El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en su reunión del próximo jueves 24 de noviembre la propuesta de informe al Anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal, en materia de maltrato animal, del que ha sido ponente la vocal Roser Bach y que, entre otros aspectos, avisa de que con estos cambios puede castigarse más que un hombre maltrate a un perro que a su pareja.
La reforma del Código Penal en materia de maltrato animal se tramita paralelamente al proyecto de Ley de Bienestar Animal, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, y el Gobierno aprobó el pasado mes de agosto su remisión a las Cortes, sin que hubiese sido informado por el CGPJ, una circunstancia que criticó mediante un escrito el Partido Popular. Aún así, el órgano de los jueces dictaminará sobre el anteproyecto este jueves.
Según informa el CGPJ, la reforma penal en materia de maltrato animal puede afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones. Fuentes de la institución señalan a Europa Press que, por ejemplo, con la futura ley de maltrato animal se pena con entre 3 a 18 meses de cárcel pegar al perro y con entre 6 meses a un año de cárcel si se agrede a la mujer (en ambos casos sin que haya lesiones graves).
Concretamente, el CGPJ señala que un supuesto en el que puede quedar afectado el principio de proporcionalidad lo constituye la pena prevista para el maltrato animal cuando concurra la circunstancia agravante de haber cometido los hechos para causar daño a quien sea o haya sido cónyuge del autor.
Así, señala que la pena de prisión prevista en el anteproyecto para este supuesto es superior a la que está actualmente fijada para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones que no precisan tratamiento médico o quirúrgico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer.
En otro punto, señala que si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento medico o quirúrgico, la pena es la misma, es decir, una pena de multa de uno a tres meses.
Pero en el primero de los supuestos se prevé la posibilidad de una pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad cuya extensión (de 31 a 90 días) determina que el tipo deba ser calificado como un delito menos grave y no como un delito leve como es el caso de las lesiones sin tratamiento médico o quirúrgico en personas.
CONSECUENCIAS PARECIDAS A LA LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ
La propuesta de informe del CGPJ también alerta del efecto contrario en relación a la proporcionalidad de las leyes y señala algo parecido a lo ocurrido con la Ley de garantía integral de la libertad sexual (LA LEY 19383/2022), conocida como Ley del solo sí es sí.
Así, indica que, según la exposición de motivos del anteproyecto remitido por el Gobierno, este pretende acabar mediante el endurecimiento de las penas con lo que describe como "una sensación de impunidad generalizada ante el maltrato animal, con penas poco efectivas ante dichas acciones y carentes de efectos disuasorios".
"El prelegislador señala, en este sentido, que las penas a imponer actualmente suelen ser inferiores a dos años, motivo por el que los condenados no ingresan en prisión al poder ser suspendidas o sustituidas", añade el CGPJ.
La propuesta de informe del CGPJ advierte, sin embargo, de que el anteproyecto no consigue lo que anuncia como primera y esencial justificación de la reforma, ya que aunque tanto en el caso de las lesiones como en el de la muerte del animal aumentan ligeramente las penas de prisión, en ambos supuestos se sigue manteniendo de modo alternativo la pena de multa.
La ponencia de la vocal Roser Bach advierte, además, del "peligro" que entraña vincular la posible sustitución o suspensión de penas privativas de libertad con la impunidad delictiva, cuando son mecanismos que no actúan de forma automática y que tienen como objetivo conciliar el ius puniendi -la potestad punitiva del Estado- con los principios de reeducación y de reinserción social contemplados por la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) dentro del catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas.