QUINTO.
Cuestiones prejudiciales planteadas.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 bis de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) , se formula ante el TJUE, en el ámbito del artículo 267 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957), las siguientes cuestiones prejudiciales de interpretación del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993) del Consejo:
Planteamiento de la primera petición de solicitud de cuestión prejudicial.
Se eleva al TJUE, en atención a las siguientes CONSIDERACIONES:
(i) De acuerdo con el principio de "primacía" del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de su competencia, en particular del marco de regulación del crédito al consumo y su contratación con consumidores, se pregunta si la conformidad con el Derecho de la Unión respecto de la jurisprudencia que dicta el Tribunal Supremo español, como tribunal superior, en la interpretación y aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (LA LEY 3/1908), como Disposición nacional, en la medida en que dicha jurisprudencia se proyecta no sólo sobre el plano de la invalidez del contrato celebrado, sino sobre la definición del "objeto principal" del contrato de crédito al consumo, modalidad crédito " revolving", y sobre la adecuación de la "calidad/precio" del servicio prestado, debe realizarse "de oficio" por el órgano jurisdiccional nacional, o por el contrario, como declara el Tribunal Supremo español, dicho deber de evaluar la conformidad con el Derecho de la Unión y sus Directivas queda condicionado o subordinado al " petitum" de la parte demandante (principio de rogación); de forma que si se ejercita como acción "única o principal" la nulidad del crédito al consumo por "su carácter usurario", como acción derivada de una Disposición nacional, debe entenderse que "no entra en juego" la primacía del Derecho de la Unión y su alcance armonizador, aunque la jurisprudencia que dicte el Tribunal Supremo español, en la interpretación y aplicación de la citada Ley de usura (LA LEY 3/1908), se proyecte sobre la definición del objeto principal y la adecuación de la calidad /precio del crédito al consumo, objeto del caso que deba resolver el órgano jurisdiccional nacional.
(ii) En todo caso, conforme a la señalada primacía y alcance armonizador del Derecho de la Unión Europea en el marco de regulación del crédito al consumo y su contratación con consumidores, considerando que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha reiterado, en numerosas sentencias, que la "exclusión" prevista en el
artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE (LA LEY 4573/1993)
, como norma armonizada, ha sido plenamente transpuesta al ordenamiento jurídico español, por lo que no es procedente que el juez nacional realice un control judicial de precios, considerando que no existe en el ordenamiento jurídico español norma jurídica que permita o dé cobertura, con carácter general, a dicho control judicial de precios, incluida la propia Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908), considerando, además, que no se ha entrado a valorar la posible falta de transparencia de la cláusula que determina el precio del crédito al consumo,se preguntasi resulta contrario al
artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993)
que el órgano jurisdiccional nacional, en aplicación de una Disposición nacional, la referida Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908) de 1908, fuera de su natural proyección en el marco de la declaración de nulidad del contrato celebrado, realice, como potestad " exnova", un "control judicial" sobre el objeto principal del contrato que determine, con carácter general, bien el precio del crédito al consumo, entendido por referencia a su interés remuneratorio (TIN) , o bien el coste del crédito al consumo, entendido como referencia a su tasa anual equivalente (TAE).
(iii) Por último, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y considerando el marco de regulación y armonización establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957), particularmente de su competencia para el funcionamiento del mercado interior, se preguntasi el control por el órgano jurisdiccional nacional para la fijación, con carácter general, del precio o del coste del crédito al consumo, sin una previa norma nacional que expresamente le dé cobertura, "resulta compatible" con el
artículo 120 TFUE (LA LEY 6/1957)
, con relación a una economía de mercado abierta y al principio de libre contratación de las partes.
Planteamiento de la segunda petición de solicitud de cuestión prejudicial: vulneración del principio de seguridad jurídica del mercado financiero
.
Del órgano jurisdiccional nacional se eleva al TJUE esta segunda petición de solicitud prejudicial, en atención a la siguiente CONSIDERACIÓN:
De acuerdo con el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de armonización de su competencia, en particular, en el marco de las Directivas de regulación del crédito al consumo y de contratación con consumidores, considerando que el principio de seguridad jurídica constituye un presupuesto necesario para el correcto y eficaz funcionamiento del mercado interior del crédito al consumo, se pregunta si resulta contrario a dicho principio de seguridad jurídica, para el correcto funcionamiento del mercado interior del crédito al consumo, la limitación de la TAE que puede imponerse, con carácter general, al consumidor en un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura, declarada por el Tribunal Supremo español, con base en unos parámetros no objetivos y precisos, sino por mera referencia aproximativa, de forma que se deje a la discrecionalidad de cada órgano jurisdiccional nacional su concreta determinación para la resolución del litigio del que conozca.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD DE CUESTIÓN PREJUDICIAL
PREVIO. No se cuestiona la competencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo para aplicar la Ley de Usura de 23 de julio de 1908 (LA LEY 3/1908) e interpretar la misma en los supuestos de préstamo usurario. Tampoco se cuestiona su posible compatibilidad o concurrencia inicial con el Derecho de la Unión, dentro de su respectivo ámbito de competencia.
La Sala 1ª del TS, en sus Sentencias de 25 de noviembre de 2015 (Roj 4810/2015) y 4 de marzo de 2020 ( Roj: STS 600/2020), se aparta de la doctrina jurisprudencial que el TS había venido manteniendo de forma inalterable desde que se promulgó la Ley de Usura (LA LEY 3/1908) y cuyos máximos exponentes jurisprudenciales más recientes son las Sentencias de 18 de junio de 2012 (Roj: STS 5966/2012), 22 de febrero de 2013 ( Roj 867/2013) y 2 de diciembre de 2014 ( Roj 5571/2014), y no sólo se aparta de esa doctrina jurisprudencial, sino que deroga el elemento subjetivo del artículo 1 de la Ley de Usura (LA LEY 3/1908), esto es su tacha de inmoralidad, aplicando indebidamente la Ley de Usura (LA LEY 3/1908) a un mercado financiero con contratación seriada y declarando (aunque seguro que sin pretenderlo) "usureros" a una parte del sector financiero, tanto nacional, como comunitario, por el hecho de que hayan comercializado tarjetas " revolving" con un interés remuneratorio por encima del 26,82% TAE.
En la contratación seriada, con condiciones generales de la contratación, como es el crédito " revolving", debe aplicarse de forma generalizada la normativa tuitiva de consumo, especialmente la Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 (LA LEY 6793/2008), relativa a los contratos de crédito al consumo y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y toda la normativa nacional transpuesta, que es el marco natural para combatir los incumplimientos normativos por parte de las entidades financieras y ser la cláusula contractual, incluido el precio, abusiva, cuando no se facilita la debida información al prestatario, al no ser la cláusula clara y transparente ( artículos 4.2 (LA LEY 4573/1993) y 5 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993)) o provocar desequilibrio ( artículo 3 Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993)).
En los créditos al consumo es el legislador quien tiene la competencia para regular y limitar el precio, como han hecho otros Países de la Unión Europea y sería deseable que nuestro legislador lo hiciera con este tipo de contratación, sin que puedan los Tribunales convertirse en un instrumento de fijación de precios y un interventor del mercado financiero, al considerar, a su mero arbitrio, que los tipos de interés que se aplican sobre determinados productos de crédito, en un momento determinado, son elevados o no.
Sin duda, el legislador nacional puede imponer un máximo al precio de un crédito " revolving" dentro del ámbito de la usura, como ha hecho el legislador francés (artículo 314,6 del Code de la Consommatión -que aplica la regla < 30%, produciéndose la usura al superar el 30% del precio medio de mercado-), o limitar el precio de este tipo de créditos dentro del ámbito de la ley de crédito al consumo, como han hecho otros países de la Unión Europea, pero lo que a criterio de esta juzgadora no puede hacer la Sala 1ª del Tribunal Supremo es fijar el precio de los créditos " revolving" descontextualizando la Ley de Usura de 23 de julio de 1908 (LA LEY 3/1908), que no fue pensada para regular un mercado financiero, sino simplemente para declarar la nulidad del préstamo usurario con base en su reproche moral.
PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA: LA ADECUACIÓN DE OFICIO DE LA DISPOSICIÓN NACIONAL Y, EN SU CASO, DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL QUE LA INTERPRETE Y APLIQUE
La elevación de decisión prejudicial (cuestión prejudicial) ante el TJUE que se formula en el presente procedimiento tiene su base tanto en el legítimo derecho de defensa de los derechos de los consumidores como, primordialmente, en la incontrovertible salvaguarda del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea (Derecho comunitario), y su aplicación material o efectiva (principio de efectividad) para resolver la debida conformidad o adecuación de las disposiciones del Derecho nacional y, en su caso, de la jurisprudencia nacional que dicte un tribunal superior que las interpreta y aplica, al Derecho de la Unión Europea. Labor de adecuación que comprende, por mor de su propio concepto, la resolución de todas aquellas dudas o cuestiones de interpretación que puedan afectar o comprometer la salvaguarda de dicho principio y su aplicación material o efectiva en el caso planteado.
Esta imprescindible adecuación o conformidad de las Disposiciones nacionales, y de la jurisprudencia nacional que dicte un tribunal superior que las interpreta y aplica, al Derecho de la Unión Europea, tiene una evidente relevancia a tenor de las siguientes consideraciones jurídicas.
En primer lugar, hay que resaltar que el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea fue consagrado por la jurisprudencia del TJUE desde su primera Sentencia de 15 de julio de 1964, asunto C-6/64 . Primacía que, sin lugar a dudas, también ha sido reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, tanto por las resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional, casos, entre otras, de las Sentencias 145/2012, de 2 de julio (LA LEY 106691/2012) , 26/ 2014, de 15 de febrero, 232/2015, de 5 de noviembre (LA LEY 165084/2015), 17/2017, de 19 de junio, 21/2018, de 5 de marzo y 37/2019, de 26 de marzo; como por las Sentencias de la Sala 1ª de nuestro Tribunal Supremo (en adelante, SSTS), casos, entre otras muchas, de las SSTS 241/2013, de 9 de mayo (LA LEY 34973/2013)
469/2015, de 8 de septiembre (LA LEY 125945/2015) y de la reciente 40/2021, de 2 de febrero (LA LEY 1952/2021).
En segundo lugar, hay que precisar que dicho principio ha sido elevado a rango normativo mediante la
Ley Orgánica 7/2015 (LA LEY 12048/2015)
, de 21 de julio, de modificación LOPJ (LA LEY 1694/1985), que introduce un nuevo artículo4 bis, que dispone en su apartado primero , que: " los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
En tercer lugar, hay que señalar, conforme a la puntualización del propio TJUE, entre otras, Sentencia de 1 de octubre de 2015, asunto C-32/14 (LA LEY 130791/2015), que la jurisprudencia que dicta respecto del alcance y contenido de las Directivas de la Unión Europea (entre otras, la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril (LA LEY 4573/1993), sobre contratación con consumidores, así como la Directiva 2008/48/CE, de 23 de abril (LA LEY 6793/2008), sobre crédito al consumo) se inscribe en el marco específico de la función judicial. De modo que hay que considerar que la totalidad de estas Directivas europeas, especialmente respecto de sus normas imperativas o armonizadas, constituyen disposiciones imprescindibles para el cumplimiento de las funciones confiadas a la Unión Europea. Por lo que su aplicación prevalente comporta un asunto de interés público para la propia Unión Europea y, por extensión, para los países miembros de dicha Unión; como expresamente se recoge en los artículos114 y 119del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957) (en adelante, TFUE). Entre otras, SSTJUE de 30 de abril de 2014, asunto C- 26/13 (LA LEY 46630/2014) y de 26 de febrero de 2015, asunto C- 143/3, apartado 50.
Se trata, por tanto, de la aplicación preferente de la normativa europea armonizada que debe ser custodiada de oficio por los órganos jurisdiccionales nacionales.
En definitiva, el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, proyectado de manera especial en las normas armonizadas de sus Directivas, como parte integrante del orden público económico de los Estados miembros, obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a realizar esta previa y preceptiva valoración de conformidad o adecuación acerca de la afectación que pudiera presentar la aplicación de una disposición nacional y, en su caso, de la jurisprudencia nacional dictada por un tribunal superior que la interpreta y aplica, respecto de la primacía material del Derecho de la Unión Europea.
Adecuación de oficio que bien puede comportar la inaplicación de la Disposición nacional, o de la jurisprudencia nacional dictada por un tribunal superior que la interpreta y aplica, cuando se considere contraria al Derecho de la Unión, o bien, el planteamiento de la pertinente cuestión prejudicial cuando su aplicación suscite dudas razonables de su conformidad con el Derecho de la Unión.
Por supuesto y, en todo caso, como expresamente reconoce el Tribunal Supremo en la reciente Sentencia citada 40/2021, de 2 de febrero (LA LEY 1952/2021), a sensu contrario: "cuando a instancia de parte se justifique mínimamente la existencia de estas dudas razonables (Fundamento de Derecho Tercero, apartado cuarto)".
RÉGIMEN GENERAL DE ADMISIBILIDAD DE PETICIÓN DE CUESTIÓN PREJUDICIAL: PRESUNCIÓN DE PERTINENCIA. CUESTIÓN " EX NOVA" ( ATJUE DE 25 DE MARZO DE 2021 )
De acuerdo con el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, el artículo 267 TFUE (LA LEY 6/1957)
"faculta" al órgano jurisdiccional nacional para presentar al TJUE las peticiones de decisión prejudicial que considere pertinentes sobre la interpretación de una norma de Derecho de la Unión y su aplicación prevalente como paso previo necesario para resolver el litigio principal que conozca.
Esta facultad de petición se configura con un carácter general y abierto, en la medida en que dichas peticiones son objeto de una interpretación extensiva, pues disfrutan de una presunción de pertinencia (entre otras, STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-604/11 (LA LEY 43524/2013)).
En consecuencia, el TJUE sólo puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tenga relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética, o cuando no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (entre otras, SSTJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 (LA LEY 11269/2013), 30 de mayo de 2013 (LA LEY 43524/2013), asunto 604/11, 26 de enero de 2017, asunto C-421/17 y 27 de septiembre de 2017, asunto 186/16).
Como se justifica con detalle más adelante, se puede afirmar que ninguna de estas excepciones concurre en el presente caso.
En efecto, en primer lugar hay que precisar que la materia objeto del presente procedimiento (razón material), es decir, el crédito al consumo y, por tanto, su modalidad de crédito " revolving", se encuentra regulada en el Derecho de la Unión Europea, especialmente de forma específica en la
Directiva 2008/48/CE (LA LEY 6793/2008)
, de 23 de abril, relativa a los contratos de crédito al consumo, y de forma general en el ámbito de la
Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) CEE, de 5 de abril, relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Esta regulación comporta, sin ningún género de dudas, la aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea. Aplicación que se proyecta de forma general en la salvaguarda de los principios fundacionales del Derecho de la Unión casos, entre otros, de la autonomía o libertad de contratación de las partes, de la economía de mercado y su interrelación con el correcto funcionamiento del mercado interior, como de su correlato con el principio de seguridad jurídica del mercado financiero, pero también, de forma más concreta, en la imperativa aplicación de sus normas armonizadas, con especial incidencia en relación con la aplicación del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993) , esto es, con la interdicción o prohibición para el órgano jurisdiccional nacional de realizar o fijar un control judicial de precios.
Exclusión o prohibición expresamente declarada por nuestro Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, caso de la reciente Sentencia 660/2020, de 10 de diciembre (LA LEY 179527/2020) que, en un supuesto de préstamo multidivisa, declara con total rotundidad lo siguiente (Fundamento de Derecho Sexto, apartado dos):
"2.- El problema de la transposición al ordenamiento español del
art. 4.2 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993)
y la cuestión concreta de si en nuestra legislación cabe un control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato atañen a la interpretación de la legislación española, que no compete al TJUE, sino a los tribunales españoles y, en unificación de doctrina, a este Tribunal Supremo. Esta sala, en la interpretación del Derecho nacional, ha considerado que dicho precepto ha sido transpuesto de manera indirecta o implícita por la nueva redacción del
art. 10 bis 1.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007)
al transponer la Directiva en 1998
: donde antes la ley se refería al "justo equilibrio de las contraprestaciones", tras la reforma aludía al "desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes", de conformidad con los arts. 3 y 4.2 de la Directiva . Lo mismo establece hoy el art. 82 del Texto Refundido de 2007 de esa Ley. Por lo tanto, se desplaza el control desde una hipotética vigilancia del desequilibrio económico (de las prestaciones u objetos que se intercambian) a una revisión del desequilibrio jurídico de derechos. Así lo hemos declarado en las sentencias 406/2012, de 18 de junio (LA LEY 144032/2012)
;
241/2013, de 9 de mayo (LA LEY 34973/2013) (especialmente, apartado 195 );
669/2017, de 14 de diciembre (LA LEY 172634/2017)
; y
44/2019, de 23 de enero (LA LEY 253/2019)
. Además, esta última cita las
SSTJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 (LA LEY 46630/2014), caso Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai , y
26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 (LA LEY 6612/2015), caso Bogdan Matei e IoanaOfelia Matei. En concreto, afirma en el apartado 21 del fundamento jurídico tercero: "No es procedente que el juez realice un control de precios, que pueda anular una cláusula que establece el precio porque este resulta desproporcionado a la prestación. Tal exclusión resulta del
art. 4.2 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) (y de su desarrollo en Derecho interno mediante la sustitución de la expresión "justo equilibrio de las contraprestaciones" por "desequilibrio importante de los derechos y obligaciones" en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007), como han declarado las sentencias de esta sala 406/2012, de 18 de junio (LA LEY 144032/2012)
,
241/2013, de 9 de mayo (LA LEY 34973/2013)
, y
669/2017, de 14 de diciembre (LA LEY 172634/2017)
) y de la jurisprudencia del TJUE que lo ha interpretado, representada por las sentencias de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 (LA LEY 46630/2014), caso Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai , y 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 , caso Bogdan Matei e Ioana Ofelia Matei". 3.- Por consiguiente, no hay necesidad de plantear cuestión prejudicial, puesto que la jurisprudencia del
TJUE es clara (sobre el acto claro o aclarado, véase la STJ de 6 de octubre de 1982
, Cilfit), al determinar que solo cuando no se supera el control de transparencia es cuando se puede realizar el control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato (precio y prestación). Y, sobre todo, porque la interpretación de la legislación nacional a efectos de decidir si el art. 4.2 de la Directiva ha sido transpuesto, es una cuestión de Derecho interno cuya interpretación corresponde a los jueces nacionales, no al TJUE. "
En segundo lugar, hay que resaltar que la aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en el presente caso no responde a una cuestión meramente hipotética o teórica, pues al margen de lo ya señalado, acerca de la razón material de su aplicación, de por sí ya determinante, hay que puntualizar que dicho principio resulta consustancial para resolver el asunto principal que plantea el contexto jurídico del presente caso. Máxime, cuando la jurisprudencia nacional dictada por el tribunal superior que interpreta y aplica esta Disposición nacional, en nuestro caso el Tribunal Supremo - SSTS 149/2020, de 4 de marzo (LA LEY 5225/2020)
y la citada 40/2021, de 2 de febrero (LA LEY 1952/2021)
-, parte del presupuesto de que la interpretación y aplicación que realiza dicho Tribunal de la ley de 23 de julio de 1908 (LA LEY 3/1908), sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios" a un crédito al consumo, modalidad " revolving", no está condicionada, en ningún caso, por la primacía y correspondencia con el Derecho de la Unión Europea, con sus principios y Directivas.
Esta posición, además, constituye la " ratio decidendi" de la aplicación de dicha jurisprudencia nacional y, por tanto, condiciona a priori la resolución del presente caso al obviar, de inicio, la debida conformidad de dicha interpretación y aplicación que se realiza de la Ley de usura (LA LEY 3/1908) con el Derecho de la Unión; por lo que necesariamente debe plantearse la cuestión prejudicial al TJUE, pues de un modo directo y frontal se excluye, de inicio, la aplicación del Derecho de la Unión Europea a unas materias, como la del crédito al consumo y la contratación con consumidores, expresamente reguladas y armonizadas por el Derecho de la Unión Europea.
En tercer lugar, en este marco de admisibilidad general de petición de cuestión prejudicial, también debe señalarse que la petición que se solicita en el presente caso no ha sido objeto de valoración o interpretación previa por el TJUE. Se trata de una petición
ex nova
en sus fundamentos, que resulta pertinente al no haber sido planteada con anterioridad en dichos términos ( STJUE de 6 de octubre de 1982, asunto C-283/81, con relación a la doctrina sobre el acto claro o aclarado).
En este sentido, hay que destacar, de forma sintética, que la duda razonable que se formula en el presente planteamiento de cuestión prejudicial no cuestiona, en absoluto, lo ya declarado en el reciente ATJUE de 25 de marzo de 2021, Asunto C-503/20 ; es decir, que las Directivas 87/102/CEE (LA LEY 2798/1986), en su versión modificada por la Directiva 90/88/CEE (LA LEY 2091/1990), y la Directiva 2008/48/CEE (LA LEY 6793/2008), deban interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una normativa nacional pueda establecer una limitación de la TAE en un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura. Del mismo modo, tampoco se cuestiona la concurrencia o compatibilidad de inicio que pueda presentar la Disposición nacional, la citada Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908), con el marco armonizado del Derecho de la Unión (crédito al consumo y contratación con consumidores) dentro de sus respectivos marcos de aplicación. Por el contrario, y de forma diferenciada, como se detalla y justifica más adelante, lo que sí que cuestiona de un modo principal, la duda razonable que se plantea es que no se oponga a las Directivas citadas, particularmente al artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993) , como norma armonizada y plenamente transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, una interpretación y aplicación de la Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908)
, realizada por el órgano jurisdiccional nacional, en nuestro caso, el Tribunal Supremo, que sin base normativa en la propia previsión de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), ni en otra norma o Disposición del Derecho nacional, comporte una extralimitación que permita, fuera del marco natural de la declaración de la invalidez del contrato celebrado por su carácter usurario, un control judicial que, con carácter general,
fije o determine la adecuación del precio o del coste del crédito al consumo en este importante sector del mercado financiero.
La duda razonable, por tanto, no se plantea ni en el ámbito material de la competencia del Estado miembro para abordar el plano estructural de la invalidez contractual, que es lo que autoriza y prevé la Ley de usura (LA LEY 3/1908), como competencia propia que no afecta al ámbito armonizador del Derecho de la Unión, como tampoco se plantea con relación a la potestad normativa que tienen los Estados miembros para establecer, a futuro, una limitación máxima del precio y, en su caso, del coste o TAE que puede imponerse en la contratación del crédito al consumo, sino que la duda se plantea respecto de la indebida extralimitación en la que incurre la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que interpreta y aplica la citada Ley de usura (LA LEY 3/1908), STS 149/2020, de 4 de marzo (LA LEY 5225/2020) , que fuera de la previsión y función de la propia Ley de usura (LA LEY 3/1908) -la señalada invalidez contractual por el carácter usurario del préstamo ( art. 1 de la Ley)- permite al órgano jurisdiccional nacional una " ex nova potestad", sin base normativa en dicha Ley , para establecer un control judicial que determine el precio o el coste del crédito al consumo con carácter general; contrariamente a lo dispuesto y armonizado en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993) , de aplicación imperativa al crédito al consumo, máxime en nuestro ordenamiento jurídico en donde el propio Tribunal Supremo ha declarado que dicha norma armonizada ha sido objeto de una transposición íntegra y plena.
Por último, también hay que señalar que en el contenido o desarrollo de la presente petición de solicitud de cuestión prejudicial se recogen todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios para que el TJUE pueda responder de manera útil y eficaz y poder dirimir el litigio que se ha planteado, en especial, la justificación de la normativa armonizada que se considera vulnerada y su clara conexión o vínculo con la Disposición nacional que resulta aplicable en el litigio principal (entre otras, STJUE de 26 de enero de 2017, asunto C-421/14 (LA LEY 349/2017)).
CUESTIÓN PREJUDICIAL Y METODOLOGÍA: DIRECTRICES DE INTERPRETACIÓN DEL TJUE
Como se ha señalado, la primacía del Derecho de la Unión Europea constituye el elemento impulsor de esta -doble- cuestión prejudicial que se eleva ante el TJUE: de su pertinencia y de su sentido último . En esta línea, además, interesa destacar que esta primacía del Derecho de la Unión Europea también condiciona " ab initio"
el planteamiento de la cuestión prejudicial, es decir, su articulación lógico-jurídica. Una de las primeras conclusiones que se obtiene cuando se analizan, ordenadamente, las claves conceptuales de la doctrina jurisprudencial del TJUE es, precisamente, su previa sujeción a un método, esto es, a una suerte de directrices que el propio TJUE elabora para ordenar la interpretación y aplicación armonizada de las Directivas que conforman el Derecho de la Unión Europea.
En efecto, el reciente "Comunicado de la Comisión Europea", de 27 de septiembre de 2019 (2019/C323/04), se conforma como una auténtica guía acerca del alcance de estas directrices de interpretación para los Estados miembros de la Unión Europea, nos ilustra muy gráficamente acerca del carácter vinculante de este método respecto a cómo deben interpretarse las Directivas, para garantizar la plena efectividad de éstas (entre otras, STJUE de 7 de agosto de 2018, asuntos C-96/16 (LA LEY 101899/2018) y C-94/17). De forma que, fuera de la valoración de las circunstancias concretas que presente el caso en cuestión, el órgano jurisdiccional nacional viene obligado a interpretar el Derecho nacional desde su conformidad o adecuación con el Derecho de la Unión, es decir, con arreglo a la "luz de la letra y a la finalidad de las Directivas" (entre otras, SSTJUE de 30 de abril de 2014 (LA LEY 46630/2014), asunto C-26/3 y de 21 de enero del 2015, asuntos C-482/13 (LA LEY 28/2015), C-483/13, C-485/13 y C-487/13).
Conformidad o adecuación del Derecho nacional y, en su caso, de la jurisprudencia nacionalque dicte un tribunal superior que lo interprete y aplique, con el Derecho de la Unión Europea que, a su vez, resulta blindada por la propia jurisprudencia del TJUE elaborada en aquellos ámbitos de las Directivas que sustentan su plena efectividad y, por extensión, la del Derecho de la Unión; a saber, la salvaguarda de los valores fundacionales de los Tratados de la Unión Europea, la aplicación de los principios que configuran su rango de orden público económico comunitario y, por último, la prevalencia de la norma comunitaria armonizada sobre la Disposición nacional y, en su caso, sobre la jurisprudencia nacional que dicte un tribunal superior que la interpreta y aplica. De acuerdo con el contexto señalado, procede extraer las siguientes pautas metodológicas:
i) Cuando la Disposición nacional, incluidas las normas procesales y, en su caso, la jurisprudencia nacional dictada por un tribunal superior que las interpreta, no pueda aplicarse de conformidad con el Derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional nacional debe inaplicarla y, en su lugar, aplicar directamente el Derecho de la Unión (entre otras, STJUE de 9 de marzo de 1978 (LA LEY 1327/1978), asunto 106/77).
ii) La petición de decisión prejudicial del órgano jurisdiccional nacional forma parte integrante de la garantía de la plena efectividad de la Directiva; de ahí su interposición de oficio -como sucede en el caso presente- y su presunción de pertinencia (entre otras, SSTJUE de 14 de marzo de 2019, asunto C-118/17 (LA LEY 13955/2019) y la citada sentencia de 3 de mayo de 2013).
iii) En el ámbito de competencia del Derecho de la Unión, esto es, de las materias objeto de regulación o de cobertura por los Tratados, Reglamentos y Directivas de la Unión Europea, la duda razonable que plantee la Disposición nacional y, en su caso, la jurisprudencia nacional dictada por un tribunal superior que la interpreta y aplica, debe sustentarse desde el análisis de la primacía del Derecho de la Unión Europea, especialmente a tenor de las directrices de interpretación que el propio TJUE ha elaborado acerca de los parámetros conceptuales y técnicos que configuran la "plena efectividad" del Derecho de la Unión.
De acuerdo con lo anteriormente señalado, y conforme a la aplicaciónde oficio de la primacía del Derecho de la Unión Europea en el ámbito material de su competencia, especialmente a tenor de las propias directrices de interpretación elaboradas por la jurisprudencia del TJUE, paso a desarrollar, de forma sistemática, los presupuestos conceptuales y técnicos que justifican razonablemente el fundamento, pertinencia y admisibilidad de las siguientes solicitudes de cuestiones prejudiciales.
INTERDICCIÓN O PROHIBICIÓN DE UN CONTROL O FIJACIÓN JUDICIAL DEL PRECIO O DEL COSTE DEL CRÉDITO AL CONSUMO, SIN COBERTURA O AUTORIZACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL
PREVALENCIA DEL DERECHO DE LA UNIÓN Y DE SU FUNCIÓN ARMONIZADORA
De acuerdo con la metodología del TJUE, la prevalencia del Derecho de la Unión y, en su caso, de la necesaria adecuación del Derecho nacional, parte de su propio ámbito competencial, es decir, que la materia sujeta a aplicación se encuentre regulada por el Derecho de la Unión y que su interpretación presente una regulación o conexión con el objeto principal del litigio. Como se ha resaltado, una vez constatado este ámbito competencial, y su conexión con el objeto principal del litigio, la adecuación o conformidad de la Disposición nacional y, en su caso, de la jurisprudencia nacional dictada por un tribunal superior que la interprete y aplique (Tribunal Supremo), debe realizarse de oficio, por los órganos jurisdiccionales nacionales, tanto con relación a los principios que informan y vertebran el marco de armonización del Derecho de la Unión, como también respecto de las normas armonizadas de sus Directivas.
Competencia y conectividad
En el presente caso, no hay duda alguna de que el crédito al consumo y, por extensión, la modalidad del crédito " revolving", como un sector relevante del mercado financiero, viene regulada por la normativa de la Unión Europea. Caso de la
Directiva 2008/48/CE (LA LEY 6793/2008)
, de 23 de abril, específicamente relativa al crédito al consumo (entre otros, artículos 1 (LA LEY 4573/1993) y 3 c)), pero también de la Directiva 93/13/CEE , de 5 de abril (LA LEY 4573/1993), relativa a la contratación bajo condiciones generales entre profesionales y consumidores (entre otros, artículo 1.1), por lo que hay que subrayar que esta Directiva resulta de aplicación imperativa para toda la legislación del crédito al consumo de la Unión Europea (entre otras, STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-448/17 (LA LEY 115886/2018) y ATJUE de 16 de noviembre, asunto C-76/10 (LA LEY 203265/2010)).
El crédito al consumo y su comercialización mediante condiciones generales, por tanto, queda contemplado y comprendido en el ámbito de aplicación de las citadas Directivas, especialmente respecto de las normas armonizadas según el alcance o extensión que determinan sus propias definiciones; por lo que los Estados miembros deben sujetarse, por consiguiente, al ámbito de aplicación conceptual y operativo que dichas definiciones determinan (Considerandos 9 y 10 de la Directiva 2008/48/CE (LA LEY 6793/2008) y, entre otras, STJUE 14 de junio de 2012, asunto C-618/10 (LA LEY 70591/2012)).
En la misma línea, tampoco cabe duda de la conexión o relación que presenta la interpretación de estas Directivas con el objeto principal del litigio que versa, precisamente, sobre un contrato de crédito al consumo.
De hecho, las sentencias del Tribunal Supremo, que justifican las presentes peticiones de cuestiones prejudiciales, esto es, la STS 628/2015, de 25 de noviembre (LA LEY 172714/2015) , y muy especialmente la reciente STS 149/2020, de 4 de marzo (LA LEY 5225/2020) (Fundamento de Derecho Cuarto, apartado 5 y fundamento de derecho quinto, apartado 1, respectivamente), reconocen expresamente esta conexión al declarar que:
"[...] en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter del crédito al consumo de la operación cuestionada
", y que:
"[...] aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de condiciones generales en los contratos celebrados con consumidores , en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario".
Como ya se observa,
la interpretación normativa del Tribunal Supremo español en estas sentencias invierte y contraviene el método de interpretación (directrices de interpretación) que el TJUE ha elaborado acerca de la prevalencia del Derecho de la Unión, pues lejos de proceder de oficio a la necesaria adecuación o conformidad de la interpretación y aplicación que realiza sobre una Disposición nacional, la Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908) de 1908, que se proyecta, de un modo extralimitado, al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y a su conexión con el objeto principal del pleito, nada menos que al posible control o fijación judicial del interés remuneratorio o coste del crédito al consumo, subordina o condiciona dicha conformidad o adecuación, con el Derecho de la Unión, al marco procesal nacional relativo al principio de rogación. De forma que la prevalencia del Derecho de la Unión y, con ella, la propia efectividad de las Directivas se hace dependerdel petitum de la parte demandante -o, en su caso, de la oposición planteada por la parte demandada- , es decir, de su arbitrio o voluntad, de que se solicite como acción única, o principal, la declaración del carácter usurario del crédito al consumo. Como, en su caso, supuesto de la citada STS 40/2021, de 2 de febrero (LA LEY 1952/2021) -Fundamento de Derecho Tercero, apartado 4- de un injustificado gravamen procesal a la contraparte, a la que no sólo le impone la carga de la denuncia de la infracción de la Directiva en cuestión, sino también la de su posible justificación. Como formularé más adelante, esta condicionalidad, al margen de la debida aplicación de oficio, vulnera de inicio el método de interpretación y aplicación de las Directivas y de su marco de armonización, presentando serias dudas de conformidad con el Derecho de la Unión.
Marco de armonización: carácter imperativo y valores fundacionales. Principio de libertad económica
La consecuencia de la prevalencia del Derecho de la Unión es que los Estados miembros no pueden introducir Disposiciones nacionales o doctrina jurisprudencial, sobre normativas nacionales existentes, que resulten contrarias al marco de armonización establecido por el Derecho de la Unión y por sus respectivas Directivas, que sean de aplicación imperativa.
En nuestro caso, como se ha indicado, este marco de armonización responde, prima facie, a los propios valores comunitarios que delimitan el ámbito competencial y armonizador del Derecho de la Unión Europea.
El principio de autonomía de la voluntad o de libertad económica constituye uno de los principios fundacionales del Derecho de la Unión Europea en la medida en que posibilita sustentar las reglas básicas de su orden público económico, (libertad de mercado, de empresa y de contratación) y, a su vez, el correcto funcionamiento y competencia de su mercado interior; en nuestro caso del mercado financiero. A este sentido responde, en última instancia, el alcance armonizador del TFUE en sus artículos3.1,apartado b ) (mercado (LA LEY 6/1957) interior) y 120 (economía de mercado abierta y libre contratación).
En consecuencia, la libertad de pacto sobre precios, en nuestro caso, sobre el interés remuneratorio y, en su caso, del coste del crédito al consumo constituye una expresión o proyección inescindible de los citados principios, particularmente de la libertad de contratación de las partes, en función de las condiciones de competencia del mercado financiero. Libertad de pacto sobre el precio del producto o servicio que también viene reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, de manera especial al amparo del artículo 1255 del Código Civil (LA LEY 1/1889) (libertad de pacto), del artículo 315 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885) (libertad de precio del interés) y del artículo 4.1 de la Orden EHA /2899 /2011, de 28 de octubre (libertad de tipos de interés).
Norma armonizada: definiciones y contenidos conceptuales. La libertad de precios como elemento del "objeto principal" del contrato del crédito al consumo y como elemento de la "adecuación" de la calidad/precio del servicio prestado (
artículo 4.2 Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993)
)
Si prima facie, como se ha señalado, la prevalencia del Derecho de la Unión se sustenta en el ámbito de competencia y de armonización que delimitan sus valores y principios; en un segundo término, estrechamente conexo con lo anterior, dicha prevalencia se concreta en el ámbito de las normas armonizadas de sus Directivas, particularmente en sus definiciones y criterios conceptuales que posibilitan una interpretación autónoma y uniforme en todo el territorio de la Unión Europea (entre otras, STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 (LA LEY 46630/2014)).
En esta línea debe precisarse, en primer lugar, que los citados principios informan tanto el contexto como el objetivo perseguido por las normas armonizadas, es decir, su
ratio legis
. En nuestro caso, tal y como ilustran las conclusiones del Abogado General, Sr. Nils Wahl, en el asunto C-26/13, de 12 de febrero de 2014, apartado 26 y siguientes, resulta incontrovertible que la disposición del
artículo 4.2 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993)
fue incorporada sobre la base del principio de libertad económica a los efectos de excluir, del control de abusividad, todo aquello que resultara directamente de la propia libertad contractual de las partes, esto es, que respondiera al "núcleo" de la relación contractual, ( essentialia negotii), siempre que se hubiera contemplado de manera clara y comprensible para el consumidor, en definitiva, respetando el "principio de transparencia".
En segundo lugar, debe puntualizarse, respecto del alcance armonizador que se deriva de las definiciones y criterios conceptuales de la citada Directiva que, en nuestro caso, también resulta incuestionable que la libertad de pacto, para la determinación del precio o del coste del crédito al consumo, queda comprendida en el ámbito de exclusión del artículo 4.2 de la Directiva.
En efecto, pese a tener en cuenta que toda exclusión o limitación del control de fondo de las cláusulas abusivas debe ser objeto de una "interpretación estricta", el TJUE, no obstante, ha expuesto con claridad los criterios generales de interpretación acerca del alcance de las definiciones y conceptos que determinan el contexto armonizador de la exclusión prevista en el artículo 4.2 de la Directiva. Casos, entre otras, de las SSTJUE de 30 de abril de 2014 , asunto C-26/13 (LA LEY 46630/2014) y 26 de febrero de 2015 (LA LEY 6612/2015), asunto C-143 /13, de donde se desprende que la convención de los intereses remuneratorios y, en su caso, del coste de un crédito al consumo, como precio del crédito, entra dentro tanto del concepto de objeto principal del contrato, en la medida en que permite definir las "prestaciones esenciales" del contrato y delimitar sus características básicas desde el punto de vista "jurídico y comercial", como de la adecuación"calidad/precio"del servicio prestado, donde no hay ningún baremo o criterio jurídico, salvo el del propio funcionamiento y competencia del mercado, que pueda delimitar y orientar a priori el control de dicha adecuación. Exclusión que, como destaca el citado informe, apartado 57, se corresponde, en gran medida, con la definición que establece el Derecho de la Unión en la Directiva 2008/48/CE (LA LEY 6793/2008), específicamente relativa a los contratos de crédito al consumo, pero también, se permite añadir quien esto escribe, con las definiciones nacionales relativas al préstamo, ( artículo 1740 Código Civil (LA LEY 1/1889) y el citado artículo 315 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885)), así como con relación a la legislación especial sobre crédito al consumo ( Ley 16/2011, de 24 de junio (LA LEY 13381/2011), de contratos de crédito al consumo, artículos 1 y 6, entre otros).
Aplicación "plena" de la norma armonizada. Transposición de la disposición del artículo 4.2 de la Directiva al Derecho nacional: la "improcedencia de un control judicial sobre el precio o el coste del producto o servicio"
Por último, dentro de este contexto de interpretación, conforme a la metodología del TJUE, interesa destacar que en materia de crédito al consumo y, por tanto, de la señalada prevalencia del Derecho de la Unión, la exclusión o excepción prevista en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) , como norma armonizada, resulta "plena", esto es, no limitada en su aplicación, cuando el Estado miembro, en el correspondiente procedimiento de transposición, incorpora dicha norma sin modificación alguna, es decir, sin aplicar otro nivel de protección al consumidor que aquél al le faculta el artículo 8.2 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993)
.
Éste, sin duda, es el caso español en donde, como se ha resaltado, con claridad meridiana, el propio Tribunal Supremo, Sentencia 660/2020, de 10 de diciembre (LA LEY 179527/2020) , entre otras muchas sentencias, declara -Fundamento de Derecho Sexto, apartados 2 y 3- lo siguiente:
"[...] 2.- El problema de la transposición al ordenamiento español del
art. 4.2 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993)
y la cuestión concreta de si en nuestra legislación cabe un control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato atañen a la interpretación de la legislación española, que no compete al TJUE, sino a los tribunales españoles y, en unificación de doctrina, a este Tribunal Supremo.
Esta sala, en la interpretación del Derecho nacional, ha considerado que dicho precepto ha sido transpuesto de manera indirecta o implícita por la nueva redacción del
art. 10 bis 1.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007)
al transponer la Directiva en 1998: donde antes la ley se refería al "justo equilibrio de las contraprestaciones", tras la reforma aludía al "desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes", de conformidad con los arts. 3 y 4.2 de la Directiva. Lo mismo establece hoy el art. 82 del Texto Refundido de 2007 de esa Ley. Por lo tanto, se desplaza el control desde una hipotética vigilancia del desequilibrio económico (de las prestaciones u objetos que se intercambian) a una revisión del desequilibrio jurídico de derechos.
Así lo hemos declaradoen las
sentencias 406/2012, de 18 de junio (LA LEY 144032/2012)
;
241/2013, de 9 de mayo (LA LEY 34973/2013) (especialmente, apartado 195 );
669/2017, de 14 de diciembre (LA LEY 172634/2017)
; y
44/2019, de 23 de enero (LA LEY 253/2019)
. Además, esta última cita las
SSTJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 (LA LEY 46630/2014), caso Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai , y
26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 (LA LEY 6612/2015), caso Bogdan Matei e Ioana Ofelia Matei. En concreto, afirma en el apartado 21 del fundamento jurídico tercero:
"No es procedente que el juez realice un control de precios, que pueda anular una cláusula que establece el precio porque este resulta desproporcionado a la prestación. Tal exclusión resulta del
art. 4.2 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) (y de su desarrollo en Derecho interno mediante la sustitución de la expresión "justo equilibrio de las contraprestaciones" por "desequilibrio importante de los derechos y obligaciones" en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007), como han declarado las sentencias de esta sala 406/2012, de 18 de junio (LA LEY 144032/2012), 241/2013, de 9 de mayo (LA LEY 34973/2013), y 669/2017, de 14 de diciembre) y de la jurisprudencia del TJUE que lo ha interpretado, representada por las sentencias de 30 de abril de 2014, asunto C- 26/13 (LA LEY 46630/2014), caso Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai, y 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 (LA LEY 6612/2015), caso Bogdan Matei e Ioana Ofelia Matei".
3.- Por consiguiente, no hay necesidad de plantear cuestión prejudicial, puesto que la jurisprudencia del
TJUE es clara (sobre el acto claro o aclarado, véase la STJ de 6 de octubre de 1982
, Cilfit), al determinar que solo cuando no se supera el control de transparencia es cuando se puede realizar el control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato (precio y prestación). Y, sobre todo, porque la interpretación de la legislación nacional a efectos de decidir si el art. 4.2 de la Directiva ha sido transpuesto, es una cuestión de Derecho interno cuya interpretación corresponde a los jueces nacionales, no al TJUE".
La conclusión que se obtiene, en materia de crédito al consumo, y, por tanto, de contratación bajo condiciones generales, es que la prevalencia del Derecho de la Unión, conforme a las normas armonizadas de sus Directivas ( artículo 4.2de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) ), impideel control o fijación judicial del precio y, en su caso, del coste del crédito al consumo, pues únicamente tras una previa declaración de falta de transparencia de la cláusula en cuestión, el órgano jurisdiccional nacional puede proceder a un control de su posible carácter abusivo, (cfr., entre otras, las citadas SSTJUE 30 de abril de 2014 , asunto C-280/13 (LA LEY 46626/2014), 20 de febrero de 2015, asunto C-143/13, 23 de abril de 2015, asunto C-96/14 (LA LEY 35991/2015) y 9 de julio de 2015, asunto C- 384/14 y, además, la sentencia de 26 de enero de 2017, asunto C-421/14 (LA LEY 349/2017) , apartado 62).
PROBLEMÁTICA DE LA ADECUACIÓN DEL DERECHO NACIONAL AL DERECHO DE LA UNIÓN: SU CONCRECIÓN EN LA RECIENTE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL RELATIVA A LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY DE REPRESIÓN DE LA USURA (LA LEY 3/1908) DE 1908 EN MATERIA DE CRÉDITO AL CONSUMO (
SSTS 628/2015, DE 25 DE NOVIEMBRE (LA LEY 172714/2015)
Y
149/2020, DE 4 DE MARZO (LA LEY 5225/2020)
). SU DUDOSA CONFORMIDAD CON EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
Delimitación previa: posible concurrencia del Derecho de la Unión con otras disposiciones del Derecho nacional
Como ya se ha destacado, para precisar con perspectiva la problemática que presenta, en este caso, la debida adecuación al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con el método de interpretación del TJUE, se debe partir de una previa delimitación.
En este sentido, las dudas acerca de esta necesaria adecuación o conformidad no se plantean con relación a la posible concurrencia que presentan algunas normas nacionales que pueden resultar de aplicación a asuntos relacionados con la normativa del crédito al consumo de la Unión Europea y, por tanto, con la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) por razón de su imperativa conectividad material, (entre otras, la citada STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-448/17 (LA LEY 115886/2018)). Caso, entre otros, de la compatibilidad general que presenta, a priori, la señalada Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908) de 1908 por razón de su materia y ámbito de aplicación referido, estrictamente, a la falta de validez del préstamo usurario, que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo califica de radical, absoluta y originaria ( STS 539/2009, de 14 de julio (LA LEY 125064/2009)); en la medida en que dicha materia (nulidad del contrato) no está específicamente regulada en la normativa europea de crédito al consumo y, a su vez, en la Directiva 93/13/CE (LA LEY 4573/1993); dado que no constituye el objeto y finalidad de su marco de armonización, que no entra a valorar los distintos regímenes de ineficacia contractual de los países miembros de la Unión.
Hecha esta previa delimitación, lo que sí resulta de una necesaria adecuación o conformidad, fuera de esta posible concurrencia de normativas, es una interpretación y aplicación extralimitada de una Disposición nacional -Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908)- llevada a cabo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que pueda entrar en colisión con los principios que configuran la finalidad del marco de regulación del Derecho de la Unión, o pueda vulnerar su ámbito de aplicación en virtud de las normas armonizadas de sus propias Directivas. Supuesto del presente caso, en el que la jurisprudencia contenida en la STS 149/2020, de 4 de marzo (LA LEY 5225/2020) , con apoyo en lo declarado en la citada STS 628/2015, de 25 de noviembre (LA LEY 172714/2015), no se limita, conforme a la propia previsión normativa de la Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908), a declarar la consecuencia jurídica autorizada por dicha Ley, esto es, la nulidad del préstamo calificado de usurario por su tacha o reproche de inmoralidad, junto con su correspondiente efecto restitutorio (artículos 1 y 3 de dicha Ley), sino que, además, de un modo extralimitado y al margen de la previsión normativa, establece, "
ex novo" y con carácter general, una indebida potestad de regulación o de armonización del crédito al consumo que comporta, en sí misma considerada, una auténtico control judicial de determinación del precio o del coste del crédito al consumo; sin base legal en la propia Ley de usura (LA LEY 3/1908), así como en el resto del ordenamiento jurídico nacional.
De esta forma, a su vez, dicha jurisprudencia también confunde e invierte la distinta función que tiene el control causal de la validez del contrato en el ámbito de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), con el control abstracto que dispensa la posible valoración de la abusividad de la cláusula en la contratación con consumidores, que por mor del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993), puede ser aplicado cuando dicha cláusula no sea transparente.
Contexto normativo y doctrinal básico. Usura y abusividad: su necesaria diferenciación conceptual y aplicativa
El problema en este contexto de interpretación y de adecuación al Derecho de la Unión no se centra, por tanto, en la posible concurrencia de distintas normativas, sino en su respectiva y debida diferenciación aplicativa, esto es, en que el órgano jurisdiccional nacional no confunda dichos ámbitos de regulación mediante indebidas interpretaciones de la Disposición nacional que entren en conflicto con el Derecho de la Unión Europea.
En este punto, de acuerdo con el abolengo jurídico de la figura en cuestión -el préstamo usurario- la doctrina científica es concorde en resaltar que la posible concurrencia y delimitación respectiva de la normativa sobre usura y de la de protección de consumidores y usuarios fue tratada, en profundidad, en la STS 406/2012, de 18 de junio (LA LEY 144032/2012) . Tratamiento que, de forma sistemática, fue reiterado en la STS 677/2014, de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014) .
En estas sentencias el Tribunal Supremo español reiteró y actualizó una clara y precisa doctrina acerca del distinto alcance y configuración que presentaban los diversos controles de las normativas en liza, con ámbitos de aplicación propios y diferenciados. Diferenciación que tenía su concepto nuclear o clave interpretativa precisamente en el papel del presupuesto subjetivo de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), como elemento conceptual decisivo de su peculiar caracterización y aplicación, esto es, del fundamento para explicar la lógica jurídica, la razón sistemática y el sentido que presenta aún, hoy en día, el préstamo usurario en nuestro ordenamiento jurídico y, por extensión, su debida diferenciación con el crédito al consumo y la protección de consumidores en el ámbito del Derecho de la Unión.
En síntesis, en este contexto de diferenciación las citadas Sentencias destacan los siguientes criterios conceptuales:
i) En primer lugar, en el plano de la ineficacia del contrato celebrado, la Ley de usura (LA LEY 3/1908) tiene su justificación en el marco de los límites generales previstos en el artículo 1255del Código Civil , específicamente respecto del control causal de la mácula (tacha) de inmoralidad que contempla el presupuesto subjetivo del préstamo usurario, (situación angustiosa del prestatario, inexperiencia del mismo o limitación de sus facultades mentales). Por lo que no hay usura sin el correspondiente reproche moral basado en las circunstancias que llevaron o motivaron la contratación del préstamo. De ahí, su incuestionable carácter punitivo y represivo que determina, a su vez, la sanción plena de ineficacia estructural que se proyecta en la nulidad del préstamo concertado. Su posible compatibilidad con el Derecho de la Unión estriba, por tanto, en la sujeción de la Ley de usura (LA LEY 3/1908) a este específico plano de invalidez contractual, ajeno a la regulación comunitaria del crédito al consumo y a la contratación predispuesta.
ii) En segundo lugar, de acuerdo con el citado plano causal de la invalidez contractual, el ámbito de aplicación de la Ley de usura (LA LEY 3/1908) es necesariamente casuístico, sin posibilidad de aplicación analógica fuera de la previa delimitación que presenta su presupuesto subjetivo de reprochabilidad en la contratación del préstamo usurario, conforme a las concretas circunstancias de cada caso. Por lo que la aplicación de la Ley de usura (LA LEY 3/1908)
no puede generalizarse, fuera de su sujeción al caso concreto delimitada por su presupuesto subjetivo. En consecuencia, su aplicación no puede generalizarse en ningún caso, y mucho menos atendiendo exclusivamente a la formulación de un elemento objetivo, es decir, a un interés notablemente superior al normal del dinero o desproporcionado; sin que quede fundamentada en los motivos subjetivos que llevaron a la contratación del préstamo usurario y a su concreto reproche moral. Sin duda, se puede flexibilizar la interpretación de dicho presupuesto subjetivo, como más adelante se detalla, lo que no se puede es suprimirlo para crear una nueva potestad judicial de fijación general del precio o coste del crédito al consumo .
iii) En tercer lugar, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cabe precisar que la aplicación de la Ley de usura (LA LEY 3/1908) en el préstamo no tiene como "función o finalidad normativa" la de armonizar y, por tanto, entrar en colisión, con el marco europeo del crédito al consumo y de la contratación bajo condiciones generales que, por contra, sí que tienen una marcada función de armonizar este tráfico seriado en un importante sector del mercado financiero europeo. Su sanción y función represiva que la caracteriza se mueve, por tanto, dentro del supuesto del contrato por negociación, que es el que conoció la Ley de usura (LA LEY 3/1908), de acuerdo con el reproche que merecen las conductas previstas en su presupuesto subjetivo. Sin posibilidad de generalizarse a una contratación en masa como un auténtico control judicial de precios con base en la aplicación exclusiva de una de sus circunstancias o elementos objetivos: el interés notablemente superior al normal del dinero, con la consiguiente eliminación de su presupuesto subjetivo de reprochabilidad o tacha de inmoralidad, que la propia Ley de usura (LA LEY 3/1908) no autoriza.
En suma, hay que resaltar, que esta necesaria correspondencia y concordancia de la Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908), con la regulación del Código Civil de 1889 (LA LEY 1/1889), con tan solo 19 años de diferencia, constituye, sin duda, una " res certae" (cosa cierta) para la correcta configuración y diferenciación de la figura del préstamo usurario.
En concreto, el Código Civil en su paradigmático artículo 1255 , ya había establecido la libertad de pacto (de precios) como uno de los pilares básicos de su regulación sistemática (de ahí que se abrogase, se dejara sin efecto, el antiguo instituto de la rescisión por lesión en el marco de la contratación). En este contexto, la proyección de este principio básico solo podía excepcionarse por la aplicación de unos concretos límites: la Ley, la moral y el orden público. En el caso del préstamo usurario, el límite aplicado no era la Ley, pues la libertad de precios era y seguía siendo la plasmación normativa o legal, sino la moral, en la medida en que el órgano judicial, con amplísimas facultades de "valoración" con relación a las alegaciones realizadas por las partes (originario art. 2 de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), posteriormente derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero (LA LEY 58/2000)), tanto de las circunstancias de índole objetiva que pudieran concurrir, así el interés notablemente superior y desproporcionado con las circunstancias del caso (plazos, cuantías, fines, y otros), como también de las prácticas fraudulentas que pudiera llevar a cabo el prestamista (cantidades efectivamente entregadas al margen de lo declarado, negocios simulados, etcétera), como asimismo de las circunstancias subjetivas del prestatario, tal y como reza el artículo 1 de dicha Ley -" habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia, o de lo limitado de sus facultades"-, llegase al convencimiento de la tacha de inmoralidad del préstamo suscrito. Por lo que dicha inmoralidad, como específico fundamento del límite establecido para el préstamo usurario, conforme al marco del artículo 1255 del Código Civil (LA LEY 1/1889), sólo facultaba y faculta al juez para declarar la única consecuencia contractual prevista en la Ley de usura (LA LEY 3/1908), esto es, la nulidad del contrato y su correspondiente efecto restitutorio; tal y como principia el citado artículo 1 de dicha Ley: " Será nulo todo contrato de préstamo...".
Pero en ningún caso, por la aplicación del propio principio general de libertad de pacto, se le facultaba para integrar "de nuevo" el préstamo ya declarado nulo y, mucho menos, para establecer, con carácter general, una nueva potestad de cara a un control judicial del precio del préstamo, fuera de la concreta nulidad declarada y totalmente contraria al marco normativo del artículo 1255. El límite aplicado, la moral, por su propia naturaleza y alcance impide que se pueda desnaturalizar al propio principio general sobre el que se aplica y en realidad sirve: la correcta y legítima libertad de pacto entre las partes; de ahí que solo pueda operar la nulidad de lo acordado; en ningún caso sustituir la función que tiene asignada el principio general de libertad de pactos en la ordenación de la contratación. Si esto pudiera ser así, el límite dejaría de serlo para autoproclamarse como un nuevo principio, en sí mismo considerado.
Desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea la conclusión que se obtiene de estos criterios conceptuales, que delimitan el contexto de doctrinal básico, es clara y precisa. El presupuesto subjetivo es el que determina la razón lógica y el sentido de la posible concurrencia y compatibilidad de la Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908) de 1908 con el Derecho de la Unión Europea en materia de crédito al consumo y de contratación bajo condiciones generales. Si este presupuesto subjetivo se desnaturaliza o se suprime la aplicación de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), fuera de su sentido y caracterización básica, entra en colisión con el Derecho de la Unión, con su finalidad armonizadora y con su ámbito de aplicación; de modo que dicha interpretación extralimitada de la Ley de usura (LA LEY 3/1908)
debe quedar sujeta al debido control de adecuación o conformidad con el Derecho de la Unión.
Obsérvese, a mayor abundamiento, cómo la propia sentencia del Tribunal Supremo, objeto de esta extralimitación interpretativa, esto es, la
STS 149/2020, de 4 de marzo (LA LEY 5225/2020) , Fundamento de Derecho Quinto, apartados 8 y 9, confunde e invierte las distintas funciones y ámbitos de aplicación de las normativas en liza tomando en consideración, para justificar la aplicación de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), las circunstancias del caso que, en realidad, responden a elementos o criterios conceptuales que son propios de la regulación del crédito al consumo y de su respectiva armonización en el mercado financiero de la Unión Europea; tales como, por ejemplo, la naturaleza y el funcionamiento del crédito " revolving", las condiciones de solvencia, la concesión responsable del crédito, el sobreendeudamiento del deudor, el riesgo crediticio, entre otros. Como se observa, criterios que poco tienen que ver con la finalidad de la Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908) centrada en el marco de invalidez contractual del préstamo usurario, de acuerdo con la valoración de las concretas circunstancias de cada caso.
Cuestión de fondo. Indebida supresión del presupuesto subjetivo de la usura y consiguiente fijación o control judicial del precio o coste del crédito al consumo, sin autorización o cobertura legal
La desnaturalización conceptual del préstamo usurario, por medio de la supresión de su presupuesto subjetivo, tal y como establece y declara, sin matización alguna, la citada STS 149/2020 (LA LEY 5225/2020) , comporta inexorablemente la colisión con los principios y el marco de armonización del Derecho de la Unión Europea en materia del crédito al consumo y de ordenación del mercado financiero. En efecto, dicha supresión permite, fuera de la previsión de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), que la resolución judicial, de un modo general, determine el precio o el coste del crédito al consumo (su interés remuneratorio, o su TAE), atendiendo exclusivamente a un elemento objetivo de la usura y a su abstracta formulación como " interés notablemente superior al normal del dinero".Formulación indeterminada que, fuera del propio juego y condiciones del mercado, permite, a su vez, fijar o establecer judicialmente un control del costedel crédito al consumoen torno al 20% TAE, según los propios términos de la sentencia citada. Criterio que, además, es claramente incorrecto desde el plano técnico, pues la TAE refiere el coste del préstamo, comisiones incluidas, mientras que el TEDR, (tipo efectivo definición restringida), que es la referencia que se aplica estadísticamente al crédito " revolving", queda asimilado al TIN (tipo de interés nominal, sin comisiones), que no es otra cosa que el interés remuneratorio, esto es, el precio que la entidad cobra por prestar el dinero.
Umbral del 20% TAE
que, en todo caso, y al margen de que constituye un referente ambiguo que atenta al principio de seguridad jurídica, como desarrollaré más adelante, representa, en sí mismo considerado, una directa vulneración de la exclusión prevista en el artículo 4.2de laDirectiva 93/13/CE , con relación a la prohibición de fijar o establecer un control judicial de la adecuación precio/calidad del crédito al consumo y, por extensión, una distorsión de este sector del mercado financiero europeo, mediante una intervención judicial no autorizada, ni prevista por la propia Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908), como norma objeto de interpretación jurisprudencial, ni por el resto del ordenamiento jurídico nacional.
Máxime cuando dicho entorno o umbral no sólo fija indebidamente un control judicial de precios, sino que, además, declara y generaliza el "reproche del carácter usurario", que no abusivo, de toda una modalidad de contratación del crédito al consumo distorsionando, injustificadamente, el sector del crédito " revolving". Sin duda, una cosa es la exigencia, incluso de oficio, de ladebida "transparencia" en la comercialización de estos créditos y otra, bien distinta, es la intervención de su mercado por medio de una interpretación extralimitada de la Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908) de 1908, tal y como declara la citada sentencia del Tribunal Supremo, Fundamento de Derecho Quinto, apartados 6 y 10:
"[...] 6.-
El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.
10.-
Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito".
La conclusión que se obtiene, en el análisis de esta cuestión de fondo, que justifica el planteamiento inicial de las cuestiones prejudiciales que se solicitan, también es clara y precisa. No resulta conforme al marco de regulación europeo del crédito al consumo, especialmente a la norma armonizada del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE (LA LEY 4573/1993), una interpretación y aplicación de la Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908) de 1908 que, fuera de su debida proyección en el estricto marco de la nulidad del contrato celebrado, permite o posibilita una fijación o control judicial, con carácter general, del precio o del coste del crédito al consumo, todo ello sin una previa coberturanormativa bien europea o nacional.
La falta de fundamento de la doctrina jurisprudencial de las
SSTS 628/2015 (LA LEY 172714/2015)
Y 149/2020: en especial, el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los años 40 del pasado siglo
Por último, el rigor jurídico en el estudio de este problemático contexto interpretativo nos lleva a resaltar, sin ningún género de duda, que los planteamientos jurisprudenciales sobre los que el Tribunal Supremo sustenta la pretendida legitimidad de la supresión del presupuesto subjetivo, en la aplicación de la Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908), no sólo no son correctos, sino que, además, no resultan ciertos.
Ante la clara exigencia del presupuesto subjetivo de reprobación moral del préstamo usurario, de acuerdo con la naturaleza y función de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), en la
STS 628/2015, de 25 de noviembre (LA LEY 172714/2015)
, antesala de la STS 149/2020, de 4 de marzo (LA LEY 5225/2020) , el Tribunal Supremo se ve en la necesidad de justificar la posible supresión del presupuesto subjetivo de la usura en atención a los siguientes planteamientos de su propia doctrina jurisprudencial, -Fundamento de Derecho Tercero, apartado 3, de la mencionada-:
"[...] 3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art.1 de la ley.
Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».
Cuando en las
sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio (LA LEY 144032/2012)
, y
677/2014 de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014)
,
exponíamos los criterios de "unidad" y "sistematización" que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley".
Pues bien, como se ha anticipado, ninguna de estas consideraciones acerca de la evolución de su propia jurisprudencia, resulta cierta, ni puede serlo.
En primer lugar, como se observa, la Sala Primera del Tribunal Supremo argumenta, en el fondo, que existe toda una línea jurisprudencial "a partir de los años 40" que prescindía del presupuesto subjetivo de la usura, esto es, del reproche o de la calificación de inmoral del préstamo usurario, de modo que su aplicación se hacía depender, exclusivamente, de circunstancias o elementos objetivos de la usura, particularmente de un "interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso". Sin embargo, y el dato es relevante, el Tribunal Supremo no refiere ni una sola sentencia de dicho amplio periodo jurisprudencial que corrobore su argumentación. La razón es tan sencilla como contundente: no las hay.
Por el contrario, si se analiza detenidamente dicho periodo jurisprudencial lo que se observa es una evolución bien diferente a la señalada por la Sala Primera.
En primer término, hay que precisar que las sentencias a las que se refiere la Sala Primera, sin citar, son las Sentencias de 24 de marzo de 1942 , de 12 de julio de 1943 , de 18 de junio de 1945 y de 17 de diciembre de 1945 .
En segundo término, hay que resaltar que en todas estas sentencias el Tribunal Supremo, sin duda alguna, declara la tacha o inmoralidad del préstamo usurario que se deriva de la ilicitud de la causa que encubre (Sentencia de 1943, Considerando cuarto, Sentencia de 18 de junio de 1945, Considerando tercero, Sentencia de 17 de diciembre de 1945, Considerando segundo). Es más, la Sentencia de 24 de marzo de 1942 declara expresamente: "que lo que el legislador se ha propuesto es perseguir toda explotación de la necesidad por los que de ella se aprovechan para obtener un lucro injustificado" (Considerando segundo) .
En tercer término, conforme a la claridad expositiva de la citada Sentencia de 1942, Considerandos primero y séptimo, hay que puntualizar o explicar que la doctrina jurisprudencial de este periodo a favor de no exigir la "existencia conjunta de todos los requisitos contenidos en el artículo 1 de la Ley de usura" (a saber, la estipulación de un interés notablemente superior al normal del dinero, la desproporción de ese interés con las circunstancias del caso o su condición de leonino, y la aceptación del prestatario a causa de su situación angustiosa, su inexperiencia, o lo limitado de sus facultades mentales), tuvo su fundamento o justificación, tal y como señala dicha sentencia y siguen la demás citadas, en preferir una interpretación flexible de la Ley de usura (LA LEY 3/1908) que potenciara su eficacia como instrumento de represión de la usura, que representaba un grave mal social del país (Considerando séptimo de la Sentencia de 1942). Desde esta perspectiva, se comprende que para "responder" a la estrategia de los usureros de alegar una interpretación "estricta" o "literal" de la Ley de usura (LA LEY 3/1908) y, por tanto, requerir la prueba de cada uno de los requisitos y circunstancias previstos en el citado artículo 1 de la Ley, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de estos años, conforme al amplio arbitrio judicial dispensado en el originario artículo 2 de la Ley (en la actualidad derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero (LA LEY 58/2000)), por el que el juez debía formar libremente su convicción atendiendo a las alegaciones de las partes, sin sujeción al sistema de prueba tasada (artículo 2 que es aplicado en todas las referidas sentencias), se optara por no exigir conjuntamente todos los requisitos, considerando suficiente con que en las circunstancias de índole objetiva revelasen por ellas mismas o "llevasen al convencimiento" del juzgador acerca de la "tacha de inmoralidad" que encubría el préstamo objeto de enjuiciamiento; por lo que, en ningún caso, en la valoración discrecional de dichas circunstancias se prescindía del presupuesto subjetivo de reprochabilidad e ilicitud del préstamo usurario; fundamento último de su declaración de nulidad.
En cuarto término, a mayor abundamiento de lo expuesto, en las sentencias citadas de este periodo que declara el carácter usurario del préstamo (Sentencia de 1942 y Sentencias de 1945), la convicción del juzgador acerca de esta tacha de inmoralidad se infirió de una "apreciación conjunta" de las circunstancias objetivas que eran claramente reveladoras de dicha finalidad inmoral e ilícita: a saber, la entrega real de cantidades distintas a las nominalmente declaradas, la relación de la cuantía prestada con el fin real aplicado ( en especial con fines ajenos con riesgos especulativos), la simulación del préstamo con otras figuras al uso, como la venta con pacto de retro, y en general la situación de necesidad del prestatario.
Por último, hay que precisar que otras sentencias de ese periodo jurisprudencial, esto es, las Sentencias de 13 de febrero de 1941, 9 de mayo de 1944 y 31 de mayo de 1945, en la misma línea de flexibilización señalada, realzaron las circunstancias objetivas del préstamo usurario para impulsar su aplicación del préstamo civil al ámbito del préstamo mercantil, que en la primera jurisprudencia quedaba excluido.
Evolución, por otra parte, muy similar a la de otras figuras que contemplaban un marcado componente subjetivo de reprochabilidad, caso, entre otros, de la jurisprudencia de los años 80 del pasado siglo sobre la acción rescisoria por fraude de acreedores que, también, "sin prescindir de la mala fe del tercero", favoreció la aplicación de la acción a través del refuerzo de su presupuesto objetivo reflejado en la lesión del derecho de crédito, ( eventus damni) y su concreción en la denominada "
scentia fraudis"
del tercero. Por lo que cabe concluir, de forma terminante, que el planteamiento jurisprudencial que sustenta a la doctrina jurisprudencial de las citadas sentencias del Tribunal Supremo no sólo no es correcto, sino que, además, no es cierto, por lo que carece de fundamento .
En segundo lugar, con relación a la segunda consideración jurisprudencial que realiza la STS 628/2015 (LA LEY 172714/2015), como resulta obvio, basta la mera lectura de las SSTS 406/2012, de 18 de junio (LA LEY 144032/2012) y 677/2014, de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014) para apreciar, también sin ningún género de duda, que sus consideraciones doctrinales acerca de la respectiva delimitación conceptual de la usura y de la abusividad obedecen a la distinta función y alcance que determina el presupuesto subjetivo en la usura y que sirven, precisamente, para no confundir su normativa con la regulación y armonización del crédito al consumo y su contratación con consumidores.
En suma, en tercer lugar, hay que precisar que esta afirmación de que la doctrina jurisprudencial prescindió del presupuesto subjetivo en las citadas SSTS 406/2012 (LA LEY 144032/2012) y 677/2014 (LA LEY 229640/2014), no sólo no es correcta, como se desprende de la mera lectura de dichas sentencias, sino que, además, tampoco es cierta respeto de la jurisprudencia inmediatamente posterior a la referida Sentencia 628/2015; caso evidente de la STS 189/2019, de 27 de marzo (LA LEY 31197/2019)
, relativa al posible carácter usurario de los intereses remuneratorios y de demora en un préstamo hipotecario, en donde con relación a este último concepto se declara, expresamente, lo siguiente en el Fundamento de Derecho segundo, apartado 3:
"[...] En nuestro caso, al igual que en el precedente que acabamos de citar, el carácter usurario del préstamo no se hacía depender sólo o principalmente del interés de demora, sino que se fundaba sobre todo en otros datos como son: que se recibió una suma inferior a la que aparecía en la escritura de préstamo, lo que no se acreditó; que el interés remuneratorio del 10% era notablemente superior al normal del dinero, que en aquel momento para los préstamos hipotecarios era del 5,99%; y que cuando se firmó el préstamo el prestatario se encontraba en una situación de angustia económica, lo que la sentencia de apelación declara no acreditado. La mención a los intereses moratorios se utilizaba como un dato más para reforzar la argumentación".
RECAPITULACIÓN DE LAS NORMAS IMPLICADAS EN LA PRESENTE -DOBLE- CUESTIÓN PREJUDICIAL ELEVADA ANTE EL TJUE
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (LA LEY 6/1957)
Artículo3.1.b. Competencia exclusiva: " el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior
".
Artículo 120. Objetivos de la Unión. Economía de mercado: " los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión definidos en el artículo 3 del tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994)
, y en el marco de las orientaciones generales contempladas en el apartado 2 del artículo 121. Los Estados miembros y la Unión actuarán respetando el principio de una economía de mercado abierta ...
" .
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 (LA LEY 6793/2008)
Artículo1. Objeto: la presente directiva tiene por objeto armonizar determinados aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de contratos de crédito al consumo.
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993)
Artículo 4.2. Exclusión: " la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra parte, siempre que dichas cláusulas se redacten de forma clara y comprensible ".
DERECHO NACIONAL
Constitución española (LA LEY 2500/1978)
Artículo38. Libertad de empresa: "
se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, la de la planificación".
Código Civil
Artículo 1255. Libertad de pactos: " las partes contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, ni al orden público ".
Código de Comercio
Artículo 315. Préstamo. Libertad de precios: "
podrán pactarse el interés del préstamo, sin tasa ni limitación de ninguna especie
se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor".
Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (LA LEY 3/1908)
Artículo 1, párrafo primero. Presupuestos de aplicación: " será nulo todo contrato de préstamo
en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".
Orden EHA/2899/2100, de 28 de octubre
Artículo 4, apartado primero. Libertad de tipos de interés: " los tipos de interés aplicables a los servicios bancarios, en operaciones tanto de depósito como de crédito o préstamo, serán los que se fijen libremente entre las entidades de crédito que los presten y los clientes, cualquiera que sea la modalidad y plazos de la operació
n".
RECAPITULACIÓN
FORMULACIÓN DE LA PRIMERA PETICIÓN DE SOLICITUD DE CUESTIÓN PREJUDICIAL
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional nacional español formula la siguiente petición de solicitud prejudicial al TJUE, en atención a las siguientes CUESTIONES:
1. De acuerdo con el principio de "primacía" del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de su competencia, en particular del marco de regulación del crédito al consumo y su contratación con consumidores, se pregunta, si la conformidad con el Derecho de la Unión respecto de la jurisprudencia que dicta el Tribunal Supremo español, como tribunal superior, en la interpretación y aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (LA LEY 3/1908), como Disposición nacional, en la medida en que dicha jurisprudencia se proyecta no sólo sobre el plano de la invalidez del contrato celebrado, sino sobre la definición del "objeto principal" del contrato de crédito al consumo, modalidad crédito " revolving", y sobre la adecuación de la "calidad/precio" del servicio prestado, debe realizarse de oficio por el órgano jurisdiccional nacional, o por el contrario, como declara el Tribunal Supremo español, dicho deber de evaluar la conformidad con el Derecho de la Unión y sus Directivas queda condicionado o subordinado al " petitum" de la parte demandante (principio de rogación); de forma que si se ejercita como acción "única o principal" la nulidad del crédito al consumo por "su carácter usurario", como acción derivada de una Disposición nacional, debe entenderse que "no entra en juego" la primacía del Derecho de la Unión y su alcance armonizador, aunque la jurisprudencia que dicte el Tribunal Supremo español, en la interpretación y aplicación de la citada Ley de usura (LA LEY 3/1908), se proyecte sobre la definición del objeto principal y la adecuación de la calidad /precio del crédito al consumo, objeto del caso que deba resolver el órgano jurisdiccional nacional?
2. En todo caso, conforme a la señalada primacía y alcance armonizador del Derecho de la Unión Europea en el marco de regulación del crédito al consumo y su contratación con consumidores, considerando que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha reiterado, en numerosas sentencias, que la "exclusión" prevista en el
artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE (LA LEY 4573/1993)
, como norma armonizada, ha sido plenamente transpuesta al ordenamiento jurídico español, por lo que no es procedente que el juez nacional realice un control judicial de precios, considerando que no existe en el ordenamiento jurídico español norma jurídica que permita o dé cobertura, con carácter general, a dicho control judicial de precios, incluida la propia Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908), considerando, además, que no se ha entrado a valorar la posible falta de transparencia de la cláusula que determina el precio del crédito al consumo,se pregunta, si resulta contrario al
artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993)
que el órgano jurisdiccional nacional, en aplicación de una Disposición nacional, la referida Ley de represión de la usura (LA LEY 3/1908) de 1908, fuera de su natural proyección en el marco de la declaración de nulidad del contrato celebrado, realice, como potestad " ex nova", un "control judicial" sobre el objeto principal del contrato que determine, con carácter general, bien el precio del crédito al consumo, entendido por referencia a su interés remuneratorio (TIN) , o bien el coste del crédito al consumo, entendido como referencia a su tasa anual equivalente (TAE)?
3. Por último, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y considerando el marco de regulación y armonización establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957), particularmente de su competencia para el funcionamiento del mercado interior, se pregunta, si el control por el órgano jurisdiccional nacional para la fijación, con carácter general, del precio o del coste del crédito al consumo, sin una previa norma nacional que expresamente le dé cobertura, resulta compatible con el
artículo 120 TFUE (LA LEY 6/1957)
, con relación a una economía de mercado abierta y al principio de libre contratación de las partes?
SEGUNDA PETICIÓN DE SOLICITUD DE CUESTIÓN PREJUDICIAL: VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA DEL MERCADO FINANCIERO.
Objeto: contexto fáctico y doctrinal
La segunda solicitud de petición de cuestión prejudicial tiene por objeto plantear la "duda razonable", respecto de su conformidad con el Derecho de la Unión y su función armonizadora, que plantea la jurisprudencia contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo español 149/2020, de 4 de marzo (LA LEY 5225/2020) , en relación con la formulación extremadamente "ambigua o indeterminada" con la que viene a establecer la señalada "limitación de la TAE del crédito al consumo".
Como se desprende de la citada sentencia, en un contexto de aplicación de la Ley de usura de 1908 (LA LEY 3/1908), sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, en relación con un crédito al consumo bajo la modalidad de tarjeta de crédito, con una TAE del 26,82%, el Tribunal Supremo español, en el Fundamento de Derecho Quinto, apartados 6, 7 y 10, declaró el carácter usurario de dicho crédito al consumo con base en una limitación general de su coste o TAE, que formuló literalmente en los siguientes términos:
" 6.- El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero»,se partepara realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.
7.
- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.
10.
- Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito".
Al margen de que, como ya se ha señalado, el índice que resulta de aplicación a las operaciones con tarjeta de crédito y tarjetas " revolving" no es la TAE, sino el TERD, esto es, el tipo de interés nominal, sin comisiones, según el artículo 2 de la Circular 1/2010, de 27 de enero (LA LEY 1067/2010), del Banco de España, lo relevante a los efectos de la presente solicitud, tal y como se desprende del propio tenor literal de la citada sentencia y, por tanto, de forma indubitada, es que
el Tribunal Supremo establece la limitación de la TAE del crédito al consumo de un modo indeterminado o ambiguo, es decir, sin fijar un criterio objetivo, claro y preciso, sobre qué parámetros han de tenerse en cuenta para comparar si el concreto interés de la operación enjuiciada es notablemente superior al interés normal del dinero.
En efecto, si atendemos, como es obligado, a la literalidad de lo declarado, d
icho límite queda claramente indeterminado pues, en realidad, el Tribunal Supremo, en el citado Fundamento de Derecho Quinto, apartado 6,
no fija dicho límite en el 20% anual, sino que, por el contrario, toma dicho umbral como mera referencia para realizar la comparación considerando, a su mero arbitrio, que dicho 20% anual es muy elevado:
"el tipo medio del que, en calidad de "interés normal del dinero" se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado".
Por lo que, en realidad, no fija o determina objetivamente un límite, sino que establece una mera "hipótesis aproximativa":
"cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia, en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación del crédito sin incurrir en usura" (Fundamento de Derecho Quinto, apartado 6).
En el mismo sentido, lo declarado en los apartados 7 y 10 del Fundamento de Derecho quinto, respectivamente: "Por tal razón , una diferencia tan apreciable..." y "... todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como interés normal del dinero de las proporciones concurrentes...".
La consecuencia lógica de esta indeterminación, según la literalidad de la sentencia, es que el Tribunal Supremo sólo ha fijado objetivamente el límite del 20% anual para el "caso concreto enjuiciado", esto es, como interés medio con relación a una TAE de 26.82%, pues, con carácter general, su criterio limitativo no es un parámetro fijo, claro y preciso, sino aproximativo e indefinido: "a mayor elevación, menos margen". Qué deba entenderse por dicha elevación y margen, si es un 18% ó un 19% o, por el contrario, un 23% ó un 25%, o cualquier otro porcentaje, se deja al arbitrio de cada uno de los órganos jurisdiccionales nacionales.
Esto es lo que cabalmente está ocurriendo en los juzgados y tribunales nacionales, en los que, por citar únicamente algunos ejemplos, la Audiencia Provincial de Cantabria, en Sentencia de 12 de marzo de 2020 , con relación a la STS 149/2020 (LA LEY 5225/2020), acordó considerar usurario un incremento del 10% sobre el índice relativo al tipo medio aplicado a estas operaciones. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Badajoz, en Sentencia de 28 de abril de 2020 , acordó que dicha consideración usuraria del crédito lo fuera con relación a un incremento del 15%.
Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao, en su Sentencia 61/2020, de 5 de marzo , no consideró usuraria una TAE del 22,95%. No obstante, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valdemoro, en su Sentencia 28/2020, de 4 de marzo , declaró usurario un interés remuneratorio del 24,5%. Y, en suma, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, en su Sentencia 47/2020, de 11 de marzo , consideró usurario un interés remuneratorio del 19,23%.
A fecha de hoy, en España cada Juzgado y Audiencia Provincial están fijando discrecionalmente el límite de la TAE que en el marco de "dicha elevación y menor margen" consideran que determinan el carácter usurario del crédito al consumo.
Este contexto judicial, en sí mismo objetivo de la disparidad de criterios existente, evidencia que el criterio seguido por el Tribunal Supremo para establecer la limitación de la TAE en estos créditos al consumo, en su sentencia 149/2020, vulnera el principio de seguridad jurídica que resulta imprescindible para el desarrollo de un mercado interior eficaz y armonizado del crédito al consumo. Sin duda, este mercado no puede ser ajeno a las distorsiones que se producen en un Estado miembro cuando la limitación de la TAE del crédito al consumo, lejos de ser fijada objetivamente por una norma nacional, queda al criterio de cada órgano jurisdiccional nacional, a su discrecionalidad y arbitrio.
FORMULACIÓN DE LA SEGUNDA PETICIÓN DE SOLICITUD DE CUESTIÓN PREJUDICIAL.
Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente petición de solicitud prejudicial para que sea elevada al TJUE, en atención a la siguiente CUESTIÓN:
De acuerdo con el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de armonización de su competencia, en particular, en el marco de las Directivas de regulación del crédito al consumo y de contratación con consumidores, considerando que el principio de seguridad jurídica constituye un presupuesto necesario para el correcto y eficaz funcionamiento del mercado interior del crédito al consumo, se pregunta, si resulta contrario a dicho principio de seguridad jurídica, para el correcto funcionamiento del mercado interior del crédito al consumo, la limitación de la TAE que puede imponerse, con carácter general, al consumidor en un contrato de crédito al consumo con el fin de luchar contra la usura, declarada por el Tribunal Supremo español, con base en unos parámetros no objetivos y precisos, sino por mera referencia aproximativa, de forma que se deje a la discrecionalidad de cada órgano jurisdiccional nacional su concreta determinación para la resolución del litigio del que conozca?
Con fundamento en lo precedentemente expuesto,