PRIMERO.- La representación procesal del investigado, Sixto, impugna la Orden de protección, acordada frente al mismo por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid, conteniendo la
prohibición de aproximación y de comunicación respecto de su hija Dolores, de 12 años de edad, así como la
suspensión del régimen de visitas con la menor, en los términos expuestos en el auto de 15 de mayo de 2021. A través del recurso, solicita la revocación de dichas resoluciones judiciales (tanto del auto citado, como del posterior de 1-6-2021 desestimatorio del recurso de reforma) y que sean declaradas nulas las actuaciones por no reunir las debidas garantías. El Ministerio Fiscal se opone al recurso, interesando la confirmación de las resoluciones de instancia.
SEGUNDO.- Examinado el recurso, consideramos que las alegaciones en él vertidas no desvirtúan los fundamentos en que se asientan las resolución judiciales impugnadas, las cuales se encuentran debidamente motivadas con razonamientos fácticos y jurídicos que son ajustados a derecho y que, por ende, esta Sala mantiene y da por reproducidos.
El artículo 544 ter (LA LEY 1/1882),1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) (Lecrm.) establece que el Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica, en los que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o delito leve contra la vida, integridad física o moral libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo.
Examinadas las actuaciones desde esta perspectiva, se pone de manifiesto, en primer término, la presencia de indicios fundados de la posible comisión, por parte del investigado, de un delito contra la integridad física del artículo 153 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), sobre su hija menor Dolores, que es un de las personas comprendidas en el artículo 173 (LA LEY 3996/1995)-2 del Código Penal.
Estos indicios se desprenden no sólo de la declaración de la madre denunciante, sino también de las
manifestaciones de la propia menor, en la exploración llevada a cabo bajo las debidas garantías, donde relata con precisión que su padre, desde hacía dos meses, le daba una bebida denominada agua amarilla -que al parecer es dióxido de cloro- que venía tomando mezclada con agua porque cuando la tomó, al principio, sin mezclar le dolía la garganta; que su padre le decía que era buena para quitar los metales malos de las radiaciones. Señaló también que su padre le dio las botellas y la jeringuilla para que se lo preparase ella y lo bebiese cuando estuviera con su madre. Indica que lo bebía para comer y para cenar, como si fuera agua normal y que su padre le dijo que tenía que tomar sorbos todos los días. Su madre al enterarse la llevó al médico para que se convenciera de que no era bueno. Añade que le hicieron un análisis y le dijeron que no lo volviera a tomar.
Junto a estas diligencias, se ha intervenido las botellas y la jeringuilla entregadas por el investigado a la menor.
A su vez, el investigado en su declaración judicial no niega que le diera esa sustancia a su hija, sino indica, al respecto, que se lo recomendó para que lo tomara cuando quisiera, que se lo dio porque un médico le ha dicho que era para matar patógenos y que él lleva tomándolo desde enero. Le dio a su hija la dosis por la recomendación médica que tiene él, no le han dicho que eso sea perjudicial.
Todo ello se completa con el informe del Médico forense en el que se expone que, según establece la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el consumo de dióxido de cloro y de clorito de sodio
supone un grave riesgo para la salud y no se recomienda en ningún caso, que el clorito de sodio que se degrada en solución acuosa a dióxido de cloro no tiene la consideración legal de medicamento legal y puede producir graves daños a la salud y que, en la alerta de medicamentos ilegales 5/10 de 14-5-2010, se ordena la retirada del mercado de todos los ejemplares de dicho producto, no existiendo evidencia científica de ningún tipo que sea eficaz para tratamiento o prevención de la Covid-19, ni de ninguna patología. Su consumo directo puede producir dolor abdominal, nauseas vómitos, diarrea que pueden llevar a deshidratación, fallo renal, anuria, anemia hemolítica y metahemoglobinemia, así como que sus vapores pueden causar irritación ocular o respiratoria, broncoespasmo o incluso edema pulmonar.
Así mismo, estimamos correcta la apreciación que hace la Juez Instructora de que la menor se halla en una situación objetiva de riesgo pues a la vista de las referidas diligencias se advierte que el investigado no asume el criterio emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, expuesta en el informe forense, sobre el grave riesgo para la salud que tiene el consumo de soluciones de dióxido de cloro, defendiendo que su ingesta produce excelentes beneficios en sus dosis adecuadas. Con ello se colige que el investigado al propiciar tal práctica puede colocar a su hija menor de edad en una situación objetiva de riesgo relevante de ingerir tales productos que son perjudiciales para su salud y su integridad física; situación de riesgo que ha de ser conjurada, de conformidad con lo previsto en los artículos 544 ter (LA LEY 1/1882) y 544 quinquies (LA LEY 1/1882) 1 de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LA LEY 1/1882), mediante la orden de protección en los términos acordados.
Concurren, por consiguiente, los presupuestos, garantias y condiciones legales que llevan a dictar la orden de protección en los términos acordados por la Juez de Instrucción.