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PRIMERO. A la vista de los antecedentes de hecho y de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia con las revisiones oportunas, completados con un examen complementario e integrador de la totalidad de las actuaciones, las circunstancias a considerar para el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son las siguientes:

a) Al beneficiario demandante, que consta tiene dos hijos, se le reconoció por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) prestación de incapacidad permanente en el grado de absoluta para toda profesión u oficio con efectos 10 de noviembre de 2018, sobre una base reguladora de 1.972,87 euros, sin que en aquel momento hubiera solicitado expresamente, ni se le hubiera reconocido de oficio, el complemento denominado de maternidad para las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad contemplado en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015) (en adelante, LGSS).

b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 12 de diciembre de 2019 (Asunto C-450/18 (LA LEY 175417/2019), W A e INSS), resolvió que "la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 (LA LEY 2408/1978), relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión".

c) A la vista de esta Sentencia, la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS publicó el Criterio de Gestión 1/2020, de 31 de enero de 2020, donde se contienen las siguientes previsiones: "Hasta que se proceda a la modificación legislativa necesaria para adaptar el artículo 60 del TRLGSS (LA LEY 16531/2015) al pronunciamiento del TJUE se establecen, de conformidad con el informe emitido por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) de fecha 27 de enero de 2020, las siguientes pautas de actuación de esta entidad gestora: 1. El complemento establecido para las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y viudedad, regulado en el artículo 60 del TRLGSS (LA LEY 16531/2015), en tanto no se lleve a cabo la correspondiente modificación legal del citado artículo, se seguirá reconociendo únicamente a las mujeres que cumplan los requisitos exigidos en el mismo, tal como se viene haciendo hasta la fecha. 2. Lo establecido en el apartado uno debe entenderse lógicamente sin perjuicio de la obligación de ejecutar aquellas sentencias firmes dictadas por los tribunales de justicia que reconozcan el citado complemento de pensión a los hombres, y de la obligación de iniciar el pago de la prestación cuando exista sentencia de un juzgado de lo social o tribunal de justicia condenatoria y se interponga el correspondiente recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 230.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (LA LEY 19110/2011), reguladora de la Jurisdicción Social".

d) También con sustento en la Sentencia W A del Tribunal de Justicia, el beneficiario presentó a 10 de noviembre de 2020 una solicitud de reconocimiento del complemento de maternidad del artículo 60 de la LGSS (LA LEY 16531/2015), consistente, en su caso, en un 5% de la prestación de incapacidad permanente, siendo denegado en resolución administrativa de 17 de noviembre de 2020.

e) Ante la desestimación en vía administrativa, el beneficiario presentó demanda que fue repartida al Juzgado de lo Social 2 de Vigo que, en sentencia de 15 de febrero de 2021, declaro el derecho del demandante al complemento de la prestación de incapacidad permanente que ya viene percibiendo en la cuantía de un 5% y se condeno al Instituto Nacional de la Seguridad Social a estar y pasar por esta declaración y a su cumplimiento, con los efectos económicos correspondientes. Para reconocer el complemento se remite a la doctrina de la STJUE W A, y para desestimar la indemnización razona que estamos ante una discriminación normativa, con lo cual el INSS se ajustó a la legalidad vigente.

f) Por Auto de aclaración de 1 de marzo de 2021, se fijaron los efectos económicos del complemento reconocido el 10 de agosto de 2020 (es decir, con efectos económicos de los tres meses antes de la solicitud de 10 de noviembre).

g) Frente a esta sentencia interponen recurso de suplicación tanto el beneficiario como el INSS, con las siguientes argumentaciones y pretensiones:

— El beneficiario, insistendo en las pretensiones de su demanda, argumenta que, al no reconocer el complemento a los varones, el INSS está cometiendo una discriminación por razón de sexo, y más aún una vez que, después de la STJUE W A, ha decidido seguir reconociendo el complemento solo a las mujeres y obligar a los varones a reclamar en vía judicial (atendiendo al Criterio de Gestión 1/2020, citado ut supra), lo que considera, según la Directiva 79/7/CEE (LA LEY 2408/1978), un incumplimiento constitutivo de discriminación por razón de sexo diferente al apreciado en STJUE W A, y ello le lleva a solicitar el reconocimiento del complemento por maternidad desde la fecha del reconocimiento de su pensión pues, de haber sido una mujer, ya se le habría entonces informado de su derecho, y a una indemnización por vulneración del derecho a la no discriminación que debe ser reparadora y a la vez disuasoria.

— El INSS, insistendo en la denegación de la solicitud en vía administrativa, solicita la revocación de la sentencia y la desestimación de la demanda rectora porque su actuación se ha ajustado al principio de legalidad, de ahí que el demandante no tendría derecho al complemento reclamado con arreglo a la redacción del artículo 60 de la LGSS (LA LEY 16531/2015) aplicable ratione temporis.

SEGUNDO. La normativa comunitaria susceptible de aplicación a los anteriores hechos se concreta en la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 (LA LEY 2408/1978), relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en particular artículos 4 ("el principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente"), 5 ("los Estados miembros tomarán las medidas necesarias con el fin de suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato"), y 6 ("los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para que cualquier persona, que se considere perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato, pueda hacer valer sus derechos por la vía jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras autoridades competentes").

TERCERO. La normativa interna de interés para la resolución del caso de autos se encuentra en los siguientes artículos, aplicables ratione temporis:

— LGSS, artículo 60 (LA LEY 16531/2015): "Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. 1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente ...".

— LGSS, artículo 53 (LA LEY 16531/2015): "1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ...".

— Constitución Española (LA LEY 2500/1978) (en adelante, CE); artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de ... sexo".

— Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LA LEY 2543/2007) (en adelante, LOIEMH (LA LEY 2543/2007)); artículo 6: "1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo".

— LOIEMH, artículo 10 (LA LEY 2543/2007): "Los actos ... que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias".

— LOIEMH, artículo 12 (LA LEY 2543/2007): "1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ...".

— Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (en adelante, LRJS); artículo 140: "1. En las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad Social contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la gestión se acreditará haber agotado la vía administrativa correspondiente, incluidas aquellas en las que se haya acumulado la alegación de la lesión de un derecho fundamental o libertad pública y salvo que se opte por ejercitar exclusivamente esta última mediante la modalidad procesal de tutela ...".

— LRJS, artículo 179.2 (LA LEY 19110/2011): "La demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental o libertad pública".

— LRJS, artículo 182 (LA LEY 19110/2011): "1. La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas: a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes ...".

— LRJS, artículo 183 (LA LEY 19110/2011): "1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados. 2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño ...".

No resulta aplicable ratione temporis al caso de autos, pero es oportuno reseñar que, con la finalidad de adecuarlo a la Sentencia W A, el artículo 60 de la LGSS (LA LEY 16531/2015) se modificó a través del Real Decreto ley 3/2021, de 2 de febrero (LA LEY 1543/2021), por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. También es oportuno reseñar que, en cuanto se modificó, el INSS procedió a la revisión del Criterio 1/2020, a través del Criterio de Gestión 35/2021, de 2 de diciembre de 2021, donde se considera el carácter unitario del complemento, lo que obliga a revisar los ya reconocidos a un progenitor cuando el otro obtiene el complemento conforme al RDL 3/2021 (LA LEY 1543/2021), y en cuanto a la fecha de efectos, atiende a la fecha de la solicitud, con retroacción de 3 meses, pero nunca antes de la fecha de publicación de la Sentencia W A (el 17 de febrero de 2020).

CUARTO. A la vista de las alegaciones de las partes y de lo razonado en la sentencia de instancia, la duda fundamental que se plantea en este asunto, y que condiciona la resolución de las dos posteriores dudas que se plantearán , es la de si la práctica de la entidad gestora recogida en el Criterio de Gestión 1/2020 tras el dictado de la STJUE W A, de denegar siempre el complemento litigioso a los varones y obligarlos a reclamar en vía judicial, como le ha ocurrido al demandante en el presente juicio, se debe considerar, de acuerdo con la Directiva 79/7/CEE (LA LEY 2408/1978) un incumplimiento administrativo de la misma diferente del incumplimiento normativo apreciado en dicha STJUE, incumplimiento administrativo que, en sí mismo considerado, constituiría una discriminación por razón de sexo (de acuerdo con la prohibición de discriminación directa e indirecta por razón de sexo contenida en su artículo 4, que se compadece con la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias con el fin de suprimir tanto las disposiciones legales como las administrativas contrarias al principio de igualdad de trato, contenida esa obligación en su artículo 5).

Se trata de una duda trascendental para la resolución del litigio. De hecho, la sentencia de instancia ha considerado como ratio decidendi que estamos ante una discriminación exclusivamente normativa. Por el contrario, el demandante considera que estamos ante un incumplimiento diferenciado, lo que justificaría una reparación que iría más allá de lo estimado en la sentencia de instancia en orden a la fecha de efectos de la prestación y en orden a la indemnización. El INSS también considera que estamos ante una discriminación exclusivamente normativa, y lleva este argumento más allá de lo razonado en la sentencia de instancia para pretender directamente la desestimación de la demanda rectora.

Como el Tribunal al que nos dirigimos habilita al órgano de reenvío a manifestar su opinión al respecto, esta Sala entiende que sí hay un incumplimiento administrativo que, en sí mismo considerado, constituye una discriminación por razón de sexo que, desde la Sentencia W A, se encuentra claramente deslindado del normativo. Pero también entiende que, a la vista de que las partes construyen su discusión alrededor de esta cuestión, y que su resolución ha sido ratio decidendi en la sentencia de instancia, la pregunta es pertinente (salvando el criterio del Alto Tribunal al que nos dirigimos) en aras al mejor entendimiento del contexto y alcance de las demás cuestiones planteadas.

QUINTO. 1. Si consideramos la existencia de un incumplimiento estrictamente normativo, la solución dada en la sentencia de instancia a la cuestión de la fecha de efectos económicos de las prestaciones (fecha de la solicitud con retroacción de tres meses) se ajustaría a lo establecido en la normativa nacional para el supuesto de solicitud de una prestación de seguridad social con posterioridad a su hecho causante (LGSS, artículo 53.1 (LA LEY 16531/2015), antes transcrito), rechazando, en consecuencia, la existencia de una vulneración del principio de igualdad de los sexos diferente al incumplimiento normativo.

2. Si consideramos la existencia de un incumplimiento administrativo de entidad suficiente para distinguirlo del normativo, la Sala tiene la duda de si la solución debe ser la misma (es decir, la fecha de efectos ajustada a la fecha de la solicitud con retroacción de tres meses), o si la actuación de la entidad gestora constitutiva de un incumplimiento administrativo causante de discriminación por razón de sexo exigiría (en aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva de la igualdad que se garantiza en el artículo 6 de la Directiva 79/7 (LA LEY 2408/1978)) q ue los efectos económicos de la prestación se retrotrajesen a la fecha de la Sentencia W A, o a la fecha del hecho causante (en el caso, anterior a la de esa Sentencia):

— Bien porque se considere que ese plazo de tres meses, dado su corto alcance temporal en relación con los plazos más amplios de prescripción establecidos en el derecho interno (de 5 años en el caso de las prestaciones de incapacidad permanente como son las reclamadas en autos), es contrario al principio de efectividad al dificultar la reclamaciones por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, de manera que, aplicando las normas internas sobre prescripción (de 5 años en el caso de autos), ello permitiría en el caso de autos retrotraer los efectos económicos hasta la fecha del hecho causante (que es lo que se pide en la demanda rectora de autos y en el recurso del demandante).

— Bien porque el incumplimiento no se ciñe a haberle denegado la prestación al aquí demandante, sino que, desde la fecha de la STJUE WA y hasta la entrada en vigor del RDL 3/2021 (LA LEY 1543/2021), se están denegando todas las reclamaciones realizadas por varones obligándolos a reclamar judicialmente, y tampoco se les estaría informando o facilitando el reconocimiento de los derechos que les corresponderían de aplicar correctamente la STJUE W A; lo que contrasta con que, en relación con el mismo complemento, se procedió incluso a revisiones de oficio tras la aprobación del antes citado RDL 3/2021 (LA LEY 1543/2021).

Así las cosas, si consideramos que el incumplimiento administrativo se produjo con la práctica administrativa surgida tras la STJUE W A y plasmada en el tan citado Criterio de Gestión 1/2020, la fecha de efectos se debería situar en la fecha de la STJUE W A, debiendo aclarar si tal fecha es la de su propio dictado o la fecha de su publicación (lo que no se pide expresamente en la demanda rectora, pero entra dentro de lo pedido pues quien pide lo más, pide lo menos).

SEXTO. 1. En cuanto a la pretensión indemnizatoria, la solución dada en la sentencia de instancia, que se fundamenta en tratarse de un incumplimiento meramente normativo, niega la existencia de daños y perjuicios a indemnizar por la vulneración del principio de igualdad de los sexos en la medida en que niega la existencia de un incumplimiento más allá del meramente normativo.

2. Si consideramos la existencia de un incumplimiento administrativo distinguible del normativo, la pretensión indemnizatoria entendemos tendría su fuente última en el Derecho de la Unión (sin perjuicio de las normas de trasposición), y ello nos conduce a varias cuestiones sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de la igualdad garantizado en el artículo 6 de la Directiva 79/7 (LA LEY 2408/1978):

— si, en el caso de entender que la fecha de efectos debe ser, cuando menos, la fecha de la Sentencia W A, el incumplimiento administrativo del Derecho de la Unión europea quedaría ya totalmente reparado (a salvo lo que se dirá en relación con las costas judiciales y los honorarios de letrado) pues estaríamos ante una restitutio in integrum que no exigiría de la necesidad de una indemnización adicional; o, por el contrario, se debería fijar una indemnización adicional que debería ser reparadora de los daños materiales y morales acreditados y con una eficacia disuasoria en relación con tal incumplimiento;

— si, en todo caso, sería oportuno para garantizar la efectividad de las normas comunitarias que las costas judiciales y los honorarios de letrado ante el Juzgado de lo Social y ante esta Sala de lo Social se incluyan como una partida de la indemnización por el incumplimiento del Derecho de la Unión europea.

Sobre esta última cuestión, resulta oportuno aclarar al Tribunal que el INSS no podría ser nunca condenado al pago de costas y honorarios pues el proceso laboral español es gratuíto para todas las partes litigantes (tengan o no el beneficio de justicia gratuita). Solamente en el caso excepcional de imposición de una sanción por mala fe o temeridad contemplada en el artículo 97.3 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), las costas y los honorarios se imponen como efecto accesorio de la sanción, pero solo si quien es condenado es una empresa, de manera que al INSS se le podría imponer una sanción por mala fe o temeridad pero ni siquiera en este caso excepcional estaría obligado a abonar las costas y los honorarios.

SÉPTIMO. Resulta oportuno asimismo contestar a las alegaciones realizadas por el INSS a la providencia donde se daba audiencia a las partes en orden al planteamiento de cuestión prejudicial, en donde se opone al mismo al considerar estamos ante una cuestión de legalidad interna por los siguientes motivos (que resumimos): (1) la condición de entidad gestora del INSS, que se somete al principio de legalidad y a lo establecido en el artículo 60 de la LGSS (LA LEY 16531/2015), y de ahí que lo aplicó en sus términos mientras ese artículo no se modificó a través del RDL 3/2021 (LA LEY 1543/2021), y en cuanto se modificó se procedió a la revisión del Criterio 1/2020, a través del Criterio de Gestión 35/2021, de 2 de diciembre de 2021, así como se habilitó un procedimiento para proceder a la revisión de oficio y el reconocimiento del complemento en relación con los más de 12.000 procedimientos que penden de los Juzgados de lo Social; (2) la STJUE W A no reconoce a los progenitores hombres el derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica, sino que el artículo 60 del TRLGSS (LA LEY 16531/2015) es contrario al principio de igualdad de trato, lo que debe determinar, de acuerdo con el artículo 5 de la Directiva 79/7 (LA LEY 2408/1978), la supresión de la norma, no necesariamente que deba reconocerse el complemento a los progenitores hombres; (3) la propuesta de cuestión realizada en la providencia y la referencia al artículo 5 de la Directiva 79/7 (LA LEY 2408/1978), ponen de manifiesto la inaplicación de la Directiva a la actuación de una entidad administrativa sin competencias legales o reglamentarias para su trasposición; y (4) el recurso del actor fundamenta la pretensión indemnizatoria en el artículo 14 de la CE (LA LEY 2500/1978), o sea una norma interna.

2. Tales argumentos para retener en el derecho interno la cuestión litigiosa y no deferirla al conocimiento del Alto Tribunal al que nos dirigimos, no son atendibles. Con el alegato de la ausencia de competencias normativas y de su sumisión al principio de legalidad interna, el INSS olvida que el principio de primacía y efectividad se aplica a las Administraciones Públicas (Sentencia de 22/06/1989, Fratelli Constanzo, C-103/88), incluyendo también a las entidades gestoras de la Seguridad Social (Sentencia de 28/06/2001, Caso Larsy, C-118/00). Además, la propia invocación en el escrito del INSS del alcance de la STJUE W A y de la normativa comunitaria que en ella se interpreta, así como el alcance del artículo 5 de la Directiva 79/7 (LA LEY 2408/1978), delata que, en las propias argumentaciones del INSS, se toman en consideración normas del Derecho de la Unión Europea, lo que corrobora la existencia de dudas sobre la interpretación de tales normas. Finalmente, la invocación por el demandante del artículo 14 de la CE (LA LEY 2500/1978) como fundamento de su pretensión indemnizatoria no excluye que la Sala considere asimismo lo establecido en la Directiva 79/7 (LA LEY 2408/1978) (iura novit curia).

3. Hemos de precisar, en todo caso, que la Sala no niega que estemos ante una cuestión en el que la legalidad interna tiene su aplicación en orden a la resolución del litigio, pero entiende (salvando siempre el superior criterio del Tribunal al que nos dirigimos) que esa resolución tiene implicaciones atinentes al Derecho de la Unión europea, y que esas implicaciones atinentes al Derecho de la Unión europea resultan ser trascendentes para la resolución del litigio, así como para una interpretación conforme de las normas nacionales aplicables.

OCTAVO. El beneficiario demandante apoya, en las alegaciones realizadas a la providencia donde se daba audiencia a las partes en orden al planteamiento de cuestión prejudicial, el planteamiento de la cuestión prejudicial, y solicita el planteamiento de otra cuestión adicional, y es la relativa a si el complemento por maternidad a favor del progenitor varón resulta ser compatible con el de la progenitora mujer. Pero, sin perjuicio de reconocer la utilidad de la contestación a esa cuestión en otros litigios donde ello se plantee, se trata de una cuestión que no se ha cuestionado en el presente litigio, lo que determina que sea una cuestión que no es pertinente pues, en relación en concreto con el presente litigio, es meramente hipotética o de carácter general.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957) (antiguo artículo 234 del Tratado de la Comunidad Europea), se acuerda el planteamiento de cuestión prejudicial interpretativa en los términos de la siguiente parte dispositiva.