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S TSJC 1/7/2021

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 3498/2021 de 1 Jul. 2021, Rec. 1369/2021

Ponente: Soler Ferrer, Felipe.

Nº de Sentencia: 3498/2021

Nº de Recurso: 1369/2021

Jurisdicción: SOCIAL

Diario La Ley, Nº 9940, Sección Jurisprudencia, 26 de Octubre de 2021, Wolters Kluwer

LA LEY 147511/2021

ECLI: ES:TSJCAT:2021:6427

Un trabajador despedido por trabajar en una empresa competidora durante el teletrabajo

Cabecera

DESPIDO DISCIPLINARIO. Competencia desleal. Estando en situación de teletrabajo, el empleado acudió a otra empresa de la competencia donde permaneció durante dos meses con el mismo horario que el resto de los trabajadores. No tenía permiso para hacer una formación en esta empresa competidora tal como manifiesta. Asiduidad y horario muestran que estaba prestando servicios para ella. Aunque la Política Global de Teletrabajo permitía el trabajo desde el domicilio o desde cualquier otro sitio, prevalece el acuerdo individual del teletrabajo que le obligaba a trabajar desde su casa, pero es que además no tenía autorización de su empleadora para estar en la empresa competidora y teletrabajar desde allí.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El TSJ Cataluña desestima el recurso de suplicación interpuesto y confirmando sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sabadell, declara el despido procedente.

Texto

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 34 - 4 - 2021 - 0001521

AR

Recurso de Suplicación: 1369/2021

ILMO. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

ILMO. SR. FELIPE SOLER FERRER

ILMO. SR. CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH

En Barcelona a 1 de julio de 2021

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 3498/2021

En el recurso de suplicación interpuesto por Saturnino frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Sabadell de fecha 27 de octubre de 2020 dictada en el procedimiento Demandas nº 513/2019 y siendo recurrido SYNCREON SPAIN, S.A.U. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Felipe Soler Ferrer.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinari, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 27 de octubre de 2020 que contenía el siguiente Fallo:

"Desestimo la demanda interpuesta por D. Saturnino contra SYNCREON SPAIN, S.A.U., y declaro la procedencia del despido del trabajador de fecha 11.06.2019, y en consecuencia la extinción del contrato de trabajo entre las partes en la fecha del despido."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- El demandante, D. Saturnino, con DNI NUM000, ha venido prestando servicios para la demandada SYNCREON SPAIN, S.A.U., con antigüedad de 14.05.1996, con carácter indefinido, categoría profesional de Jefe de Sección, y salario bruto anual de 40.239,62 euros, con inclusión de pagas extraordinarias. Realizando una jornada a tiemplo completo, con horario flexible, con inicio entre las 07,00 h. y las 08,00 h. hasta las 15,00 h. y las 16,00 h. (docs. 1 a 5 de la parte demandada, doc. 1 de la parte actora, recibos salariales aportados por la empresa a través de escrito de 16.07.2020 que constan en autos, solicitados a través de Providencia de 17.10.2019).

SEGUNDO.- El actor venía ocupando el puesto de trabajo de Gerente de Ingeniería de EMEA para logística inversa, realizando funciones entre otras de control, documentación y despliegue de productos y procesos del cliente y especificaciones técnicas, participación y creación directa de mejoras de Procesos de Negocio, para impulsar la reducción de gasto, mejora continua de los métodos productivos, impulsar y gestionar procesos de I+D y NPI para los sitios web de EMEA (doc. 3 de la parte demandada).

TERCERO.- Ambas partes suscribieron un Acuerdo de Teletrabajo de fecha 26.03.2019, como anexo del contrato de trabajo, por el que el actor a partir de 01.04.2019 prestaba su servicio desde su domicilio particular, sito en CALLE000 NUM001, Palau DIRECCION000, 08184 de Barcelona (doc. 4 de la parte demandada).

CUARTO.- La actividad de la empresa demandada, SYNCREON SPAIN,S.A.U., es la de fabricación, compraventa, importación, exportación y distribución de toda clase de aparatos, dispositivos y equipos para tratamiento y transmisión de datos, servicios de mantenimiento de dichos aparatos, confección de programas para ordenadores, formación de técnicos en informática y enseñanza y divulgación de la misma técnica informática (doc. 8 de la parte demandada).

QUINTO.- La actividad de la empresa Teller, SCP, es principalmente la de reparación y puesta a punto de autoservicios y toda clase de maquinaria para la manipulación de efectivos (dispensadores, contadoras de monedas y billetes, etc.)

(doc 10 de la empresa demandada).

SEXTO.- SYNCREON SPAIN, S.A.U. ha venido considerando a la empresa Teller, SCP, al menos desde el año 2013, como una empresa competidora, en tanto que atienden a clientes comunes, como NCR ESLC, NCR Spain, Diebold Nixdorf y Eltec y están en una línea similar de negocio, según se deduce de las conversaciones mantenidas por el personal de la demandada, a través del correo electrónico, en las que intervenía el actor (docs. 10 y 11 de la parte demandada).

SÉPTIMO.- La empresa Teller, impartió formación a empleados de la empresa demandada, entre ellos, el propio actor, en el año 2011, para formarlos en la reparación de los terminales Debold Opteva, así como de BNA LOBBY. Asimismo la empresa Teller, SCP, ha facturado a SYNCREON SPAIN, S.A.U. por reparaciones y ventas de piezas, siendo la última operación entre ambas, en noviembre del año 2016 (docs. 12 y 13 de la parte demandada y docs. 6 y 7 de la parte actora, declaración testifical de D. Domingo, extrabajador de la empresa demandada y Director General hasta julio de 2019, que merece credibilidad a este Juzgador).

OCTAVO.- El actor permaneció en la empresa Teller, SCP, los días 15 de marzo, 1, 2 y 5 de abril, y, 7, 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2019, desde, aproximadamente, entre las 08,00 h. hasta las 16,00 h., trabajando en sus instalaciones en un ordenador, realizando la pausa o descanso, hacia las 09,00 h, junto a un grupo de trabajadores de la citada empresa, y finalizando su jornada de trabajo y abandonando el centro a la vez que éstos (doc. 14 de la empresa demandada - informe de investigación de detective privado, ratificado en el acto de la vista oral por D. Ezequiel, detective privado).

NOVENO.- Mediante escrito de 11.06.2019, que se da por reproducido, la empresa demandada notificó al actor su despido disciplinario, con efectos de la misma fecha, con la imputación de concurrencia desleal y fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como incumplimiento del contrato de trabajo y de las políticas de la compañía relativas a conflictos de intereses, y faltas injustificadas (doc. 2 de la parte actora, doc. 6 de la parte demandada).

DÉCIMO.- La empresa demandada SYNCREON SPAIN, S.A.U. no encargó, ni contrató, ni autorizó a la empresa Teller, SCP, para que impartiera curso alguno ni al actor ni a ningún otro trabajador de la empresa, durante los periodos que constan en la carta de despido, durante los cuales, el actor permaneció en la empresa Teller, durante toda su jornada de trabajo (declaración testifical de D. Gaspar, Director Técnico y copropietario de la empresa Teller, SCP).

DECIMOPRIMERO.- La empresa demandada no autorizó al actor, ni le dio instrucción alguna para que acudiera a la empresa Teller, SCP, para recibir formación, ni para realizar ningún tipo de actividad o prestación de servicio, durante los periodos que constan en la carta de despido (declaración testifical de D. Domingo, extrabajador de la empresa demandada y Director General hasta julio de 2019, que merece credibilidad a este Juzgador).

DECIMOSEGUNDO.- El código de conducta de la empresa, conocido por el actor, prohíbe "trabajar para cualquier empresa u organización (incluyendo una organización de caridad), que sea vendedor, proveedor, contratista, subcontratista o competidor de la Compañía, o que opere en la misma línea de negocio que la empresa" (doc. 7 de la parte demandada).

DECIMOTERCERO.- Resulta de aplicación el convenio colectivo del sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona, que en lo relacionado al régimen disciplinario, remite al convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (hecho no controvertido).

DECIMOCUARTO.- El actor no ostenta condición de representante legal o sindical de los trabajadores (hecho no controvertido).

DECIMOQUINTO.- Se instó papeleta de conciliación en fecha 10.07.2019, celebrándose intento de conciliación en fecha 02.08.2019, con el resultado de intentado sin acuerdo (acta obrante en autos)."

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora Saturnino, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria SYNCREON SPAIN,S.A.U., a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Social desestimó la demanda interpuesta en materia de despido disciplinario, declarando su procedencia. Disconforme con dicha resolución interpone recurso de suplicación la representación letrada del trabajador demandante, cuyo recurso, impugnado de contrario, plantea un primer motivo al amparo del apartado a) del artículo 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), en el que acusa infracción de las normas reguladoras del sistema de la valoración de la prueba, que habría producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del actor, argumentando, en síntesis, que el juzgador de instancia para la construcción del relato de hechos probados de su sentencia ha omitido cualquier análisis o ponderación del ramo de prueba documental de la parte demandante, en particular el doc. nº 3, consistente en Política Global de Teletrabajo de la sociedad demandada, del que se desprende que se permite que el teletrabajo se realice desde el domicilio del trabajador o cualquier otro sitio de trabajo a distancia; asimismo el juzgador habría omitido el doc. nº 6 del ramo de prueba de la parte recurrente, que integra el curso formativo que se dice realizado por el actor los días a que se refiere la carta de despido, así como la declaración del testigo Sr. Gaspar, que fue la persona que habría impartido al actor el curso formativo durante los días citados.

Debe resaltarse desde un principio que, dada su condición de medida extrema, la declaración de nulidad tan sólo será viable cuando no sea posible otra solución distinta, menos traumática y más acorde con los principios de celeridad y economía procesal. Dicho lo cual, por lo que al caso se refiere, la circunstancia de que el Juez no haya conferido fuerza o relevancia probatoria a diversas pruebas aportadas por la parte hoy recurrente o practicadas a su instancia no vicia de nulidad la sentencia, pues para la construcción de los hechos probados el Juez puede apreciar todos los elementos de convicción puestos a su disposición, como establece el art. 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011). La doctrina del Tribunal Constitucional se refiere a la necesidad de que las sentencias contengan una motivación jurídica, es decir, "la manera en que debe inferirse de la ley la resolución judicial" o "las consideraciones que fundamentan la subsunción del hecho bajo las disposiciones legales que aplica" ( STC 13-5-1987), sin referirse a los motivos que han llevado al Juzgador a construir esos elementos de hecho de que parte, proceso para el que puede apreciar todos los elementos de convicción puestos a su disposición, pudiendo dar más valor a unos que a otros, o extraer su conclusión de una valoración conjunta de todos ellos. En el presente supuesto, por lo que se refiere al doc. nº 3, sobre Política Global de Teletrabajo, es cierto que no se menciona en la sentencia recurrida, pero no lo es menos que, según se deduce del HP 3º, el juzgador ha dado preeminencia al Acuerdo de Teletrabajo celebrado por el actor y la empresa el 26-3-2019, que figura como anexo del contrato de trabajo, pudiendo la recurrente, por la vía del apdo. b) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), pedir la incorporación al "factum" del contenido del referido documento, como efectivamente hace en el motivo de revisión histórica. Por lo que se refiere al doc. nº 6 y a la testifical del Sr. Gaspar, hay que destacar que no se combate en el recurso el HP 10º, que se fundamenta en dicha prueba testifical, al tiempo que la eficacia de dicho documento, para intentar acreditar que el actor recibió en esos días un curso formativo en las instalaciones de Teller SCP, cede ante otras pruebas a las que se refieren los indiscutidos HP 10º y 11º, en concreto la declaración de dicho testigo y la declaración testifical de quien era al tiempo de los hechos Director General de la empresa demandada, medios de prueba de los que resulta que esta sociedad no encargó ni contrató, ni autorizó a la empresa Teller SCP para que impartiera curso alguno ni al actor ni a ningún otro trabajador de la empresa durante los periodos que constan en la carta de despido, ni autorizó al actor, ni le dio instrucción alguna para que acudiera a dicha empresa para recibir formación o realizar ningún tipo de actividad o prestación de servicio.

De lo expuesto resulta que el Juzgador de instancia, valorando el conjunto de pruebas practicadas, llegó a la conclusión de que la presencia del actor en la empresa Teller SCP no se encontraba justificada desde ningún punto de vista. Tal conclusión no es ilógica, irracional o arbitraria a tenor del conjunto probatorio. Sin duda es contraria a los intereses del trabajador, pero no puede llevarse al terreno de la nulidad de actuaciones lo que en realidad no es más que una mera disconformidad, sin duda legítima, con la valoración probatoria realizada por el Juzgador de instancia. Procediendo por lo expuesto la desestimación de este primer motivo suplicatorio.

SEGUNDO.- Seguidamente, por el mismo cauce procesal, se interesa también la declaración de nulidad de la sentencia por infracción del artículo 97 LRJS (LA LEY 19110/2011), ello teniendo en cuenta que se declara la procedencia del despido pese a que no existe ningún solo hecho probado indicativo de que el actor haya prestado servicios a favor de Teller SCP los días referidos en la comunicación extintiva, por lo que se entiende que la sentencia adolece de una clara insuficiencia en el relato de hechos probados, al no pronunciarse de forma clara y precisa respecto de la cuestión central del procedimiento, la existencia o no de prestación de servicios a favor de Teller SCP, presupuesto básico para apreciar que ha existido una competencia desleal. En definitiva, se pide que la sentencia de instancia sea anulada porque no contiene los datos fácticos necesarios para poder resolver la cuestión objeto de litigio, así como por no encontrarse suficientemente motivada.

Este motivo tampoco puede prosperar. Sobre las insuficiencias o imprecisiones del relato fáctico cabe señalar que es al Tribunal Superior a quien exclusivamente corresponde la facultad de pronunciarse sobre la suficiencia o insuficiencia de la declaración fáctica de la sentencia de instancia a fin de decretar la nulidad de la misma y de las actuaciones posteriores, y por ello la solicitud de la parte de que se declare la nulidad por tal causa carece de eficacia, pues en el caso de que el recurrente considere que los hechos probados no son suficientes, o que son imprecisos, el único remedio procesal que tiene a su alcance es el que establece el art. 193.b) LRJS (LA LEY 19110/2011), por el que puede completar la declaración fáctica de la resolución con las modificaciones, adiciones o supresiones pertinentes, como hace a continuación la recurrente a través de un motivo de revisión histórica. En cualquier caso el desarrollo fáctico de la sentencia se muestra como suficiente para amparar las afirmaciones contenidas en la fundamentación jurídica de la sentencia, hasta el punto de que el indiscutido HP 8º declara que el actor trabajó en los periodos de referencia en las instalaciones de Teller SCP. En todo caso, si trabajó o no es cuestión de fondo y no procesal. De modo que si la parte actora considera que existe algún hecho, dato o circunstancia que pueda tener interés o relevancia para la solución del pleito, no recogido en el "factum" o que se haya de corregir o suprimir del mismo, el cauce a utilizar es el del citado apdo. b) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011).

Por lo demás, la sentencia de instancia cumple el requisito de motivación mínima suficiente, pues tras su lectura se colige que el juzgador, apreciando las pruebas practicadas, alcanzó unas determinadas conclusiones fácticas, a las que seguidamente aplicó las consecuencias jurídicas que consideró oportunas, lo que permite conocer las razones que fundamentaron su decisión, en modo alguno arbitraria. Obviamente no ha de compartir la parte recurrente el criterio de la sentencia, pero la misión de esta Sala, vía recurso, es controlar si la respuesta que ofrece la sentencia es legal y queda dentro del mandato constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, debiendo aceptarse en el presente caso como suficiente, cuantitativa y cualitativamente, la motivación de la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por la vía procesal del apdo. b) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011) se insta la revisión de los hechos probados de la sentencia de instancia.

Con carácter previo se ha de recordar que la suplicación no constituye una segunda instancia ni una apelación que permita una revisión "ex" novo de las pruebas practicadas en el juicio sino, además y principalmente, que cualquier modificación o alteración en el relato de hechos declarados como acreditados por el juzgador "a quo" no sólo ha de resultar trascendente a efectos de la solución del litigio sino que, en todo caso, ha de apoyarse en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación conjunta que respecto de los "elementos de convicción" -concepto más amplio que el de medios de prueba aportados a los autos- el art. 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) le otorga, no puede verse contradicha ni desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada.

Dicho lo cual se pretende en primer lugar una adición al HP 2º, que se rechaza, pues dar mayor detalle como se pide a las funciones que realizaba el actor en la empresa demandada carece de trascendencia para la solución del litigio y para variar el signo del fallo.

Se postula a continuación la modificación del HP 3º para añadir al mismo que la demandada permitía a sus trabajadores prestar servicios en régimen de teletrabajo en lugar distinto al de su domicilio siempre que en el mismo se pudiese desarrollar la totalidad de las funciones inherentes a su puesto de trabajo, tal y como se desprende de la política de teletrabajo vigente en la empresa hasta la fecha de despido del actor. Pretensión que se acepta, pues así resulta del doc. 3 del ramo de prueba de la parte actora sobre Política Global de Teletrabajo (folio 161).

Acto seguido se pide la revisión del HP 8º para añadir al mismo que durante los días referenciados en la carta de despido el actor estuvo recibiendo el curso formativo Diabold Opteva ATM training. Pretensión modificatoria que la Sala no puede acoger, pues la adición pugna con el contenido de los HP 10º y 11º de la sentencia. Además, el doc. 6 aportado por la demandante, que viene sin datar ni firmar, se limita a recoger el contenido del curso de formación, pero en modo alguno evidencia que el actor recibiera dicho curso, ni tan siquiera que lo hiciera en las fechas señaladas en la comunicación extintiva.

CUARTO.- Ya en sede de censura jurídica, al correcto amparo del apdo. c) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), se acusa en un primer motivo infracción del art. 105 LRJS (LA LEY 19110/2011), del art. 54.2.d) ET y de los arts. 48.c), f) y i) del Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal, así como de la jurisprudencia aplicable en la materia.

Entiende la parte recurrente que la sentencia vulnera el art. 105 LRJS (LA LEY 19110/2011), según el cual corresponde al demandado la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo, ello por cuanto no se ha acreditado la existencia de una prestación de servicios a favor de Teller SCP, no habiéndose practicado prueba de una verdadera competencia desleal, limitándose la empresa a acreditar la asistencia del trabajador a las instalaciones de Teller SCP, pero sin concretar conductas que evidencien una competencia desleal.

Ha quedado acreditado y así se refleja en el HP 8º de la sentencia recurrida que el actor acudió durante la totalidad de su jornada laboral a las instalaciones de la empresa TELLER SCP los días en que fue investigado por una agencia de detectives, operando esta empresa en el mismo mercado que la demandada, de la que es competidora directa, sin que haya quedado acreditado que estuviera recibiendo en esta otra empresa un curso de formación, para el que no existía autorización expresa de su empleadora. Es cierto que en el año 2011 hubo una cooperación en materia de formación entre ambas empresas, debidamente documentada, y que en tal momento la presencia del actor en las instalaciones de Teller SCP estuvo justificada y consentida por la demandada. También es cierto que la última operación registrada entre ambas empresas fue en noviembre de 2016. Pero, por lo que se refiere al curso que el actor dice haber recibido por parte de Teller SCP en 2019, lo cierto es que, según admitió el propio testigo de la parte actora, Sr. Gaspar, la demandada Syncreon Spain SAU no había encargado, contratado o autorizado a la empresa Teller SCP para que impartiera ningún curso a sus trabajadores. En definitiva, no se acredita que el actor hubiera recibido formación alguna en 2019. De ahí que su presencia en las instalaciones de la competidora, sin autorización alguna de su empleadora para el desplazamiento, durante 9 días entre el 15 de marzo y el 17 de mayo de 2019, en horario entre las 8:00 h. hasta las 16.00 h., donde utiliza un ordenador en un puesto de trabajo y finaliza su jornada al mismo tiempo que los trabajadores de Teller SCP, y sin motivo alguno que pudiera justificar su presencia allí, permite deducir con arreglo a las reglas de la lógica que el actor se encontraba prestando servicios para la competidora, pues así lo indica la asiduidad en la asistencia al centro de trabajo de la empresa Teller SCP y el cumplimiento de un horario de trabajo análogo al de los trabajadores de ésta. Como señala la STSJ Granada 29-6-2015 (rec. 925/2015 (LA LEY 123971/2015)) " (...) resulta razonable presumir que el hecho de acudir diariamente a un centro de trabajo, durante el horario laboral, comporta el desarrollo de una actividad laboral, sobre todo cuando no se dan razones que justifiquen su presencia en dicho centro". Por lo que el trabajador demandante queda incurso en la competencia ilícita o concurrencia desleal, que supone la dedicación a actividades de la misma o similar naturaleza o ramo de la producción de los que está ejecutando en virtud del contrato de trabajo sin autorización de su empleador, constituyendo lo esencial del incumplimiento contractual no la causación del daño, sino la vulneración de la lealtad debida a la buena fe, lo que justifica la declaración de procedencia del despido.

El motivo se desestima.

QUINTO.- Finalmente, se denuncia infracción del art. 54.2.a) ET y del art. 48.b) del Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal. Motivo que también está abocado al fracaso, pues frente a la Política Global de Teletrabajo existente en la empresa demandada prevalece el Acuerdo específico de Teletrabajo firmado por ésta y el actor en fecha 26-3-2019, como anexo al contrato de trabajo, en el que se establece que a partir de 1-4-2019 el trabajador prestaría su servicio desde su domicilio particular. Por tanto, el hecho de que el actor, los días a que se refiere la carta de despido, en concreto el 7, 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2019, no estuviera prestando servicios desde su domicilio, hallándose por contra en las instalaciones de Teller SCP durante toda la jornada de trabajo, revela la existencia de ausencias injustificadas del puesto de trabajo, conducta que encaja en la tipicidad del art. 48.b) del convenio colectivo de aplicación, dando lugar a otra falta muy grave que justifica el despido decidido por la empresa. Y aunque se entendiera que el documento de Política Global de Teletrabajo pudiera autorizar el trabajo en lugar alternativo al del domicilio del trabajador, en modo alguno ese documento de carácter general puede amparar una prestación de servicios para una empresa competidora y en sus instalaciones, sin autorización alguna de la empleadora y sin que la presencia en esas instalaciones, donde supuestamente se trabaja de modo telemático, quede justificada de ningún modo.

Todo lo cual nos lleva a confirmar la procedencia del despido, con desestimación del recurso.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de D. Saturnino contra la sentencia de 27 de octubre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Sabadell en sus autos de despido nº 513/2019, y en su consecuencia confirmamos todos los pronunciamientos del fallo recurrido. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011).

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral (LA LEY 19110/2011), todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0965 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), con las exclusiones indicadas en el párrafo anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:

La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del "ordenante" se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma.

Como "beneficiario" deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente, en el campo "observaciones o concepto de la transferencia" se introducirán los 16 dígitos indicados en los párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.

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