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PRIMERO : Se invoca como motivos del recurso error en la valoración de la prueba, infracción del art. 153 (LA LEY 3996/1995), 1 y 3 del C.P . (también a propósito del anterior motivo infracción del art. 632 (LA LEY 3996/1995),2 del C.P .) y una posible vulneración del principio acusatorio por apartarse los hechos declarados probados en la sentencia de la concreta imputación fáctica efectuada por la acusación.

Para la mejor sistemática de la presente resolución es preciso resolver en primer lugar el motivo relativo a la infracción del principio acusatorio, que la apelante considera "posiblemente" vulnerado.

El Mº Fiscal (única parte acusadora) en sus escrito de conclusiones provisionales (que fueron elevadas a definitivas en el acto del juicio oral), en lo que se refiere al delito de malos tratos a la mujer, imputó al ahora apelante que cuando Jacobo y su entonces compañera sentimental llegaron al domicilio familiar "iniciaron una discusión y el acusado...obrando con evidente ánimo de quebrantar la integridad corporal de su pareja dio a Elisabeth una bofetada y le propinó una patada en las costillas , sin que conste que como consecuencia de ello sufriera menoscabo físico alguno toda vez que no acudió a ningún centro médico a recibir asistencia por estos hechos".

En la sentencia recurrida, en lo que interesa para la resolución del presente motivo, se declaró probado que "cuando llegaron a dicho domicilio iniciaron una discusión y el acusado Jacobo obrando con evidente ánimo de quebrantar la integridad corporal de su esposa dio a Dª Elisabeth un empujón , sin que conste que como consecuencia de ello sufriera menoscabo físico alguno toda vez que no acudió a ningún centro médico a recibir asistencia por estos hechos" .

En la sentencia recurrida se calificaron los hechos igual que el Mº Fiscal, es decir como un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art. 153 (LA LEY 3996/1995),1 y 3 del C.P .

Atendiendo al planteamiento de la apelante, debemos determinar si en el presente caso la divergencia entre la concreta acción agresiva imputada y la concreta acción agresiva declarada probada infringió el principio acusatorio y que, por ello, se produjo indefensión al acusado.

A propósito del principio acusatorio se ha pronunciado reiteradamente nuestra Jurisprudencia, declarando la s.TC (Sala Segunda) 71/05, de 4 de abril (LA LEY 1021/2005) que "Nuestra jurisprudencia, relacionada con el principio acusatorio, se ha desarrollado en dos frentes complementarios relacionados con la proscripción de toda indefensión y con la imparcialidad que debe caracterizar toda actuación judicial. a) En efecto, en «relación con las garantías que incluye el principio acusatorio, este Tribunal ya ha tenido ocasión de señalar en otras ocasiones que entre ellas se encuentra la de que "nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse", habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse "únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae 'no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica', tal como hemos sostenido en las SSTC 12/1981, de 10 de abril (LA LEY 93/1981) 95/1995, de 19 de junio (LA LEY 13096/1995) y 225/1997, de 15 de diciembre (LA LEY 377/1998) " ( STC 4/2002, de 14 de enero (LA LEY 2225/2002) , F. 3; en el mismo sentido, STC 228/2002, de 9 de diciembre (LA LEY 10669/2003) . La íntima relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa ha sido, asimismo, señalada por este Tribunal al insistir en que del citado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica ( SSTC 53/1987, de 7 de mayo (LA LEY 783-TC/1987), F. 2 ; 4/2002, de 14 de enero (LA LEY 2225/2002) , F. 3). De manera que "nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa , lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia" ( SSTC 11/1992, de 27 de enero (LA LEY 55942-JF/0000), F. 3 ; 95/1995, de 19 de junio (LA LEY 13096/1995), F. 2 ; 36/1996, de 11 de marzo (LA LEY 3947/1996), F. 4 ; 4/2002, de 14 de enero (LA LEY 2225/2002) , F. 3)".

Declara por su parte el Tribunal Supremo, por todas s.TS de 14-3-96 , que "En todo procedimiento, el inculpado tiene derecho a ser informado de la acusación en términos que pueda articular su defensa, pues tal derecho viene consagrado, conjuntamente, por el art. 24 (LA LEY 2500/1978),2 CE , por ser una exigencia del principio de contradicción ("audiatur et altera pars"), guardando estrecha relación con el principio acusatorio ("nemo iudex sine actore") como exigencia de la proscripción de toda indefensión decretada en el art. 24 (LA LEY 2500/1978),1 CE ..." (v. S 10 octubre 1994). Mas, dicho esto, ha de recordarse que -como se declara en la S 3 noviembre 1995-"... en nuestro proceso penal ni el juzgador está vinculado a los hechos como el actor los considere probados, esto es, como los relata en sus conclusiones definitivas, ni al efecto jurídico que las conclusiones afirman.... Por ello la jurisprudencia ha venido proclamando, tras la sujeción del Tribunal al complejo probatorio resultante del proceso, la no vinculación de aquél a la exposición o traducción de los hechos que la acusación lleve a término ,... El hecho controvertido y el hecho decidido, aun no habiendo de ser distintos, no han de ser necesariamente idénticos, su auténtica esencialidad histórica es lo que importa . Las sentencias de esta Sala vinieron a reconocer la imposibilidad del Tribunal de castigar por hechos distintos de los que hayan sido objeto de la acusación, por hechos dispares de los imputados , mas quedando a salvo la soberanía judicial para configurar, con su personal interpretación, el presupuesto factual de la sentencia ".

En el presente caso, aunque el Mª Fiscal imputara al acusado haber dado a su compañera sentimental un bofetada y una patada en las costillas y se declarara probado que le dio un empujón, no se infringió el principio acusatorio, ni se produjo indefensión alguna, por cuanto la sentencia recurrida no se apartó de los términos del debate contradictorio propio del plenario, habida cuenta que en el escrito de conclusiones provisionales de la defensa (elevadas a definitivas en el juicio oral), si bien se minimizó lo ocurrido y se consideró atípica la acción del ahora recurrente, en la conclusión primera (de contenido fáctico) se dijo "Una vez la pareja del imputado accedió a la vivienda entre ambos prosiguieron la discusión sobre la necesidad en el uso de los bozales, durante la cual y sin ningún ánimo de quebrantar la integridad de su pareja, el imputado le propinó un leve empujón , que en caso alguno precisó de atención médica ni cura alguna" (folio 117).

Lo anterior significa que el Juez "a quo" no se apartó de los elementos fácticos objeto del juicio oral, puesto que si bien no consideró probada la tesis de la acusación (que el acusado hubiera propinado a la mujer la bofetada y la patada en las costillas), consideró que lo único que había quedado probado es que le dio un empujón, tal y como sostuvo la defensa en la conclusión fáctica de su escrito de defensa; esa conclusión probatoria estuvo comprendida en el marco de los estrictos términos de lo debatido en el juicio, puesto que no se incluyeron otros hechos ajenos a la aportación fáctica de las partes (no se declaró probado que a consecuencia del empujón la mujer cayó al suelo, como dijo la testigo en el juicio).

Consecuentemente, sin perjuicio de la discrepancia de la parte apelante en lo relativo a la tipicidad de la acción (objeto de otro motivo del recurso), no se infringió el principio acusatorio y, por ello, procede la desestimación del motivo.

SEGUNDO: Por lo que se refiere al invocado error en la valoración de la prueba, debe tenerse en cuenta que la valoración se realizó sobre la actividad desarrollada en el juicio oral en uso de la facultad que le confiere el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) , y por ello para la resolución del recurso debe partirse de la singular autoridad y posición de que gozó el Juez de lo Penal al realizar aquella actividad valorativa sobre las pruebas practicadas en el juicio, núcleo del proceso, y en el que adquieren plena efectividad todos sus principios inspiradores como son los de inmediación, contradicción y oralidad.

Por lo anterior, la apreciación probatoria llevada a cabo por el Juez "a quo", de la que es consecuencia el relato de hechos probados, únicamente debe ser rectificado cuando el juicio valorativo sea ficticio por no existir pruebas de cargo, en cuyo caso se vulneraría el principio de presunción de inocencia, o cuando de un detenido y ponderado examen de las actuaciones se ponga de relieve un claro error del Juzgador que haga necesaria una modificación del relato fáctico establecido en la resolución recurrida.

Por ello la revocación del Fallo sólo cabría cuando el juicio formado y la convicción judicial fuesen contrarios a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, o lo que es igual cuando el proceso valorativo no se razone adecuadamente en la sentencia.

En la sentencia recurrida, además de declararse probado lo expuesto en el anterior fundamento (que en el curso de una discusión el acusado propinó a su compañera sentimental un empujón), también se declaró probado que en la misma fecha y momentos antes de aquella acción, cuando se encontraba en la calle con Elisabeth , su hija menor de edad y dos perros de su propiedad, tras haber sido advertidos por la Guardia Urbana por no llevar a los animales con bozal, comenzó a golpear a los perros hasta que llegaron al domicilio familiar".

El Juez de lo Penal motivó su convicción que ante la ausencia de declaración del acusado (que usó de su derecho a no declarar) y de Elisabeth (que se acogió a la dispensa del art. 416 (LA LEY 1/1882),1 de la L.E.Cr . de declarar contra el acusado que ya era su esposo en el momento del juicio), la basó en la testifical directa de Gracia , a la que dio credibilidad al no apreciarse contradicciones en sus declaraciones, ser objetiva y ausente de cualquier ánimo espurio para perjudicar a la pareja.

Hemos revisado la prueba practicada en el juicio oral mediante el visionado del CD que contiene la grabación del juicio y comprobamos que Gracia declaró en los términos expuestos en la sentencia recurrida, puesto que declaró que se cruzó por la calle con una pareja que iban con una niña y uno o dos perros, que el hombre iba discutiendo y gritando, que le dio una patada fuerte al perro, que el perro salió corriendo, que el hombre le siguió hasta el domicilio, el perro entró en el inmueble y él subió, que llegó la mujer y la hija, que subieron, que desde la calle se veía perfectamente lo que ocurría en la vivienda, que era un primero o un segundo, que vio que existía una discusión, que el hombre gritaba aunque no podía oir lo que decía, que estaba muy agresivo, que estaban las cortinas "corridas", y vio que empujó a la mujer y ella cayó, no sabe si la golpeó mas, que en la calle el chico iba discutiendo, gritando y todo el mundo se quedaba mirando, que la dio la patada al perro no para dirigirlo, sino de "mala leche", con genio.

La parte apelante discrepa de la credibilidad otorgada a la referida testigo y debemos recordar que la valoración de tal credibilidad le corresponde al Juez que presidió el juicio oral.

En el presente caso consideramos que la credibilidad otorgada a Gracia fue plenamente razonable por cuanto fue la persona que llamó a la policía al advertir la violencia de un hombre no sólo contra un perro, sino contra la mujer que le acompañaba, manteniendo en esencia igual relato tanto en su primera declaración policial, como en la declaración prestada en el sumario, como en la prestada en el juicio oral, puesto que en todo momento dijo que caminando por la calle vio al acusado con el comportamiento agresivo descrito, que le dio la patada fuerte al perro y que vio desde la calle la escena agresiva que se estaba produciendo en el interior de la vivienda.

La apelante duda del campo de visión que pudiera haber tenido la testigo desde la calle, pero el argumento sólo lo podemos tener en cuenta en términos de defensa, debido a que la testigo ya estaba alertada por el comportamiento agresivo del hombre en la calle contra el animal, siendo plenamente admisible que se fijara en la evolución del llamativo comportamiento del hombre tras entrar la pareja en el inmueble y que viera desde la calle lo que estaba ocurriendo en el interior de una vivienda situada en un piso bajo del edificio (era el NUM000 y la testigo dijo que era el NUM001 o el NUM000 ); es verosímil que pudiera ver lo que ocurría en una de las dependencias de la casa porque dijo que estaban las cortinas "corridas", de lo que se colige por la expresión de la testigo que estaban abiertas despejando la ventana o ventanal; aunque el termino utilizado también pudiera haber indicado que las cortinas estaban cubriendo la ventana, si así hubiera sido también hubiera sido factible que hubiera visto lo ocurrido en el interior de la casa debido a que los hechos ocurrieron sobre las 7,20 horas de la tarde del día 1 de noviembre, por lo que presumimos que a esa hora había ya anochecido y que los habitantes de la casa habían accionado la luz artificial, siendo por ello plenamente factible que desde la calle se hubiera visto la escena aunque las repetidas cortinas estuvieran cubriendo la ventana o ventanal.

Se alega también por la apelante que no se sabía si la casa era la familiar o la de la víctima; en la sentencia recurrida se declaró probado que la vivienda en la que se produjo el repetido empujón era la vivienda familiar y consideramos que esa conclusión probatoria es ajustada si atendemos también a los términos de la conclusión primera del escrito de defensa, en la que se utilizó la expresión "hallándose muy cerca de casa", de la que se infiere el reconocimiento de que la acción se desarrolló en el domicilio familiar; en cualquier caso, como expondremos mas adelante, la pena impuesta es inferior a la que hubiera correspondido por la concurrencia del subtipo agravado del ordinal 3 del art. 153 del C.P . (LA LEY 3996/1995) puesto que se impuso en el límite mínimo de la prevista en el tipo básico del ordinal 1 del referido artículo.

Por lo expuesto, al no constar datos que nos permitieran afirmar que Gracia declaró como lo hizo por móviles espurios, carecemos de argumentos para llegar a conclusión probatoria distinta de aquella a la que llegó quien presidió el juicio oral en virtud de la inmediación de la que gozaba, por lo que debe ser mantenida.

El motivo debe ser desestimado.

TERCERO: Por lo que se refiere a la infracción del art. 153 (LA LEY 3996/1995),1 y 3 del C.P . y art. 48 (LA LEY 3996/1995), 2 del C.P . y desproporción de la pena impuesta, debemos concluir que la subsunción de la acción del acusado en el tipo de malos tratos a la mujer se ajustó plenamente a derecho.

En el referido artículo se tipifica tanto la acción del hombre consistente en el maltrato de obra a la mujer, como la acción de causarle lesiones, en el caso de estar o haber estado casados o unidos por una relación de afectividad análoga a la matrimonial.

No se discute que la relación que unía en la fecha de autos al acusado y a Elisabeth fuera análoga a la matrimonial (se desprende de lo actuado que tenían en aquella fecha una hija menor común y que posteriormente contrajeron matrimonio).

El empujón dado a la mujer durante una discusión debe considerarse una acción de maltrato típica.

En efecto, en la propia Exposición de Motivos de la L.O 1/2004, de 28 de diciembre (LA LEY 1692/2004) de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por la que se dio nueva redacción al art. 153 del C.P . (LA LEY 3996/1995), se recoge que en la realidad española las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia y que los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques mas flagrantes a los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución, introduciéndose en el Título IV normas de naturaleza penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específico que incremente la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad; estableciendo el apartado 1 del art. 1 de la referida Ley que "La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia".

Lo anterior permite afirmar que no se exige un dolo específico de actuar contra la esposa o compañera sentimental "por el hecho de ser mujer", bastando con que se ejecute la acción descrita por el tipo cuando entre el agresor y la víctima se de o se hubiera dado la relación establecida por la norma, y que del entorno de circunstancias se infiera que existía, aunque fuera puntualmente, una situación de dominio del hombre sobre la mujer, comprendiéndose, evidentemente, dentro del delito "la primera vez" que aquel agrediera a la esposa o compañera.

Es decir que lo que se protege es la preservación del ámbito familiar, que ha de estar presidido por el respeto mutuo y la igualdad, sancionándose como delito todos aquellos actos (que en términos generales culminarían la falta de lesiones) que exteriorizan una actitud tendente a convertir ese ámbito familiar en un espacio regido por la dominación del hombre sobre la mujer; que no supone calificar automática e inexorablemente todo lo que antes era falta como delito, dado que podrían darse situaciones (distintas a la enjuiciada), como las de pelea en situación de igualdad con agresiones mutuas entre los miembros de la pareja, que nada tendrían que ver con actos realizados por el hombre en el marco de una situación de dominio, y que impedirían aplicar la pluspunición contenida en el art. 153 (LA LEY 3996/1995),1 del C.P . por resultar contraria a la voluntad del Legislador al no lesionar el complejo de intereses que dicho artículo trata de proteger.

En el presente supuesto, el acusado, tras mantener en la vía pública una actitud agresiva contra uno de los perros de la familia (a la que luego nos referiremos), acudió con su compañera al domicilio familiar donde se produjo una discusión entre ellos, en el curso de la cual dio un empujón a la mujer; del contexto de circunstancias, a pesar de no declararse probado el motivo de la discusión y aunque hubiera sido, como sostuvo la defensa en sus conclusiones, por el tema de los bozales de los perros, lo cierto es que el acusado para imponer su criterio en la discusión o por simple ira aplicó su fuerza física sobre el cuerpo de su compañera sentimental, desprendiéndose del hecho mismo del empujón a la mujer que ejerció una acción de dominación gravemente discriminatoria para ella constitutiva del delito de malos tratos a la mujer del art. 153 (LA LEY 3996/1995),1 y 3 del C.P ., al haberse perpetrado los hechos en el domicilio familiar.

Se discrepa de la pena impuesta, tildándola la recurrente de desproporcionada.

Como ya hemos avanzado anteriormente, la pena de 6 meses prisión impuesta no sólo no fue desproporcionada sino que se individualizó incorrectamente por debajo de los límites legales (que hubiera sido el de 9 meses de prisión, por la concurrencia del subtipo agravado del ordinal 3 del referido artículo.

Por lo que se refiere a la pena accesoria de prohibición de aproximación a la víctima, debemos recordar que tal pena es preceptiva a tenor de lo dispuesto en el art. 57 (LA LEY 3996/1995),2 del C.P .

La referida pena accesoria también se individualizó incorrectamente por cuanto se impuso por un tiempo de 1 año y 1 día, cuando a tenor de lo dispuesto en el art. 57 (LA LEY 3996/1995),1 del C.P . debería haber sido por lo menos en un año superior a la pena de prisión impuesta.

A pesar de haberse individualizado las penas incorrectamente debemos mantenerlas en la alzada, al no haber sido objeto de recurso por parte de la acusación y por aplicación de la doctrina emanada de las s.TC de 29-11-99 y 29-11-10 que impiden introducir de oficio motivos nuevos de recurso y deber primar la prohibición de la reformatio in peius sobre el principio de legalidad.

Por lo expuesto, procede desestimar el motivo del recurso.

CUARTO: Por último y en cuanto a la discrepancia en la calificación de los hechos como una falta de maltrato animal del art. 632 (LA LEY 3996/1995),2 del C.P . (efectuada entre las alegaciones para sostener el error en la valoración de la prueba), debemos decir que los hechos declarados probado culminaron tal infracción.

En efecto, de la redacción del tipo, que utiliza la conjunción disyuntiva "o", se infiere que lo que se castiga es el maltrato cruel de los animales domésticos y el maltrato cruel de cualesquesquiera otros animales en espectáculos públicos no autorizados legalmente, cuando no se incurra en los supuestos del art. 337 del C.P . (LA LEY 3996/1995) (causación de muerte o lesiones al animal).

Es decir que la referida falta se constituye como un tipo residual del delito del art. 337 del C.P . (LA LEY 3996/1995), reputándose falta la conducta maltratadora de los animales en el caso de no haberles causado la muerte y lesiones, sin que la referencia a los espectáculos públicos afecte a los animales domésticos.

En el presente caso se declaró probado que el acusado en la vía pública golpeó a los perros; no existe duda acerca de la catalogación del perro de la familia como "animal doméstico" y aunque es cierto que la testigo refirió en el juicio que el acusado dio una fuerte patada a un perro, también es cierto que había transcurrido mas de un año desde los hechos y pudo omitir por olvido detalles que refirió al poco de los hechos (dijo entonces que el perro salió corriendo y en el portal siguió dándole patadas).

En cualquier caso, aunque sólo le hubiera dado una patada a uno de los dos perros que llevaba, lo cierto es que tal patada fue fuerte y sin ánimo de corregirlo, dado que la testigo lo negó y dijo que el animal iba a su lado y él le dio un patada con "mala leche", con genio; esa conducta culminó la falta de maltrato animal por cuanto entra dentro del concepto de crueldad hacia los animales el hecho de darles patadas de forma inopinada utilizándolos como objetos para descargar la ira que en aquel momento pudiera tener su dueño.

El motivo debe ser desestimado.

Por todo lo anterior, procede desestimar el recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida.

QUINTO: Se declaran de oficio las costas que se hayan podido devengar en esta alzada.

Vistos los anteriores argumentos, artículos citados y demás de general aplicación, por el poder que la Constitución y la Ley nos confiere y en nombre de S.M. el Rey