PRIMERO.- Requisitos para la EXONERACIÓN: El TRLC prevé la posibilidad de que el Juez del concurso acuerde la exoneración del pasivo no satisfecho siempre que concurran tres requisitos establecidos en los arts. 486 y 487:
- no haber rechazado dentro de los 4 años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
- no haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.
- no haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los 10 últimos años.
-que el deudor acepte de forma expresa someterse al plan de pagos (de la deuda que no quedaría exonerada) que resulte aprobado por el juez y que la concesión de este beneficio se haga constar en el Registro público concursal durante un plazo de 5 años.
En el presente caso, y optando el concursado por el régimen general de exoneración, podemos concluir que se cumplen todos los requisitos legalmente exigidos.
En efecto, el deudor es persona natural y el concurso se puede concluir por insuficiencia de la masa activa.
Además, se cumple el presupuesto subjetivo, ya que el deudor puede ser considerado como deudor de buena fe, dado que:
- no consta que el deudor haya sido condenado por ninguno de los delitos antes mencionados, que determinaría el rechazo de la exoneración .
- el administrador concursal ha informado que no hay elementos de juicio que permitan calificar el concurso como culpable ni ninguna otra responsabilidad concursal.
Por último, se cumple el presupuesto objetivo del art. 488 TRLC, ya que el deudor intentó celebrar un AEP con sus acreedores y ha satisfecho todos los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.
En consecuencia, se cumplen todos los requisitos previstos en los preceptos citados para obtener la exoneración por el régimen general.
SEGUNDO.- EFECTOS: Para el caso de que concurran los requisitos antes señalados, el TRLC prevé dos tipos de efectos distintos:
- En el caso del régimen general de exoneración (requisitos ya analizados de los arts. 487 y 488), la exoneración alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa, al no establecer la ley limitación alguna en cuanto a su alcance. El art. 491 TRLC exceptúa de esta exoneración los créditos de derecho público y por alimentos.
- En el caso del régimen especial de exoneración por aprobación de un plan de pagos (requisitos ya analizados de los arts. 487 y 493), la exoneración tendrá la naturaleza de provisional y alcanza créditos ordinarios y subordinados. aunque no hubiesen sido comunicados, salvo los de derecho público y por alimentos, así como a los créditos con privilegio especial en los términos que señala el art. 497. Las deudas que no queden exoneradas deben ser satisfechas en el plazo de 5 años mediante un plan de pagos aportado por el deudor en los términos del art. 495. Trascurrido el plazo de 5 años sin que se haya revocado el beneficio, el deudor debe pedir al Juez del concurso la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho mediante el plan de pagos. También se podrá conceder la exoneración definitiva, aunque no se hubiere cumplido íntegramente el plan, cuando el deudor hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de 5 años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012 (LA LEY 4108/2012), de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
En el presente caso, dado que el concursado cumple con los requisitos del art. 488, la exoneración alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa, salvo los créditos de derecho público y por alimentos, de conformidad con el art. 491 TRLC.
La exoneración supone la extinción de los créditos a los que alcanza la declaración, sin que alcance a los obligados solidarios, fiadores y avalistas del concursado.
En cuanto a la extensión de la exoneración al crédito público, se ha de estar al criterio mantenido por el TS en la sentencia de 2 de julio de 2019, que considera que se debe incluir al crédito público en el sistema de exoneración, tanto general como especial (en la terminología del vigente TR). Ello supone la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa en el plan de pagos y la exoneración provisional del restante crédito público. En efecto, la entrada en vigor del TRLC, con la modificación del régimen de extensión de los efectos de la exoneración en el art. 491, no debe suponer una modificación de la anterior doctrina jurisprudencial, al apreciarse que el citado art. 491 debe ser inaplicado por vulnerar el art. 82.5 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978).
Esta vulneración se deriva del hecho de que el TRLC introduce en dicho art. 491 una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición, en concreto el art. 178 bis 3, 4º, lo que supone un exceso ultra vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición, pudiendo los tribunales ordinarios, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad (por todas STC de 28/7/2016 o STS de 29/11/18), inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia que es objeto de refundición. Eso es, el art. 178 bis 3, 4° de la LC, regulaba la llamada exoneración directa (ahora llamada régimen general) basada en la satisfacción o pago de los créditos privilegiados y contra la masa y si no se había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, del 25% de los créditos ordinarios.
Ciertamente, como expone la STS de 2 de julio de 2019, la regulación de la exoneración de deudas del art. 178 bis generaba muchas dudas, algunas de las cuales han sido objeto de aclaración en el Texto Refundido, dentro de las finalidades propias de un texto refundido. Sin embargo, que el sistema de exoneración directa del art. 178 bis 3, 4° tuviera como efecto la exoneración de la totalidad del pasivo no satisfecho, créditos ordinarios y subordinados, sin excepción, sin la excepción del crédito público, era una cuestión indubitada por la doctrina e indiscutida en los Juzgados y Tribunales.
La única discusión doctrinal y práctica se centraba en el alcance de la exoneración, en el sistema de exoneración provisional mediante plan de pagos (hoy llamada régimen especial) pues el art. 178 bis 5, apartado primero, aplicable únicamente a este sistema, exceptuaba al crédito público y por alimentos del alcance de la exoneración provisional, mientras que el párrafo primero del art. 178 bis 6 comenzaba diciendo que los créditos no exonerados según el apartado anterior (entre los que se debían incluir los créditos públicos) podían ser exonerados a través del plan de pagos, si bien a continuación parecía remitir al sistema administrativo de aplazamiento y fraccionamiento para los créditos públicos. Esta deficiente y contradictoria regulación fue objeto de interpretación por la citada STS de 2 de julio de 2019 en el sentido de entender que el crédito público podía ser objeto de exoneración provisional y objeto de satisfacción a través del sistema de plan de pagos mediante la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa no satisfecho en el mismo.
Por ello, se considera que el art. 491 altera por completo una norma clara e indiscutida del sistema llamado a refundir, regula de manera contraria a la norma vigente los efectos de la exoneración, alterando con ello el difícil equilibrio de derechos que regula dicho sistema y por tanto la igualdad de trato de los acreedores, sin que esta alteración pueda ser, de una manera muy clara, considerada una aclaración regularización o sistematización de la norma vigente.
La inaplicación del art. 491 supone que el TR mantenga, en lo que se refiere al régimen especial, la misma dicción literal en el art. 497, aunque con diferente sistemática, que los arts. 178 bis 5 y 6, que fueron interpretados por la STS de 2 de julio de 2019, en el sentido que se ha expuesto.
Ello supone, por tanto, que el art. 497, que regula la extensión de la exoneración en el régimen especial, continúe siendo interpretado de la manera que recoge la STS de 2 de julio de 2019.
TERCERO.- CONCLUSIÓN del concurso: Dispone el art.465.5 TRLC que procederá la conclusión del concurso, con el archivo de las actuaciones "en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa". Dicho precepto debe ser puesto en relación con el art. 473, a cuyo tenor:
"1. Durante la tramitación del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, la masa activa no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez considere que el pago de esos créditos está garantizado por un tercero de manera suficiente.
La insuficiencia de masa activa existirá aunque el concursado mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa".
En el presente caso, el administrador concursal ha solicitado la conclusión. Por otro lado, no consta la existencia de acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros y la pieza sexta de calificación ya se ha tramitado. Por último debe indicarse que ningún acreedor ha puesto objeciones al archivo de las actuaciones. Por todo ello, sin más innecesarias consideraciones, debe ordenarse la conclusión del concurso.