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PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia núm. 319/2018, de 17 de julio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (LA LEY 81965/2018), estimatoria parcial del recurso núm. 296/2017, en cuya sentencia se declaró la nulidad de determinados preceptos del Decreto 61/2017, de 12 de mayo (LA LEY 7789/2017), del Consell, por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat.

La sentencia recurrida estima parcialmente el recurso contencioso- administrativo y anula determinados preceptos del Decreto 61/2017, de 12 de mayo (LA LEY 7789/2017). Este Decreto ha sido objeto de otros recursos contencioso- administrativos seguidos ante la misma Sala de instancia que, en otras tres sentencias, han estimado también parcialmente los respectivos recursos contencioso-administrativos, con anulación de diversos preceptos, en parte coincidentes con los que se anulan en la sentencia que es objeto del presente recurso de casación. Según explica el escrito de interposición del recurso de casación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del P.V. Intersindical Valenciana, y ha podido constatar la Sala, además del presente recurso de casación, se tramitan ante nuestra Sala los recursos de casación 5935/2018 (LA LEY 48163/2019), 6525/2018 (LA LEY 70913/2019) y 6527/2018 (LA LEY 73477/2019).

SEGUNDO.- La cuestión de interés casacional.

La primera cuestión que hemos de resolver es la exacta determinación de la cuestión de interés casacional, dado que la parte recurrida alega en su escrito de oposición al recurso de casación que las partes recurrentes han excedido la pretensión impugnatoria, extendido la misma a cuestiones ajenas a la única que, a su juicio, habría sido identificada con interés casacional. Concretamente alega la recurrida que tan solo sería objeto de admisión la que fundamenta el pronunciamiento estimatorio, en cuanto anula el inciso del art. 12.3 del Decreto recurrido, que dice «salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, y en este caso solo se redactarán en esta lengua».

La cuestión es relevante, porque como ya hemos señalado, han sido varios los preceptos anulados, tanto en la sentencia aquí recurrida como en las dictadas en otros tres procedimientos y que son objeto de los recursos de casación 5935/2018, 6525/2018 y 6527/2018. Concretamente se trata de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ( TSJCV) Sección cuarta, de fecha 19 de julio de 2018, número 333/2018 (LA LEY 84610/2018) (ECLI: TSJCV:2018:1983), recurrida en el recurso de casación 5935/2018; de la sentencia de fecha 19 de julio de 2018, número 330/2018 ( ECLI:ES:TSJCV:2018:1982 (LA LEY 105199/2018)), recurrida en el recurso de casación 6525/2018; de la sentencia de fecha 19 de julio de 2018, número 322/2018 (ECLI:ES:TSJCV:2018:1984 (LA LEY 84611/2018)), además de la recurrida en el presente recurso de casación 5834/2018, sentencia de fecha 19 (sic) de julio de 2018 (LA LEY 81965/2018), número 219/2018 (sic) (ECLI:ES:TSJCVA:2018:1687).

En todas estas sentencias, se anulan diversos preceptos del Decreto 61/2017 de 12 de mayo (LA LEY 7789/2017), objeto de recurso, que no son por completo coincidentes, si bien en todas ellas se anula el art. 12.3 de la citada disposición reglamentaria, norma que, en su redacción originaria decía lo siguiente: «3. Cuando deban tener efecto fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, las notificaciones y las comunicaciones se redactarán en valenciano y en castellano, salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, y en este caso solo se redactarán en esta lengua. Se redactarán también en castellano cuando lo solicite la persona interesada».

La sentencia recurrida, al igual que las recurridas en los recursos de casación 5935/2018 (LA LEY 48163/2019), 6525/2018 (LA LEY 70913/2019) y 6527/2018 (LA LEY 73477/2019) han anulado este precepto en el inciso que dice: «[...] salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, y en este caso solo se redactarán en esta lengua».

Pues bien, el auto de admisión dictado en el presente recurso de casación, razona en su fundamento jurídico cuarto que «[...] resulta de interés plantear si, atendidas las circunstancias del caso y la normativa que se predica infringida, resulta ajustada a Derecho la anulación de la disposición de carácter general objeto de litis, en concreto, si es necesaria la traducción a aquellas comunidades autónomas que comparten el mismo sistema lingüístico». En los mismos términos se expresan los autos de admisión dictados en los recursos de casación núm. 6525/2018 (LA LEY 70913/2019) (auto de 3 de junio de 2019); núm. 6527/2018 (LA LEY 73477/2019) ( auto de 3 de junio de 2019) y núm. 5935/2018 (LA LEY 48163/2019) ( auto de 29 de abril de 2019), que trasladan literalmente tal identificación de la cuestión de interés casacional a la parte dispositiva de los respectivos autos. En el auto de admisión de 29 de abril de 2019 (LA LEY 50257/2019) dictado en el presente recurso, la cuestión de interés casacional que se identifica en la parte dispositiva no integra literalmente, sin embargo, el último inciso que dice «[...] en concreto, si es necesaria la traducción a aquellas comunidades autónomas que comparten el mismo sistema lingüístico», inciso que, sin embargo, sí consta en el citado FJ cuarto del auto de admisión del presente recurso así como en la parte dispositiva de los demás autos que hemos reseñado. Esta diferencia de redacción no es, obviamente, más que un mero error material de transcripción, como resulta sin duda de la lectura del citado FJ cuarto, así como de la comparación con la de los demás autos de admisión dictados en los recursos de casación núm. 6525/2018 (LA LEY 70913/2019) (auto de 3 de junio de 2019); núm. 6527/2018 (LA LEY 73477/2019) ( auto de 3 de junio de 2019) y núm. 5935/2018 (LA LEY 48163/2019) ( auto de 29 de abril de 2019). En definitiva, ha de concluirse que en todos a aquellos recursos de casación y también el presente recurso de casación, la cuestión de interés casacional es única e idéntica, consistiendo en resolver «[...] si, atendidas las circunstancias del caso y la normativa que se predica infringida, resulta ajustada a Derecho la anulación de la disposición de carácter general objeto de litis, en concreto, si es necesaria la traducción a aquellas comunidades autónomas que comparten el mismo sistema lingüístico». Como quiera que el precepto de la disposición general que contiene tal previsión es el art. 12.3 del Decreto 61/2017 (LA LEY 7789/2017), tan sólo serán objeto de examen los argumentos de los recursos de casación referencia a dicha cuestión.

Con ello, acogemos la alegación de la parte recurrida, que en su escrito de oposición pone de manifiesto que los escritos de interposición de casación de los recurrentes van más allá del ámbito de la cuestión de interés casacional delimitada, al cuestionar los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida, relativas a muy diversos preceptos del Decreto impugnado, ajenos a la cuestión de interés casacional así delimitada.

Es preciso reseñar que las partes recurrentes, que no recurrieron en queja el auto de admisión que delimitó la cuestión de interés casacional en los términos que hemos reflejado, tampoco han ofrecido en sus escritos de interposición, un mínimo desarrollo argumental que sustente la existencia de interés casacional en cuestiones distintas de la que fue admitida por el auto de admisión. Si bien es cierto que la Jurisprudencia de esta Sala no ha excluido la posibilidad de que, al enjuiciar la cuestión de interés casacional admitida, puedan completarse la misma con otros aspectos que guarden relación con la misma, y desde luego se puedan analizar normas distintas a las identificadas en el auto de admisión, ello no permite, sin embargo, desvirtuar la cuestión de interés casacional introduciendo otras distintas a las que justificaron la admisión del recurso de casación, como pretende la recurrente.

En efecto, nuestra jurisprudencia sobre esas otras cuestiones a las que las partes recurrentes pretenden extender el recurso de casación, con desbordamiento de la única cuestión de interés casacional, es perfectamente conocida por las propias partes recurrentes, y además se refleja en la sentencia recurrida, que da cuenta de la misma y de los muy diversos aspectos en los que nuestra Sala se ha pronunciado respecto a diversas cuestiones relativas a la lengua propia de la Comunidad Autónoma Valenciana, tales como la valoración en el acceso a la función pública, la denominación de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana, y el equilibrio que debe observarse entre las distintas lenguas oficiales en la Comunidad autónoma, y la normativa dirigida a la promoción y recuperación de dicha la lengua cooficial. No se trata, por tanto, de cuestiones que requieran la formación de criterios jurisprudenciales, puesto que han sido reiteradamente abordadas por nuestra Sala, siguiendo por otra parte la interpretación que sobre tales problemas ha formulado una extensa doctrina del Tribunal Constitucional. De ahí que consideremos que la existencia de esta doctrina jurisprudencial consolidada es clara y consolidada y no requiere de matización, aclaración o rectificación alguna que haga preciso un nuevo pronunciamiento de la Sala. Nos limitaremos, por consiguiente, a la cuestión de interés casacional delimitada.

TERCERO.- Exclusión de las cuestiones de derecho autonómico.

La sentencia recurrida anula el art. 12.3 del Decreto 61/2017 (LA LEY 7789/2017), que en su redacción originaria dice: «3. Cuando deban tener efecto fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, las notificaciones y las comunicaciones se redactarán en valenciano y en castellano, salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, y en este caso solo se redactarán en esta lengua. Se redactarán también en castellano cuando lo solicite la persona interesada.»

Se anula el último inciso, que dice «[...] salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano, y en este caso solo se redactarán en esta lengua».

La sentencia de instancia argumenta la anulación de este precepto en los siguientes términos:

a) [...] [s]e juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano. Introducir el concepto de mismo ámbito lingüístico y anudar a tal previsión importantes consecuencias directamente se contrapone con la norma estatal dictada al amparo del artículo 149.1 18º de la Constitución, en tanto que el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LA LEY 15010/2015) -consecuente, nos parece, con las determinaciones de los Estatutos de Autonomía establece la regla general de que la Administración pública instructora queda obligada a traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma, contemplando como única excepción que Si debiera surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. De lege data no maneja el legislador competente - tampoco la ley autonómica valenciana LUEV-otros conceptos que los de lengua cooficial distinta del castellano y efectos fuera del territorio de la Comunidad autónoma respectiva. En conexión, el artículo 13 LPACAP (LA LEY 15010/2015) incluye entre los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas el de utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. La ley, por lo demás, no abre ninguna posibilidad al legislador autonómico - menos todavía al reglamentador- para que amplíe la excepción (que como todas, habría de interpretarse restrictivamente) en ningún sentido. [...].

b) El Decreto no respeta siquiera el principio de jerarquía normativa dentro del subsistema normativo autonómico valenciano, porque no se ciñe a lo dispuesto en la propia ley valenciana que principalmente viene a desarrollar. Los artículos 9 (LA LEY 2828/1983) y 10 de la Ley 4/1983 (LA LEY 2828/1983), de Uso y Enseñanza del Valenciano determinan, respectivamente que serán válidas y con plena eficacia jurídica todas las actuaciones administrativas realizadas en valenciano en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y que en el territorio de la Comunidad Valenciana, todos los ciudadanos tiene derecho a dirigirse y relacionarse con la Generalitat, con los entes locales y demás de carácter público, en valenciano. Y, como ya hemos dicho, el artículo 13.2, literalmente: "En todo caso se redactarán en castellano las copias o certificaciones de aquellos documentos que hayan de surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Valenciana ". Nada en la ley autonómica, pues, sobre territorios fuera de la Comunidad Valenciana pertenecientes al mismo ámbito lingüístico.

Por todas las consideraciones precedentes, la razón legal cae del lado de los actores en su calificación de que no se ajustan a derecho y procede la anulación de aquéllos artículos del Decreto impugnado -sobreentendido que apartados o incisos de los mismos- que incorporan el concepto comunidades autónomas del mismo ámbito lingüístico, pertenecientes al mismo ámbito lingüístico, o no pertenecientes al mismo ámbito lingüístico».

No corresponde examinar en el recurso de casación ante esta Sala del Tribunal Supremo, la vulneración de normas de derecho autonómico en que, también, se sustenta la anulación, concretamente la vulneración del art. 9 (LA LEY 2828/1983) y 10 de la Ley 4/1983 (LA LEY 2828/1983) de Uso y Enseñanza del Valenciano. El recurso de casación tiene por objeto la infracción del derecho estatal y la jurisprudencia sobre las mismas, y las normas autonómicas que se declaran vulneradas en la sentencia recurrida, y sobre las que se extienden también los escritos de interposición, son genuinamente autonómicas, y no están en ninguna de los contados casos que hemos admitido examinar la vulneración de derecho autonómico, a saber, cuando el Derecho autonómico reproduzca Derecho estatal de carácter básico y cuando se invoque la vulneración de la jurisprudencia recaída sobre un precepto de Derecho estatal, aunque no tenga carácter básico, cuyo contenido sea idéntico al del Derecho autonómico, puesto que el valor de complementar el ordenamiento jurídico que el art. 1.6 del Código Civil (LA LEY 1/1889) otorga a la jurisprudencia no desaparece por la existencia del Derecho autonómico. Luego si las normas autonómicas transcriben normas estatales, la vulneración de la jurisprudencia recaída sobre estas últimas también podrá ser invocada como motivo de casación. En este sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencia del Pleno de 30 de noviembre de 2007 (rec. cas. núm. 7638/02 (LA LEY 202440/2007)), y en la sentencia de 26 de febrero de 2020 (rec. cas. núm. 1903/2018, ECLI:ES:TS:2020:633 (LA LEY 5631/2020)). Reiteramos que no es este el caso que nos ocupa, por lo que no cabe entrar en el análisis de la infracción de normas de derecho autonómico.

Hecha esta precisión, la razón de decidir de la sentencia recurrida, por lo que concierne al derecho estatal, es la vulneración del art. 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, que tras establecer en su apartado 2 que en los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente, prevé en su apartado 3 que:

«3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción».

CUARTO.- El juicio de la Sala.

Como ha declarado reiteradamente la doctrina del Tribunal Constitucional, por todas STC 11/2018, de 8 de febrero de 2018 (LA LEY 1657/2018) (ECLI:ES:TC:2018:18 (LA LEY 11655/2018)), la Constitución reconoce y fomenta la realidad plurilingüe de España. Así, en la citada STC 11/2018 (LA LEY 1657/2018) se dice:

«[...] El punto de partida para enjuiciar el presente recurso ha de ser obviamente el hecho de que la Constitución reconoce la realidad plurilingüe de la Nación española. Como ya se expresara en la STC 82/1986, de 26 de junio (LA LEY 11163-JF/0000), FJ 1, en dicha realidad se constata un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido, que obtiene de la misma una serie de consecuencias jurídicas en orden a la posible atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas. De esta manera la Constitución "no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua cooficial. Muy al contrario, la Constitución se refiere a la necesidad de proteger y respetar las distintas modalidades lingüísticas de España como parte de nuestro patrimonio cultural ( art. 3.3 CE (LA LEY 2500/1978))" ( STC 88/2017, de 4 de julio (LA LEY 89021/2017), FJ 5). Así, de conformidad con la doctrina constitucional, "es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos" ( STC 82/1986 (LA LEY 11163-JF/0000), FJ 2). Del artículo 3.2 CE (LA LEY 2500/1978) se deriva que la oficialidad de las otras lenguas españolas "lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido estricto" ( STC 82/1986 (LA LEY 11163-JF/0000), FJ 4), de modo que el ciudadano tiene derecho a usar indistintamente el castellano o la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en sus relaciones con el conjunto de las instituciones públicas que se ubican en el territorio de esa Comunidad ( SSTC 134/1997, de 17 de julio (LA LEY 9286/1997), FJ 2; 253/2005, de 11 de octubre, FJ 10, y 31/2010 (LA LEY 93288/2010), FJ 21)».

Ahora bien, el reconocimiento de que la competencia para la regulación de la cooficialidad de la lengua propia corresponde a la Comunidad Autónoma no supone, en modo alguno, «[...] una atribución de competencias específicas que autorice a alterar el marco que deriva de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía», como precisa la citada STC 11/2018 (LA LEY 1657/2018), en su FJ cuarto. La regulación del procedimiento administrativo común, en particular de la lengua en el caso de documentos elaborados en una lengua cooficial en el ámbito de una Comunidad Autónoma, que hayan de surtir efectos fuera del ámbito territorial de la misma, está atribuida de forma exclusiva al Estado, según la distribución de competencias que establece el art. 149.1.18 de la CE (LA LEY 2500/1978), que regula la competencia exclusiva del Estado sobre el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónoma. Por consiguiente, cuando se trata de los efectos que hayan de surtir fuera de su territorio los documentos elaborados por una determinada Comunidad Autónoma en su lengua cooficial, la competencia de la misma no puede extralimitarse de su territorio, y habrá de atenerse a lo previsto en el art. 15.3 de la LPAC (LA LEY 15010/2015), que proporciona la regla única y suficiente para solventar todas las situaciones, al disponer que no será necesaria su traducción al castellano en el caso que la lengua cooficial en que estén elaborados los documentos sea también la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma en que hayan de surtir efectos. Esta previsión, dictada por el Estado en el ámbito de su competencia exclusiva, no precisa ni admite ninguna otra intervención normativa por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que la previsión reglamentaria del art. 12.3 del Decreto 61/2017 (LA LEY 7789/2017) infringe, en efecto, tanto el art. 15.3 de la LPAC (LA LEY 15010/2015), como el art. 149.1.18 de la CE (LA LEY 2500/1978), al desbordar la competencia estatal con la introducción de un concepto jurídico, el de " mismo ámbito lingüístico " que es ajeno a la norma estatal aplicable, art. 15.3 LPAC (LA LEY 15010/2015).

Por consiguiente, la sentencia recurrida resuelve adecuadamente la cuestión, y el recurso de casación ha de ser desestimado.

QUINTO.- Doctrina de interés casacional.

La doctrina de interés casacional que hemos fijado se concreta en que el art. 15.3 de la LPAC (LA LEY 15010/2015), dictado en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado para regular el procedimiento administrativo común, ex art. 149.1.18 CE (LA LEY 2500/1978), proporciona la regla única y suficiente respecto al régimen general de traducción al castellano de los documentos, expedientes, partes de los mismos o resoluciones, redactados en una lengua cooficial de una Comunidad autónoma, cuando hayan de surtir efectos fuera del ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma, en tanto dispone que no será necesaria su traducción al castellano en el caso que la lengua cooficial en que estén elaborados los documentos sea también la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma en que hayan de surtir efectos. La regulación autonómica en la disposición reglamentaria impugnada carece por consiguiente de cobertura competencial y ha de ser anulada.

El recurso de casación ha de ser desestimado.

SEXTO.- Costas.

Las costas del recurso de casación habrán de ser soportadas por cada parte las causadas a su instancia, y las comunes por mitad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.4 LJCA (LA LEY 2689/1998), al no apreciar temeridad ni mala fe en ninguna de las partes. Respecto a las de la instancia, se mantiene el pronunciamiento contenido al respecto en la sentencia recurrida.