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1. En el presente recurso se impugnan dos Acuerdos por los que se impuso al demandante de amparo una corrección disciplinaria, de las previstas en el art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), por falta de respeto debido a los Jueces y Tribunales. El primero, adoptado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Granada, con fecha 15 May. 2000, sancionó al Abogado recurrente con una multa de quince días, a seis mil pesetas día, al considerar que los calificativos «caprichosa», «arbitraria», «groseramente contraria a Derecho» o «manifiestamente ilegal», utilizados por el Letrado en un recurso de reposición para referirse a una providencia dictada por el Juzgado, exceden del ámbito de la defensa de los derechos de sus clientes y suponen un claro insulto, si no una imputación de un delito. El segundo, adoptado por la Sala de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 26 Sep. 2000, desestimó el recurso de alzada interpuesto frente al anterior Acuerdo, declarando que pocas expresiones pueden ofender más a un Magistrado que la imputación del dictado de una resolución «arbitraria, caprichosa, infundada, manifiestamente ilegal, groseramente contraria a Derecho», calificativos utilizados por el demandante en el mencionado recurso de reposición que exceden del ámbito de la defensa de los derechos de sus clientes.

En la demanda de amparo se alega que ambas resoluciones vulneran el derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada [art. 20.1 a) CE (LA LEY 2500/1978) en relación al art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)] al considerar que los mencionados calificativos, utilizados por el Letrado demandante en un recurso interpuesto frente a una providencia, no están amparados por este derecho, pues resultan ofensivos para la Magistrada que dictó aquella resolución. A juicio del aquí recurrente los controvertidos calificativos no se referían a la persona de la Juzgadora, sino a su decisión, y en todo caso no atentaban ni objetiva ni subjetivamente al honor de aquélla, pues su finalidad era estrictamente defensiva y fueron proferidos sin ánimo injurioso en el seno del proceso, a través de un escrito que no contenía expresiones gratuitas sino que se expresaba en términos exclusivamente jurídicos para denunciar lo que a su parecer eran gravísimas irregularidades en el procedimiento.

La representación procesal del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, personado en este proceso de amparo, solicita que se estime el recurso presentado por el demandante, Letrado en activo del mismo, y se le reconozca su derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada, pues entiende que las expresiones por las cuales aquél fue sancionado se vertieron en el seno de un proceso, mediante un acto típico procesal, y por un Abogado en ejercicio de su profesión, sin otro ánimo que la defensa de su cliente.

Por su parte el Ministerio Fiscal también interesa el otorgamiento del amparo solicitado al considerar que los términos utilizados por el Abogado recurrente en su escrito de reposición, y por los que se le impuso una corrección disciplinaria, se referían a la resolución recurrida, y su utilización es comúnmente empleada en el contexto de una alegación en defensa del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que ello suponga un intento de insultar o descalificar al autor de la resolución, ni deban considerarse gratuitos, por lo que han de estimarse protegidos por el derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada.

2. A la vista de las alegaciones de las partes, el objeto de este proceso se circunscribe a determinar si los Acuerdos que impusieron al demandante de amparo una corrección disciplinaria por falta de respeto debido a los Jueces y Tribunales (art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985)) vulneraron su derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada [art. 20.1 a) y art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)].

Para resolver la cuestión planteada debemos acudir a la doctrina que sobre esta especial manifestación de la libertad de expresión ha ido sentando nuestro Tribunal en anteriores pronunciamientos, especialmente en las TC SS 205/1994, de 11 Jul. (LA LEY 13676/1994); 157/1996, de 15 Oct. (LA LEY 10186/1996); 113/2000 (LA LEY 9169/2000), de 5 May.; 184/2001, de 17 Sep. (LA LEY 7412/2001); 226/2001, de 26 Nov. (LA LEY 1124/2002); y 79/2002, de 8 Abr.

En nuestra jurisprudencia se parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, posee una singular cualificación, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del art. 24 CE (TC S 113/2000, de 5 May., (LA LEY 9169/2000) FJ 4). Consiste en una libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ), y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye ( art. 117 CE (LA LEY 2500/1978) ). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar (TC S 205/1994, de 11 Jul., (LA LEY 13676/1994) FJ 5).

Desde esta comprensión constitucional deben ser interpretados los arts. 448 y ss. LOPJ sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervienen en los mismos. Lo dispuesto en tales preceptos no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, «que cooperan con la Administración de Justicia» --según el epígrafe del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial--, sino que incide, también, sobre la función de defensa que les está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad del Abogado en la defensa del ciudadano y el respeto por parte del Abogado de los demás sujetos procesales, que también participan en la función de administrar justicia (TC SS 38/1988, de 9 Mar., (LA LEY 964-TC/1988) FJ 2; 205/1994, de 11 Jul., FJ 5). La primera exigencia aparece contemplada en el art. 437.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), al disponer que «en su actuación ante los Jueces y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa». La segunda de las exigencias antes apuntadas requiere, en reciprocidad, el respeto por parte del Abogado de las demás personas que también participan en la función de administrar justicia y tiene como consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), los Abogados y Procuradores puedan ser corregidos disciplinariamente ante los Juzgados y Tribunales «cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso» (TC S 38/1988 (LA LEY 964-TC/1988), de 9 Mar., FJ 2; 157/1996, de 15 Oct. (LA LEY 10186/1996), FJ 5; 79/2002 (LA LEY 4129/2002), de 8 Abr., FJ 6).

Asimismo, hemos puntualizado que la especial cualidad de la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos (LA LEY 16/1950) erige en límite explícito a la libertad de expresión (TC SS 205/1994 (LA LEY 13676/1994), de 11 Jul., FJ 5; 157/1996, de 15 Oct. (LA LEY 10186/1996), FJ 5; 226/2001, de 26 Nov. (LA LEY 1124/2002), FJ 2; 79/2002, FJ 6; TEDH S 22 Feb. 1989, caso Barfod).

La existencia de tales derechos fundamentales y bienes constitucionales en conflicto ha de obligar al órgano jurisdiccional, cuando la sanción impuesta sea impugnada, a determinar si la conducta del Abogado está justificada por encontrarse comprendida dentro de la libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa o si, por el contrario, con clara infracción de las obligaciones procesales de corrección antedichas, se pretende atentar a la imparcialidad del Tribunal o alterar el orden público en la celebración del juicio oral, o menoscabar el respeto que merecen los demás intervinientes en el proceso (TC S 205/1994, de 11 Jul. (LA LEY 13676/1994), FJ 5).

3. Llegados a este punto debemos aplicar la anterior doctrina al supuesto aquí enjuiciado, para lo cual debe señalarse, en primer término, que tanto el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Granada como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaran en sus respectivos Acuerdos sancionadores que la conducta por la que se corrige al Abogado, aquí demandante de amparo, la constituyen las expresiones vertidas por éste en un recurso de reposición interpuesto frente a una providencia dictada por el Tribunal de instancia que rechazaba la aportación de una serie de documentos y denegaba una diligencia de prueba. El Juzgado encuadra expresamente aquellas manifestaciones en una falta de respeto prevista y regulada en el art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985), lo cual evidencia que impuso la corrección, confirmada por la Sala de Gobierno, partiendo de la base de que la conducta sancionada consistía en una actuación forense, es decir, ligada a la función de representación y defensa de los intereses de su patrocinado asumida por el aquí recurrente. Queda pues acreditada la inclusión de la actuación sancionada en el ámbito de la función de defensa, dado el contenido y finalidad de la actividad desplegada, así como la condición procesal en la que aquélla fue llevada a cabo por el solicitante de amparo (TC S 113/2000 (LA LEY 9169/2000), de 5 May., FJ 4).

Esto sentado, el Juzgado declaró que los calificativos «caprichosa», «arbitraria», «groseramente contraria a Derecho» o «manifiestamente ilegal» utilizados por el Letrado para referirse a una resolución judicial exceden del ámbito de la defensa de los derechos de sus clientes y suponen un claro insulto, si no una imputación de un delito. Por su parte, la Sala de Gobierno afirma que la libertad de expresión no es ilimitada cuando entra en colisión con otros derechos dignos de protección, y encuentra sus límites señalados en el art. 20.4 de la Constitución española (LA LEY 2500/1978), con especial mención del derecho al honor, a la intimidad, y a la propia imagen, concluyendo que pocas expresiones pueden ofender más a un Magistrado que la imputación del dictado de una resolución que se enjuicia con tales calificativos, los cuales exceden del ámbito de la defensa de los derechos de sus clientes.

Aunque brevemente, los Acuerdos recurridos contienen, respectivamente, una ponderación de los derechos e intereses en juego, coincidiendo ambos en que las expresiones vertidas por el recurrente en el escrito forense exceden del ejercicio legítimo del derecho de defensa y desbordan el derecho a la libertad de expresión al resultar ofensivas para la Juzgadora.

4. Debemos pues valorar si esta apreciación llevada a cabo por los órganos judiciales ha desconocido el derecho a la libertad de expresión en la actividad de defensa, como sostienen todas las partes personadas en este proceso de amparo.

Para ello cabe señalar, en primer lugar, que «el bien tutelado en el art. 449.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) no es el honor o la dignidad de la persona titular de un órgano judicial, sino el respeto debido al Poder Judicial en tanto que institución y, por tanto, al margen de las personas que eventualmente desempeñan la magistratura» (TC SS 157/1996, de 15 Oct. (LA LEY 10186/1996), FJ 2; 79/2002 (LA LEY 4129/2002), de 8 Abr., FJ 2). Por tanto, tal como afirmamos en la TC S 226/2001, de 26 Nov., (LA LEY 1124/2002) FJ 3, el límite de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa lo constituye, en este caso, el mínimo respeto debido a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, y para comprobar si aquél se ha franqueado habremos de atender principalmente al significado de las concretas expresiones utilizadas, en cuanto puedan revelar una intención de menosprecio en la plasmación de las ideas y conceptos a cuya expresión sirven en una compresión global del escrito enjuiciado. Tal menosprecio hacia una de las funciones estatales, como es la función judicial, constituye un límite a la libertad de expresión del Abogado, pues, según reiteradamente hemos afirmado, «excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión de un Abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este Tribunal cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar de los órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tanto más cuanto se trata de la reparación de un derecho fundamental que se entiende conculcado» (TC SS 157/1996, de 15 Oct., FJ 5; 226/2001, de 26 Nov., FJ 3; TC A 76/1999, de 16 Mar.).

En aplicación de tales criterios este Tribunal ha entendido que falta al respeto, autoridad e imparcialidad del Poder Judicial una afirmación gratuita en la que se lanza una velada acusación de prevaricación contra un Juez (TC A 76/1998, 16 Mar.); o las manifestaciones gratuitas que no están referidas al concreto supuesto de hecho debatido en autos y que en nada pueden contribuir a la causa de su cliente (TC A 299/2000, de 13 Dic.); o expresiones efectivamente graves y descalificadoras que se formulan en términos que no son los habituales ni los propios de la crítica a un Juez o Magistrado (TC A 10/2000, de 11 Ene.); o tildar una actuación judicial de «violenta, hostil, maleducada y grosera» (TC S 226/2001, de 26 Nov., FJ 3). Por el contrario, ha considerado amparadas por la libertad de expresión en la defensa letrada la denuncia, en un recurso, de una vulneración del art. 24 CE con aseveraciones de especial gravedad y dureza, aunque en términos de estricta defensa (TC S 157/1996, de 15 Oct., (LA LEY 10186/1996) FJ 5); o la crítica a la actuación procesal del Ministerio Fiscal en una causa, sin uso de expresiones insultantes o vejatorias (TC S 113/2000, de 5 May., (LA LEY 9169/2000) FJ 6).

En el presente caso, el Abogado que nos demanda amparo encabezó la segunda alegación de su recurso de reposición del siguiente modo: «Vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del derecho a una resolución fundada en derecho, racional y no arbitraria, así como por vulneración del derecho fundamental a la defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes»; y en el desarrollo de la concreta alegación se afirma que «la decisión [recurrida] no puede por menos que calificarse como de arbitraria, infundada, caprichosa, manifiestamente ilegal y groseramente contraria a Derecho, por lo que deberá ser modificada».

Pues bien, la sola lectura del texto permite comprobar que se trata de términos utilizados en el contexto de un recurso en el que se impugna una resolución judicial por considerarla contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE (LA LEY 2500/1978). En este sentido, hemos afirmado que «no cabe desconocer que la esencia de un recurso y de la defensa de los propios argumentos es la crítica del acto, la discusión y ataque de la fundamentación y racionalidad jurídica del propio acto o de sus efectos. Una discusión y un ataque que, predicándose del acto impugnado, para nada comprometen el respeto debido al órgano autor de aquél cuando es manifiesta su directa conexión con estrictos argumentos de legalidad» (TC S 228/1994 (LA LEY 9992/1994), de 27 Oct., FJ 3).

En el escrito del recurso interpuesto en su día por el Abogado que ahora demanda amparo se realiza una crítica dirigida básicamente a la providencia dictada por el Juzgado, expresada en términos, quizás, excesivamente enérgicos, pero aptos para manifestar las quejas por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Las expresiones «arbitraria» o «infundada», o los epítetos «caprichosa» o «groseramente contraria a Derecho» utilizados para referirse a la resolución impugnada, no deben, al emplearse en términos de defensa, considerarse ni insultantes ni vejatorios para la Juzgadora, ni reveladores de un menosprecio hacia la función judicial, pues pretenden describir la vulneración que se denuncia y, en consecuencia, se amparan en la libertad de expresión del Letrado que, precisamente por su carácter específico, le permite una mayor «beligerancia en los argumentos» (TC S 113/2000 (LA LEY 9169/2000) , de 5 May., FJ 6) dada su conexión con el derecho de defensa de la parte.

En suma, el Abogado recurrente actuó en defensa de su cliente, intentando la reparación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que entendió conculcado, y para ello criticó la resolución impugnada en términos jurídicos dirigidos a argumentar tal vulneración que, pese a su carácter excesivamente rotundos, no pueden considerarse transgresores de la libertad de expresión en la defensa letrada. En consecuencia, los Acuerdos ahora recurridos, al sancionar al demandante de amparo por la utilización de tales términos, vulneraron esta manifestación cualificada de la libertad de expresión, y por ello debe otorgarse el amparo.