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PRIMERO.- : El actor prestó servicios para la empresa demandada hasta el 25 de septiembre de 2020, fecha en la que fue despedido. La sentencia recurrida estima la demanda y declara el despido improcedente. La parte recurrente solicita, como primer motivo de recurso, con base en el artículo 193 a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), la nulidad de las actuaciones por la infracción de los artículos 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), invocando que le ha producido indefensión la "valoración irracional y carente de toda lógica de la prueba testifical practicada". Desfavorable acogida merece seguir la presente censura jurídica. De conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), los jueces y tribunales deben dictar sentencias que sean claras, precisas y congruentes con las demandas y, con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La claridad significa que su contenido sea comprendido sin dificultad. La precisión implica que se decidan de forma inequívoca las cuestiones controvertidas. Y, por congruencia ha de entenderse la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del pleito, de modo que se presenta como una relación de conformidad entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia y el otro término de comparación es el constituido por la demanda y las demás pretensiones deducidas oportunamente en la litis. Y por correlación entre pretensión y fallo se entiende la adecuación entre una y otro, por lo que la congruencia exige lo siguiente: a) que el fallo no contenga más de lo pretendido por las partes, incurriendo en incongruencia omisiva, cuando la parte dispositiva de la sentencia concede o niega lo que por nadie se ha pedido; b) que el fallo no contenga menos de lo pretendido por las partes, incurriendo en incongruencia negativa cuando la sentencia omite la decisión sobre algunas pretensiones de la demanda o de la reconvención; y, c) que el fallo no contenga nada distinto de lo pretendido por las partes, incurriendo en incongruencia mixta, cuando la parte dispositiva de la sentencia sustituye alguna de las pretensiones formuladas por las partes, por otra que no ha sido formulada. La exigencia de la congruencia del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) no es puramente formal, sino que tiene una justificación de fondo para garantizar el ejercicio de los derechos, lo que impone huir de un planteamiento formalista que exija que el fallo se ajuste literalmente a lo pedido en el suplico de la demanda. Basta, por el contrario, que se adecue sustancialmente a lo solicitado. La sentencia debe resolver también los problemas conexos y accesorios de las pretensiones, pues lo que importa es que los fallos tengan virtualidad suficiente para dejar resueltos todos los extremos que fueron objeto de debate. Pues bien, en el caso de autos, la sentencia recurrida contiene todos los pronunciamientos que dan una respuesta a lo que constituye el objeto de la litis, sin que esta Sala aprecie en la misma, la errónea valoración por el órgano judicial de la prueba de interrogatorio de testigos practicada, por lo que se desestima este motivo de recurso, al no apreciarse la infracción denunciada.

SEGUNDO.- : La parte recurrente solicita, como segundo motivo de recurso, con debido sustento adjetivo, la revisión del hecho probado primero de la sentencia recurrida, para que se adicione lo siguiente: "Que el demandante para la prestación de servicios tiene los siguientes efectos: Tablet Galaxy Tab A 2019 -IMEI NUM000; Mo?vil: Modelo Samsung Galaxy J5 -IMEI NUM001. No NUM002;Furgoneta Volswagen Transporter, matricula ....RFX; Juego de llaves y copia del vehi?culo relacionado anteriormente; y, Tarjeta de Gasolina SOLRED nu?mero: NUM003". En el escrito del recurso de suplicación, la parte recurrente declara que es esencial para la resolución del recurso, que conste que la furgoneta le fue facilitada por la empresa al trabajador, para realizar su trabajo. Sin embargo, esta pretensión no ha de prosperar, porque la propia parte recurrente, en al carta de despido disciplinario, en el apartado 7, declara que "el día 3 de septiembre se le realiza una auditoria por parte de supervisor D. Erasmo pudiéndose comprobar el deplorable estado de conservación en el mantiene el vehículo de empresa puesto a s su disposición". Por lo tanto, es un hecho reconocido por las partes que no precisa declararse probado.

TERCERO.- : La parte recurrente denuncia, como tercer motivo de suplicación, con adecuado amparo procesal, la infracción de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo (LA LEY 6880/2020), para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de los artículos 5 a), c) y d) y, 54.2 b), d) y d) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), 62 del III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM) y, de la jurisprudencia que reseña. El primer grupo de hechos imputados en la carta de despido disciplinario engloba los que se exponen a continuación. El 11 de junio de 2020, la empresa le envió al actor por correo electrónico, el archivo con el bono de pago de la ITV para la furgoneta que le había sido facilitada, requiriéndole para que pasara la ITV de la misma, por correo electrónico, los días 9 y 24 de julio, 3 y 18 de agosto de 2020. El actor no la llevó hasta el 26 de agosto de 2020. Pues bien, el 11 de junio, la empleadora le remitió el bono del pago de la ITV, pero no le dio instrucciones al actor para que llevara el vehículo a la ITV. Se produjo un requerimiento, por mail, el día 9 de julio de 2020 y el actor estuvo de permiso retribuido del 10 al 14 de julio de 2020, no constando siquiera la recepción del correo electrónico antes del permiso, pues pudo no abrir el correo. Del 15 al 17 de julio de 2020, el trabajador se pidió días de vacaciones por tener a su hijo menor ingresado en el hospital. El 24 de julio de 2020 le preguntan al actor, por correo electrónico, si ha llevado la furgoneta a la ITV, lo que no constituye una orden, instrucción o requerimiento expreso, que hay incumplido el trabajador. Además, el 24 de julio de 2020 fue viernes y, el correo fue remitido a las 13.56 horas. El 29 de julio de 2020, el trabajador tuvo un accidente, permaneciendo en situación de baja médica, hasta el 1 de agosto de 2020 y, del 2 al 17 de agosto de 2020, estuvo de vacaciones. Por lo tanto, el correo del 3 de agosto no tenía que ser atendido, pues se envió en vacaciones, lo que no es acorde al derecho a la desconexión digital del trabajador. Y, el 18 de agosto de 2020, martes, el primer día de trabajo, tras las vacaciones, la empresa le remite un correo recordándole que tiene que pasar la ITV, lo que hizo el 26 de agosto de 2020. De lo expuesto, se extrae que el actor no incurrió en ningún incumplimiento grave y culpable referido a este primer grupo de conductas imputadas en la carta de despido disciplinario. Por lo tanto, se desestima este motivo de recurso.

CUARTO.- : La parte recurrente denuncia, como último motivo de suplicación, con el mismo sustento procesal, la infracción de los artículos 5 a), c) y d) y, 54.2 apartado b), d) y d) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), 62 del III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM), 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) y, de la jurisprudencia que indica. Se alega que el actor incurrió en la causa de despido disciplinario de transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y desobediencia, al no haber mantenido la furgoneta en las condiciones adecuadas para su uso y, por haber realizado inadecuadamente su prestación de servicios, provocando quejas de clientes. En la carta de despido disciplinario, la empresa le imputa, de un lado, que el 3 de septiembre de 2020, se le realizó al trabajador una auditoria por parte del supervisor, pudiéndose comprobar el deplorable estado de conservación en el mantiene el vehículo de empresa puesto a su disposición. Y, de otro, que el 2 de septiembre de 2020, fecha en la que el actor atendió junto con otro trabajador, una orden de trabajo, el cliente llamó a la empresa para manifestar que, tras aproximadamente una hora de funcionamiento, después de la reparación, la máquina había vuelto a estropearse. Esta circunstancia no implica ningún incumplimiento grave y culpable del trabajador, pues no consta la causa por la que dejó de funcionar. A continuación, le imputan que tres clientes se habían quejado a la empresa, el 13 de julio y el 10 y el 14 de agosto de 2020, pidiéndole que no fuera más el actor. Estas quejas no acreditan ningún comportamiento muy grave encuadrable en la relación de conductas tipificadas como faltas muy graves del artículo 62 del III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (LA LEY 19384/2019), ni constituyen tampoco ni transgresión de la buena fe contractual, ni abuso de confianza, ni desobediencia, por lo que no se ha producido un incumplimiento grave y culpable del trabajador, como exige el artículo 54.1 (LA LEY 16117/2015) y 2 b) y d) del Estatuto de los Trabajadores, por lo que el despido merece ser calificado como improcedente, a tenor del artículo 55.4 del citado texto legal. Procede, en consecuencia, con desestimación del recurso de suplicación, la confirmación de la sentencia recurrida. La empresa recurrente pierde el depósito efectuado para recurrir y es condenada en costas. Una vez firme la presente sentencia, dése a la consignación el destino legal. Se condena a la recurrente al pago de las costas de este recurso, en las que sólo se comprenden -por no constar la reclamación de otros gastos necesarios-, los honorarios de la asistencia letrada de la parte que impugnó el recurso en cuantía de seiscientos euros que, en caso de no satisfacerse voluntariamente, podrán interesarse ante el Juzgado de lo Social de instancia, por ser el único competente para la ejecución de sentencias, según el artículo 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011).

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,