PRIMERO .-
Se impugna la sentencia n.º 353/2017,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia, de fecha 4 de diciembre 2017, en el procedimiento abreviado 176/17,
desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de Delegación de Gobierno de fecha 13 de marzo 2017, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución dictada el 18 de noviembre 2016,
decretando la expulsión del territorio nacional al amparo de lo establecido en el articulo 15.1c) del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero (LA LEY 1381/2007), sobre entrada y permanencia en España de Nacionales de Estados Miembros de la Union Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Se apoya el recurso de apelación en varios motivos:
I.- Incongruencia omisiva cercenadora del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el reconocimiento posterior del derecho de residencia.
II.- Vulneración del articulo 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ante la inadmisión de la prueba testifical propuesta.
III.- Errónea valoración de la prueba en relación con el examen de la conducta personal del recurrente, sin que sea suficiente la existencia de condenas penales anteriores para deducir que el ciudadano constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Entiende el apelante que no se han tenido en cuenta las circunstancias de arraigo que concurren en su persona, el tiempo transcurrido en España habiendo cotizado durante catorce años, la buena conducta en prisión donde se encuentra trabajando, sus vínculos familiares en España, esposa e hija menor, ambas españolas, así como la ausencia de vínculos en su país de origen. En definitiva estima que resulta procedente la anulación de la orden de expulsión impuesta, habiendo sido denegada la sustitución de la pena privativa de libertad por expulsión por la Audiencia Provincial de conformidad con lo dispuesto en el articulo 89 del Código Penal (LA LEY 3996/1995).
La Administración demandada, por su parte, se opone a la estimación de recurso de apelación y solicita la confirmación de la Sentencia de instancia por estimar que el recurso de apelación formulado por el recurrente se limita a reproducir los argumentos esgrimidos de instancia y porque considera que la sentencia apelada es conforme a derecho al declarar ajustada a derecho la resolución administrativa incidiendo en la amenaza que supone el recurrente para la sociedad a la vista de la naturaleza del tipo penal por el que ha sido condenado .
La sentencia de la instancia, tras reproducir el art 15 del Real Decreto 240/2007 (LA LEY 1381/2007) y las Sentencias de esta Sala de 14 de junio 2016, con cita de la sentencia de 28 de febrero 2014 y dos de noviembre 2007, enumera el historial delictivo del apelante y desestima el recurso contencioso administrativo por entender que la conducta del recurrente constituye una amenaza para el orden publico, y aun cuando se aprecia arraigo cierto en España, también conserva lazos con su país de origen, donde residen sus padres y cinco de sus seis hermanos.
Afirma la sentencia :
" (...) Nos encontramos ante un antiguo delincuente habitual en materia de seguridad vial, que apenas un año después de extinguir la última de sus penas, comete, por mero ánimo de lucro, un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. Siendo su situación laboral (desempleado) y familiar (con una hija menor y esposa que no se acredita que tenga grandes ingresos) similar a la actual, por lo que el peligro de reincidencia es elevado. Y el delito cometido, repetimos, castigado con penas entre tres y seis años de prisión,
artículo 368 del Código Penal (LA LEY 3996/1995)
, tiene, conforme el artículo 33 de dicha cuerpo legal , la condición de grave, por lo que, tal y como declara la jurisprudencia administrativa, si puede bastar para configurar dicha amenaza seria y grave prevista en el
artículo 15 del Real Decreto 240/2007 (LA LEY 1381/2007)
examinado una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, con más motivos lo será la comisión dolosa de un delito calificado como grave por el Código Penal. Y no cualquier delito, sino uno, el de tráfico de drogas, que por todos es conocido su afectación importante a una generalidad de personas, algunas de las cuales pueden ser también progenitores de menores de cuatro o cinco años de edad, y que, especialmente tratándose de sustancias que causan grave daño a la salud como la que nos ocupa, causan gran repulsa y alarma social. Sin que se pruebe en modo alguno que el recurrente se encuentre arrepentido ni puede deducirse ello de haber aceptado en conformidad la pena, siendo hecho absolutamente notorio para cualquier operador jurídico que haya tenido un mínimo contacto con enjuiciamiento penal que las "conformidades" se fundamentan en su práctica totalidad no en la existencia de arrepentimiento sincero, sino en un lícito interés en la obtención de una condena segura evitando la dilación procesal o la victimización de los perjudicados e incluso testigos a cambio de una pena inferior a la solicitada por las acusaciones e incluso merecida, dentro de los marcos legales, dada su conducta.
Recapitulando: El recurrente es un reo peligroso, que cometió un delito grave, excecrable e importante poco después de extinguirse otra pena y apenas quince meses antes de dictarse por la Administración la resolución de expulsión, teniendo la misma situación familiar y personal que en la actualidad, no constando su arrepentimiento ni su rehabilitación. Tiene, por otra parte, arraigo en España, pero también lo conserva en su país de origen, y no se acredita que sostenga ni razonablemente pueda sostener a corto plazo, al menos durante el período en que dura la prohibición de entrada impuesta, a su familia, para la que presumiblemente sería una carga económica, por más que la misma se viera lógicamente afectada por dicha resolución de expulsión. Ante ello, valorando dichas circunstancias como establece la normativa europea y la jurisprudencia antes señalada, procede estimar procedente, proporcional y adecuada la expulsión administrativa acordada, a la que nada empece la resolución penal acordando, conforme a los criterios que se tienen en la ejecución penal, distintos a los previstos en el
artículo 15 del Real Decreto 240/2007 (LA LEY 1381/2007)
. Desestimándose íntegramente el recurso interpuesto.(...)".
SEGUNDO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida .
I.- Como primer motivo de apelación se denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia en relación con la alegación y documentación aportada en la vista consistente en la tarjeta de residencia concedida con posterioridad a la resolución recurrida.
Como recuerda el Tribunal Supremo en sentencias de 30 de octubre 2014 (rec 421/14 (LA LEY 152485/2014)) y 21 de octubre 2015 (rec 268/14 (LA LEY 152081/2015)), para resolver el motivo resulta oportuno subrayar que el Tribunal Constitucional ha dicho que la incongruencia consiste en la ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, es decir un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones ( STC 36/2006 de 13 de febrero (LA LEY 17055/2006)). La citada doctrina distingue entre lo que son meras alegaciones formuladas por las partes en defensa de sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas ( STC 189/2001, 24 sept (LA LEY 8072/2001)). Son sólo estas últimas las que exigen una respuesta congruente ya que no es precisa una respuesta pormenorizada de todas las cuestiones planteadas ( STC 36/09, 9 febrero (LA LEY 3097/2009)), salvo que estemos ante una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes ( STC 4/2006, 16 enero (LA LEY 4702/2006)). E insiste en que cabe, además, una respuesta de forma tácita o implícita obtenida del conjunto de razonamientos ( STC 29/2008 20 febrero (LA LEY 1123/2008)).
Constatamos que no es necesaria una correlación literal entre el desarrollo argumentativo de los escritos de demanda y de contestación y el de los fundamentos jurídicos de la sentencia. Lo cierto es que la sentencia impugnada no ha dejado de abordar las cuestiones suscitadas en la demanda, cuales son la conformidad o no de la resolución acordando la expulsión del recurrente valorando la conducta del mismo y el arraigo invocado, por lo que no hay incongruencia.
El hecho de que con posterioridad al dictado de la resolución se hubiere concedido una autorización de residencia al ciudadano extranjero es una cuestión que afectara a la ejecución o no de la expulsión, pero no incide en la conformidad/disconformidad a Derecho de la resolución recurrida en el momento en que fue dictada.
II.- Como segundo motivo de apelación se denuncia la vulneración del articulo 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ante la inadmisión de la prueba testifical propuesta.
Respecto a la admisión o denegación de los distintos medios de prueba propuestos por las partes debe partirse de dos premisas:
- solicitud en forma.
- no existe un derecho ilimitado a la solicitud y practica de prueba, la misión del juzgador en admitir o denegar de forma razonada en función de la prueba solicitada y los términos del debate; así lo ha establecido con claridad la sentencia de la Sala Tercera-Sección Cuarta del Tribunal Supremo nº 439/2019 de 1 de abril de 2019 -rec. 2129/2016 (LA LEY 37248/2019) (fd 4) o Sección Sexta nº 1205/2016 de 27 de mayo de 2016-rec. 45/2015 (LA LEY 58629/2016) (fd 2). El fundamento de derecho cuarto de la STC 152/2015 (LA LEY 104921/2015) nos dice:
"(...) este Tribunal ha reiterado que la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (
art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)
) exige (i) que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto; (ii) que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que habiendo admitido la prueba, finalmente no haya podido practicarse por causas imputables al propio órgano judicial; (iii) que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, generando indefensión al actor; y (iv) que en la demanda de amparo se aleguen y fundamenten los anteriores extremos (
STC 133/2014, de 22 de julio (LA LEY 93103/2014)
, FJ 6, por todas). (...)".
Como se señala en reiterada jurisprudencia (STS Sala Primera, sentencia 485/2012 de 18 Julio (LA LEY 105585/2012), sentencia 263/2012, de 25 de abril -que reproduce la 782/2007, de 10 de julio (LA LEY 79520/2007), y la 842/2010, de 22 de diciembre) el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la propia defensa, constitucionalizado en el artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978), ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo a la defensa, busca garantizar a las partes la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses, y consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas por el Tribunal. Lo que no supone desapoderar a los órganos jurisdiccionales de su competencia para apreciar la pertinencia. Se trata de un derecho sujeto a los siguientes límites:
- El de la pertinencia, ya que no existe un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud de la cual las partes estarían facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la admisión y práctica de las que sean pertinentes, entendiendo por tales aquellas que tengan una relación con el "thema decidendi"
- El de la diligencia, toda vez que, tratándose de un derecho de configuración legal, la garantía que incorpora ha de realizarse en el marco legal establecido en el ordenamiento jurídico respecto de su ejercicio. Lo que conlleva que la parte legitimada haya solicitado la prueba en la forma y momento legalmente establecido y que el medio de prueba esté autorizado por el ordenamiento.
- El de la relevancia, que se traduce en la necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente.
Respecto a la alegada vulneración del articulo 24 CE (LA LEY 2500/1978) señala la sentencia 50/2011 de 22 de febrero, reiterando la 1381/2008, de 7 de enero (LA LEY 47612/2008) , que "(...) es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien corresponde la carga procesal correspondiente, la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante lo que se traduce en la "necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa (...) esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito (...) al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente".
En el supuesto examinado debe destacarse que el juzgado justificó debidamente la denegaciónde la práctica del testigo propuesto, declaración que no podíatener lugar desde el momento en que había estado presente dentro de la Sala durante el desarrollo de la vista. En cualquier caso la denegación de la declaración testifical de la mujer del recurrenteno ha determinado la indefension pretendida en la medida en que no resulta precisa para acreditar ni el vinculo (no cuestionado) ni el arraigo invocado la supuesta dependencia económica, extremos que pueden ser objeto de valoración a través de la documentación aportada
TERCERO.- Entrando ya en el fondo de la cuestion conviene recordar la normativa de aplicación. El artículo 15 del Real Decreto 240/2007 (LA LEY 1381/2007) dispone:
" Medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública.
1. Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o con los miembros de su familia:
a) Impedir la entrada en España, aunque los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 4 del presente real decreto.
b) Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia previstas en el presente real decreto.
c) Ordenar la expulsión o devolución del territorio español.
Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España, si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Asimismo, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país de origen.".
Los criterios para la adopción de dicha medida se recogen en el apartado 5 del citado precepto, estableciendo el apartado 5.d):
" 5. La adopción de una de las medidas previstas en los apartados anteriores 1 a 4 se atendrá a los siguientes criterios: d. Cuando se adopte por razones de orden público o de seguridad pública, deberán estar fundadas exclusivamente en la conducta personal de quien sea objeto de aquéllas, que, en todo caso, deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y que será valorada, por el órgano competente para resolver, en base a los informes de las Autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas".
Las circunstancias de orden público han de ser contempladas desde la optica que la jurisprudencia comunitaria apreciapara oponerse a la libre circulación de trabajadores comunitarios, ámbito donde se ha estimado que las circunstancias particulares que justifican el tener que acudir al concepto de orden público pueden variar de un país a otro y de una época a otra, por lo que es preciso reconocer a las autoridades nacionales competentes un margen de discrecionalidad dentro de los límites impuestos por el Tratado ( STJUE de 17 de septiembre de 2002 (LA LEY 151270/2002) , Baumbast y R), pero teniendo en cuenta que las circunstancias particulares que justifiquen su aplicación, en su caso, deben estar relacionadas con el caso individual o fundarse en consideraciones de prevención general ( SSTJUE de 26 de febrero de 1975, Bonsignore y la clásica de 28 de octubre de 1975 , Rutili) y habiendo considerado, además, que el estatuto de ciudadano de la Unión Europea exige una interpretación particularmente restrictiva de las excepciones a dicha libertad ( STJUE de 29 de abril de 2004 , Orfanopoulos y Oliveri). Ahora bien, en cualquier caso, " para justificar ciertas restricciones a la libre circulación de las personas sometidas al Derecho Comunitario, el recurso por parte de una autoridad nacional a la noción de orden público supone, en todo caso, la existencia, aparte de la alteración del orden social que constituye toda infracción de la ley, de una amenaza real y suficientemente grave, que afecta a un interés fundamental de la sociedad" ( STJCE de 27 de octubre de 1977 (LA LEY 81/1977) ).
La Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004 (LA LEY 5248/2004), relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, en suart. 27 se establece que "1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos. 2. Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general..."
La STJCE de 10 de julio 2008 (LA LEY 86253/2008) señala que si bien, esencialmente, los Estados miembros gozan de libertad para definir, con arreglo a sus necesidades nacionales las exigencias de orden público y de seguridad pública, no obstante, en el contexto comunitario, en particular como justificación de una excepción al principio fundamental de la libre circulación de las personas, tales exigencias deben interpretarse en sentido estricto, de manera que su alcance no puede ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro sin control de las instituciones de la Comunidad Europea, exigiéndose además de la perturbación del orden social una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad y que la medida respete el principio de proporcionalidad, exigiéndose el examen caso por caso.
La sentencia TJUE de 23 de noviembre 2010 (LA LEY 203247/2010) en sus apartados 50-53 señala que:
"50. Al aplicar la Directiva 2004/38 (LA LEY 5248/2004) procede ponderar más concretamente, por un lado, el carácter excepcional de la amenaza para la seguridad pública en razón de la conducta personal del interesado (...) y, por otro lado, el riesgo de poner en peligro la reinserción social del ciudadano de la Unión en el Estado en el que está verdaderamente integrado".
"51. La pena impuesta debe ser tomada en consideración como uno de estos factores".
" 53. Para determinar si la injerencia considerada es proporcionada al fin legítimo perseguido, en este caso la protección de la seguridad pública, deben tenerse en cuenta en particular el carácter y la gravedad de la infracción cometida, la duración de la residencia del interesado en el Estado miembro de acogida, el periodo transcurrido desde que se cometió la infracción y la conducta del interesado durante este periodo, así como la solidez de los vínculos sociales, culturales y familiares con el Estado miembro de acogida".
En sentido semejante la sentencia TJUE, de 22 de mayo de 2012 (LA LEY 58287/2012), nº C348/2009, reproduce dicha doctrina y añade que:
" (...)33. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que elartículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están facultados para considerar que infracciones penales como las mencionadas en el artículo 83 TFUE (LA LEY 6/1957), apartado 1, párrafo segundo (el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada), constituyen un menoscabo especialmente grave de un interés fundamental de la sociedad, capaz de representar una amenaza directa para la tranquilidad y la seguridad física de la población, y que por consiguiente, cabe incluir en el concepto de "motivos imperiosos de seguridad pública" que pueden justificar una medida de expulsión en virtud del referidoartículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38 (LA LEY 5248/2004), siempre que la forma de comisión de tales infracciones presente características especialmente graves, extremo éste que incumbe verificar al tribunal remitente basándose en un examen individualizado del asunto del que conoce.
34. Toda medida de expulsión está subordinada a que la conducta personal del interesado constituya una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad o del Estado miembro de acogida, apreciación que supone, como regla general, la tendencia del individuo interesado a proseguir esa conducta en el futuro. Antes de tomar una decisión de expulsión, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en ese Estado y la importancia de los vínculos con su país de origen".
Si bien para denegar la tarjeta de residencia de familiar comunitario bastan "razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública"(inciso inicial del art. 15.1 ),
para la expulsión se cualifica e intensifica la motivación y exigencias de tales motivos calificándolos de "graves" (inciso final del art. 15.1),
extremo éste que se ha interpretado por la jurisprudencia comunitaria en referencia a situación que revele una amenaza real, actual y grave.
Es cierto que no basta con condenas penales anteriores para deducir que el ciudadano comunitario constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, pero no es eso lo que se deduce de las actuaciones que se analizan.
Consta y
se deduce del expediente administrativo, y así lo valora la sentencia de la instancia, la amenaza que representa el extranjero derivada de datos existentes que muestran la continuidad de la conducta delictiva del mismo. La Hoja Historico Penal revela las siguientes condenas:
- Ejecutoria 10/2016 de la Audiencia Provincial de Valencia, secc 1ª, por la comisión de un delito de trafico de drogas a la pena de 3 años y 3 meses de prisión, encontrándose interno en el Centro Penitenciario en el momento del dictado de la resolución recurrida
- Jdo. Penal 16 de Valencia, Ejecutoria 2278/11 a la pena de 11 meses y 25 días por conducción temeraria
- Jdo Penal 16 de Valencia, Ejecutoria 2509/10 condenado a multa de 8 meses a 5 euros/día por conducción sin permiso
- Jdo Penal 5 de valencia , Ejecutoria 2522/2009 a la pena de 6 meses por conduccion con riesgo para la circulación.
Es patente que
el recurrente ha sido condenado por sentencia firme a la pena de 3 años y 3 mesesde prisión por un delito consumado de tráfico de drogas con grave daño a la salud. Se trata de una condena firme por un delito contra la salud pública que la STJUE considera constituye un menoscabo especialmente grave de un interés fundamental de la sociedad, capaz de representar una amenaza directa para la tranquilidad y la seguridad física de la población.
Debe incidirse en la naturaleza del delito por el que el recurrente-apelante se encuentra interno en el centro penitenciario, delito de tráfico de drogas que causa una profunda alarma social dada la naturaleza del delito y su connotación con la salud pública. La naturaleza y gravedad de los hechos, la profunda alarma social que producen, hacen que la conducta del imputado sea lo suficientemente grave como para afectar al interés general de la sociedad. Al margen de la valoración que la conducta del recurrente merezca en la jurisdicción penal, el delito de trafico de drogas
resulta objetivamente contraria al respeto al orden público y la paz social, violenta el marco de la convivencia pacífica, y el respeto a los valores fundamentales y revela un especial desprecio y menoscabo especialmente grave del interés fundamental de la sociedad en preservar la tranquilidad y la seguridad física las personasy un desprecio a los cánones más elementales de la vida en sociedad en el territorio y comunidad de acogida, muestra de un desarraigo social y evidencia un plus de peligrosidad que debe primar sobre el arraigo invocado.
A mayor abundamiento, insistir en que existe una proximidad entre la condena y el dictado de la resolución recurrida encontrándose el apelante cumpliendo la pena en el centro penitenciario.
En cuanto a las circunstancias personales del recurrente esta casado con ciudadana española y tiene una hija menor. Se acompaña un certificado de empadronamiento antiguo (año 2012) y contrato de arrendamiento de vivienda a nombre exclusivo de la mujer. La mujer trabaja por cuenta ajena enconstrandose la hija a su cargo. El recurrente se encontraba en situacion de desempleo previamente a su ingreso en prision, habiendosele extinguido tambien el subsidio de desempleo.
Respecto a su contribucion al mantenimiento de las cargas familiares unicamente constan cuatro resguardos de transferencias realizadas desde el centro penitenciario, con posterioridad al dictado de la resolucion objeto de recurso ( enero a abril 2017),
por lo que tampoco se acredita el cumplimiento de sus deberes respecto a la menor que se encuentra a cargo de su mujer. No consta ningun otro envio de dinero.
Es cierto que existen vinculos familiares pero como indica la sentencia,
hay que tener en cuenta el tipo penal que lesiona los principios de una sociedad democrática, al suponer una grave amenaza a la paz social y al orden público y que los vínculos alegados resultan insuficiente para los fines pretendidos, pues incluso el nacimiento de hijos en España no es una barrera infranqueable que impida la expulsión, maxime al no constar debidamente acreditado el cumplimiento de sus obligaciones respecto a su hija y como señala esta Sección en sentencia 241/17 de 7 de febrero " (...) Es cierto que acredita vínculos familiares (española y familiares propios), no obstante, debe ser el solicitante quien piense en ellos y ajuste su conducta a los cánones de la sociedad de acogida".
La apelación no puede prosperar por este motivo.