declarar la lesividad de actos de concesión de nacionalidad por residencia por hechos delictivos penados con posterioridad a su otorgamiento, aunque sean anteriores a la validez y eficacia de dicho acto, al no infringir la resolución el ordenamiento jurídico, pero sí por delitos penados antes de su concesión, siempre que evidencien una mala conducta cívica; así como que la ausencia de buena conducta cívica ha de quedar acreditada en el expediente administrativo."

Y a la vista de dicha jurisprudencia se analiza la incidencia, a efectos de declarar la lesividad de la resolución concediendo la nacionalidad, del posterior conocimiento por la Administración de la participación del interesado en hechos delictivos incompatibles con la buena conducta cívica, análisis que se produce en los siguientes términos:

"Conviene ahora precisar algunos aspectos de la doctrina que ha quedado reflejada en párrafos anteriores en el sentido que a continuación expondremos, partiendo de la premisa -que debe quedar sentada, de entrada- de que es ésta una materia eminentemente casuística, en la que la determinación de la concurrencia del requisito de buena conducta cívica dependerá, lógicamente, de las peculiares circunstancias que en cada supuesto concurran.

Ahora bien, ello no impide que podamos afirmar, con carácter general, que, en todos y cada uno de los casos, para alcanzar esa conclusión, además de valorar los datos que formalmente estén incorporados al expediente, habrá que evaluar, de manera rigurosa, hasta qué punto resulta compatible el interés particular del solicitante, que pretende adquirir la nacionalidad española, con el interés general, que exige que solo puedan acceder a nuestra nacionalidad aquellos extranjeros que hayan acreditado de manera efectiva su buen comportamiento, demostrando de este modo que poseen la actitud y la aptitud necesarias para integrarse adecuadamente en la sociedad española.

Partiendo de esta premisa, podemos efectuar las siguientes consideraciones relacionadas con la doctrina expresada en las anteriores sentencias:

(i)La carga de la prueba del requisito de buena conducta cívica incumbe al solicitante (véanse a estos efectos, entre otras, las sentencias SSTS de 10 de junio de 2015 (LA LEY 80398/2015), 23 de marzo de 2017 (LA LEY 15411/2017) y 17 de junio de 2016 (LA LEY 65762/2016), antes mencionadas).

(ii) El requisito de buena conducta cívica no sólo ha de concurrir en el momento inicial de la presentación de la solicitud de nacionalidad, sino que también ha de estar presente durante toda la tramitación del expediente, hasta el mismo momento de la concesión de la nacionalidad (véanse en este sentido las citadas SSTS de 10 de junio de 2015 (LA LEY 80398/2015) y de 23 de marzo de 2017 (LA LEY 15411/2017)).

(iii) No basta con que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que " per se" impliquen mala conducta, puesto que lo que el artículo 22 del Código Civil (LA LEY 1/1889) exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, esto es, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87 (LA LEY 856-TC/1987) (en este sentido se pronuncia la STS de 19 de junio de 2015 (LA LEY 80400/2015)).

(iv) Entre esos deberes cívicos que razonablemente cabe exigir al extranjero que pretende obtener la nacionalidad española está, indiscutiblemente, el de observar un comportamiento leal con las instituciones y autoridades españolas encargadas de tramitar y resolver el procedimiento de adquisición de la nacionalidad.

Así se infiere, sin ningún género de duda, del artículo 25.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889), que dispone que se producirá la nulidad de la adquisición de la nacionalidad española cuando en sentencia firme se declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en tal adquisición.

Por ello, no puede apreciarse la concurrencia de buena conducta cívica en el solicitante de la nacionalidad española cuando se acredite que éste, de modo deliberado, ha ocultado a las autoridades encargadas de la tramitación y resolución del expediente su participación en hechos de entidad suficiente para ser considerados contrarios a las normas de convivencia cívica y a los principios y valores de nuestra sociedad, haya o no recaído sobre ellos condena penal o sanción administrativa, y con independencia de que dicha participación haya tenido o no reflejo en el expediente de nacionalidad.

En este sentido, debemos recalcar que lo verdaderamente relevante a los efectos que ahora interesan -de conformidad con el espíritu de la norma que, en protección del interés general, demanda que solo puedan acceder a la nacionalidad española quienes observen buena conducta cívica- es la existencia real de tales hechos y la participación en ellos del solicitante y no su mera constancia documental, en la medida en que evidencian la realidad de un comportamiento incívico del solicitante, por más que éste no haya tenido reflejo en el expediente de nacionalidad o en otros expedientes o registros públicos.

Por tanto, cuando se acredite que el interesado ha ocultado deliberadamente a las autoridades encargadas de la tramitación y resolución del expediente de nacionalidad su participación en hechos delictivos, consiguiendo mediante este comportamiento desleal que se le concediera la nacionalidad española, la lógica jurídica más elemental conduce -en consonancia con el espíritu de la normativa aplicable, artículos 22.4 (LA LEY 1/1889) y 25.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889)- a que, una vez conocida aquella participación, se inste y, en su caso -de cumplirse todos los requisitos legales- se declare la lesividad del acto de concesión de la nacionalidad por ausencia del requisito de buena conducta cívica.

III. Doctrina jurisprudencial sobre la cuestión de interés casacional.

Con las anteriores consideraciones no pretendemos -obviamente- agotar todas las cuestiones que se podrían suscitar en relación con la incidencia que una condena penal pueda tener sobre el acto de concesión de la nacionalidad, sino enmarcar adecuadamente la respuesta que debemos dar a la concreta cuestión de interés casacional planteada en el auto de admisión, consistente en determinar "si, en un caso como el presente, es conforme a derecho declarar lesivo para el interés público la concesión de la nacionalidad española por residencia por hechos delictivos cometidos con anterioridad al acuerdo administrativo que le concedió la nacionalidad, pero que fueron objeto de condena penal con posterioridad a dicho acuerdo".

Por ello, con base en lo expuesto hasta ahora -y, matizando lo dicho en la STS nº. 1.281/2020, de 13 de octubre de 2020 (LA LEY 141827/2020) (RC 4708/2019)- podemos dar respuesta a la indicada cuestión de interés casacional en los siguientes términos: es conforme a Derecho declarar lesivo para el interés público el acuerdo de concesión de la nacionalidad española por residencia cuando se acredite que el solicitante cometió hechos delictivos con anterioridad a dicho acuerdo, que fueron objeto de condena penal con posterioridad al mismo, siempre que, en su caso, se cumplan los demás requisitos legalmente exigidos para la declaración de lesividad en el artículo 107 de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015)."

Pues bien, como se señala en esta sentencia, estamos ante una materia eminentemente casuística, en la que la aplicación de los criterios indicados ha de acomodarse a las circunstancias del caso, y en tal sentido se da respuesta en la misma al supuesto en el que tratándose de hechos delictivos cometidos con anterioridad al acuerdo de concesión de la nacionalidad, se constata la realidad de los mismos mediante sentencia condenatoria, producida con posterioridad, y ello dentro del plazo de cuatro años desde el acuerdo que establece el art. 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LA LEY 15010/2015), para la declaración de lesividad.

Sin embargo, en este caso se trata de un proceso penal en el que el interesado aparece como acusado de un delito contra la salud pública por hechos ocurridos en mayo y junio de 2014, que iniciado en el año 2015 todavía no ha sido resuelto en el año 2021 cuando se dicta la sentencia de instancia -transcurrido en exceso el indicado plazo de cuatro años-, según ha constatado el Tribunal a quo en periodo de prueba, de manera que la participación del interesado en tales hechos delictivos está pendiente de la correspondiente decisión judicial y, mientras tanto, el principio de presunción de inocencia impide adoptar una decisión administrativa, como es la declaración de lesividad, fundada en la existencia real de los hechos delictivos y la participación del interesado en los mismos.

TERCERO.- La aplicación de esta doctrina conduce a la desestimación del recurso de casación interpuesto, sin que frente a ello pueda prosperar la alegación de la Administración recurrente en el sentido de que no es obstáculo para la declaración de lesividad que no se haya dictado sentencia en el proceso penal, invocando al efecto la sentencia de 27 de octubre de 2010 (FD 2º) que considera un caso análogo.

No puede prosperar tal alegación porque la declaración de lesividad se funda en la atribución al solicitante de la realización o comisión de hechos delictivos sin que haya recaído resolución judicial que declare la existencia y realidad de los hechos y su participación en los mismos, con la consiguiente vulneración del principio de presunción de inocencia, que vicia de nulidad la resolución administrativa adoptada ( art. 47.1.a) de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015) en relación con el art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)).

Por otra parte, no puede considerarse como un caso análogo el contemplado en la sentencia de 27 de octubre de 2010 (rec. 5101/2006 (LA LEY 199137/2010)), que se refiere a la valoración de la conducta cívica en razón de los datos y circunstancias ya conocidas y puestas de manifiesto en el expediente y no que hayan sido conocidas con posterioridad al acuerdo de concesión, como es este caso, y lo que es esencial, lo que allí se valoraba era la existencia de diversas detenciones y apertura de diligencias penales, pero, como señala la propia sentencia para descartar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, sin que se atribuyera al solicitante reproche penal alguno, sino que se considera, y por ello coincide con el parecer de la Administración, que las detenciones y causas abiertas contra el recurrente ante la Jurisdicción Penal son incompatibles con la buena conducta cívica, o como se dice en aquella sentencia de instancia, el solicitante muestra de forma inmediatamente anterior a la solicitud, y próxima en el tiempo, una innegable, mantenida, y muy reprochable conducta irregular y asocial con trascendencia el ámbito penal-delictivo (se vio sometido a tres procesos penales), expuesta en una clara actitud generadora de conflictividad social, lo que lleva, sin más, a confirmar la falta de buena conducta cívica en la que descansa la resolución recurrida.

CUARTO.- No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de manera que, como determina el art. 93.4 de la Ley jurisdiccional, cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes por mitad.