PRIMERO.- Disconforme la empresa demandada con la sentencia de instancia, formula recurso de suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el derecho aplicado en dicha resolución.
Así, en los dos primeros motivos del recurso la demandada solicita, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), la revisión de los hechos declarados probados, en los términos que propone.
Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de septiembre de 2004 (LA LEY 200349/2004), recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación 1225/05 (LA LEY 146382/2007) y esta misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (Rec. 1472/09 (LA LEY 80118/2009)), entre otras, con doctrina enteramente aplicable tras la entrada en vigor de la LRJS (LA LEY 19110/2011), se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:
1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.
2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.
3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".
4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.
5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.
6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.
7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.
Pues bien, en el supuesto ahora analizado la representación de la demandada solicita en estos primeros motivos, respectivamente, que se efectúen en los Hechos Probados Tercero y Cuarto las adiciones que propone, con base en la documental que indica. Sin embargo, es lo cierto que no cabe apreciar error alguno con transcendencia al recurso susceptible de ser corregido por esta Sala, conforme a lo expuesto, al tratarse aquí en definitiva de un proceso de tutela de derechos fundamentales en que se ha de determinar si existió o no lesión del derecho de libertad sindical de la actora y la indemnización por daños morales, nada de lo cual guardaría relación con los extremos aducidos por la recurrente, que no aporta tampoco en estos motivos justificación que demuestre la relevancia de los mismos a los efectos que nos ocupan, no pudiendo obviarse tal exigencia manifestando simplemente que la revisión fáctica solicitada es absolutamente necesaria y además demostrativa del error cometido por la Magistrada al interpretar el contenido de las cláusulas del documento de referencia.
Por lo que, conforme a lo expuesto, han de rechazarse estos motivos del recurso de la parte demandada, debiendo subrayarse que lo realmente relevante en el supuesto de autos no es que el abono mensual de la línea ADSL como compensación de gasto de conexión deba considerarse un concepto extra salarial, sino que la actora se ha visto privada de dicho abono debido a su condición de liberada sindical, lo que resulta de todo punto inadmisible, siendo ésta la cuestión transcendental a los efectos del proceso que nos ocupa, en que no cabe dirimir cuestiones de legalidad ordinaria, como veremos.
SEGUNDO.- Al examen del derecho aplicado dedica la recurrente el siguiente motivo, en que, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), denuncia la infracción de los artículos 28 (LA LEY 2500/1978) y 14 de la CE y la Cláusula Adicional 6.5 del IX Pacto Sindical de la empresa de 26-7-2018 y 19 del IX Acuerdo Marco 2017-2019 y de la doctrina jurisprudencial que cita, haciendo referencia la recurrente asimismo al artículo 26, apartados 1º y 3º, del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015).
Así las cosas, se ha de significar que para la resolución de este motivo del recurso deben hacerse las consideraciones siguientes:
1ª) En primer lugar, y a la vista de lo alegado por la demandada, conviene precisar aquí que el objeto del proceso seguido entre las partes ha de quedar limitado al conocimiento de la lesión de la libertad sindical ( art. 178 LRJS (LA LEY 19110/2011)), quedando fuera de este proceso especial cualquier extremo ajeno a verificar si hubo o no lesión del derecho fundamental, lo que impide que por tal cauce procesal puedan ventilarse cuestiones de legalidad ordinaria que no tengan su base en acción contraria a la libertad sindical, de forma que las acciones distintas a dicha verificación quedarían remitidas en su discusión y examen a la correspondiente modalidad procesal propia del derecho lesionado. Debe tenerse en cuenta a tales efectos, y dado que presupuesto especial de este proceso sería la conducta antisindical, subyacente a la mención a la lesión de los derechos de libertad sindical, que, según resulta de la redacción del precepto contenido en el artículo 177 LRJS (LA LEY 19110/2011), se requiere que exista lesión en sentido estricto, lo que tendrá lugar cuando el sujeto afectado haya sufrido una conducta lesiva de dichos derechos, ya sea por acción o por mera omisión, debiendo analizarse y valorarse todos los elementos que concurren en el caso concreto.
Por lo demás, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, el contenido adicional de la libertad sindical llega a abarcar todo el abanico de facultades atribuídas por las normas ordinarias o, incluso, por los convenios colectivos, las cuales pasan a engrosar su núcleo esencial, con lo que el derecho a la libertad sindical se integra no sólo por el contenido esencial del mismo, sino también por las facultades básicas de creación legal ( Sª T.C. 11/1998 (LA LEY 1407/1998), 33/1998 (LA LEY 2112/1998), 198/1998 (LA LEY 9788/1998), 30/1999 (LA LEY 2506/1999) y 44/1999 (LA LEY 3496/1999), entre otras muchas).
De modo y manera que el derecho a la libre afiliación o creación de sindicatos no agota el contenido global de la libertad sindical ( Sª T.C. 11/1988 (LA LEY 53534-JF/0000)), sino que ésta incluye cualquier manifestación de la acción sindical, y también los medios de acción correspondientes, comprendiendo la protección de la libertad sindical la tutela frente a aquellas conductas que impliquen una negación o un impedimento de dicho derecho ( Sª T.C. 95/1996 (LA LEY 7142/1996)), así como la garantía de no ser objeto de represalia por ejercer tales derechos o por su condición de representante o afiliado.
Y aquí se ha de señalar que el derecho a la libertad sindical reconocido en el art. 28.1 CE (LA LEY 2500/1978) queda afectado y menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza o si éste queda perjudicado por el desempeño legítimo de la actividad sindical ( SSTC 191/1998 (LA LEY 9720/1998) (FJ5) y 30/2000 (LA LEY 3419/2000) (FJ4)).
Así, según se indica en la sentencia recurrida, la doctrina jurisprudencial constitucional ha venido afirmando el derecho a la indemnidad retributiva asociada al disfrute de créditos (liberación sindical) de quienes desempeñan cargos representativos, concretándose en diversas sentencias el alcance de la garantía de la indemnidad económica de los liberados sindicales en supuestos en que éstos dejaban de percibir una parte de la retribución o bien un complemento ( STC 74/1998 (LA LEY 4935/1998), STC 173/2001 (LA LEY 6060/2001), STC 30/2000).
Doctrina que encuentra su reflejo en lo declarado por la Sala IV del Tribunal Supremo, de forma específica e ilustrativa en la sentencia de fecha de 14 de octubre de 2020, número 912/2020 (LA LEY 146904/2020), que, ante la cuestión de si el plus de transporte previsto en norma convencional para cada día en que se prestan servicios ha de satisfacerse también cuando un miembro del comité de empresa acumula horas de crédito y queda relevado de su actividad, concluye la vulneración de libertad sindical. Y sistematiza la Sala su propia jurisprudencia sobre la cuestión partiendo de las sentencias de los años 90, que supeditaban el cobro de complementos destinados a gastos de desplazamiento a casos en que el representante que usa el crédito horario realice ese gasto, flexibilizándose el requisito a partir de 2008 y admitiendo su devengo aunque se hayan establecido atendiendo a la asistencia al centro de trabajo, doctrina construida sobre la base de la jurisprudencia constitucional respecto de la indemnidad retributiva asociada al disfrute de crédito horario de quienes desempeñan cargos representativos.
En definitiva, considera la Sala que el desarrollo de actividades representativas puede llevarse a cabo en lugares distintos al propio domicilio, de forma que el no abono del plus constituye un desincentivo a la plena realización de esas acciones con menoscabo a la libertad sindical.
Y, según añade la sentencia de instancia, de forma específica en su Fundamento de Derecho Quinto establece la indicada resolución:
" 1. Consideraciones específicas.
A) Como siempre que está en juego el alcance de un derecho fundamental, es pertinente recordar que nuestra interpretación acerca del sentido que deba tener la obligación de retribuir los permisos disfrutados "para realizar funciones sindicales o de representación del personal" ( art. 37.3.e ET) debe ser lo más favorable posible a su ejercicio.
B) Junto a ese canon hermenéutico hay que recordar que el artículo 10.2 CE (LA LEY 2500/1978) nos pide tomar en consideración lo preceptuado en instrumentos internacionales ratificados. En este sentido debemos destacar el Convenio 135 de la OIT (BOE 4 julio 1974), relativo a la protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa. Conforme al mismo tales representantes deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, sea por su propia condición de representantes, sea por las actividades desenvueltas en tal concepto.
C) Asimismo, la Recomendación núm. 143 de la OIT sobre la protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa en desarrollo de su función "sin pérdida de salario" (IV, 10.1 y 11.2) y sabido es que estos instrumentos son resortes relevantes a la hora de aclarar el alcance de los Convenios ( STC 38/1981 de 23 noviembre (LA LEY 34-TC/1982)).
D) A la hora de apreciar si se devenga o no el complemento en cuestión hay que tomar en cuenta no solo las consecuencias desfavorables que puedan seguirse para el concreto demandante, sino también el potencial efecto disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales.
E) Del mismo modo, hay que atender a la dimensión subjetiva del perjuicio pues la privación del plus no repercute sólo en el representante, sino que puede proyectarse asimismo sobre las tareas de defensa y promoción de los intereses de las personas representadas.
F) Exigencia interpretativa lo es también el que valoremos si privar al trabajador del plus reclamado constituye o no un obstáculo para la realización de las funciones representativas. La privación del plus, por tanto, se erige en un obstáculo indirecto a la plena efectividad de la acción sindical y comporta una interpretación restrictiva del alcance que posea la remuneración a percibir cuando está en juego el ejercicio de funciones representativas. La proyección del artículo 28 CE (LA LEY 2500/1978) (único precepto expresamente invocado como infringido por el recurso) sobre el supuesto debe abocar a la confirmación de la sentencia recurrida, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y ordinaria que hemos sintetizado.
G) El carácter salarial de la partida retributiva litigiosa o el efectivo desempeño de las tareas que propician su devengo ya no son factores excluyentes del derecho a mantener su cobro, a tenor de la actual jurisprudencia.
Carece de relevancia que la naturaleza del plus esté en cuestión (incluso la impugnación al recurso de la empresa apunta a su eventual naturaleza salarial) o que el trabajador haya acudido efectivamente al centro de trabajo los días respecto de los cuales reclama su cobro del plus (el silencio de los hechos probados y lo razonado en la Fundamentación hace pensar que no ha sido así), máxime cuando la sentencia recurrida no solo condena al cobro de la cantidad correspondiente (533,20 euros) sino también a que se le abone de futuro ("durante el ejercicio de su actividad sindical").
H) En fin, como norte o principio general queda la idea de que quien activa el disfrute de crédito horario para funciones representativas debe quedar en la misma situación retributiva que tenía antes de pasar a desempeñarlas.
Es evidente que el desarrollo de actividades representativas puede llevarse a cabo en lugares distintos al propio domicilio, incluyendo tanto el centro de trabajo cuanto diversas instituciones. Y la misma apreciación cabe sobre la necesidad que en tales casos hay de afrontar un desplazamiento; que no se abone el plus constituye un claro desincentivo a la plena realización de esas acciones, con menoscabo de la libertad sindical."
2ª) En el supuesto ahora enjuiciado la parte actora presenta demanda en defensa de su derecho fundamental a la libertad sindical, al considerar que dicho derecho ha sido vulnerado con la supresión del abono a la conexión de internet en importe mensual de 27 euros satisfecho en el periodo de abril de 2018 a noviembre de 2019, habiéndole sido detraído el importe global de 540 euros en la nómina del mes de diciembre de 2019. Y añade a su petición de condena a la mercantil del cese inmediato en dicha actuación, la de que se le condene al abono de la cantidad de 270 euros en concepto de daños materiales causados hasta la fecha, así como la cifra dejada de percibir en cuantía de 27 euros al mes hasta el dictado de la sentencia, interesando por último una indemnización por importe de 3.000 euros por los daños morales ocasionados.
Y se opone el letrado de la mercantil demandada negando el derecho al abono de tales sumas ante la condición de liberada sindical de la actora, en tanto en cuanto se trata de un gasto reintegrable en el que no incurre la demandante. Añadiendo a su vez la posibilidad de supresión de modo unilateral del mismo conforme al IX Pacto Sindical de Campsa Estaciones de Servicio S.A. en su punto 6.5, así como en el artículo 19 del IX Acuerdo Marco 2017-2019 y negando en la decisión de supresión cualquier motivación contraria al ejercicio del derecho de libertad sindical de la demandante, aduciendo que dicha decisión responde a un criterio objetivo.
De modo que
la cuestión queda limitada por tanto a determinar si la supresión del abono de los gastos por la conexión a internet en el sistema de teletrabajo deriva de la condición de representante sindical de la trabajadora o si por el contrario, conforme sostiene la mercantil, su supresión responde a la inexistencia de un gasto que no ha de compensar por cuanto la actora no usa dicha conexión en el desempeño de sus tareas al servicio de la empresa, al ser liberada sindical al 100%.
Y, ante la estimación de la demanda, la recurrente se alza contra la sentencia y afirma en este motivo que se han producido las infracciones antecitadas por las razones que se indican, al considerar que no existe ningún ataque a la libertad sindical de la demandante, sino simplemente la aplicación de un contrato de teletrabajo, en cuya virtud al dejar de teletrabajar no tendría derecho a que se le sufrague la línea de ADSL, por lo que pide que se estime el recurso y se revoque la sentencia de instancia en los términos interesados.
Sin embargo, debiendo partirse necesariamente del relato fáctico de la sentencia, lo que conlleva ignorar las alegaciones de hechos no recogidos en la misma, hemos de señalar que la Magistrada de instancia ha valorado la prueba practicada, concluyendo, a la vista de la que indica, que han quedado acreditados los hechos de referencia, sin que quepa ignorar que al "iudex a quo" le corresponde apreciar todos y cada uno de los elementos de convicción que se hayan aportado al proceso y deducir de ellos los hechos que estime probados ( artículo 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011)), y eso es precisamente lo que se aprecia en la sentencia de instancia, en que la Magistrada determina que han quedado acreditados los extremos referidos, procediendo después a resolver a partir de ellos de forma acertada las cuestiones planteadas.
Debiendo subrayarse al respecto que el Juez de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que esa libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional ( Sª T.C. 24/1990, de 15 de febrero (LA LEY 609/1990) -RTC 1990/24-), de forma que el Tribunal "ad quem" sólo puede revisar la valoración de instancia si la misma aparece carente de todo fundamento, o bien su motivación es incongruente, arbitraria o irrazonable ( SSTC 51/1985 (LA LEY 9895-JF/0000), 149/1987 (LA LEY 94674-NS/0000) y 52/1989 (LA LEY 117232-NS/0000), entre otras), habiendo establecido asimismo la jurisprudencia constitucional que la valoración libre de la prueba implica la realización de inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas ( SSTC 44/1989 (LA LEY 553/1989) y 24/1990 (LA LEY 609/1990)), lo que no ha ocurrido en el presente caso.
Así, frente a lo manifestado por la recurrente, lo cierto es que en el supuesto de autos se observa que
la actuación de la empresa conlleva en todo caso que la actora se vea perjudicada por el hecho de ser liberada sindical y ello supondría una vulneración del derecho de libertad sindical (que, conforme a lo indicado, es lo que se habría de dilucidar en este proceso, dirigido a determinar si existía o no tal vulneración, conforme a la doctrina antecitada),
ya que en definitiva se obstaculiza su actividad y se la penaliza por ella, sin que sean de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas (por más que insista en que se trata de un gasto que no tiene que sufragar al no estar la demandante teletrabajando), y ello es así máxime si se tiene en cuenta que el hecho de que la actora sea liberada sindical no implica que la actividad a desarrollar como tal no requiera la utilización de la línea ADSL para el cumplimiento de sus funciones, suponiendo la conducta de la demandada un evidente obstáculo al libre ejercicio de las mismas al penalizar a la trabajadora en la forma indicada, irrogándole un perjuicio debido a su condición, lo que resulta inadmisible conforme a la doctrina de referencia.
Habiendo puesto de relieve la propia sentencia recurrida que la privación de tal compensación del gasto de conexión se configura como un obstáculo indirecto a la plena efectividad de la representación y acción sindical de la trabajadora ( art. 28 de la CE (LA LEY 2500/1978)), que acaece por su condición de representante sindical, produciendo consecuencias desfavorables y un evidente efecto disuasorio respecto de aquel trabajador que pretenda realizar funciones sindicales.
3ª) Una vez expuesto lo que antecede, y habiendo solicitado y obtenido la actora asimismo la indemnización de daños y perjuicios, hemos de señalar que el artículo 183 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) establece literalmente:
"1. Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.
2. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.
3. Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción del contrato de trabajo o en otros supuestos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y demás normas laborales".
De modo que dicha indemnización ha de abarcar tanto los daños patrimoniales como los daños morales y su cuantificación deberá satisfacer, conjuntamente con las demás posibles condenas en cada caso, el criterio de la plena reparación del derecho fundamental vulnerado.
Ahora bien, en cuanto a dicha cuantificación, recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 20 junio de 2.003 (RJ 253/204) que "en el ámbito laboral y a falta de norma legal expresa que cuantifique las indemnizaciones, la procedente debe ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales), que como derivados, en este caso, del acoso se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar y social".
Y en este sentido la sentencia de esta misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 9 de julio de 2008, recurso de suplicación núm. 5444/2007 (LA LEY 118470/2008), sentencia núm., 475/2008, declara que:
"Por todo ello, se considera procedente fijar la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios ..., tomando como criterio orientador para su cuantificación la sanción prevista en el artículo 40 de la LISOS para las faltas muy graves en materia de relaciones laborales y empleo".
Y asimismo el Tribunal Supremo ha entendido como parámetro válido el establecido en la LISOS en la Sentencia dictada con fecha de 15 de febrero de 2.012 (RJ 2012/3894):
"Así ocurre con la utilización referencial de la LISOS (RCL 2000, 1804, 2136), sobre cuya utilidad como elemento de delimitación de la pretensión indemnizatoria, fue admitida por la STC 247/2006 (LA LEY 88100/2006) (RTC 2006, 247. Tal sucede también en este caso en que la parte recurrente -como ya hiciera en su demanda- cita el indicado texto legal, con una escueta remisión a un criterio al que no sólo ella parece atenerse, sino que fue también utilizado por la empresa en la contestación a la demanda, si bien para oponerse a la cantidad reclamada.
Por ello, sin que con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, estemos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, debemos ceñirnos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental".
Y en el mismo sentido se ha pronunciado más recientemente la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2.016 (RJ 2016/3258), que literalmente señala:
"Admitiendo además la posibilidad de utilizar como criterio orientador el importe de las sanciones pecuniarias previstas en las LISOS (RCL 2000, 1804 y 2136), que ha sido incluso avalado por la jurisprudencia constitucional, STC 247/2006, de 24 de julio (LA LEY 88100/2006) (RTC 2006, 247), siendo considerado válido y adecuado en anteriores sentencias de esta Sala (SSTS 15/02/12 (LA LEY 31921/2012) -rco. 67011-; 08/07/14 -rco 282/13 (LA LEY 115370/2014) - (RJ 2014, 4521); y 02/02/15 -rco 279/13 (LA LEY 15460/2015)), lo que ha supuesto alejarse del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente".
Y aquí hemos de señalar que el artículo 8 del Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, RD 5/2000, de 4 de agosto de 2.000, establece que son infracciones muy graves, entre otras, las siguientes:
"(...)
12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación."
Debiendo tenerse en cuenta asimismo que el artículo 39 de la LISOS dispone que las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los criterios establecidos en los apartados siguientes y que se graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor. Y en el artículo 40 se establece que las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán:
a) Las leves, en su grado mínimo, con multas de 60 a 125 euros; en su grado medio, de 126 a 310 euros; y en su grado máximo, de 311 a 625 euros.
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros.
Ahora bien, pese a lo manifestado por la demandada, que viene a afirmar que no debe condenársele al pago de cantidad alguna en concepto de indemnización por daños, hemos de señalar que en el supuesto de autos la petición de indemnización por daños y perjuicios efectuada por la demandante no carecería de fundamento, por lo que debe decaer también dicha petición, que parte igualmente de la base -inexistente- de que no ha habido una vulneración de derechos fundamentales. A lo que se añade que la suma fijada en la sentencia por tal concepto no resulta desproporcionada atendiendo a las circunstancias del caso, valoradas prudencialmente por el juzgador de instancia, no apareciendo para nada razones objetivas que obliguen a revisar su importe.
Y partiendo de estas premisas resulta indudable que ha de rechazarse en su integridad también este motivo, constando además en el relato fáctico los datos suficientes para poder determinar la existencia de daños morales a la actora derivados de dicha lesión, siendo así que el juzgador de instancia, en el uso de sus facultades valorativas, ha procedido a cuantificarlos en la forma indicada, sin que quepa apreciar arbitrariedad ni desproporción alguna.
Por todo lo cual, con arreglo a lo indicado, ha de desestimarse el recurso interpuesto, confirmando la sentencia de instancia.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,