SEGUNDO.- En el segundo motivo, que se deduce al amparo del art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), por el Servicio Publico de Empleo Estatal se denuncia que la sentencia, al estimar la demanda, infringió los artículos 2.1 y 3.1 y 3.2 del RD 5/1997, de 10 de enero (LA LEY 95/1997), por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de trabajadores eventuales en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
La cuestión se centra en determinar si la percepción de un premio de lotería nacional, por importe de 30.000 euros, debe ser computado en su integridad dentro del conjunto de las rentas del beneficiario del subsidio por desempleo a fin de determinar, en base a ello, si supera o no el límite de ingresos para ser perceptor de dicho subsidio, o si de la cantidad percibida tan solo se debe incorporar como renta la correspondiente al interés legal del dinero, lo que determinaría, en el caso analizado, tal y como resolvió la Juzgadora de instancia, la revocación de la resolución administrativa impugnada.
La respuesta a esa cuestión no puede ser otra que la dada por la sentencia recurrida, conforme a la doctrina establecida por el T.S. en sentencia de 16 de julio de 2014, según la cual "La labor interpretativa del concepto de renta y en relación con una prestación por desempleo fue abordada por la
S.T.S. de 31-5-1999 (R.C.U.D. 1581/1998 (LA LEY 11767/1999)
), esta vez para resolver la incidencia que en el conjunto patrimonial del beneficiario poseía el precio de venta de un inmueble. Así en los fundamentos de Derecho cuarto y sexto se dice lo siguiente:
"CUARTO.- Para dar solución a la controversia así entablada y fijar la doctrina unificada es necesario precisar el sentido y alcance de la expresión utilizada por elartículo 215.1.1. de la Ley General de la Seguridad Social, cuando se refiere a la carencia de rentas de cualquier naturaleza para condicionar la concesión del subsidio, o para conservar el derecho a su disfrute, cuya interpretación habrá de abordarse acudiendo al criterio literal de la norma y también a su espíritu y finalidad, según previene elartículo 3.1 del Código Civil, y puesto que ni la Ley General de la Seguridad Social ni el R.D. 625/85 definen lo que deba entenderse por renta a efectos de las prestaciones asistenciales por desempleo, habrá que acudir a otros cuerpos normativos para llenar esta laguna. En ese trance se ofrecen dos alternativas: bien tomar ese concepto del Código Civil o bien de la Ley 18/91, de 6 de junio (LA LEY 1757/1991), pues de seguir una u otra vía el resultado que pueda alcanzarse es bien diferente.
Cierto que el ordenamiento jurídico forma un todo unitario y pleno, sin lagunas insalvables, porque siempre será posible acudir al procedimiento analógico, cuando se den las condiciones previstas en elartículo 4 del Código Civil, y a los principios generales del derecho para colmar esos vacíos, pero esto no supone que el ente unitario que forma el ordenamiento jurídico autorice el trasvase incondicionado de normas de una parcela del derecho para ser aplicadas en otra diferente; cada campo del ordenamiento jurídico, por haberse disgregado del tronco común, se disciplina por sus normas propias, que responden a principios y finalidades específicas de cada esfera del derecho, así es que el criterio interpretativo que atiende al espíritu y finalidad de la norma adquiere en este caso una especial dimensión, y precisamente por esa razón hay que cuestionar de entrada la aplicación al caso de la normativa tributaria, de manera absoluta e incondicionada.
La Ley 18/91 (LA LEY 1757/1991) se limita a regular un tributo que responde a determinado modelo impositivo, tomando como base de tributación, entre otros, los rendimientos del trabajo personal, los del capital inmobiliario y los del capital mobiliario, pero los conceptos que al efecto toma el texto legal no se corresponden en plenitud con los de otros campos del ordenamiento jurídico, que responden a necesidades y finalidades distintas. Así lo pone de relieve la exposición de motivos de la citada Ley que, al referirse en concreto a los incrementos del patrimonio, utiliza una técnica aplicable exclusivamente al aspecto impositivo, y que es desconocida en otras áreas; en efecto, se dice que se han sustituido los tradicionales coeficientes actualizadores del valor de adquisición, hasta entonces vigentes, por un sistema que reduce los incrementos y disminuciones del patrimonio en función del tiempo de permanencia del elemento patrimonial en el patrimonio del sujeto pasivo, de tal manera que, transcurrido un determinado lapso temporal, se llega a la no sujeción al impuesto, prueba evidente de que las rentas irregulares para fijar el impuesto no encuentran el paralelismo adecuado con las rentas reguladas, en el actual sistema positivo por el Código Civil, entre otras razones porque si se entendiera que a estos efectos el incremento del valor se equipara a renta, no desaparecería la equivalencia por efecto del transcurso del tiempo, sino que habría de valorarse en todo caso por la diferencia del precio de compra y el de enajenación.
SEXTO.- Ya la interpretación literal del precepto llevaría a una solución contraria a la adoptada por la sentencia impugnada; en sentido etimológico, renta equivale a utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa, o lo que de ella se cobra y también lo que paga en dinero o en frutos un arrendatario, y este es el concepto que hace suyo el Código Civil; la doctrina civilística mayoritaria viene distinguiendo entre renta como producto o rendimiento que dimana de un bien que se dice capitalizado, denominado fruto civil, y renta como pago periódico realizado de forma vitalicia, perpetua o temporal, ligado fundamentalmente a un capital entregado al deudor de los mismos; bajo esa concepción, se ha considerado la renta como una compensación que se debe al titular del dominio por la privación del objeto del derecho y de su explotación, cuando la posesión se desplaza en favor de tercero. Por su parte el Código Civil diferencia los frutos naturales, los industriales y los civiles, siendo para estos últimos básica la idea del transcurso del tiempo o, si se prefiere, la temporalidad y la periodicidad de su devengo, como criterio más usual de cálculo. El artículo 353 del Código tiene una concepción amplia de los beneficios que pueden provenir de la propiedad y así, además de los frutos, atribuye al propietario los efectos de la cesión, de manera que no toda ventaja derivada de la titularidad del dominio tiene la consideración de frutos y, consiguientemente, de rentas, como no la tienen tampoco las mejoras ni el precio de enajenación de los bienes. La periodicidad en la percepción es, como se dice, nota consustancial a la renta, tal como se desprende delartículo 355 del Código Civilal considerar frutos civiles el alquiler de los edificios, el precio de arrendamientos de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias u otras análogas, concepto que se extrae también de otras normas complementarias del Código Civil, como pueden ser losartículos 17 y siguientes de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LA LEY 4106/1994).".
En el caso que nos ocupa la cantidad obtenida no lo ha sido en periodos regulares sino en forma no regular y por una sola vez. El premio no sustituye a un bien anterior que se encontrara en el patrimonio del interesado, sino que es un ingreso nuevo por irregular que sea su percepción. Existe una ganancia real porque el importe de lo percibido se incorpora al patrimonio de la demandante.
La consideración del premio obtenido como ganancia patrimonial se acomoda mejor a un ingreso irregular ya que permite, dada su falta de periodicidad y a partir del momento en el que se produce el ingreso en el patrimonio comenzar el cómputo aplicando a su valor el 50% del tipo de interés legal del dinero vigente. La sentencia recurrida ciertamente ha utilizado el término renta de manera poco afortunada al negar que lo sea el premio recibido cuando al mismo tiempo le reconoce la condición de ganancia patrimonial a la que también el precepto aplica el concepto de renta si bien su calificación de renta-ganancia patrimonial incide de manera decisiva en su cómputo pues se aplicará a su valor de 50% del tipo de interés legal del dinero vigente, en lugar de su totalidad, lo que coloca la ganancia por debajo del límite de las que sirven de referente para determinar la condición de acreedor a las prestaciones.
La
S.T.S. de 28-09-2012 (R.C.U.D. 3321/2011 (LA LEY 155818/2012)
), si bien a propósito de una prestación de invalidez no contributiva, analizó el concepto de rentas al interpretar el artículo 144-5 de la L.G.S.S . a propósito del cómputo de fincas rústicas heredadas resolviendo el debate acerca de si comprendia su valor de tasación o el importe de los frutos o rentas. La doctrina que en ese caso se estableció, recordando a su vez la elaborada en la
S.T.S. de 27 de enero de 2005 (R.C.U.D. 2192/2004 (LA LEY 11746/2005)
) es la que a continuación reproducimos en parte:
"Losartículos 1,2,6 y demás concordantes de la Ley 35/2006nos muestran que el I.R.P.F. grava las rentas pero no la adquisición de patrimonios por herencia, cobro de indemnizaciones o de premios de lotería o de otra forma, pues el impuesto no grava la adquisición de bienes, sino las rentas que producen, lo que concuerda con lo dispuesto en la disposición de la Ley de la Seguridad Social que estudiamos y corroboran losartículos 21y22 de la Ley 35/2006donde se gravan los rendimientos del capital inmobiliario concepto que tienen las rentas que cobra el arrendador. Avala esta interpretación el artículo 12-3 del Real Decreto 375/1991 (LA LEY 957/1991)
que, al determinar el modo de calcular las rentas computables para acreditar la carencia de rentas, habla de las rentas que producen los bienes y no del valor de los mismos. En definitiva el término renta hace referencia a un concepto jurídico (fruto, rendimiento, provecho que se obtiene de un bien) que es diferente del concepto de herencia y del de valor pecuniario del patrimonio poseído.
La doctrina sentada es acorde con la interpretación jurisprudencial vigente delartículo 215-3-2 de la Ley General de la Seguridad Socialque, a efectos de determinar el requisito de carencia de rentas que condiciona el derecho al subsidio de desempleo, considera rentas a los rendimientos del capital y de otros derechos o actividades económicas, así como a las plusvalías obtenidas y, a falta de datos, al porcentaje resultante de aplicar al valor del patrimonio un interés de la mitad del interés legal vigente. Este precepto corrobora que, cuando se trata de prestaciones no contributivas, para el cálculo de las rentas del beneficiario no puede computarse el valor del patrimonio heredado, sino la renta que produce, incluso cuando se vende, supuesto en el que sólo se computan como renta las plusvalías, cual ha reiterado este Tribunal en la sentencia antes citada y en la de 28 de octubre de 2010 (Rcud. 706/2010 ), así como en las que esta cita.".
No empece lo anterior que en reciente reforma de las normas fiscales se haya impuesto directamente un gravamen sobre los premios obtenidos en juegos de azar que recae sobre la totalidad de su importe, ya que la naturaleza y caracteres del ingreso permanece idéntico y no cabe extrapolar el gravamen del 20% a una noción como es el cómputo de rentas dado que ni tan siquiera el artículo 215 se ha visto modificado. Deberá por lo tanto considerarse congruente con la anterior doctrina continuar valorando el ingreso del premio como renta, por un valor ideal en la forma establecida por el artículo 215.3 de la L.G.S.S ., entendiendo como buena doctrina la aplicada por la sentencia recurrida. En consecuencia, se desestima el recurso, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, sin que haya lugar a la imposición de las costas, a tenor de lo preceptuado en el artículo 235 de la L.J .S.".
Según esa doctrina, pues,
no se debe computar el importe recibido por el premio de lotería como renta a la hora de determinar el cumplimiento de los límites de ingresos propios impuestos por las norma de aplicación para la obtención del subsidio, que es la de los artículos 2 (LA LEY 95/1997) y 3 del RD 5/1997, de 10 de enero (LA LEY 95/1997), sino solo el correspondiente a la renta presunta, del interés legal del dinero en aquel ejercicio, es decir, el 4% por ese año 2004 desde la percepción de tal premio, cantidad notoriamente inferior a los límites de ingresos establecidos. Siendo ello así, no tendría incidencia alguna para el mantenimiento del subsidio suspendido, y el T.S., en la sentencia de 30 de abril de 2014 y otras que en ella se citan, ha venido manteniendo, en interpretación de los artículos 25 y 49.1.b) de la LISOS y 215 de la Ley General de la Seguridad Social , que la sanción de la omisión del deber de comunicación del beneficiario del subsidio o prestación con pérdida del derecho ha de limitarse, de acuerdo con el principio de tipicidad, a las omisiones de información con trascendencia en el mantenimiento del derecho a prestaciones, pero no en supuestos, como el presente, en que los hechos no comunicados no alcanzan relevancia en orden a la conservación del derecho.
Con este criterio, mantenemos el ya establecido por esta Sala en sentencia de 21-6-2018 y de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña de 18-1-2018, Castilla La Mancha de 11-1-18 y 14-7-2017 y Madrid 15-3-2018.
En definitiva, acertó la sentencia al estimar la demanda interpuesta por la actora, por lo que la confirmamos, con desestimación del recurso interpuesto por el Servicio Publico de Empleo Estatal.